Este miércoles 31 de Julio es el último día de la XXII Legislatura en Baja California y entre los temas pendientes se encuentra la asignación de quien representará durante los próximos cuatro años a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Entidad. Miguel Ángel Mora Marrufo, aspirante a este cargo afirmó que corresponderá a la próxima legislatura asignar al nuevo titular ya que la saliente no lo hizo en tiempo y forma.

"Pues hoy evidentemente es el último día de la XXII Legislatura. Tendremos que esperar naturalmente, se cree y se dice que evidentemente será la próxima Legislatura la que termine la resolución de este nombramiento, entonces seguimos a la espera", afirmó. 

Aseguró que al momento no existe una nueva fecha para la designación, sin embargo la convocatoria deberá emitirse con base a los dictámenes ya revisados, de lo contrario se estaría transgrediendo los derechos de quienes ya agotaron este procedimiento.

"Es lamentable que no se haya solucionado, que una Institución de Magistratura de Conciencia, un Órgano Autónomo que es de buena fe, que tiene una naturaleza noble, que no debería involucrarse en un ejercicio político partidario y que evidentemente pues ha rezagado y ha permeado a la Institución el hecho de que no esté establecido un titular", afirmó Mora Marrufo.

Desde antes del 1 de junio de este 2019, afirmó se debió asignar al nuevo titular, cargo que continuará cubriendo el Primer Visitador en tanto no se defina un nuevo presidente.

El Congreso de Baja California le dio entrada a una demanda de juicio político en contra de 21 diputados integrantes de la XXII Legislatura, así como de tres ex alcaldes del Estado.

La demanda, que fue recibida en Oficialía de Partes luego de cumplir con el protocolo de sana distancia que establece un grupo reducido de personas para ingresar a las instalaciones del edificio del Poder Legislativo de Baja California, es firmada por Blanca Terrazas Alcalá, Alma Rocío Magaña Sarabia, Miguel Ángel García Leyva y Armando Salinas Bravo.

Al recibir el documento, los quejosos fueron advertidos de que se le dará trámite a partir del primero de junio, por ser esa la fecha en que se espera reiniciar labores en el Poder Legislativo, debido a las restricciones puestas a causa de la pandemia.

En el documento se establece la formal denuncia en contra de los ciudadanos Nereida Fuentes González, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Marco Antonio Novelo Osuna, quienes fungieron como presidentes del XXII Ayuntamiento de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente.

Respecto a los denunciados que integraron la XXII Legislatura como diputados, son los siguientes: Rocío López Gorosave, Iraís Vásquez Aguiar, Victoria Bentley Duarte, Alfa Peñaloza Valdez, Mónica Hernández Álvarez, Trinidad Vaca Chacón, Blanca Ríos López, Claudia Agatón Muñiz, Raúl Castañeda Pomposo, Carlos Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Ignacio García Dworak, Marco Corona Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Víctor Manuel Morán Hernández, José Antonio Casas del Real, José Félix Arango, Sergio Tolento Hernández y Edgar Gómez Macías.

El motivo de la denuncia es la aprobación de la reforma a la Constitución local para hacer posible la ampliación de mandato de la gubernatura de Baja California y por ello piden que se inhabilite a los ex funcionarios señalados, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Los Diputados locales de la XXIII Legislatura encontraron un Congreso vacío, cerrado, sin personal, con sillas rotas, paredes con huecos, sin recursos económicos y “hasta las plantas se llevaron” los representantes populares salientes.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la presente legislatura, Aracely Geraldo Núñez narró entre risas que no encontraron nada el día que llegaron a tomar protesta como Diputados, “llegamos a Mexicali y nos dijeron que el Congreso estaba cerrado, que no había nadie en administración, ni nada”.

Los congresistas salientes no les llamaron para iniciar un proceso de transición como lo marca la Ley, “el día de la toma de protesta no sabíamos nada, ni l ahora ni nada”, pero a pesar de ello iniciaron con sus labores legislativas.

Debido a las condiciones en las que dejaron las oficinas que deberían de utilizar para laborar, decidieron sortear los espacios para que fuera la suerte quien estuviera encargada de la designación, “algunos querían heredar las oficinas de sus antecesores del mismo partido, y por eso preferimos sortearlas”.

Respecto a las decoraciones de las referidas oficinas recordó, “como dice mi amiga Monserrat (Caballero) hasta las plantas se llevaron”.