El teniente coronel Julián Leyzaola difundió en su cuenta de facebook que quienes soltaron a Ovidio Guzmán López, podrían enfrentar un proceso penal.

Señaló que el Artículo 150 del Código Penal, establece que se sanciona con seis a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión….

Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena de una tercera parte de más penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años.

El excandidato a la alcaldía de Tijuana, ha tenido decenas de comentarios de respaldo.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que solicitó licencia temporal al cargo mientras se desarrolla la investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, relacionada con presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, transmitido en el canal oficial de YouTube del Gobierno de Sinaloa, el mandatario estatal informó que presentó formalmente su solicitud ante el Congreso local.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación", expresó Rocha Moya.

El gobernador explicó que su decisión tiene como objetivo facilitar la actuación de las autoridades mexicanas durante el desarrollo de las indagatorias.

Rocha Moya fue señalado en una corte de Nueva York por presuntamente participar en operaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas, en presunta colaboración con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Ante estas acusaciones, el mandatario negó categóricamente cualquier responsabilidad.

"Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras; son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", afirmó.

Asimismo, subrayó que no permitirá que la situación afecte a Morena, partido al que pertenece.

"No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco", puntualizó.

En el mismo contexto, autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del mandatario estatal junto con otros nueve funcionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

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Autoridades de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y otros altos funcionarios y mandos policiales, a quienes señalan de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en operaciones de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La acusación fue anunciada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Drug Enforcement Administration (DEA), que sostienen que los implicados habrían utilizado sus cargos para proteger las actividades del cártel, facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de recibir millonarios sobornos.

Según la acusación, Rocha Moya habría contado con el respaldo de la facción conocida como "Los Chapitos" durante su campaña a la gubernatura en 2021 y, una vez en el cargo, presuntamente les habría garantizado protección para operar en Sinaloa sin interferencias.

Entre los acusados también figuran funcionarios estatales, mandos de seguridad y autoridades municipales de Culiacán, quienes habrían proporcionado información confidencial, protegido cargamentos de droga y facilitado operaciones delictivas del grupo criminal.

Uno de los casos más graves involucra a Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", señalado por presuntamente participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023.

El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que todos los acusados permanecen en México y se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en tribunales.

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La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, anunció la suspensión de clases este viernes 21 de noviembre en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, en respuesta a las lluvias que se esperan por la llegada del Frente Frío No. 16.

La decisión fue tomada en coordinación con las autoridades de Protección Civil, con el objetivo de evitar afectaciones en la movilidad de estudiantes, madres y padres de familia, y prevenir cualquier situación de riesgo derivada de las condiciones meteorológicas adversas.

Las lluvias, que iniciaron desde la tarde de este jueves, se mantendrán dispersas a fuertes hasta el sábado en todas las regiones de Baja California. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó que, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Conagua, el fenómeno meteorológico interactuará con una vaguada polar, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generando lluvias generalizadas y periodos puntuales de fuerte intensidad.

El titular de la CEPC, Salvador Cervantes Hernández, advirtió que se esperan temperaturas mínimas de entre -10°C y -5°C, además de heladas y la posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas. Asimismo, se prevén vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental del estado.

La autoridad de protección civil exhortó a la población a seguir las recomendaciones de seguridad: abrigarse adecuadamente, reducir la velocidad al conducir, evitar salir en caso de no ser estrictamente necesario, no cruzar corrientes de agua, sujetar objetos en exteriores y evitar ingresar al mar en condiciones de oleaje fuerte.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirma la detención de Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa. El arresto se llevó a cabo durante un operativo en Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Mediante su cuenta de X, García Harfuch detalló que “Chuki” cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, específicamente en materia de tráfico de armas.

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En la conferencia matutina de este miércoles desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que el Cártel de Sinaloa pueda considerarse extinto, pese a la captura de figuras históricas como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

“No, el Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder único. Siempre ha operado con varias cabezas: El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán, sus hijos, El Guano y otros líderes delictivos. No puede darse por terminado porque aún existen células activas que deben ser detenidas”, afirmó García Harfuch.

El funcionario destacó que aunque algunas facciones han sido debilitadas, la estructura criminal continúa operando en diversas regiones del país, por lo que las labores de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales siguen siendo prioritarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, fue cuestionada sobre posibles vínculos de funcionarios con Ismael Zambada. La mandataria aclaró que las investigaciones se realizan de manera sistemática y no dependen de declaraciones recientes: “Si se encuentra alguna persona de algún gobierno involucrada, se presenta la denuncia a la Fiscalía General de la República. Esto no se hace por lo que alguien dijo, sino porque hay pruebas”, señaló.

Ambos funcionarios coincidieron en que cualquier indicio de participación de autoridades en actividades ilícitas será investigado sin privilegios ni encubrimientos. García Harfuch aseguró que hasta ahora las detenciones relacionadas con grupos delictivos han involucrado principalmente a policías municipales y estatales, sin participación detectada de militares o funcionarios de alto nivel.

Sheinbaum agregó que actualmente no existen pruebas que involucren a servidores públicos ni a miembros de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, y reiteró que el combate a los grupos delictivos se realiza de manera institucional y con base en inteligencia, coordinación y respaldo ciudadano.

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