El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estableció un plazo de 18 meses para la desaparición de la Policía Federal (PF) pero algunos de sus agentes se niegan a incorporarse a la recién creada Guardia Nacional (GN).

Estas son las claves para conocer este cuerpo de seguridad y entender el conflicto que los agentes han abierto contra López Obrador.

1. EL OBJETIVO Y COMPOSICIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL

La Policía Federal, compuesta por unos 37.000 efectivos, es un organismo de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene el mandato legal de salvaguardar la seguridad y derechos de los ciudadanos, prevenir la delincuencia e investigar los delitos.

A diferencia de las policías estatales, la PF está desplegada en todo el territorio mexicano, con especial presencia en las zonas fronterizas, los edificios gubernamentales, los parques nacionales y las centrales energéticas.

El cuerpo está compuesto por las divisiones antidrogas, científica, de fuerzas federales, de gendarmería, de inteligencia, de investigación, de seguridad regional, la secretaría general y la unidad de asuntos internos.

2. EL ORIGEN DEL CUERPO

El presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) creó en enero de 1999 la Policía Federal Preventiva (FPP), un organismo de la Secretaría de Gobernación que integró los distintos cuerpos policiales: la Policía Federal de Caminos, la Fiscal Federal y la de Migración.

Su sucesor, Vicente Fox (2000-2006), quitó las competencias policiales de la Secretaría de Gobernación y creó la Secretaría de Seguridad Pública en la que se integró la Policía Federal Preventiva.

Pero fue Felipe Calderón (2006-2012) quien en junio de 2009, ante el incremento de la violencia del crimen organizado, creó la Policía Federal (PF), que además de prevenir la delincuencia recibió competencias de investigación de delitos junto con la Fiscalía.

3. LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN Y LA INEFICACIA

La corrupción interna, la falta de preparación de los agentes, las agresiones a ciudadanos y la poca efectividad contra la delincuencia son las críticas que planean encima de todos los cuerpos policiales mexicanos, incluida la Policía Federal.

El mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien considera que este cuerpo está "echado a perder", ordenó esta semana abrir una investigación por el pago de 2.600 millones de pesos (136 millones de dólares) para la compra de un equipo con un costo real de 600 millones de pesos (unos 31,5 millones de dólares).

De acuerdo con cifras oficiales, México cerró 2018 con 33.369 asesinatos, siendo el año más violento desde que se iniciaron los registros en 1997, una cifra récord que podría superarse en 2019.

4. LA CREACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL

Al considerar que los policías federales no están capacitados para afrontar la inseguridad, López Obrador optó por la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, integrado por soldados, marinos y agentes policiales.

Centenares de miembros de la Policía Federal se manifiestan esta semana en contra de su incorporación a la Guardia Nacional, cuyo despliegue ya ha comenzado, por considerar que perderán salario y prestaciones laborales, puesto que se equilibrarán con los sueldos de los militares, que son menores.

El presidente ha acusado a una "mano negra" de promover las protestas y sostiene que los policías federales que no se hayan integrado a la Guardia Nacional en 18 meses se incorporarán en otros puestos de la administración y no despedidos. 

En el Centro de Mando hay un espectacular que recuerda que el 13 de julio es Día del Policía Federal. El anuncio da hacia Periférico Oriente, como para que los automovilistas que circulan por esa avenida de la alcaldía Iztapalapa tengan presente la fecha.

Es alusivo al 90 aniversario de la institución que se ha transformado desde su creación y durante varios gobiernos, y la cual se conmemoró el año pasado con bombo y platillo.

Este sábado, 13 de julio, los festejos que cada año se realizaban ahí con la presencia del Presidente de la República se acabaron, debido a que la corporación está ahora en un proceso de desaparición para ser integrada a la Guardia Nacional.

En el recuerdo quedarán las extensas ceremonias en las que se reconocía a los elementos destacados y se homenajeaba a los caídos en cumplimiento del deber y que año con año se llevaban a cabo en Contel -como también se le conoce al cuartel- junto a actos de demostración policial en los que participaban elementos de las siete divisiones y la flota de helicópteros Black Hawk.

Apenas el año pasado, en su 90 aniversario, los mandos de la Policía Federal distinguieron al suboficial Cristóbal Bonilla Martín y al inspector Víctor Mireles Barrera, sobrevivientes del linchamiento en San Juan Ixtayopan, alcaldía Tláhuac, en 2004, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la capital.

Un ambiente triste es el que se percibe ahora en el Centro de Mando, con agentes divididos entre los que piden ser indemnizados y los que buscan acomodo en una de las nueve opciones laborales que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) les ofrece.

