La Unión de Transportistas del Estado de Baja California está por iniciar una campaña consistente en colocar 20 mil engomados en las unidades del transporte público, de las cuales nueve mil quedarían destinadas a Tijuana.

Este viernes están por definir las condiciones de esta campaña, sobre todo la coordinación de cómo lo vamos a hacer, dio a conocer Gabriel Lemus, presidente del Frente Transportistas de Baja California.

“Hemos estado platicando con las próximas autoridades del estado, y lo que más nos conviene, al sindicato de este sector es una gubernatura por un periodo más largo, de cinco años por el regazo que tenemos”.

Explicó que existe el proyecto de que el transporte se vaya al estado, un compromiso establecido por el gobernador electo Jaime Bonilla.

“En cuanto terminó la campaña nos buscó para cumplir el compromiso, Amador Rodríguez Lozano, quien va para secretario de gobierno, hizo lo propio para darle seguimiento a ese compromiso, regresar el transporte al control del estado puede ser la solución para ordenarlo.

“Necesitamos acabar la problemática del transporte, cuando estaba en manos del estado era mejor, se pensó que si lo coordinaba el municipio iba a mejorar, pero no, no le vemos para cuándo: cada tres años dan placas y más placas, se aumenta la problemática, pero no las ganas de resolver los problemas.

“Con la administración de cinco años se evita que estén dando placas, a nivel estado el desempeño es más ejecutivo, más profesional, pero en una administración de dos años no creo que se resuelvan los problemas, apenas estaríamos acomodándonos”.

Estas declaraciones son en relación a que transportistas ligados a Morena han iniciado una campaña de pegado de engomados en el unidades públicas y privadas con la leyenda “Sí a la gubernatura 5 años por BC”.

El engomado es en blanco y negro y desde ayer empezó a circular por WhatsApp de morenistas.

Por su parte la oficina de prensa de Jaime Bonilla declaró esta mañana que sigue firme la postura de Jaime Bonilla en el sentido que haya respeto a la autonomía del estado y a la decisión del Congreso de ampliar a cinco años la gubernatura en Baja California.

Los integrantes del Sindicato Industrial de Trabajadores de Auto-transportes, Similares y Conexos “Liga de Choferes”, con su empleador de la firma "Transportes Azul y Blanco J. Magallanes, S.A. de C.V", llegaron a un acuerdo conciliatorio de la que derivaron una serie de acuerdos.

“Reconocemos que hay un conflicto muy arraigado y es por ello que se les solicitó tener una buena voluntad para poder llegar a un acuerdo entre los representantes de la empresa y el Sindicato al que la STPS de BC les reconoce su "Toma de Nota”, dijo el titular de la Secretaría de Trabajo, Sergio Moctezuma, al tiempo de resaltar que ante la situación que se derivó de la Pandemia del COVID-19 se deben considerar todas las rutas críticas tanto para resolver la situación de los trabajadores vulnerables, como los otros temas que establece la agenda de esta plática conciliatoria. 

Tras dos horas de reunión, concretaron algunos acuerdos, entre ellos, la realización de una inspección laboral extraordinaria en caso que no realicen el pago de utilidades del periodo 2019 a los trabajadores pendientes, así como en el caso de no enviar a resguardo domiciliario a las personas identificadas en los grupos vulnerables. 

En el resumen de acuerdos destacan los aspectos de sanitizar las unidades de transporte público de todas sus rutas y solo permitir el uso del 50% de la capacidad de asientos de cada unidad marcando la sana distancia entre usuarios. 

Al final de la reunión el titular de la STPS les invitó a formalizar el documento de acuerdos ante las instancias correspondientes y ser firmados tanto por los representantes legales de la empresa como del Sindicato que tiene la representación legal de los trabajadores.

El secretario general del Sindicato Nueva Tijuana, Manuel Zavala, sostuvo una reunión con el gobernador Jaime Bonilla Valdez, al que le solicitó ayuda para regularizar el servicio de transporte en la garita internacional.

Luego del encuentro con el mandatario estatal, Manuel Zavala, refirió que entre las peticiones que se hicieron, resulta la del ordenamiento en la zona de San Ysidro.

