El viernes pasado, colectivos feministas convocaron a una marcha en la glorieta de los Insurgentes tras la denuncia de una menor de 17 años, quien asegura que cuatro policías la violaron en Azcapotzalco.

Durante la protesta, las manifestantes rompieron vidrios y quemaron la estación del Metrobús Insurgentes. Además, pintaron con pintura morada la columna del Ángel de la Independencia.

Estos son los cinco estados con más violencia feminicida en el país, en lo que va hasta julio de este año, en el que suman 448 crímenes de mujeres por su género.

1. Veracruz (104 víctimas)

2. Estado de México (42 víctimas)

3. Puebla (31 víctimas)

4. Chihuahua (25 víctimas)

5. Nuevo León y Sonora ((24 víctimas cada uno)

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

De estos estados, cuatro tienen alerta de género: Veracruz, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León. Puebla tuvo una solicitud y Sonora no tiene.

En el Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.

Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Puebla: el 7 de julio de 2017, se notificó la no procedencia de la alerta de género.

El feminicidio de tres niñas, Meredith, Medelin y Karla, de 11 y 9 años de edad, junto a su madre de 28 años, ha generado profunda indignación en Hermosillo, Sonora. Los cuerpos de las menores fueron encontrados este 5 de julio bajo un mezquite en una zona agrícola de la Comisaría Miguel Alemán, un día después del hallazgo del cuerpo de su madre en el mismo sector.

El colectivo Buscadoras por la Paz confirmó el hecho mediante una transmisión en vivo y calificó la escena como “aterradora”. “Nunca había visto tanta crueldad”, dijo una de sus integrantes. En la imagen más reciente que circula en redes, las niñas aparecen sonrientes, vestidas con camisetas rosas de caricaturas.

Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen estaría vinculado con el crimen organizado. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que el presunto responsable, pareja de la madre y ya detenido, tiene vínculos con una organización criminal. La Fiscalía estatal confirmó que el individuo pertenece a un grupo que opera en la capital sonorense.

La comunidad y organizaciones sociales han exigido justicia y mayor protección para la niñez. La titular del SIPINNA, Silvia Lorena Villavicencio, expresó que este es uno de los hechos más dolorosos para la infancia mexicana, mientras que autoridades continúan con las indagatorias del caso.

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El Servicio Médico Forense (SEMEFO), dio a conocer que la joven Paola Bañuelos falleció debido a asfixia por estrangulamiento.

El reporte del médico legista ya fue entregado a la Fiscalía General del Estado, quienes están llevando a cabo la investigación del crimen ocurrido en la madrugada del lunes 8 de julio.

La víctima, de 23 años, fue hallada sin vida la mañana del viernes en el ejido de Islas Agrarias B, en el sur de Mexicali. Fue vista por última vez el domingo 7 de julio cuando tomó un taxi de plataforma Didi al salir de la zona de bares en Mexicali.

La Fiscalía General del Estado de Baja California, informó sobre la detención del sospechoso del homicidio de la joven Paola Andrea, después de que huyó y se entregó ante las autoridades en Ciudad Obregón, Sonora. 

El sospechoso fue trasladado a Baja California para enfrentar la justicia, donde se le aplicará la ley y se buscará condenarlo por su crimen.

El Senado de la República analiza una reforma para sancionar con pena de 40 a 60 años de prisión para el delito de feminicidio se pueda incrementar en una tercera parte más, es decir entre 53 y 80 años de cárcel, según el criterio del Juez, cuando dicho ilícito sea cometido contra niñas o menores de edad.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román propuso reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, al destacar el incremento de casos de feminicidio en contra de niñas y adolescentes en México, los cuales en su mayoría quedan en la impunidad.

Advirtió que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendida y arraigada, además de “un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible”.

Destacó que, de acuerdo con el INEGI, alrededor de 4.5 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia, principalmente cometido por tíos, en un 20 por ciento de los casos; vecinos o conocidos, en 16 por ciento, o por primos, en un 15 por ciento de los casos; y que sólo en el 11.5 por ciento de los casos, el agresor fue un desconocido.  

“Sin embargo, estos registros no incluyen la cantidad de niñas que fueron asesinadas, pues existe una cifra negra, es decir, delitos que no se denuncian, y por lo tanto no se tiene conocimiento de ellos, lo que hace imposible saber cuántas niñas en México han sido asesinadas”.

