Este 6 de agosto expira un convenio entre la Cofepris y Grupo México para dar seguimiento y atención a 381 personas reconocidas como afectadas por el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales venenosos a los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la mina Buenavista del Cobre. 

Julio Salvador Sánchez Tepoz firmó el documento como Comisionado Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y por las empresas denominadas Buenavista del Cobre S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A. de C.V., Alejo Francisco Manzo Díaz y Juan José Cervantes Silva, como representantes legales. 

En el antecedente del acuerdo se establece que con fecha del 15 de septiembre del 2014, "las empresas" conjuntamente con Nacional Financiera S.N.C. e I.B.D t y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, celebraron un contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración, número 80724, cuya finalidad general es de servir por instrucciones del Comité Técnico como fuente y medio de pago para llevar a cabo distintas acciones que se establecen en los términos de dicho fideicomiso…".

El compromiso fue realizar las acciones relativas y necesarias a fin de mantener en operación una Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS) en el municipio de Ures, Sonora, contando para ello con un inmueble específicamente acondicionado para tal efecto, obligándose a ejecutar bajo su cargo las actividades para su costeo y mantenimiento. 

No obstante el plazo perentorio para este acuerdo es el 6 de agosto del 2019, pudiendo darlo por concluido por escrito antes en caso de haberse agotado y cumplido el objeto del presente instrumento, o bien, prorrogarse por acuerdo escrito por las partes, considerando las necesidades de salud. 

De acuerdo al convenio en caso de prórroga se debió establecer una reunión del Consejo Técnico, con cinco días hábiles de anticipación. En entrevista, Joel López Villa Gómez, director del UVEAS en el municipio de Ures, dijo: "Ese término de los 15 años ya no lo tenemos establecido, como inicialmente así fue pactado, o avizorado, el termino está próximo a vencer".

"Yo no quiero descartar aquellas personas que crean o que sientan algún malestar a su salud provocado por la ingesta de agua, pero no olvidemos que los pozos que fueron cerrados en su momento por la Cofepris o la Coesprisson, no dudo que exista gente que se considere que sienta que tiene una afectación yo lo que hago es atenderles. 

"Todos esos pozos se suspendieron se estuvieron monitoreando y se aperturaron cuando se autorizó para ingesta humana y se supone que en ese momento estaban los niveles normales. Las 381 personas sujetas a vigilancia epidemiológica fueron detectadas en el periodo de contingencia de agosto al 6 de octubre del 2014. Hasta esa fecha se reconoció a personas afectadas por la contaminación. De éstas, 102 son de Ures; Aconchi, 71; Baviácora, 66; Arizpe, 58; Banámichi, 39; Huépac, 12; San Felipe de Jesús, 9. De este número de personas reconocidas como afectadas por la contaminación, a las cuales se les ha atendido en el UVEAS, nueve han fallecido por diferentes causas, no atribuibles a la contaminación en el Río Sonora, dijo. El derrame en el Río Sonora El 6 de agosto del 2014, una ruptura en una las válvulas de una pileta de lixiviados hizo derramar a los cauces de los ríos Sonora y Bacanuchi, 40 millones de litros de sustancias tóxicas como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso, plomo y otras, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas y de salud. 

Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, hasta llegar a la Presa El Molinito que abastece de agua a gran parte de los habitantes de Hermosillo, la capital de Sonora. Más de 23 mil personas de los municipios de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, Baviácora, Aconchi y Ures, fueron reconocidas como afectadas tanto por Grupo México como del gobierno, quienes operaron un fideicomiso con el que se resarcirían daños, pero no sucedió. 

El 15 de septiembre del 2014 Grupo México creó un fideicomiso junto al gobierno federal para responder a los afectados y remediar la zona contaminada, el cual extinguieron el 2 de febrero del 2017. En las acciones que se realizarían en ese fideicomiso estaba la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora (UVEAS), que operaría hasta el 2029, pero la obra fue abandonada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que para recuperar los 120 kilómetros concesionados a Ferrosur en el Istmo de Tehuantepec, se acordó ampliarles a ocho años otra concesión ferroviaria, darles paso a cambio de una cuota y hasta se logró que se desistieran de una demanda en contra del Tren Maya.

En la conferencia mañanera que encabezó en Ciudad Madero, Tamaulipas, el mandatario explicó que fue un buen acuerdo porque al final Grupo México cedió voluntariamente el tramo a su administración.

"Se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión que es estratégico porque es el Istmo...Se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo del Istmo a Veracruz se amplía la concesión a ocho años, no se paga, sino se les amplía ocho años su concesión por ceder el tramo del Istmo", detalló.

Además, aprovechando la mesa de negociación, se logró que Grupo México retirara una demanda que tenía en contra del Tren Maya.

"Fue un arreglo muy favorable, yo estoy muy contento porque es el rescate de una vía en una región estratégica, regresa a la nación este bien", expresó el Presidente.

