El Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California, Jorge Topete Calvario, indicó que buscaran reunirse con las autoridades que encabezaran la próxima Legislatura y gobierno estatal una vez que tomen formal propuesta , para conocer su entendimiento del Sistema Estatal Anticorrupción actual.

Topete indicó que es un tema que les preocupa y esperarían que sigan la lógica que tomo el gobierno federal el año pasado , de inicio se tenían algunas dudas de como trabajaba, pero al conocer como funcionaba el Sistema Nacional Anticorupción y el Comité de Participación Nacional se disiparon dudas y ahora a nivel nacional se trabaja en coordinación. 

Por lo que esperarían que los titulares de la Contraloría del Estado, puedan sentarse a atender los temas pendientes.

Una serie de anomalías encontradas desde Recaudación de Rentas Municipal hasta la Sindicatura Municipal, fue expuesta por un empleado de cajas que encontró movimientos irregulares en las cuentas de múltiples usuarios de Ensenada.

Conforme a la investigación, más de 200 empleados y ex empleados del ayuntamiento tienen claves de acceso a el sistema de Recaudación de Rentas, con las que han podido manipular las cuentas.

En noviembre del 2021, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, señaló que la cartera vencida de Ensenada por concepto de predial ascendía a más de 500 millones de pesos, de los cuales, 133 estaban concentrados en 30 cuentas de la zona urbana y rutal de Ensenada.

En medio de la exposición de corrupción al interior del ayuntamiento, la sindicatura municipal anunció en julio la suspensión del entonces director de informática municipal, afirmando que no obedecía a una falta grave.

Aunque la posible red de complicidades inicia en Recaudación de Rentas, la Sindicatura Municipal no tocó a ningún funcionario de esa dependencia.

Se informó que el director de informática -suspendido- se amparó, aparentemente con buenos resultados, ante esto, la Sindicatura Municipal respondió que en relación al proceso de responsabilidad administrativa 13/2022 contra el director de Informática del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, iniciado por esta Sindicatura Municipal, la titular de la dependencia Elizabeth Muños, indicó que la sentencia emitida dentro del juicio de amparo indirecto 457/2022 no ha quedado firme y esta puede ser revocada por una instancia superior.

Por ello, dice, la Sindicatura Municipal impugnará dicha determinación, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, por lo que esta quedará en las manos de los Tribunales Colegiados de Circuito donde se resolverá en definitiva el asunto relativo a la suspensión temporal del servidor público.

Refirió que el servidor público, no regresará al cargo, hasta que se resuelva el recurso de revisión, lo cual puede tardar de 4 a 6 meses.

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El recién nombrado presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Eduardo Arredondo Uribe, externó su preocupación por el debilitamiento del SEABC.

Podemos sentirnos orgullosos de que en Baja California tenemos el SEA más ciudadano del país, cuenta con más consejeros ciudadanos y contaba con una comisión especial (digo contaba porque la actual administración le quitó facultades a los ciudadanos, regresándola a propuesta del gobernador) para designar al Fiscal Anticorrupción y cuenta con más facultades para actos de corrupción sean sancionados conforme a la ley.

Lo que inició como un gran avance en combate a la corrupción en el estado, vemos con preocupación que poco a poco se está erosionando.

El Comité de Participación Ciudadana se está quedando sin miembros ya que el comité seleccionador no ha designado los nuevos consejeros, el Comité Coordinador está detenido en sus funciones y la Secretaría Ejecutiva no cuenta con los suficientes recursos para llegar a sus objetivos.

En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado a redoblar esfuerzos en apoyo al Sistema Estatal Anticorrupción (SEABC).

El mandato del pueblo fue precisamente un gobierno de esperanza que sea más honesto y eficiente en la función pública, un instrumento clave para lograrlo es un SEA fuerte y ciudadano.

Como presidente del CPC estoy en toda la disposición para llegar a acuerdos para este fin, los ciudadanos nos están observando, tenemos que cumplirles.

Cabe mencionar que este 11 de julio fui designado por el apoyo mayoritario del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para ser el presidente de dicho comité por un año.

El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, exigió a su equipo de colaboradores actuar con transparencia en el tema de las licitaciones y asignaciones de obras públicas en Baja California.

Al reunirse con los integrantes de su Gabinete legal, el mandatario emanado de MORENA les pidió entregar resultados de auditorías y reportes sobre situaciones indebidas de sus antecesores.

Afirmó que los diferentes titulares de cada dependencia a cumplir con la transparencia que debe prevalecer en este gobierno en marcha.  

Los titulares de las distintas secretarías expusieron ante el jefe del Ejecutivo estatal las acciones sobre la fiscalización y evaluación interna de sus dependencias, entre bienes muebles e inmuebles que están bajo su resguardo.  

Por su parte, Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, explicó que en la fiscalización y evaluación de la inversión pública, la anterior administración, no demostró en muchos casos solventación y mucho menos información de los proyectos de obra. La funcionaria dijo que de no encontrar información oficial, se presentarán denuncias ante la nueva Fiscalía Anticorrupción del Estado. 

Espinoza Martínez recibió instrucciones directas del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de subir toda la información necesaria a los portales de transparencia y de rendición de cuentas del Estado, sobre contratos, quién suscribe y las licitaciones o concursos con empresas privadas. El gobernador dijo: “En mi gobierno, no se hacen negociaciones a escondidas o en la oscurito”. 

El jefe del Ejecutivo estatal también instruyó a Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda, y a Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, para que brinden todo el apoyo a Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California, para realizar sus actividades en operatividad y presupuesto.

Organizaciones de la Sociedad Civil hacen un llamado urgente al Comité Coordinador a aprobar la Política Nacional Anticorrupción (PNA). 

