En Baja California hay una alerta; la llamada "Ley Bonilla" es ilegal y se entra en terreno peligroso para la federación, advirtió el PRI en el Senado de la República.

Durante la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, la priista Beatriz Paredes pidió a la funcionaria federal un posicionamiento sobre el caso de la "Ley Bonilla" en Baja California, donde se ha aprobado ampliar el próximo gobierno que encabezará Jaime Bonilla, de 2 a 5 años.

Porfirio Muñoz Ledo expresó que en el tema de Baja California hay un tufo de separatismo: "cuidado, si esa Legislatura irresponsable y corrupta se atreve a hacer estos ejercicios de clara violación constitucional, no vayamos a incurrir en permitir la tentaciones de propósitos separatistas con un gobernadorcito que puede creerse un pequeño presidente".

Paredes Rangel dijo que "el atrevimiento del señor Bonilla parece ilimitado, pretender sustentar ahora en una consulta popular a modo convocada por el Congreso local la legitimación de sus pretensiones de prolongar su mandato, refleja todavía más su audacia y su cinismo".

En respuesta, la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, sostuvo su opinión de que la "Ley Bonilla" es inconstitucional. "Para los gobernadores, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para el Presidente, la no reelección es absoluta. Expresé hace meses o semanas, mi opinión personal sobre la Ley Bonilla, en mi opinión es inconstitucional, no he cambiado de opinión y punto", exclamó.

En voz alta, la funcionaria federal subrayó que, sin embargo, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que tiene la última palabra, la que debe dictar sentencia. Afirmó que la soberanía interna de las entidades federativas tiene un límite y es la Constitución, pero "no será la Secretaría de Gobernación la que se entrometerá".

Para el dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California, Enrique Méndez Juárez, intentar "recortar" a tres años el siguiente periodo de la gubernatura es un reto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La propuesta que se hace con la intención de empatar la elección local con la federal, no tiene razón, puesto que ese supuesto ya se cumple.

Por el contrario están violentando lo que la SCJN dejó muy en claro con la resolución del pasado once de mayo, y es que el siguiente gobernador asumirá en noviembre del 2021 y concluirá su gestión en octubre del 2027.

Ahora, na parece aún más grave, que alguien esté pensando en modificar la Ley, en medio de esta crisis sanitaria que vive Baja California.

El estado no solo está atravesando una crisis en materia de salud, también en el tema económico y de seguridad, lamentó el dirigente de Acción Nacional.

Resulta evidente que ante los malos resultados del gobierno del morenista Jaime Bonilla, se quieran "colgar" de una elección federal para beneficio de este grupo partidista.

Cabe mencionar que la iniciativa que propone reducir a tres años, el siguiente periodo de gobierno estatal se discute este viernes en comisión en el congreso bajacaliforniano.

La ex diputada de la XXII legislatura, Blanca Patricia Ríos López, argumentó que un gobierno de 2 años es perjudicial para Baja California. Dijo ser respetuosa de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la semana pasada dieron reversa al intento de modificación Constitucional para cambiar el periodo gubernamental de 2 a 5 años. 

En el 2018 la entonces diputada Patricia Ríos presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso del Estado para hacer la modificación al periodo gubernamental, antes de que se publicara la convocatoria por parte del Instituto Estatal Electoral para las elecciones del 2019. 

“Lamentablemente la iniciativa no se voto a tiempo, provocando que la reforma fuera declarada inconstitucional como ya lo estableció la Suprema Corte” 

Sin embargo aún considera que 5 años hubiera sido lo mejor para los Bajacalifornianos. “En el 2019 vivimos un momento histórico de alternancia en el Estado, después de 30 años de gobiernos Panistas. El Ingeniero Jaime Bonilla tenia un proyecto de gobierno de 5 años. A nadie le conviene, y menos a los Bajacalifornianos, que un Plan de Desarrollo Estatal dure únicamente 2 años. Aun no han pasado ni 9 meses de la toma de posesión de las Alcaldías y del gabinete Estatal y ya varios, en lugar de estar dedicados a gobernar, están en franca precampaña, lo que significa, una lamentable pérdida de tiempo y dinero para los asuntos de los ciudadanos. Baja California no se merecía esto, además de que, ninguno de los mencionados para suceder al Ingeniero Bonilla, cuentan con el nivel de reconocimiento y apoyo de la comunidad como el actual Gobernador”. 

Mencionó que en estos 2 años los ciudadanos estaremos pagando el equivalente a las elecciones de 12 años, un gran desfalco a los recursos públicos que bien pudieron invertirse en salud y educación. 

