Los mexicanos ex presidiarios de Estados Unidos, si no cuentan con procesos penales en territorio nacional, pueden regresar como cualquier ciudadano a nuestro país, refirió el representante en Baja California del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Manuel Alonso Marín.

Invitado a participar como orador invitado a un grupo político de Tijuana, el funcionario federal explicó la postura del gobierno mexicano respecto a personas que han sido deportadas por esta frontera aún con uniforme de prisiones norteamericanas.

Hace unas semana circularon en redes sociales fotografías de ex presidiarios caminando por las calles de la colonia Ruíz Cortines, en las inmediaciones de la Casa del Migrante de esta ciudad fronteriza.

Aunque una parte de estos deportados regresan a sus estados de origen, otros más se quedan a vivir en la frontera y buscan empleo, pero una minoría recaen en el consumo de drogas y en las actividades delictivas, lo que ha incrementado la violencia y el número de homicidios en Tijuana.

Manuel Alonso Marín se negó a dar declaraciones a la prensa, explicando que tiene prohibido hacerlo de manera expresa a través de oficio.

Deportarán a José Inés García Zárate, un migrante indocumentado que en 2017 fue declarado no culpable de un asesinato usado por el gobierno de Donald Trump para construir el muro fronterizo y justificar sus duras políticas migratorias.

El mexicano, que había sido deportado cinco veces del país y condenado por siete delitos graves antes del sonado caso en San Francisco, California, está bajo custodia de inmigración desde el 16 de febrero y será devuelto a México, según informó una fuente al diario The New York Times.

García Zárate fue absuelto en 2017 por la muerte de Kathryn Steinle en un muelle de la Bahía de San Francisco.

Dos meses antes de la muerte de Steinle, el mexicano había sido dejado en libertad por las autoridades de San Francisco, siguiendo las políticas de "ciudad santuario" que restringen la colaboración de la Policía con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La defensa de García Zárate logró demostrar que el mexicano había encontrado un arma bajo una silla y que ésta se disparó accidentalmente cuando la dejó caer, dando muerte a la joven de 32 años que caminaba junto a su padre por el turístico Muelle 14, en julio de 2015.

Por el caso, que atrajo la atención nacional y que fuera tema de campaña electoral del ex presidente republicano (2017-2021) contra las ciudades santuario, el mexicano fue declarado culpable de poseer ilegalmente un arma de fuego y se encontraba en una cárcel federal cumpliendo sentencia.

La acusación contra García Zarate ha salido nuevamente a relucir en los últimos días tras el asesinato de la estudiante Laken Hope Riley, de 22 años, mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia en la ciudad de Athens el pasado 22 de febrero.

El venezolano José Antonio Ibarra, de 26 años, fue arrestado y acusado el viernes por el homicidio de la estudiante.

El inmigrante cruzó la frontera ilegalmente en septiembre de 2022, lo que ha generado una ola de cuestionamientos por parte de los republicanos al Gobierno de Joe Biden por haberlo dejado en libertad.

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió este jueves que esté considerando “deportaciones masivas” a México, según informó el diario The Washington Post.

“Los informes de que estamos considerando deportaciones masivas de no mexicanos a México son falsos”, aseguró en su cuenta de Twitter Marsha Catron Espinosa, Subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el Post, que citó a fuentes informadas del asunto, aunque el acuerdo aún no es definitivo, la idea que se discute busca reforzar medidas que el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de quienes cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera estadounidense.

El plan crearía una “presunción en contra de la elegibilidad de asilo” y, siempre de acuerdo con el Post, el programa sería mucho más grande que el “Quédate en México” implementado por la administración de Donald Trump.

Un funcionario de la administración Biden dijo al Post que las deportaciones masivas se limitarían a ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pues el gobierno de Estados Unidos no puede devolverlos a sus países de origen.

Estados Unidos anunció a fines de 2022 un plan para aceptar a 30 mil ciudadanos de esos países, cada mes, siempre y cuando hagan la solicitud en sus países, cuenten con un patrocinador financiero que ya esté en Estados Unidos (individuos o representantes de organizaciones) y superen una verificación de antecedentes, entre otros requisitos. De ser así, se les permitirá vivir y trabajar en el país durante dos años.

Al respecto, Catron dijo que “seguimos trabajando estrechamente con el gobierno de México para aplicar nuestro exitoso plan de control fronterizo, que ya ha dado como resultado el menor número de encuentros entre puertos de entrada en dos años”.

Catron, en cambio, no dijo nada sobre el supuesto plan para penalizar las solicitudes de asilo.

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Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue trasladado a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de obtener su libertad y ahora lucha por permanecer en Estados Unidos. 

Luego de ser liberado de prisión el pasado 21 de julio, de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, ahora enfrenta la deportación y está luchando para quedarse en Estados Unidos, confirmaron fuentes al tanto del caso a VICE World News. 

El Mayito Gordo fue detenido en Culiacán en 2014 tras un operátivo dirigido por elementos de la Secretaría de Marina y fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces había permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en el estado de California acusado de narcotráfico. 

El jueves de la semana pasada fue liberado del penal, pero no se le permitió caminar libremente por las calles de San Diego así como así. La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que lo liberó, ordenó a Zambada Imperial diversas condiciones, como no cometer otro delito, no poseer ilegalmente una sustancia controlada, someterse a una prueba de drogas dentro de los 15 días posteriores a su liberación y al menos dos pruebas periódicas, según lo determine el tribunal. También debe participar en un programa contra la violencia doméstica. 