Argumentan que el país no puede avanzar de manera contundente en el combate a la corrupción, pues desde hace más de un año, se encuentra en espera de una política que promete darle rumbo y coherencia a todos los esfuerzos que se hacen a lo largo y ancho de la república para atender el mayor problema de nuestra democracia. 

Desde el año 2017, representantes de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país han trabajado en la construcción de una propuesta de PNA que integre directrices claras de cómo, la sociedad civil y el gobierno, pueden trabajar de manera conjunta para combatir la corrupción. De igual manera, que de luz sobre el rumbo que seguirán los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. 

En el 2018, se llevaron a cabo consultas digitales ciudadanas y ocho foros regionales con el objetivo de recabar comentarios, opiniones y propuestas relacionadas con las acciones que deberían ser prioritarias. A inicios del 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entregó la versión definitiva del documento de la Política Nacional Anticorrupción al Comité Coordinador para su discusión y aprobación. 

Sin embargo, a un año de su presentación pública, aún no se cuenta con la claridad sobre la fecha de su aprobación, ni los contenidos finales. Faltando así a lo establecido en el artículo 9, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La reciente designación de Loretta Ortíz Ahlf como representante del Consejo de la Judicatura Federal en el Comité Coordinador, permite que se incorporen todas las opiniones de los integrantes del Comité a la PNA. Esta última fue la razón por la cual la PNA no fue aprobada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el día 5 de noviembre del presente. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este posicionamiento, hacemos un llamado urgente a dar celeridad y prioridad a la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción para que en el 2020 el país pueda arrancar con un instrumento en nuestro derecho a vivir una vida libre de corrupción. 

Firman: #ComunidadAnticorrupción, #RedNacionalAnticorrupción, #FuerzaCiudadanaAnticorrupción, Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC, Alejandro Rabelo Escritor y Periodista Tierra colectiva, Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco, Arkemetria Social, Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres y Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., así como Bios Participación Política y Desarrollo por mencionar algunos organismos.

La abrupta renuncia del auditor superior del estado, Carlos Montejo Oceguera, se destapan y confirman las pésimas prácticas que se llevaron a cabo dentro del Gobierno a cargo de Francisco Vega de Lamadrid . En la relatoría de quien fungía como auditor del estado, se mencionan llamadas hechas por el exgobernador para ejercer cierto tipo de presión sobre el trabajo que realizaba Montejo. Además, sale a relucir el nombre de Eva Rodríguez como entonces presidenta de la comisión de fiscalización del Congreso del Estado. La que debe de velar por los dineros, pues.

Esto, en temas de corrupción; fue anunciado desde el 8 de julio por miembros honoríficos del sistema estatal anticorrupción, alertando de un enroque político que beneficiaba al entonces Gobernador, Francisco Vega… iban a seleccionar pues, a Carlos Montejo Oceguera para que fuera el Auditor Carnal… la comisión especial se estaba desmarcando del engaño que el ejecutivo planeaba y ejecutaba el gobierno del estado. Esto violaba el articulo 95 de la ley que regula la elección del magistrado, del fiscal y los titulares de los órganos de control de los organismos descentralizados tienen que pasar por una comisión especial. Esta que se había formado y le daba poder a 4 ciudadanos y 3 diputados para lanzar la convocatoria. Y para el proceso donde eligieron a Montejo, que creen… quedó fuera la comisión especial.

Y así fue el proceso caprichoso del gobierno panista. Utilizado a sus huestes como Raúl Castañeda Pomposo para hacer y deshacer a su antojo la constitución del estado. Este diputado sin duda debería estar bajo la lupa anticorrupción. La historia está dicha y ponen a Montejo como auditor. 

Jaime Bonilla como candidato y en reunión con priístas en el rancho del “oso Monge”, relató como el mismo recibió una llamada de Francisco Vega pidiéndole que le aprobaran las cuentas publicas y él se retiraba el último año… a lo que según Bonilla se negó y hasta amenazó con quitarle los bienes inmuebles que pudieran haber adquirido de manera desleal con recursos públicos del Estado. Este mismo modus operandi de Kiko Vega, le fue aplicado a Montejo y termino por tronar lo que a todas luces estaba viciado de origen. Recuerden, lo que mal empiez, mal acaba.

Ahora, se busca auditar por más de mil 200 millones de pesos al gobierno de “Kiko” Vega, le van a escudriñar dicen todo lo que tenga que ver con sus cuentas públicas. Deberían hacer lo mismo con los diputados de la 22 legislatura. Ahí hay que voltear las miras en aras de transparencia y mecanismos anticorrupción.

Mientras tanto, no hay un sistema estatal anticorrupción que tenga garras y dientes, que pueda hacer su trabajo y dar resultados históricos en el país. Depende en estos momentos de la voluntad del actual Gobernador del Estado, Jaime Bonilla, el que se castigue de manera ejemplar a todos aquellos servidores públicos desleales que hayan hecho mal uso de los recursos públicos del Estado. Pero nada de esto sirve si Bonilla y “Kiko” Vega, resultan ser socios en los proyectos de las desalinizadoras.

Tendrá que pasar algo verdaderamente extraordinario para que un gobierno cambie la historia del Estado. El beneficio de la duda se les dio al igual que el voto. Sólo falta esperar a que una vez más el tiempo sea quien ponga a cada quien en su lugar. Porque como lo mencionó enfáticamente Francisco Fiorentini: Donde está la COPARMEX, CANACINTRA, CLUB DE LEONES, LOS MAESTROS, PADRES de FAMILIA, COLEGIO DE ABOGADOS… lo único que se confirma con todo esto, es que el miedo de la clase política a los ciudadanos sigue vigente.