Sobre su voto a la modificación a la Constitución mencionó que por congruencia a su iniciativa estuvo a favor de la propuesta presentada por Morena. “Cuando presente la iniciativa estaba convencida que un gobierno de 5 años era lo mejor para el Estado. Viendo la situación actual que vivimos lo sigo pensando. Lo hice a conciencia con el objetivo de mi iniciativa”. 

“Estoy segura que en el 2021 los ciudadanos seguirán optando por el camino de la alternancia en Baja California. Requerimos un gobierno sólido y con legitimidad para hacer frente a los principales reclamos de la sociedad, con transparencia, justicia y austeridad”.

El Partido Acción Nacional en Baja California presentó este viernes una denuncia contra los funcionarios y legisladores que intervinieron en el intento de fraude a la Constitución el pasado 9 de julio de 2019, que fue revertido este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha denuncia fue interpuesta por los delitos de coalición de servidores públicos y cohecho, mismos que se suman a las acciones emprendidas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien el pasado miércoles presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar movimientos atípicos que pudieran suponer el manejo indebido de recursos para este fin.

“Desde el miércoles pasado el PAN inició una serie de acciones que incluirán además de la denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera presentada el miércoles 13 de mayo y la denuncia penal en la Fiscalía General de Baja California, una solicitud de juicio político por intentar modificar la ley al antojo de unos cuantos”, señaló Enrique Méndez Juárez, dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California.

La denuncia penal involucra a los ex legisladores, José Félix Arango Pérez, Irais María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez, Carlos Alberto Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Édgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñóz, Blanca Patricia Ríos López, Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Zavala Márquez, José Antonio Casas del Real, Claudia Josefina Agaton Muñíz, Rocío López Gorosave, y Job Montoya; así como a los ex alcaldes Mirna Cecilia Rincón, ex Alcaldesa de Playas de Rosarito, Marco Antonio Novelo, ex Alcalde de Ensenada y Nereida Fuentes, ex Alcaldesa de Tecate.

De igual manera, se señalan como responsables a Amador Rodríguez Lozano, actual Secretario General de Gobierno, y a Jaime Bonilla Valdez, actual Gobernador del Estado de Baja California.

El diputado local Víctor Manuel Morán Hernández, artífice de la "Ley Bonilla", rechazó dar una disculpa pública como lo piden políticos bajacalifornianos.

Lo anterior a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad declarara la invalidez de la ampliación a cinco años el periodo de gobierno del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Víctor Manuel Morán, aseguró que presentó la iniciativa "Ley Bonilla", con la idea de ahorrar recursos en la organización de una elección.

Añadió que "ahora resulta, que los diputados que aprobaron la "Ley Bonilla" no lo hicimos conforme a derecho.

El legislador morenista, que en julio del 2019 presentó la "Ley Bonilla"ante la XXII Legislatura, consideró que el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la (SCJN), se excedió en sus calificativos respecto a la ley.

Entre sus argumentos, el ministro Zaldívar, refirió que lo que se pretendió en el congreso bajacaliforniano, fue un "fraude a la Constitución y al sistema democrático".

Además, el ministro de la SCJN expuso: "El Congreso Local violó el periodo de veda electoral, el principio de elecciones libres, periódicas y auténticas, el derecho a votar y ser votado, el principio de no reelección y el de irretroactividad de las leyes. Más aún, y de manera más grave y determinante, la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, previsto en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por último, el diputado de MORENA sostuvo que seguirá trabajando por el bien de los bajacalifornianos desde el Congreso.

Los legisladores que el 8 de julio del 2019 aprobaron la "Ley Bonilla", deben ofrecer una disculpa pública a los bajacalifornianos, afirmó Mario Favela, presidente del Partido Baja California.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se invalidó la ampliación del periodo de gobierno del gobernador Jaime Bonilla, nos deja tranquilos, añadió.

Explicó que van a solicitar juicio político contra los 21 diputados de la XXII Legislatura que aprobaron la "Ley Bonilla".

Una vez que se presente ese recurso para sancionar a los exdiputados, a los que actualmente están activos en la política, les exigiremos su renuncia, dijo.

El dirigente del PBC comentó que están recibiendo asesoría por parte del departamento legal del partido para proceder contra los exlegisladores.

Con la "Ley Bonilla" los integrantes de la XXII Legislatura intentaron ampliar el periodo de gobierno del gobernador Jaime Bonilla Valdez.

La resolución de la SCJN fue muy precisa, en el sentido de que se acreditaron las violaciones a la Constitución que señalamos, subrayó.

El Partido Baja California fue uno de los organismos políticos que promovió ante la SCJN la acción de inconstitucionalidad por la "Ley Bonilla".