En condiciones precarias, centenares de personas esperan que las autoridades de EE.UU. atiendan su petición de asilo desde la peligrosa y fronteriza ciudad de Matamoros.

Tras haber vivido durante tres meses en una casa de campaña muy cerca del cruce internacional Puente Nuevo, la hondureña Melissa Aldana pudo por fin entrevistarse con las autoridades estadounidense hace unos días.

Aldana es una de los miles de migrantes que esperan en México que las autoridades del vecino del norte evalúen su solicitud de asilo.

Desde enero y hasta el 7 de julio, las últimas cifras oficiales, habían regresado a México 18.503 centroamericanos que pedían refugio en Estados Unidos.

De estos, 6.217 lo hicieron desde Tijuana, 3.637 personas desde Mexicali -ambos en el estado de Baja California- y 8.649 personas desde Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

Y desde finales de la semana pasada, se sumó a Brownsville (Texas)-Matamoros, en el peligroso estado de Tamaulipas, a esta modalidad de atención.

Este hecho complica más si cabe la vida de los migrantes en este municipio, conocido también por su industria maquilera.

Aldana llevaba ya meses en esta precaria situación, con temperaturas que en esta época del año superan los 30 grados centígrados y subsistiendo con comida donada por los habitantes del municipio.

Y la situación, irremediablemente, se alargará mucho más porque, tras entrevistarse con las autoridades estadounidense, la siguiente cite es el 27 de septiembre. Dentro de más de dos meses.

Para ella, el contar con un permiso laboral otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México no es suficiente porque ve difícil tener empleo.

Por lo que ha decidido, en lo que encuentra algún trabajo, seguir viviendo en su casa de campaña, con la esperanza de que la población siga siendo benevolente con ella.

"Pasé (a EE.UU.) el 19 pero me retornaron el 21 a esperar el trámite migratorio. Nos dieron un permiso de 71 días y en 71 días no podemos encontrar ni un trabajo ni un departamento", dijo este miércoles a Efe la mujer, quien afirmó que esto los tiene en una incertidumbre.

Sin perder el humor, señaló el parque y dijo que era su "penthouse".

Alguno de estos migrantes prefiere esperar la aprobación de su solicitud de asilo en Matamoros a estar en algún centro de detención en Estados Unidos.

Es el caso del cubano Manuel, que lleva poco más de cuatro meses esperando a la evaluación y a ser llamado por segunda vez por las autoridades migratorias de Estados Unidos, que en los últimos meses ha recibido hasta 600.000 peticionarios de asilo.

Para Manuel, el que se les esté otorgando un permiso de trabajo en México es una gran ventaja, pues le facilitará la espera hasta, calcula, septiembre.

"Al retornarte a México tienes un poco más de libertad. (...) Y te dan la posibilidad para que tú, más o menos, empieces a trabajar", opinó.

Una de las organizaciones civiles más preocupada por la crisis migratoria que comienza a darse en Matamoros es la Casa del Migrante.

Ya que un gran porcentaje de las más de 1.000 personas que pretenden cruzar a los Estados Unidos y se encuentran varados en la ciudad no cuentan con recursos económicos para esperar otros tres meses a que se defina su situación.

A pesar de los esfuerzos realizados para recabar más ayuda, los recursos de esta casa de asistencia tampoco son suficientes.

Es por ello que han decidido darle prioridad de asistencia a familias enteras. Sobre todo, aquellas que viajan con menores de edad ya que son los mas vulnerables.

Juan Sierra Vargas, director de la Casa del Migrante en Matamoros manifestó a Efe que se encuentra dialogando con diversas organizaciones civiles como Cáritas, para ver la manera de contar con mayores recursos.

Ya sea de alimento o vestimenta, y con ello, poder de algún modo brindar un mayor apoyo a los "hermanos migrantes" que lo requieren, puntualiza.

Se espera que en los próximos días sé de un pronunciamiento por parte de las autoridades tanto gubernamentales como civiles sobre la implementación de algún tipo de estrategia para brindar apoyo a los migrantes, y así evitar un conflicto social.

Desde el acuerdo del pasado 7 de junio con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles, México ha intensificado los esfuerzos contra la migración con la presencia de la Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad compuesto por militares, marinos y policías- y más agentes migratorios en la frontera sur y norte del país.

A inicios de julio, el Gobierno de Estados Unidos anunció redadas en las principales ciudades del país y en días posteriores una restricción en la concesión de asilo, lo que aumentó la tensión diplomática de Washington con México y los países centroamericanos.

No obstante, este mismo miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "buena" relación con Estados Unidos, y aseguró que hay una "actitud de respeto" mutua. 

