Con la presencia de 14 de los 25 diputados de la XXII Legislatura en Baja California , en punto de las 18:48 minutos inició la sesión de clausura del periodo 2016-2019. 

Después de cerca de una hora de retraso los diputados se hicieron presentes en el recinto legislativo. 

El ingreso al edificio se dio entre forcejeo entre manifestantes y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP). 

En la actual legislatura quedarían temas pendientes por aprobar entre ellos nombramientos y aprobación de cuentas públicas.

El Congreso de Baja California le dio entrada a una demanda de juicio político en contra de 21 diputados integrantes de la XXII Legislatura, así como de tres ex alcaldes del Estado.

La demanda, que fue recibida en Oficialía de Partes luego de cumplir con el protocolo de sana distancia que establece un grupo reducido de personas para ingresar a las instalaciones del edificio del Poder Legislativo de Baja California, es firmada por Blanca Terrazas Alcalá, Alma Rocío Magaña Sarabia, Miguel Ángel García Leyva y Armando Salinas Bravo.

Al recibir el documento, los quejosos fueron advertidos de que se le dará trámite a partir del primero de junio, por ser esa la fecha en que se espera reiniciar labores en el Poder Legislativo, debido a las restricciones puestas a causa de la pandemia.

En el documento se establece la formal denuncia en contra de los ciudadanos Nereida Fuentes González, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Marco Antonio Novelo Osuna, quienes fungieron como presidentes del XXII Ayuntamiento de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente.

Respecto a los denunciados que integraron la XXII Legislatura como diputados, son los siguientes: Rocío López Gorosave, Iraís Vásquez Aguiar, Victoria Bentley Duarte, Alfa Peñaloza Valdez, Mónica Hernández Álvarez, Trinidad Vaca Chacón, Blanca Ríos López, Claudia Agatón Muñiz, Raúl Castañeda Pomposo, Carlos Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Ignacio García Dworak, Marco Corona Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Víctor Manuel Morán Hernández, José Antonio Casas del Real, José Félix Arango, Sergio Tolento Hernández y Edgar Gómez Macías.

El motivo de la denuncia es la aprobación de la reforma a la Constitución local para hacer posible la ampliación de mandato de la gubernatura de Baja California y por ello piden que se inhabilite a los ex funcionarios señalados, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Señoras y señores diputados locales de MORENA en Baja California deberían informarle a los bajacalifornianos cuál es su salario real y cuáles son sus canonjías, porque claro que las hay.

Sin embargo, los legisladores locales de MORENA y sus aliados del Verde, PT y Transformemos, y claro del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PBC, PRD e independientes se quedan calladitos, no les conviene decirlo.

Por lo que cada diputado seguirá recibiendo lo mismo que la pasada Legislatura que tanto fue criticada por sus abusos, o hasta más.

Para empezar además de incrementar impuestos supuestamente a los empresarios que terminarán pagando el pueblo, se aumentaron su presupuesto de egresos del 2020, es decir para ellos no habrá crisis.

En la pasada XXII Legislatura el presupuesto del 2019 fue de 730 millones 581 mil 818 pesos, y en este 2020 será de 791 millones 887 mil 541 pesos, es decir 61 millones 306 mil 723 pesos más.

El mayor incremento al presupuesto corresponde a la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) que en el 2019 ejerció 161 millones 758 mil 156 pesos, y ahora tendrá 203 millones 192 mil 999 nueve pesos.

Sabemos que ser diputado local en Baja California es sacarse la lotería porque viven como reyes, es un gran negocio sin invertir un peso. Por ejemplo, en la anterior XXII Legislatura cada diputado ganaba un salario neto de 63 mil pesos mensuales, es decir 756 mil pesos al año.

Además, en los servicios de traslado y viáticos (hospedaje en Mexicali, alimentación, gasolina y casetas) tenían a su disposición 46 mil pesos mensuales por diputado.

Por la partida de gasto social y cultural, son 56 mil mensuales por diputado.

Por gastos de representación tenían 300 mil mensualmente, es decir, 3 millones 600 mil por diputado al año. Y de ahí se “pagaban” los asesores de las comisiones y de honorarios asimilables, también se “cubrían” los sueldos de los asesores del grupo parlamentario y los asesores de comunicación, además de solventar los gastos de representación fuera del Estado y sus viáticos

Tenían una partida denominada ayuda social (humanitaria) a personas, por 200 mil pesos mensuales.

Estas cifras fueron tomadas del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 del Poder Legislativo de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 31 de diciembre del 2018.