Para Alberto Hernández, presidente del Colegio de la Frontera Norte, es necesario un control en el tránsito de personas en la frontera norte del país, ya que se tenía suelto.

El investigador presidente del Colef expresa esto en relación al retén que inició esta semana en el ingreso por carretera a Tijuana, por parte del Instituto Nacional de Migración, para pedir identificación a quienes llegan por tierra a la ciudad, en busca de detectar y asegurar a migrantes extranjeros sin permiso, en tránsito hacia Estados Unidos. 

“Esto es una decisión de control, habíamos dejado muy abierta la frontera y en este momento es la acción a la que está facultada la autoridad migratoria. Estamos hablando de un cambio de perspectiva, México tiende a convertirse en un país de tránsito muy fuerte, muy contundente con la migración centroamericana, de África Negra y de Medio Oriente, representa también una cuestión de necesidad y de seguridad, el qué hacemos con este flujo que está cruzando.

“Se ven afectados otros que están sujetos a esta cuestión de demostrar su nacionalidad, es una historia que no se ha platicado en los retenes del país”. 

Los controles migratorios por tierra son un regreso de una práctica que muchos años estuvo vigente en los años ochentas, porque siempre ha existido para los recién llegados por la vía aérea.

“Teníamos una prisión, La Ocho, llena de extranjeros sin permiso que querían llegar a la frontera, teníamos un retén en La Rosita, que se suprimió. Quedó el punto de revisión formal, en el que actuaban autoridades policiacas y judiciales y que se detenía mucho a los migrantes”.

Uno de los investigadores sociales que más influencia ha tenido en la defensa de las comunidades migrantes internacionales, en particular de México hacia Estados Unidos, falleció en la víspera.

Jorge Agustín Bustamante Fernández, perteneció al Departamento de Estudios Sociales, investigador emérito, Doctor en Sociología y Antropología por la Universidad de Notre Dame. Profesor investigador Emérito de El Colegio de la Frontera Norte (SNI Emérito). Fundador y Presidente de El Colegio de la Frontera Norte de 1982 a 1998. Ha impartido cátedra en El Colegio de México, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de California en Riverside, el Instituto de Estudios Políticos de París y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha obtenido múltiples distinciones y premios nacionales e internacionales por su labor académica, entre ellos en México: el Premio Nacional de Demografía, el Premio Nacional de Jurisprudencia y el Premio Nacional de Ciencias y Artes.

Temas de investigación

Se ha especializado en el estudio de las migraciones internacionales a nivel mundial, destacando su labor en favor de los derechos humanos de los migrantes como Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas.

Influyó en la toma de decisiones en materia de migración con los presidentes de la repúblicas de Carlos Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo.

Para el profesor e investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Víctor Espinoza Valle, la reducción presupuestal a los partidos políticos para el siguiente año, solo tendrá efectos en el ámbito de la fiscalización lo que deja en desventaja a los partidos “pequeños”.

Lo que se va a reducir es fiscalizable, los partidos seguramente van a comprar menos espectaculares, van a gastar menos en asesores, en marketing, incluso para generar proyectos que los partidos y los candidatos presentan, indicó.

El dinero importante no está ahí, está en lo que circula bajo cuerda para movilizar, comprar el voto, previo al proceso electoral, no me refiero al día de la jornada, sino al trabajo que se hace clientelar, recurso muy difícil de fiscalizar.

En la realidad, lo que vemos, es que los procesos electorales, son muy caros, antes era más porque un porcentaje importante se iba a los medios (radio y televisión). Desgraciadamente, solo una parte de las campañas se puede fiscalizar, pero hay muchos recursos que no pueden ser fiscalizados, advirtió.

En las campañas circulan, por ejemplo, el dinero que se utiliza para la compra y coacción del voto, eso no queda registro alguno y sabemos que son recursos cuantiosos, hay quien lo ha estimado, pero esos no pueden fiscalizarse y son los que verdaderamente cuestan.

La reducción de presupuesto pone en desventaja a los partidos que no tienen grandes recursos, a los candidatos independientes, los partidos grandes no sufrirán para hacer campañas competitivas, añadió.

Mucho del dinero que llega a las campañas, sobre todo cuando son campañas de gobernador, llega por la vía de los gobernadores a fines, y qué partidos tienen más gobernadores, pues en este caso, aún cuando MORENA gobierna, PRI y PAN tienen más gobernadores a nivel nacional.

Habría que ver si realmente tiene un impacto importante, no tanto en términos de la democracia, porque sería muy exagerado. Los partidos tienen que hacer importantes ajustes, esto tiene sus pros y sus contras, en términos generales uno puede decir que será menos gasto, refirió.

En la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura, se aprobó la reducción del 50 % del financiamiento público para los partidos políticos para el 2021. El proceso electoral del siguiente año, en Baja California se elegirá a gobernador, cinco alcaldías, así como diputados locales (25) y federales (13).

Los recientes cambios en las políticas migratorias y el cierre de fronteras a causa de la pandemia del Covid-19 han ocasionado que miles de personas vean interrumpidos sus proyectos migratorios y queden atrapados en México.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera norte se tiene registro de 12 mil 500 extranjeros varados; mientras que en el sur se cuentan a 9 mil personas. Sin contar los casos de migración interna.