Con la suspensión temporal del fin del Título 42 por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, en Tamaulipas se presagia una peor crisis migratoria ante el estancamiento de miles de extranjeros. La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Rosa González Azcarraga, lamentó la decisión de las autoridades de los Estados Unidos, pues Tamaulipas será una de las entidades donde se va agudizar la crisis ya existente.

"El Gobierno de México lo permite, los últimos venezolanos que llegaron eran más de cinco mil que llegaron por Matamoros. Están en el derecho de libre paso, la crisis ya es muy aguda y así seguirá".

La diputada de Tamaulipas, manifestó que hay muchos deportados que ya buscan quedarse en México, sin embargo otro problema es que la Comisión de Atención a Refugiados se encuentra rebasada y sin recursos económicos. En Tamaulipas hay miles de migrantes varados en toda la frontera, desde Nuevo Laredo, Reynosa y hasta Matamoros, pero hay pequeños grupos que se han quedado en ciudades como Victoria y Tampico.

El titular del Instituto del Migrante de Tamaulipas, Juan José Rodríguez Alvarado, dio a conocer que por la frontera con Texas, diariamente se deportan a 200 personas. En este año las repatriaciones van a llegar a los 50 mil, mientras que se estima que hay unos 10 mil extranjeros varados.

"Tenemos en Senda se Vida Uno y Senda de Vida Dos, campamentos instalados y tenemos a 4 mil 557 extranjeros esperando el procedimiento para internarse en Estados Unidos".

"En Matamoros tenemos los albergues San Juan, Caminando Sin Fronteras Uno y Dos y puntos donde se está concentrando, tenemos tres mil 700 personas, en su mayoría Haitianos y Venezolanos".

Hay que señalar que hay cientos de migrantes, muchos niños, que están durmiendo en casas de campaña elaboradas con cartón y bolsas de plástico, y cuando llueve están entre el agua y lodo.

Llegarán miles a fin de año

El coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana y director del albergue Movimiento Juventud 2000, José María García Lara, señaló que con la eliminación del título 42 podrían arribar cientos de migrantes a la frontera a finales de este año 2022, una situación que podría convertirse nuevamente en campamentos improvisados sobre la vía pública, como ocurrió a finales del año 2021 en la garita de El Chaparral con migrantes mexicanos y centroamericanos.

Actualmente los albergues se encuentran en su capacidad máxima, por lo que directivos temen que también se instalen a las afueras de sus instalaciones. El coordinador de la alianza migrante, reiteró que es importante que los tres órdenes de gobierno deben informar a los países involucrados al programa del título 42 pues salen desde su lugar de origen sin información actualizada.

"La gente lo va a interpretar a su manera y la gente va a buscar la manera de llegar a las zonas fronterizas porque muchas regresaron a su país", expresó García Lara.

Por su parte, el director de Atención al Migrante en Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, estima que grupos de migrantes se aglomeren en la garita e incluso las personas que están en los albergues también acudan a solicitar asilo.

"Se va a utilizar ese método que se había utilizado antes del título 42, de presentarse en la garita y solicitar asilo pero todavía está la moneda en el aire porque hay una moción que presentaron quince estados en Estados Unidos en contra de la suspension", detalló Lucero.

El albergue habilitado en la Unidad Deportiva Reforma ubicado en la zona de Otay, en la ciudad fronteriza continuará abierto en lo que resta del año y no descartan mantenerlo activo en el mes de enero del 2023 por la posible llegada masiva de migrantes.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

México seguirá siendo un país de paso y la dinámica migratoria continuará, por lo que se requieren instituciones más fuertes, solidarias y sensibles, y la participación de los tres niveles de gobierno, sin embargo, la política migratoria, es de atribución federal, sostuvo José Luis Pérez Canchola, titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana.

El expositor invitado por el Grupo Madrugadores que coordina Mario García, expuso que en el país se tienen leyes para atender el tema migratorio, pero son obsoletas, basadas en la desconfianza de las personas, que no ayuda, y los diputados no trabajan en reformar las leyes para atender esta problemática.

Pérez Canchola recordó varias etapas del gobierno estadunidense en el tema y su actuación agresiva contra los migrantes, hablando sobre un Bill Clinton que en el 95, ordenó la deportación de personas sólo por estar tatuados, mientras que grupos radicales estadounidenses se pusieron a ejecutarlos durante la noche o madrugadas, lo que provocó que a su vez los migrantes se organizaran y se volvieran más radicales para repeler estos ataques.

Seńaló que esta situación puede pasar en Tijuana, porque se ha detectado muchos jóvenes en el Chaparral que están vulnerables, y también la presencia de personas armadas, polleros, distribuidores de drogas y secuestradores dijo, están pasando cosas terribles.