"Con este bien hemos recuperado más de 2 mil kilómetros concesionados de vías férreas y espero terminar mi mandato entregando 2 mil kilómetros de vías férreas con trenes de pasajeros, eso no se veía desde hace tiempo", agregó.

En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que la ampliación de la concesión se calculó a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales que resultó en un total de 836 millones 994 mil pesos que se dividió y actualizó con el índice inflacionario.

Además, se convino el pago de una cuota de 4 pesos con 10 centavos por el paso de los vagones de Ferrosur por el tramo recuperado, así como de 8 pesos con 15 centavos por locomotora.

"El acuerdo se firmó anoche, a las siete de la noche, firmó Ferrosur, la secretaría de Marina, Hacienda y un servidor", aclaró.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que avanza bien un acuerdo con el empresario Germán Larrea sobre la concesión de las tres vías del Ferrosur, pero no habrá un pago para la empresa, sino que se busca una compensación.

“Y si se va a llegar a un acuerdo, pero no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”, dijo.

En conferencia de prensa se le cuestionó al titular del Ejecutivo si el acuerdo con Germán Larrea implicaba el pago de 7 mil millones de pesos por el tramo que fue expropiado.

“Eso no es cierto, no de dinero, efectivo no; hay que esperar, desde luego (se dará) el derecho de paso”, contestó.

Insistió en que por tratarse de un asunto de seguridad nacional su gobierno decidió recuperar la concesión de Ferrosur.

“Y si se va a llegar a un acuerdo, pero no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México. Esto lo está viendo el secretario de Gobernación y el secretario de Marina”, explicó.

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Personal de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) clausuró las instalaciones de Grupo México, en la Administración Portuaria Integral de Guaymas (Apiguay), desde donde derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés.

Horas antes, EL UNIVERSAL realizó un sobrevuelo sobre las instalaciones de la empresa, donde se percibió que personal de Profepa realizaba trabajos de inspección en el área del derrame al mar conocido como "el acuario más grande del mundo".

En entrevista para el Gran Diario de México, Víctor Abraham Larios Velázquez, director de Apiguay, dijo que la empresa tiene actividades programadas hasta dentro de un mes, en tanto Profepa lleva a cabo las inspecciones en sus oficinas administrativas, en las instalaciones dentro de la terminal marítima y en su infraestructura para determinar las causas del derrame.

Precisó que la clausura de Profepa es de las instalaciones donde ocurrió el derrame, dentro de las instalaciones dentro de Apiguay.

En los hechos ocurridos el 9 de julio, de acuerdo al reporte de Apiguay, a las 14:01 horas arribó personal de la 4ta. Región Naval para evaluar posibles daños y desde las 14:05 horas Grupo México inició los trabajos de neutralización, descontaminación y limpieza del área.

Por su parte, Grupo México informó: "El día de hoy en nuestra Terminal Marítima de Guaymas, aproximadamente a las 15:00 horas, se presentó un evento que ocasionó el vertido de ácido sulfúrico por el fallo de una válvula que ocasionó la liberación de 3 (tres) mt3 -3 mil litros- tanque que recibe las purgas de las líneas de embarque".

Días después, el 16 de julio, el diputado de la coalición "Juntos Haremos Historia", Carlos Navarrete Aguirre, exigió a Larios Velázquez, director de Apiguay, que se cancelen las operaciones de Grupo México en Apiguay y denunció que el derrame fue superior al que reportó la empresa.

En un recorrido que realizó ese día, el secretario de la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático en el Congreso de Sonora, Carlos Navarrete Aguirre denunció que los tubos donde transporta el ácido sulfúrico están corroídos y en la zona, se percibe que hay lluvia ácida.

"Trabajadores de Grupo México dentro de Apiguay, me informaron que la válvula por donde ocurrió la fuga de ácido muriático al Mar de Cortés, estaba abierta, por tanto el derrame fue mayor y la irresponsabilidad debe castigarse con el retiro de la concesión a Germán Larrea Mota Velasco", aseveró el congresista.

Navarrete Aguirre hizo un llamado a la Semarnat y a la Profepa para que emitan el dictamen de la situación real de la contaminación en el Mar de Cortés y a la Cofepris que informe si las especies marinas son aptas para el consumo humano.

El legislador insistió en que se le retire la concesión a Grupo México sobre la explotación de recursos naturales, almacenamiento y transporte de materiales peligrosos.

Larios Velázquez dijo que Profepa aún no le ha informado sobre la clausura de la operatividad de las líneas de trasvase de ácido sulfúrico a los navíos comerciales.

Grupo México tiene una cesión parcial de derechos hasta el año 2035; se trata de 54,191.28 m2 (5.4 hectáreas) donde tiene su infraestructura dentro de las instalaciones portuarias.

Este derrame al Mar de Cortés formaba parte de un cargamento de concentrado de cobre y ácido sulfúrico que tiene como destino Mejillones, Chile.

