El periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), inició este lunes su edición 42 con el rechazo a la política migratoria de la administración de Andrés Manuel López Obrador, al suponer un "retroceso" a las garantías individuales de los grupos más vulnerables.

La denuncia fue emitida por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación oral de los mayores desafíos que enfrenta su oficina a un año de comenzar su mandato.

Bachelet dijo estar preocupada por las políticas implementadas en México, Estados Unidos y algunos países Centroamericanos, al exponer a los migrantes a mayor riesgo de violaciones y abusos de derechos humanos.

"En particular, me alarma que los niños migrantes continúen siendo detenidos en centros tanto de EU como de México, infringiendo en el interés superior del niño, un principio fundamental del derecho internacional", dijo.

Para la exmandataria chilena, las estrategias diseñadas a evitar que los refugiados lleguen al país que en principio debe salvaguardar su integridad, están condenadas al fracaso.

"Las familias que buscan abandonar sus lugares de origen se ven obligadas a hacerlo por una profunda angustia social y económica, incluso como resultado del cambio climático, así como por la inseguridad, la corrupción y otros factores de gran alcance".

"Las políticas y prácticas que tienen como objetivo evitar físicamente que los migrantes lleguen y entren al país destino, o que los devuelvan sin las garantías del debido proceso, son simplemente retrocesos".

Afirma que ni los programas dirigidos a impedir la circulación de los migrantes, ni las políticas de "cero tolerancia", evitarán que las personas abandonen su país.

En vez de ello, apuntó, "presionarán a las familias desesperadas para que tomen rutas más peligrosas, quedando más expuestas a violencia física, la trata de personas, la violencia sexual y otros delitos".

Como parte de un acuerdo migratorio suscrito en un contexto de amenazas económicas por parte del presidente estadounidense Donald Trump, México asumió el papel de guardián fronterizo para frenar los flujos migratorios procedentes de Sudamérica.

En el marco de esa cooperación, Bachelet informó que "nuestras oficinas en México, Guatemala y Honduras han documentado un aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes".

"También hemos observador casos de separación de familias en un contexto de privación arbitraria de la libertad; ausencia de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza en contra de los migrantes".

Tan sólo en lo que va del presente año, al menos se han registrado 35 mil casos de solicitantes de asilo, que han sido enviados de vuelta de Estados Unidos a la frontera con México a la espera de una audiencia.

"Los acuerdos para devolver a las personas a estos u otros países, no pueden considerarse legales si no respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución, la garantía de debido proceso, la evaluación individual y el interés superior del niño".

La sesión del Consejo durará hasta el 27 de septiembre y entre los temas a debatir destaca la situación de derechos humanos en Venezuela y los claros impactos desestabilizadores en la región.

Durante los últimos 12 años el gobierno federal ha identificado a 406 mil 104 agresores de niñas, adolescentes y mujeres adultas en el país.

Las cifras, recopiladas a través del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), detallan que los estados con más agresiones contra niñas, adolescentes y mujeres son Jalisco, Michoacán, Chiapas, San Luis Potosí, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, expertas advierten que las agresiones se cuentan por miles y que los datos del Banavim, adscrito a la Secretaría de Gobernación, se quedan cortos.

La ONU denunció este viernes que el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas en Chile constituye una violación "grave" de los derechos humanos y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejen de usar esos proyectiles de manera "inmediata".

"La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad", afirmó el organismo internacional desde su sede en Santiago.

La ONU mostró además su preocupación por "la gran cantidad de muertos y heridos" e hizo un llamado a "alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno".

El estallido social que vive Chile desde el pasado 18 de octubre, el más grave desde la caída de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ha provocado centenares de heridos y detenidos y se ha cobrado la vida hasta el momento de 20 personas, de las cuales seis son ciudadanos extranjeros.

La mayoría de las marchas son pacíficas, aunque en las últimas jornadas algunas se han tornado violentas y han terminado con saqueos, barricadas, destrucción de mobiliario público y enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, hay 1.778 heridos hospitalizados, de los cuales casi dos centenares padecen lesiones oculares por culpa de los balines y perdigones.

El vicepresidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, calificó este jueves la situación de "emergencia sanitaria" y aseguró en declaraciones a Efe que muchos de los heridos necesitarán prótesis de por vida.

"No se ha respetado la distancia de seguridad para disparar proyectiles, se ha apuntado por encima de la cintura y, en ocasiones, en presencia de niños, embarazadas o personas con movilidad reducida", afirmó el doctor.

Las protestas se iniciaron en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero se convirtieron luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, muy cuestionado por la represión con la que se están conteniendo las manifestaciones y quien decretó el estado de emergencia durante los primeros días de la crisis, respondió con una agenda social que no convence a los manifestantes e incluye aumento del salario mínimo y rebajas millonarias al sueldo de los parlamentarios.