En este sentido, la Dra. Ietza Bojórquez, investigadora del Departamento de Estudios de Población de El Colef, señala que aunque existen reglamentos, protocolos o medidas para actuar ante pandemias, en el caso de los migrantes a éstos se les suele considerar más como un vector de transmisión de enfermedades, sin que se considere el lado de que son personas que necesitan atención y cuidados.

En lo que respecta a la estadía de las y los migrantes, la investigadora de El Colef agregó que muchos albergues, ante el escenario que plantea el Covid-19, han tenido que cerrar el ingreso a personas de recién arribo, con el fin de generar un espacio controlado para la no propagación del virus; dado que no cuentan con los insumos necesarios ni la infraestructura debido a que, en su gran mayoría, son espacios que dependen de asociaciones civiles.

Aunado a lo anterior, con el cierre de albergues, han surgido campamentos informales de migrantes, lo que también representan un riesgo mayor para su salud dado que son personas que tratan de cruzar la frontera y al no conseguirlo regresan y generan condiciones de movilidad aumentada y de contacto con muchas personas.

La Dra. Ietza Bojórquez, señaló que es necesario que los tres niveles de gobierno se involucren y generen medidas de protección para la población migrante y que brinden apoyo a los albergues para que éstos puedan cumplir con los lineamientos y recomendaciones que emite la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, con el fin de disminuir la expansión del Covid-19.

En los estados del norte trabajan más de 200 mil jornaleros, 80% de ellos concentrados en la región noroeste, conformada por Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur y que, a causa de las condiciones salariales y laborales, son una población muy vulnerable ante el Covid-19, advierten académicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

En el documento “Poblaciones vulnerables ante el Covid-19. Los jornaleros agrícolas”, detallan que estos trabajadores son una población que en términos económicos y sociales tienen acceso limitado al sistema de salud.

Su vulnerabilidad radica en que debido a su participación en las cadenas de producción de alimentos, los jornaleros agrícolas no dejarán de trabajar, establecen.

Aunado a ello, uno de los riesgos a los que están expuestos está relacionado a la movilidad y a las condiciones en las que viajan constituyen una fuente de de expansión del contagio, debido a que los trabajadores son trasladados desde diferentes partes del país.

El documento agrega que otra variable de riesgo es la vivienda o los llamados campamentos, los cuales no solo exponen a los jornaleros sino también, en ocasiones, a sus familias a condiciones de hacinamiento, lo cual puede ser un factor que facilita el contagio.

Este informe señala que es urgente y necesario garantizar el acceso a los servicios de salud de los jornaleros agrícolas debido a la alta movilidad de esta población a lo largo del país; al regresar enfermos a sus comunidades existe mayor riesgo de propagación del virus entre los sectores de la población más pobres y marginados del país.

El informe presenta una serie de acciones para reducir la vulnerabilidad de este grupo poblacional, recomendaciones a los campamentos y un llamado a las instancias de salud para que implementen acciones específicas que puedan reducir el la presencia del Covid 19 .

Algunas de estas son: 

-Generalizar las brigadas de salud, por parte de la Secretaría de Salud, para monitorear los contagios en campamentos y dar atención a la prevención y a los casos de infección y enfermedad grave.

-Revisar las condiciones de vivienda al interior de los campamentos y entre las personas en viviendas separadas, así como la organización del trabajo en el campo, para garantizar que se guarda distancia mínima entre los trabajadores.

El informe “Poblaciones vulnerables ante el Covid-19. Los jornaleros agrícolas”, es coordinado por Laura Velasco, Marie Laure Coubés y Oscar F. Contreras; con la colaboración de Ietza Bojórquez, Camilo Contreras, Hilda García, Carlos Hernández, Francisco Lares y Eduardo Rodríguez.

Cabe mencionar que en México, el número de contagios por COVID-19 es de dos mil 785 casos confirmados, la mayoría, en el centro del país.

A propósito de la Ley de Amnistía presentada por el presidente López Obrador en la Cámara de Diputados, Arturo Zárate, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), consideró que a los inocentes se les debería liberar, incluso indemnizar.

El investigador del departamento de Estudios Culturales del Colef, sostuvo: Una propuesta de ley adecuada, debería estar enfocada en acelerar los procesos de liberación.

 Aunque en buena medida la iniciativa obedece a una necesaria atención al sector que s la Ley no mitigaría el peso de las injusticias cometidas, subrayó.

El perdón concedido dentro de la propuesta, indicó el investigador, no atiende la verdadera dificultad: exigir la sanción efectiva, y contrastar la impunidad.

“No es lo duro, sino lo seguro de la pena, lo que previene la delincuencia”, dijo así, pues observa que otros sistemas penales amplían sus métodos de sentencias por alternativos más adecuados para cada caso: el trabajo comunitario; el tratamiento en libertad y la semilibertad, la reparación del daño, o la conciliación, añadió.

La iniciativa fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre en el congreso de la unión.