Las actividades aparentan ser normales en el cuartel principal; sin embargo, la sombra de la inconformidad y el malestar continúan presentes entre el personal de las diferentes divisiones que ahí conviven.

Mientras unos oficiales revisan las alternativas -entre ellas el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Servicio de Protección Federal (SPF)-, otros están a la espera de ser desplegados o continúan su lucha para que el gobierno los indemnice, pues ya no quieren servirle.

Estos últimos son los más indignados, dolidos y molestos por los agravios que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha vertido contra la institución desde que asumió el cargo.

Por eso y no por otra razón, argumentan, es que ya no quieren permanecer, mucho menos enlistarse en la Guardia Nacional.

"Nos ha dicho que estamos podridos, que somos unos delincuentes, que somos corruptos. Si somos así, ¿entonces para qué nos quieren pasar a la Guardia Nacional?", revira el oficial Villagrán, quien permanece en paro.

El agente Luis García le recrimina al Presidente que desde que asumió el cargo no ha visitado el Centro de Mando para conocer el sentir de los uniformados. "Calderón y Peña Nieto cada año venían aquí. López Obrador no lo ha hecho desde que llegó a la Presidencia", asegura.

Entre los muros con los nombres de los policías caídos, señala que gran parte del paro de los policías federales se debe a los insultos de López Obrador y del comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien los llamó fifís.

Comenta que el gobierno federal les ofrece entre 3 mil 160 y 3 mil 190 pesos de liquidación por 10 años de antigüedad, dinero que no van a aceptar.

"Somos humanos. Queremos ser escuchados (...) Policía agachado jamás será escuchado", expresa.

Saben que este sábado no habrá festejo y tampoco se pondrán el uniforme de gala para conmemorar el Día del Policía Federal, que se instituyó el día 13 de julio en homenaje a los 12 agentes de la División de Investigación que fueron ejecutados por la Familia Michoacana en el municipio de La Huacana, en la Tierra Caliente de la entidad.

Sin embargo, advierten que continuarán su lucha para obtener una indemnización digna y así garantizar el sustento de sus familias mientras encuentran otro empleo.

Al momento mil 475 policías federales que no fueron aptos y que rechazaron su ingreso a la Guardia Nacional (GN) han optado por una de las nueve alternativas laborales que el gobierno federal les ofreció, derivado del paro iniciado hace siete días.

Juan Carlos Vázquez Delgado, representante del grupo de agentes con lo que está negociando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que 960 uniformados han realizado cambio adscripción a la División de Seguridad Regional; 24, a la División de Investigación.

Además, reportó en una tarjeta informativa, se han realizado 361 transferencias interinstitucionales al Servicio de Protección Federal; 50 a la Comisión Nacional Antisecuestro; 39, Sistema Penitenciario; 25, Unidad de Medidas Cautelares; 11, Dirección de Seguridad Privada; 5 Instituto Nacional de Migración.

"Se ha visto de manifiesto el interés de un buen número de compañeros", aseguró Vázquez Delgado.

Aclaró que los 13 puntos acordados el día de ayer lunes no son definitivos ni los únicos, por lo que, subrayó, la mesa de diálogo seguirá trabajando lo que dure la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional.

"Estaremos vigilando que las mesas de las dependencias citadas se instalen y brinden todo el apoyo necesario a los compañeros que no deseen o no fueron aptos para la Guardia Nacional", indicó.

En tanto, el grupo disidente, encabezado por los policías Mario Alberto Lover y Adrián López, dejaron en claro que no reconocen los 13 puntos acordados y anunciaron que este martes tomarán medidas para presionar a las autoridades, con el fin de que los indemnicen porque ya no quieren trabajar para este gobierno.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que, pese a lo mucho que el país ha invertido en el ámbito de seguridad y justicia y no obtener los resultados deseados, no debe desecharse todo lo existente y empezar de cero en la generación de recursos y capacidades, ni estigmatizar y descalificar a todas las policías e instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia y sus integrantes. 

La capacidad, honorabilidad y profesionalismo de miles de mexicanas y mexicanos que han comprometido su vida en esas áreas no depende de épocas o gobiernos en los que ingresaron al servicio público, ni de sus filiaciones o preferencias políticas o ideológicas. Es necesario depurar y revisar a las policías para fortalecerlas, pero debe hacerse bajo esquemas y mecanismos objetivos, para desterrar la corrupción y colusión de sus miembros con organizaciones criminales, sin que ello afecte a los buenos elementos, vulnere sus derechos y propicie que se pierdan capacidades y recursos útiles para las tareas que vienen.