Varios organismos internacionales han enviado misiones al país para investigar las más de 2.000 denuncias por violación de derechos humanos que manifestantes han presentado contra las fuerzas de seguridad del país.

En ese sentido, la Fiscalía se encuentra investigando a 14 carabineros por presuntas torturas durante el estado de emergencia y la muerte de cinco personas presuntamente a manos de los militares.

La impunidad en la que quedan los crímenes cometidos contra periodistas es una "vergüenza global", consideró David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.

En la inauguración del seminario internacional "Fin de la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas en América Latina", el representante de la ONU criticó que en muchas regiones del mundo los asesinatos de periodistas no se investigan; "la impunidad es un fenómeno global y una vergüenza global", advirtió.

El experto pidió erradicar todos los factores que ponen en riesgo la integridad de los comunicadores. Dijo que se debe acabar con "la corrupción que une a delincuentes con políticos, la vigilancia inexplicable que socava la seguridad que es esencial para el Estado de derecho, la incapacidad de los tribunales para defender a los trabajadores de los medios de comunicación, la denigración de los medios de comunicación y la falta de solidaridad entre los periodistas".

En la inauguración del evento también participó Jesús Ramírez Cuevas, quien rechazó que los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador -cuando señala que la prensa es conservadora, por ejemplo- estigmaticen a los reporteros, sino que son parte de un "debate" sobre las posturas editoriales de algunos medios de comunicación.

Aseguró que este gobierno está comprometido con la libertad de expresión y consideró que los periodistas son "parte fundamental de nuestras sociedades".

Informó que el gobierno federal impulsará un programa para que todos los periodistas tengan acceso a seguridad social, sin importar si está contratado con una empresa o trabaja como freelance.

También informó que próximamente se abrirá un fondo especial para realizar periodismo de investigación. El gobierno aportará recursos públicos, pero también organizaciones internacionales como la Unesco invertirán dinero en este fondo que podrá ser utilizado por periodistas luego de que presenten un proyecto que sea evaluado por un jurado.

En la inauguración de este seminario internacional también participaron Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Moez Chakchouk, subdirector general de Comunicación de la Unesco.

En México el valor económico en trabajo no remunerado de las mujeres alcanza un nivel equivalente a casi 5 billones de pesos, lo que representa 23% del Producto Interno Bruto y es mayor que lo que generan industrias como la del petróleo, advirtió María-Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

En entrevista con EL UNIVERSAL, urgió a la creación de un Sistema Nacional de Cuidados como una solución para disminuir la brecha salarial, de ocupación y trabajo formal y lograr "piso parejo" entre hombres y mujeres.

Destacó que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 se plantea que se tiene que llegar a la igualdad; sin embargo, argumentó, en México todavía hay un largo camino por recorrer, puesto que por lo menos siete de cada 10 mujeres trabajan en la informalidad.

Es una ocasión trascendental, la reunión anual de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que decenas de jefes de Estado y de Gobierno se dan cita una vez al año. Llega el turno de El Salvador, y su presidente, Nayib Bukele, no puede resistirse, antes de arrancar su discurso se hace un "selfie".

Tras llegar al estrado, saca el móvil, elige concentrado las preferencias de la cámara mientras saca levemente la punta de la lengua, sonríe y ya está: El autorretrato de un presidente en el púlpito de Naciones Unidas.

No lleva corbata, pero sí un pañuelo de un intenso color rojo en el bolsillo de la americana desabrochada, que contrasta con el azul marino del traje.

"Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo (...) Espero que haya salido bien", dijo en sus primeras palabras a la audiencia después de dejar de sonreír a la pantalla del teléfono.

Y poco después, cumplió su palabra y difundió la foto a través de su perfil de Twitter, en la que se aprecia el símbolo de Naciones Unidas sobre el fondo dorado de la sala de la Asamblea General.

Pero como casi todos los autorretratos, al menos como los que los pintores inmortalizan sobre lienzo, el de Bukele también tenía mensaje.

Tras el frívolo gesto de la foto, el presidente de El Salvador, que en su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que ambos son simpáticos y "guays", que usan mucho Twitter y que se llevan bien, construyó el discurso sobre su "selfie".

"El nuevo mundo ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida", apuntó.

Para ir después aún más allá al afirmar: "Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de Asamblea se vuelve cada vez más obsoleto".

En este sentido, Bukele instó a "aprovechar la gran red que se está construyendo bajo nuestros ojos" para salvar la "relevancia" del organismo.

Con su mujer Gabrielal Rodríguez de Bukele en la sala llevando a su hija Layla en brazos, Bukele sostuvo que con una asamblea en la red se podría evitar que miles de diplomáticos tuvieran que viajar a Nueva York, dejando a sus familias y amigos y además se podrían ahorrar varios centenares de millones de dólares.

"Es hora de que seamos más inclusivos" y de "buscar un formato (de Asamblea General) que invite a participar a la masa colectiva de todos los países del mundo", subrayó el presidente del "selfie" de la ONU.