Le pedimos al mandatario estatal que intervenga para dar solución a las irregularidades que hay en la zona entre los gremios que ahí prestamos servicio.

Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, para que los integrantes del sindicato Nueva Tijuana podamos seguir brindando servicio a los turistas.

Nosotros estamos a favor de garantizar un servicio de excelencia a los turistas y por eso pedimos la ayuda del gobernador, para resolver la problemática, recalcó.

Cabe mencionar que hace un par de semanas, integrantes del sindicato Nueva Tijuana y de otras agrupaciones afiliadas a la CTM Tijuana, estuvieron a punto de confrontarse en las inmediaciones de la garita de San Ysidro.

Una de las operadores de taxi, denunció que en la garita de San Ysidro los líderes del gremio les cobran para poder brindar servicio en el lugar.

Integrantes del sector transportista de Tijuana, de la modalidad "taxi libre", entregaron un oficio al gobierno estatal en el que agradecen la "regulación" del transporte de plataformas digitales.

Paralelamente, el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, reveló que exfuncionarios panistas, entre ellos el excandidato a la gubernatura Oscar Vega Marín, son propietarios de flotillas de Uber.

Baltazar Gómez Ruíz, secretario general de la CTM Tijuana, señaló que hay satisfacción entre el sector por la reglamentación para el servicio de transporte de plataformas digitales (Didi, Uber, Cabify) entre otros.

Se estima que más de diez mil unidades circulan en Baja California, la mayoría en Tijuana, lo que para nosotros significaba competencia desleal, añadió Gómez Ruíz.

Explicó que ahora, el Congreso Local, a iniciativa del gobierno estatal, reglamentó a quienes busquen brindar el servicio a través de una aplicación digital.

Para evitar ser sancionados, tendrán que tramitar licencia de chofer, tener unidades empadronadas y conductor plenamente identificado, entre otras, explicó.

A su vez, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de gobierno, quien se encontraba en dirección a Ensenada, vía telefónica con Baltazar Gómez, expuso que panistas exfuncionarios son propietarios de flotillas de Uber.

El secretario general de gobierno, acordó con el líder sindical una reunión de trabajo para detallar los alcances de las nuevas disposiciones en materia de transporte público.

Entre los integrantes de grupos de transporte de plataformas digitales hay molestia por la aprobación de ayer en el Congreso Local de sancionar con cárcel a los operadores de unidades que no cuenten con documentación para prestar el servicio.

Al respecto, Jesús Mercado, representante de operadores de la plataforma Uber, afirmó que es un exceso lo que hicieron los "representantes" del pueblo.

Esta modificación nos deja en desventaja, tomando en cuenta que nos quieren hacer tramitar una nueva licencia, explicó.

Creo que está delineada para proteger los intereses de transportistas que por años se han beneficiado y relegar a los operadores de plataformas digitales, añadió.

Es muy lamentable que los diputados hayan hecho esta modificación, porque no nos tomaron en cuenta, no fuimos consultados, enfatizó.

Seguramente vamos a tratar de defendernos jurídicamente de estos excesos que cometieron los diputados, además que buscaremos el diálogo con las autoridades, recalcó.

Para el legislador del PRD Gerardo López Montes, lo que ayer se aprobó en el Congreso, abre la puerta para una cacería de transportistas.

El diputado local comentó que sancionar con cárcel a los choferes que no cuenten con los documentos para brindar el servicio es un exceso.

Advirtió que ya hay herramientas para sancionar y evitar la prestación de servicios en unidades que cuenten con autorización, solo es cuestión de aplicarlos.

Desde mi perspectiva, esa modificación al código penal, puede ser utilizada como "instrumento" para perjudicar a cierto grupo de transportistas.

Es por eso que ni voto fue en contra, porque insisto, esa modificación no se hizo con el ánimo de regular el transporte público.

Tenemos que ser muy claros y reconocer que para lograr el ordenamiento del transporte público, es necesario escuchar a todos los transportistas y aplicar la Ley, enfatizó.