Por ello la importancia de la actuación de las autoridades, en el caso de la Alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz Macfarland, quien ya rentó un espacio que está siendo adecuado para en un lapso de una semana, poder trasladar familias, siendo prioridad mujeres, nińos y embarazadas, pero es responsabilidad de la federación insistió, por lo que deberían ser trasladados al Centro de Integración del Migrante, instancia que dio marcha atrás a la atención de los migrantes del Chaparral, debido a un brote de contagios, aseveró.

La situación está ahí, la migración solo agranda y complica el panorama, por lo que aseveró es importante la participación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, pero que sean responsables y sensibles a la situación, tal y como lo está haciendo el actual Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien instruyó suspender la deportación de mujeres embarazadas y mujeres con bebés.

Pérez Canchola seńaló que incluso el Gobernador de Michoacán, Estado que recibió en el 2020 remesas por 3 mil millones de dólares, no aporta un peso para ayudar a sus paisanos que se encuentran en el Chaparral, seńalando vía telefónica que ya están aquí, que ya no es su problema.

Al inicio del arribo de migrantes al Chaparral, el 18 de febrero eran 200, se podían contar, su punto más álgido se concentraron 2 mil personas, siendo más del 50% mujeres y nińos, actualmente la cifra puede oscilar entre las mil 500 personas, ya que muchos ya han sido atendidos por las autoridades estadunidenses, y otras más optaron por regresar a sus lugares de origen, concluyó. 

El canciller Marcelo Ebrard reiteró que México no será tercer país seguro, puesto que la estrategia migratoria que se ha implementado es exitosa.

En conferencia de prensa, comentó que desconoce si este tema será planteado durante la reunión que sostendrá en su visita a Washington, pero aseguró que la postura de México es no aceptarlo, porque es "injusto" y no es "equitativo".

"No queremos aceptarlo, porque va en contra de los intereses de México, por qué nos vamos a encargar de las solicitudes de asilo de los migrantes en otro país, es como si le dijéramos a Estados Unidos: hazte cargo de un problema de México. Es injusto, no es equitativo, eso sí va a impedir que los migrantes puedan hacer gestión en Estados Unidos, si nosotros tomáramos esa decisión, la mayor parte de la opinión pública no estaría de acuerdo, es injusto para nuestro país", enfatizó.

Añadió que la estrategia migratoria está funcionando porque se logró reducir el flujo migratorio en 56%; resaltó que México ha estado invirtiendo en Honduras, El Salvador y Guatemala porque "hemos sostenido que la gente no tenga que migrar por pobreza, se van a crear 60 mil empleos, en El Salvador se van a crear 20 mil con el programa de Sembrando Vida", indicó.

Las autoridades migratorias de EE.UU. detuvieron este miércoles en procesadoras de alimentos del estado de Misisipi a 680 inmigrantes indocumentados, en lo que supone la mayor redada de este tipo en al menos una década, anunció el fiscal del distrito sur del estado sueño, Mike Hurst.

"Hoy en siete diferentes lugares de seis ciudades de Misisipi, los agentes ejecutaron ordenes de registro administrativas y criminales que resultaron en la detención de aproximadamente 680 inmigrantes ilegales", declaró Hurst, del Partido Republicano, en una rueda de prensa.

El fiscal afirmó que se trata de la mayor redada en al menos una década y, además, aseguró que es "la acción de las fuerzas del orden más grande en un solo estado de la historia de EE.UU.".

"Somos país de inmigrantes, pero también somos un país de leyes y continuaremos haciéndolas cumplir (...) Damos la bienvenida a la gente de otros países, pero tienen que obedecer nuestras reglas, tienen que venir aquí legalmente. O, si no, entonces no deberían venir", manifestó Hurst.

Los 680 inmigrantes que fueron detenidos pasarán ahora a custodia del Servicio de Inmigración (ICE), que decidirá si los encierra en un centro de detención hasta que sean deportados a sus países de origen o si, por el contrario, los pone en libertad mientras las cortes deciden si deben quedarse o no en el país.

El agente Jere T. Miles, a cargo de la operación, explicó que los hijos de los inmigrantes detenidos pasaran a la custodia de algún familiar en EE.UU. y, en otros casos, los padres serán puestos en libertad para que puedan cuidar de los menores mientras se resuelven sus peticiones de asilo.

"Cada caso será manejado de manera individual, dependiendo de las circunstancias", explicó Miles.

Los arrestos se produjeron en el lugar de trabajo de los inmigrantes, entre los que se incluía una planta de procesamiento de pollos de la empresa Peco en la localidad de Bay Springs.

Peco confirmó en un comunicado que el ICE inspeccionó esa planta de pollos y otras dos de las instalaciones que tiene en Misisipi: una en Canton y otra en Sebastopol.

"Estamos colaborando plenamente con las autoridades en su investigación y estamos viendo la posible interrupción de nuestras operaciones", señaló la empresa en un comunicado recogido por la cadena de televisión local WDAM.