A finales de junio, Zambada Imperial fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del distrito sur de California. Antes, en abril del 2021, se declaró culpable de importar y distribuir toneladas de metanfetamina, cocaína y mariguana a Estados Unidos a nombre de la organización de su padre. 

En ese sentido también se le acusó de conspirar para transportar la droga, luego lavar y transferir las ganancias hacia México "en beneficio de los miembros del Cártel de Sinaloa y asociados". Pero se le tomó como crédito a su condena por el tiempo cumplido en prisión desde noviembre del 2014, cuando fue capturado en Culiacán, Sinaloa, por la Marina, y tras lograr un acuerdo con los fiscales, sólo le resta poco más de un año de sentencia, la cual cumplirá en libertad condicional. 

Su liberación, ocurrida apenas seis días después de la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ha despertado la suspicacia de una colaboración con Estados Unidos para obtener beneficios legales.

Desde que fue liberado de prisión la semana pasada, Zambada Imperial, de 37 años de edad, pasa los días en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego a la custodia del ICE como reportan medios estadounidenses. 

Se sabe que esa cárcel del ICE es operada por una empresa privada de prisiones, el Grupo GEO, cerca de Victorville, California. Se espera una decisión sobre su deportación en los próximos días. 

La información sobre su destino no es del todo clara, luego de que el semanario ZETA de Tijuana reportó que la deportación de Zambada Imperial ocurrirá presuntamente, según fuentes del gobierno estadunidense, este miércoles 27 de julio, a través de la garita de San Ysidro, sin que se conozca el horario. 

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El juez estadounidense Robert Summerhays otorgó este viernes una orden judicial preliminar para impedir que la administración de Joe Biden ponga fin al Título 42, por la que se realizaban deportaciones exprés, que expiraba el lunes.

El Departamento de Justicia, que esperaba evitar problemas de última hora durante el fin de semana, le había pedido al juez federal de distrito Summerhays que se pronuncaira el viernes sobre si mantendrá en vigor el llamado Título 42 mientras seguía el litigio. Así se aplazan los planes para terminar con la controvertida autoridad de salud pública.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó: "El Tribunal Federal impide que Biden ponga fin al Título 42. El tribunal otorgó una orden judicial a nivel nacional para mantener el Título 42 en su lugar".

Cómo afecta el Título 42 a México y otros países

El Título 42 ha afectado en gran medida a personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchas de las cuales han estado esperando en las ciudades fronterizas mexicanas después de que el gobierno de Estados Unidos les negara el derecho a solicitar asilo. México acordó aceptar inmigrantes de esos tres países centroamericanos devueltos por Estados Unidos y el mes pasado también comenzó a aceptar un número limitado de cubanos y nicaragüenses que han sido rechazados por las autoridades estadounidenses.

Alrededor del mediodía del viernes, en el principal refugio para migrantes de Eagle Pass, un viejo autobús escolar se llenó de personas que fueron liberadas por la Patrulla Fronteriza e hicieron una breve parada antes de dirigirse a sus destinos finales en los EU. Otro autobús llegó al refugio a la misma hora. tiempo con unos 70 migrantes más que acababan de ser liberados.

Los recursos legales para apelar la decisión del Título 42

Los funcionarios federales podrían apelar. Pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU, que recibe casos de Louisiana, ha fallado repetidamente en contra de la administración Biden en una variedad de políticas.

En el caso ante Summerhays, los fiscales generales de Arizona y otros estados dicen que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no siguieron los procedimientos administrativos adecuados que requieren notificación pública y recopilación de comentarios antes de pasar a poner fin a las restricciones bajo el Título 42. Argumentan que si se levanta el Título 42, aumentarán los cruces fronterizos y los estados fronterizos sufrirán una mayor presión sobre los sistemas de atención médica, educación y aplicación de la ley.

La administración Biden ha argumentado que el Título 42 no es una política de inmigración, sino una restricción de salud pública que ya no es necesaria.

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El Instituto Nacional de Migración (INM) brindó atención a una persona de origen mexicano, repatriada luego de 32 años de vivir de manera irregular en Estados Unidos.

Se trata de Margarito “N”, de 49 años de edad, quien de inmediato fue atendido por personal del programa de Repatriación del INM para proporcionarle toda la atención y orientación de apoyos gubernamentales que existen para su reincorporación a una vida social y productiva, impulsando sus habilidades.

El INM promovió ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) que toda la experiencia que Margarito “N” desarrolló durante 32 años como empleado de una fábrica y un restaurante fuera certificada.

De este modo, quedó inscrito en el programa de empleo que ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y a su llegada a las instalaciones del INM en la Ciudad de México se le orientó para tramitar y ser beneficiario de una beca temporal por desempleo.

Originario de Tlaxcala, Margarito emigró a Estados Unidos a los 17 años de edad en busca de oportunidades laborales sin medir el peligro que representa cruzar de manera irregular.

Durante 32 años vivió en Chicago, donde procreó a dos hijos que ahora tienen 27 y 16 años de edad, respectivamente, y son ciudadanos estadunidenses, no así Margarito, que siempre estuvo al margen de la ley migratoria.

Recuerda que el día que cruzó por Tijuana, Baja California, tuvo que esconderse, junto con el grupo de personas migrantes con el que partió, en un pantano que llegaba a la cintura. Ahí permanecieron hasta el momento de poder cruzar sin ser vistos por las autoridades migratorias.

Asegura que ya no tiene en mente retornar a Estados Unidos y poner en riesgo su vida, pues sus hijos le prometieron que vendrán a visitarlo; ahora su objetivo es estudiar, obtener su licencia de manejo y emplearse como conductor de camiones pesados.

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