En el 2018, Grupo México movilizó a través de Apiguay 938 mil 410 toneladas de concentrado de cobre y 39 mil 975 toneladas de ácido sulfúrico.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, afirmó que Grupo México deberá asumir su responsabilidad en caso de que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinen que hubo daños al medio ambiente en el derrame de ácido sulfúrico que provocó en la Administración Portuaria Integral (API) de Guaymas, Sonora.

"Estamos esperando los resultados, si hay algo que hacer para mitigar cada quien tendrá que asumir su responsabilidad, esperemos que los daños no hayan sido serios, eso lo dirán los estudios de Profepa y Semarnat", dijo en entrevista.

Luego de participar en el 147 aniversario luctuoso del presidente Benito Juárez, en Palacio Nacional, el funcionario recordó que el accidente se originó por la avería de una válvula cuando se pasaba el ácido a otro recipiente. "Se estima que se derramaron 3 mil litros de ácido sulfúrico, y se dieron avisos a todas las autoridades correspondientes en relación con el impacto ambiental a la Profepa", refirió.

Señaló que las instalaciones de la API son adecuadas, pero el problema fue de una válvula que se fastidió.

"Estaban pasando el ácido sulfúrico a un recipiente y hubo una fuga en la válvula, se cerró, se reparó y quedó en orden. Teóricamente todas las instalaciones están en orden, pero adicionalmente estamos haciendo una revisión, pero hasta el momento no hemos encontrado algo fuera de lo normal", dijo.

El Gobierno mexicano estudia suspender las actividades de Grupo México, la empresa minera más grande del país, por acumular 22 accidentes medioambientales desde 1998, informó este martes la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Víctor Toledo, expuso que, a raíz del vertido de ácido sulfúrico la semana pasada sobre el Mar de Cortés, en el noroeste del país, se realizará un análisis de la situación que podría derivar en "tomar decisiones como la suspensión de actividades".

"La ley faculta a Semarnat a tomar decisiones como la suspensión de actividades de una industria o actividad turística, cuando lo considera pertinente, no quiero decir que lo vayamos a hacer, pero estamos examinando el caso", aseguró.

Y a esto agregó, para dejar clara la postura de la nueva administración federal con respecto a gobiernos anteriores, que puede parecer "raro" que Semarnat pueda suspender actividades pero lo hará si es necesario.

"Veintidós accidentes no es para menos, cuando una compañía tiene esta trayectoria, la Semarnat tendría la capacidad legal para la suspensión de esa industria, claro que nos enfrentamos a una enorme compañía, pero quiero que como ciudadanos lo reflexionen", expuso.

De acuerdo con Toledo, durante la próxima semana se constituirá un equipo de investigación "que se va a dedicar a investigar".

"Vamos a realizar una revisión cuidadosa de estos accidentes y la Semarnat emitirá una opinión al respecto", zanjó, estimando que "quizás en dos semanas" puedan posicionarse al respecto.

En esta línea, el subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Julio Trujillo, aseguró que el mensaje que pretenden dar es que "Semarnat cambia de rostro y ahora quiere cumplir con el marco jurídico mexicano".

"Tenemos un marco jurídico que nos permite actuar, otra cosa es que en los últimos 20 años no se haya actuado de forma contundente", abundó el funcionario.

El pasado 10 de julio, la minera Grupo México informó que el día previo, en la Terminal Marítima de Guaymas, en el estado de Colima, se liberaron 3.000 litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés -también conocido como Golfo de California- debido al fallo de una válvula.

Desde entonces, la sombra de un posible ecocidio que afecte a especies y ecosistemas del Mar de Cortés está presente tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública.

Días después del accidente, aparecieron en imágenes los cadáveres de una tortuga, un lobo marino y algunos peces; fotografías que no tardaron en circular por redes sociales y televisión.

La Semarnat dijo este martes que todavía se están evaluando los posibles daños de este reciente derrame.

En 2014, un accidente de Grupo México causó la contaminación de los ríos Bacánuchi y Sonora, en el noroeste del país, por el derrame de 40.000 metros cúbicos de solución de cobre acidulada.

Este suceso es considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.

Las acciones de Grupo México han caído 4,54 % desde que la compañía informó de la falla de la pasada semana.

En términos de capitalización bursátil, la minera ha perdido 17.438 millones de pesos (919 millones de dólares).

De los 383.878 millones de pesos (20.246 millones de dólares) que valía el día previo a que se divulgara la noticia, pasó a valer 366.440 millones de pesos (19.327 millones de dólares) al cierre de la Bolsa Mexicana de Valores este lunes.

Por su parte, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Mendoza, expuso que su dependencia ya ha realizado los análisis pertinentes, los cuales le serán presentados a Toledo en los próximos días.

En caso de aplicar sanciones a Grupo México, precisó que "pueden ser multas desde 22.000 pesos (unos 1.160 dólares) hasta 4 millones de pesos (210,9 millones de dólares).