La compañía aseguró que cumple con todas las leyes migratorias y usa el programa federal "E-Verify" para evitar contratar indocumentados.

En su rueda de prensa, las autoridades aseguraron que el objetivo de las redadas son tanto los inmigrantes indocumentados como las empresas que los contratan.

Bajo el Gobierno de Donald Trump se han incrementado las detenciones de inmigrantes en sus lugares de trabajo: en el año fiscal 2018, el ICE inició 6.848 investigaciones sobre ese tema, lo que supone un incremento de más del 300 % con respecto al periodo anterior, cuando hubo 1.691 investigaciones. 

Los Gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron este viernes un acuerdo que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.

Por sorpresa, en la tarde del viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a la prensa que entrara en el Despacho Oval de la Casa Blanca para que presenciara la firma del pacto con Guatemala, ceremonia a la que asistió el ministro guatemalteco de Gobernación, Enrique Degenhart.

"Hemos estado tratando con esto durante mucho años con Guatemala y otros países. Ahora estamos en un punto en el que nos llevamos bien y que hacen lo que les pedimos que hagan. Creo que va a ser una cosa genial para Guatemala, ellos tampoco quieren esos problemas", manifestó Trump.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, aseguró que el acuerdo evita que se hagan realidad las amenazas de Trump sobre aranceles a las importaciones e impuestos a las remesas.

"Por medio de las negociaciones también se evitan sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas", así "como la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias", dijo Morales en redes sociales.

El acuerdo, hecho público por el Gobierno guatemalteco, no menciona el término "tercer país seguro", expresión que la Agencia de la ONU para los Refugiados emplea para designar a aquellas naciones donde se reubican los refugiados que tenían previsto llegar a otro destino.

Bajo el acuerdo, los solicitantes de asilo que llegan a EE.UU. serán enviados de vuelta a Guatemala si, en su ruta hacia el norte, han atravesado el país centroamericano antes de llegar a territorio estadounidense.

En vez de volver a sus países de origen, esos migrantes que lleguen a EE.UU. serán devueltos a Guatemala.

El texto, sin embargo, establece excepciones: sí podrán solicitar asilo en EE.UU. aquellos que, a pesar de haber pasado por Guatemala, sean considerado "menores no acompañados" o sean individuos que ya cuentan con un visado estadounidense o procedan de países que no necesitan ese documento para ingresar en territorio estadounidense.

El acuerdo tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse antes de su vencimiento.

En una rueda de prensa telefónica, el secretario interino de Seguridad Nacional de EE.UU., Kevin McAleenan, aseguró que el acuerdo "estará en funcionamiento en agosto", una vez que los dos Gobiernos hayan completado una serie de pasos para ratificarlo.

En Guatemala, no está claro cómo se implementará el pacto dado que el pasado 14 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional para que ese país no se convierta en un tercer país seguro, una decisión que ha sido recurrida por el presidente guatemalteco.

Entretanto en EE.UU., varias organizaciones defensoras de los refugiados ya prometieron que, si se aprobaba el acuerdo, intentarían bloquearlo en las cortes.

Poco después del anuncio, varias ONG, como Amnistía Internacional (AI), criticaron el acuerdo al considerar que Guatemala es un país peligroso para los refugiados y solicitantes de asilo.

De hecho, el propio Departamento de Estado pide a los ciudadanos estadounidenses que se replanteen viajar a varias áreas Guatemala y, en su web, avisa que los crímenes violentos "son comunes", la actividad de las pandillas "está muy extendida" y, además, la policía no tiene recursos.

Otras ONG han cuestionado la capacidad de Guatemala para procesar las miles de peticiones de asilo que, de implementarse el acuerdo, recibirán de países como Honduras y El Salvador.

Al respecto, en el acuerdo, EE.UU. se compromete a "cooperar para fortalecer las capacidades institucionales de Guatemala", pero el texto no contempla fondos para ese punto.

Todavía se desconoce cómo se llevará a la práctica esta nueva política. El acuerdo no aplica a los guatemaltecos o los apátridas residentes en Guatemala, pero no establece qué hará EE.UU. con los nacionales de ese país que lleguen a su territorio para pedir asilo.

Este año, por primera vez en la historia, los nacionales de Guatemala han sido el grupo de ciudadanos que fue arrestado con más frecuencia tras intentar cruzar irregularmente la frontera entre México y EE.UU.

El acuerdo suscrito hoy se enmarca en los intentos de la Administración Trump por reducir la migración a Estados Unidos.

A principios de junio, Trump intentó que México firmara un acuerdo para convertirse en un "tercer país seguro", pero el Gobierno de López Obrador lo rechazó.

No obstante, el mandatario mexicano acabó accediendo a acoger en México a los migrantes que están a la espera de resolver su petición de asilo en Estados Unidos.