En este sentido, es necesario que la Guardia Nacional opere con un marco normativo adecuado, que dé certeza a sus miembros y a la sociedad, y propicie el debido desarrollo de sus funciones e inhiba que se presenten violaciones a los derechos humanos, de ahí que las leyes reglamentarias aprobadas, en opinión de la CNDH, incluyen algunas disposiciones que no satisfacen esos parámetros, por lo cual se promovieron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, no para obstaculizar el desarrollo de acciones de gobierno o debilitar a las instituciones, sino para tener un cuerpo eficaz y exitoso cuya operación no tenga vicios, sesgos y fallas de origen que lo debiliten o hagan cuestionable. 

En la medida que algunos aspectos de su integración y operación no sean congruentes con lo previsto en la Constitución, se le pondrá en riesgo como institución y se colocará en posición vulnerable a quienes lo integren. 

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al hablar en la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la cual señaló lo deseable de hacer públicos los protocolos y esquemas de coordinación con los que se opera en apoyo a las autoridades migratorias, en especial por lo que hace a las facultades y procedimientos de detención de personas con una condición migratoria irregular. Si no existen, urge establecerlos y publicarlos.

González Pérez habló en la sesión que fue encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la que estuvieron la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Ante todos ellos, reunidos en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, explicó que la Guardia Nacional debe ser parte de la solución de los problemas de violencia e inseguridad, pero no es la solución en sí misma, ya que por mejor capacitada que esté poco o nada abonará para abatir la impunidad si no contamos con 33 fiscalías autónomas eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sancionen.

 El perfil de la Guardia Nacional, enfatizó, debe ser policial y civil; las policías de los estados deben fortalecerse y el Ejército debe volver a sus funciones propias en los plazos planteados.

El Ombudsperson nacional expuso que, si no se diseñan, establecen y operan, de manera efectiva y pertinente, políticas públicas integrales en materia de seguridad y justicia, nuestro país corre el riesgo de generar un nuevo periodo de propuestas y soluciones fallidas en esa materia, ya que ha sido una constante apostar a soluciones parciales y eminentemente reactivas, sustentadas en el uso de la fuerza, y se ha descuidado la coordinación de autoridades federales con locales y municipales, dejando la carga principal de la seguridad a instancias federales.

Detalló que la seguridad de las personas aún enfrenta un entorno crítico en el país, que se refleja en el aumento de la mayoría de los delitos de alto impacto, y a pesar del anuncio del Gobierno federal de combatir delitos como homicidios dolosos, feminicidios, secuestros y extorsiones, entre otros, en la sociedad se ha incrementado la incertidumbre, miedo, desesperanza y un sentimiento de indefensión. Más allá de las prioridades políticas, la realidad de la inseguridad y la violencia imponen prioridades prácticas que demandan acciones inmediatas.

González Pérez agradeció al Consejo Nacional de Seguridad que haya dado voz a la CNDH al interior de esta instancia y reiteró la disposición institucional de colaborar en la construcción de un México más seguro, pacífico, apegado a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se llegó a un acuerdo en el conflicto con la Policía Federal (PF), donde un grupo de elementos se manifestó desde hace una semana en contra de formar parte de la Guardia Nacional (GN).

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario criticó que hubo una campaña en redes sociales por medio de "robots" para intentar manipular el conflicto, pero la gente “ya está muy despierta” y eso no funcionó.

Reiteró que los policías federales no serán despedidos ni maltratados.

El Presidente informó que el salario para un elemento de nuevo ingreso de la Guardia Nacional será de 19 mil pesos mensuales, mínimo, más prestaciones y seguridad sociales.

Aseguró que en diversas mediciones se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal, pues no se vio bien, sobre todo con la agresión a Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, coordinadora operativa Interinstitucional de la Guardia Nacional, hace una semana en el Centro de Mando de Iztapalapa.

Este fin de semana fueron llamados a la Ciudad de México los 47 elementos de Policía Federal -Gendarmería- que apenas hace unas semana habían sido comisionados al Instituto Nacional de Migración en Baja California, sin que al momento hayan sido reemplazados por personal de otra área.

Personal consultado por Cadena Noticias, confiaron que hasta este lunes no han sido ocupadas las vacantes que dejaron los uniformados federales, asimismo dijeron que no se tienen información sobre si llegarán militares o la Guardia Nacional a apoyarlos en sus labores.

Si cazaban migrantes

Activistas pro derechos de los migrantes denunciaron que personal del INM y de Gendarmería habían realizado operativos en las inmediaciones de la Central Camionera de Tijuana, lugar en donde detuvieron a ciudadanos originarios de Haití, porque sólo tenían en su poder una copia del documento que les permite permanecer en territorio nacional.

A decir de testigos, los agentes Federales (policías) no quisieron aceptar las copias como documentos oficiales, y los llevaron a la estación migratoria, sitio al que acudieron familiares de los detenidos con los papeles originales, finalmente fueron liberados.