La firma del llamado acuerdo de suspensión entre productores y exportadores de México con el Departamento de Comercio de Estados Unidos (EU) permitirá a los mexicanos exportar jitomate sin tener que pagar una cuota compensatoria de 17.5%.

Ese pago significó que en cuatro meses los exportadores tuvieron que pagar 120 millones de dólares para poder venderlo en EU. Sin embargo a cambio de ello los mexicanos aceptaron exportar el jitomate con precios mínimos que fijaron de común acuerdo con el gobierno estadounidense, además de que tendrán que permitir la inspección del 92% de los envíos de México a EU.

Este acuerdo durará cinco años, tiempo en el que las exportaciones deberán sujetarse a los siguientes precios: la libra del jitomate convencional redondo y Roma quedó en 0.31 centavos de dólar; el tipo uva 0.50 centavos; el empacado 59 centavos. En el caso del orgánico queda en 0.434 centavos para el redondo o Roma; en 0.70 tipo uva y 0.826 centavos de dólar para el empacado. Este acuerdo de suspensión inició en 1996 y estuvo vigente hasta el 7 de mayo de 2019, fecha en que el gobierno estadounidense lo dio por terminado, por lo que al día siguiente se inició con una investigación contra el producto mexicano porque supuestamente se vendió por debajo del precio de mercado. Además de que se comenzó con un pago de una cuota compensatoria de 17.5%, la cual pudo incrementarse a 25% de seguirse con la investigación. Lo que causó daño al tenerse exportaciones anuales de 1.7 millones de toneladas.

Estados Unidos ordenó el jueves suspender la importación de tomates provenientes de una compañía agrícola mexicana y sus subsidiarias por lo que las autoridades catalogaron como un trato abusivo hacia sus trabajadores que equivale a trabajo forzado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) emitió una orden para detener los envíos de Agropecuarios Tom, con sede en San Luis Potosí, localizado en el centro de México.

La agencia indicó que su investigación reveló evidencia de engaño, retención de salarios, servidumbre por deudas y otras condiciones laborales y de vivienda abusivas. Añadió que el gobierno mexicano tomó medidas contra la misma empresa por acusaciones de trabajo forzado en octubre de 2020.

EMPRESA NIEGA ACUSACIONES

Agropecuarios Tom negó las acusaciones en general, pero señaló que espera más detalles de la CBP a fin de poder responder adecuadamente.

Rommel Fernandez Veraud, representante legal de Agropecuarios Tom, dijo que la medida les generó sorpresa dado que la compañía cumple con las reglas tanto de Estados Unidos como de México.

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos se ha apoyado cada vez más en el uso de las llamadas órdenes de liberación de retención para bloquear las importaciones de productores o fabricantes relacionados con el trabajo forzado, en medio de una conciencia pública creciente sobre el tema.

Las órdenes, que obligan a las compañías estadounidenses a indagar más profundamente en las prácticas dentro de su cadena de suministros, se mantienen vigentes hasta que los productores o fabricantes citados puedan ofrecer evidencia de que han corregido las prácticas abusivas.

Reportes de medios han hallado que trabajadores en condiciones similares a la esclavitud en campos de todo México que abastecen a las compañías alimenticias de Estados Unidos.