10 mujeres asesinadas al día en México

La legisladora de Acción Nacional afirmó que en México, aproximadamente 10 mujeres son asesinadas al día, y que en la mayoría de los casos son feminicidios de mujeres de entre 15 y 29 años, lo que refleja una situación preocupante para las jóvenes de nuestro país. 

Por ello, la senadora planteó agregar un párrafo al artículo 325, para establecer una agravante al delito de feminicidio genérico, a fin de que cuando sea cometido en contra de una menor de edad, la pena establecida para este ilícito pueda aumentar, según el criterio del Juez, hasta una tercera parte.

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Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención de dos primas que cometieron feminicidio de una joven para “justificar un embarazo” en Sonora.

Al presentar el informe “Cero Impunidad”, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves en Palacio Nacional, Mejía Berdeja refirió que derivado de un operativo coordinado, el pasado 7 de mayo se logró la detención de Iris Jazmín “N” y su prima Vanesa Lizbeth “N”.

Destacó el subsecretario de Seguridad que en menos de 24 horas, en un domicilio de Agua Prieta, Sonora, fue posible la localización y rescate de la recién nacida Alison Guadalupe, hija de Adriana, a quienes las primas privaron de la vida.

Los hechos

De acuerdo con la descripción de la Secretaría de Seguridad del posible móvil, Iris Jazmín “N”, presunta autora intelectual y material, “necesitaba un bebé para justificar un embarazo ficticio con objeto de retener a su pareja, de tal suerte que privan de la vida a la mamá, sustraen a la menor”, pero en menos de 24 horas se le pudo recuperar.

Según la investigación, Iris Jazmín “N” buscó diferentes víctimas y con su prima Vanesa Lizbeth “N” encontraron en Nogales, Sonora, a Adriana y a Alison Guadalupe, madre e hija.

Las primas ya están en proceso de vinculación y los delitos que se les imputa son privación ilegal de la libertad, feminicidio, tentativa de feminicidio y robo agravado. 

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, reconoció que es alarmante la cifra de feminicidios y hay más mujeres muertas por ellos, que por la pandemia de coronavirus.

Con los datos informados este martes, dijo, "hay más feminicidios que la muerte de mujeres por coronavirus, es alarmante realmente. En conclusión: la mujer no está muriendo por el contagio sino por lo que estamos viviendo todas las familias (la cuarentena en casa) en esta contingencia", agregó.

El Comunicado Técnico Diario sobre la pandemia de Covid-19 en México, emitido por la Secretaría de Salud, reflejó al corte del martes, que desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país, el 27 de febrero pasado, han fallecido 406 personas; el 30% de ellas mujeres (122).

En cambio, "cada día 10 mujeres mueren, cada 2 horas y media una mujer es asesinada", recordó la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, quien expuso que la tendencia se mantiene y por la cuarentena obligada por la pandemia de coronavirus se ha incrementado además la violencia de género.

Con esas cifras, hasta hoy, a 49 días de que iniciara la presencia de coronavirus en el país, las mujeres víctimas de feminicidio serian ya alrededor de 490.

Ambos funcionarios participaron hoy en el Foro nacional virtual "Combate al feminicidio, a 8 años de su incorporación en el sistema de justicia: experiencias y desafíos", que se difunde en las redes sociales de la Cámara de Diputados, y en el que legisladores y autoridades judiciales dialogan sobre la homologación del tipo penal de feminicidio.

En febrero pasado, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, acordó con la Cámara trabajar en modificaciones en el Código Penal Federal, para "perfeccionar" el tipo penal de feminicidio y homologar la redacción en todos los códigos penales de las entidades, pues de lo contrario se obstaculiza llevar los casos de feminicidio ante los jueces y que concluyan con sentencias condenatorias.

Hoy, en el foro, Gertz expuso la voluntad de esa institución en el combate a ese tipo de delitos que, recordó, generalmente son del fuero común, es decir, la responsabilidad de judicializar, investigar y sancionar esos casos es del ámbito de las entidades.

Por eso "donde tenemos el problema es en tratar de homologar un tipo penal de orden común que pueda ser aplicado y recibido por las legislaturas locales, para que hagamos un esfuerzo de homologación a nivel de todo el país, tomando en cuenta ¿cuáles son los requerimientos que tiene ese delito y las capacidades que tienen quienes lo combaten y quienes lo previenen?"

La presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), una de las organizadoras del foro, expuso que el legislativo buscará ver cuáles son las áreas de oportunidad para poder garantizar una mejor investigación, persecución y sanción de ese tipo de delito, y esbozar los mecanismos institucionales necesarios para mitigar sus efectos.