Según fuentes del poder Judicial, hace apenas unos minutos el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, presentó su renuncia al cargo, 11 años antes de que concluya el periodo para el que fue electo. Su dimisión tiene lugar en el contexto de las de las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre sus cuentas y manejos financieros de los últimos años, en las que según información que recibió el gobierno mexicano de agencias financieras del Gobierno de los Estados Unidos, el funcionario judicial recibió transferencias financieras que no corresponden con sus niveles de ingreso reportadas en sus declaraciones patrimoniales.

Después de los documentos publicados por EL UNIVERSAL el 5 de junio pasado, tanto en la sección Nación como en la columna Serpientes y Escaleras del periodista Salvador García Soto, y de la que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador confirmara públicamente la existencia de una investigación en contra de Medina Mora, a partir de información recibida por "el gobierno de los Estados Unidos" sobre las citadas transferencias millonarias a sus cuentas en ese país.

El ministro decidió renunciar a su posición para la que fue electo en el Senado de la República en 2015, a partir de una terna propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Aunque su periodo como ministro era de 15 años y concluiría hasta el 2030, el también ex procurador General de la República, con apenas cuatro años en el cargo entregó hoy una carta de renuncia al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aduciendo y explicando sus razones para tomar esta decisión.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro sólo será procedente "por causas graves" y serán enviadas al Presidente de la República y si éste las acepta, serán enviadas al Senado para su aprobación. La renuncia de Medina Mora, de cumplirse ese procedimiento, dejará una vacante en los 11 ministros que integran la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia y dará paso a la elección de un nuevo ministro, que será electo por el Senado de la República a propuesta del presidente López Obrador, que tendrá que enviar una terna, una vez que el Poder Judicial de la Federación haga pública la decisión del ministro renunciante y envíe al Poder Legislativo y al Ejecutivo la convocatoria para que se inicie el proceso de selección de un nuevo ministro o ministra, según la terna que decida enviar el titular del Ejecutivo Federal.

Las denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa por el presunto plagio de su tesis de licenciatura cuando estudió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron clasificadas como “confidencial” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“…dar a conocer la existencia de alguna denuncia en contra de la persona identificada por el particular, constituye información confidencial que afecta su esfera privada, puesto que podría generar una percepción negativa de ésta, sin que se hubiere probado su responsabilidad”, detalla la repuesta de la Corte a una petición de información.

Un ciudadano solicitó a la Corte dar a conocer el número de quejas, denuncias o cualquier recurso promovido ante el Alto Tribunal, en relación con los señalamientos de plagio presuntamente cometido por la ministra.

Dar información de ministra podría afectarla

Sin embargo, el Comité de Transparencia de la SCJN señaló que la información es susceptible de generar un prejuicio e impactar en el espacio social, laboral y personal de la persona mencionada.

“En otras palabras, el hecho de revelar el dato sobre la existencia o inexistencia de recursos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la persona que menciona la solicitud implica un riesgo razonable de que se genere una percepción negativa de su persona, afectando el ámbito de su vida privada”, apuntó.

Asimismo, existe la posibilidad de afectar los derechos de presunción de inocencia y de una debida defensa, ya que en tanto no exista un pronunciamiento definitivo por la autoridad competente, se expone a la persona señalada.

“En este sentido, se podrían vulnerar los derechos del debido proceso de la persona involucrada, comprometiendo no sólo el proceso a lo largo de todas sus etapas, sino también la posición procesal de dicha persona al exponerla, previa y públicamente, como denunciada por hechos constitutivos de alguna falta administrativa, en este caso, por los hechos mencionados en la solicitud…”, añadió.

En septiembre pasado una jueza federal determinó no continuar con el estudio del amparo que promovió Yasmín Esquivel, quien impugnó la reforma que entró en vigor en abril de este año del Estatuto General de la UNAM.

Dicha reforma establece el mecanismo para anular aquellos certificados, diplomas, títulos y grados académicos emitidos por la casa de estudios, cuando se acredite que el alumno o graduado no cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable, o bien, si se acredita que en su actuar haya prestado o recibido ayuda para la titulación y/o examen de grado.

Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa, indicó que en este asunto existe una causa de improcedencia, ya que la ministra “no acreditó” que la vigencia de dicho estatuto le cause algún perjuicio, “aunado a que tampoco demostró la existencia de un acto concreto de aplicación en su contra”. Por tal motivo, sobreseyó la demanda de garantías.

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La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una nueva iniciativa para que los ministros de la SCJN y jueces sean electos mediante el voto popular directo y universal, proceso que organizaría el INE, que incluye debates entre los candidatos, así como el encargo será por cuatro años con opción a una reelección.

El diputado federal, Manuel Alejandro Robles, presentó la iniciativa que contempla la creación de un consejo técnico de evaluación integrado por siete personas “de intachable calidad moral” que serán nombrados por el Presidente de la República; uno por el Pleno de la SCJN, uno por el Consejo de la Judicatura Federal; uno por el Senado de la República y dos por la Cámara de Diputados.

Dicho comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo de Ministro o Ministra, seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por vacante, cuidando que se cumplan los principios de paridad de género, adultos mayores e inclusión de los grupos sociales históricamente excluidos.

El Instituto Nacional Electoral una vez que reciba la relación de candidatos a Ministro o Ministra para la Suprema Corte de Justicia, por el Instituto Nacional Electoral, éste ordenará, en un plazo no mayor a tres meses, destaca la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria

En dicho periodo deberá también organizar por lo menos tres debates en los cuales los candidatos expondrán de cara a la nación su proyecto y plan de trabajo en caso de resultar electos.

Durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo, al término del cual, únicamente podrán ser ratificados por un periodo más y sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y los juzgadores y juzgadoras de los poderes judiciales locales deberán ser elegidos mediante el proceso descrito en el artículo 96 de esta Constitución.

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Al reconocer que no pudo mejorar al Poder Judicial porque está “podrido”, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que es necesaria una reforma constitucional para que sea la gente la que decida quienes serán ministros, magistrados y jueces.

“Pensaban que podíamos mejor el Poder Judicial, pero no, está podrido, hay que llevar a cabo una reforma, pero no puede el Ejecutivo, tiene que ser el pueblo con el método democrático y que la gente sea quien decida sí se eligen a los ministros y también a magistrados, jueces. Hacer una buena propuesta de reforma constitucional, porque si no, van a seguir los problemas”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que el Poder Judicial debería actuar como un faro de luz no por cuestiones politiqueras.

“El remedio es que la gente participe, la democracia, pero si hay que atenderlo y resolverlo, para que se tenga un Poder Judicial independiente al servicio de todos los mexicanos, no de una minoría o de un grupo y que no sea un obstáculo del país”.

Refirió que en la reunión del Gabinete de Seguridad se revisó un caso de un juez de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que dejó libres a unos extorsionadores que estaban obligando a gasolineros a que les compraran a ellos combustible robado o de lo contrario les tendrían que dar 3 pesos más por litro.

“Se detuvo a los extorsionadores y el juez los dejó libres porque no se integró bien la carpeta de investigación, pero es diario, si hace falta la reforma”.

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Norma Lucía Piña Hernández es la nueva presidenta de la Corte, al primera mujer.

La nueva ministra obtuvo 6 votos de sus compañeros ministros, ganando por un voto de diferencia al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 

En tercera ronda de votación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió en la primera mujer en ser designada presidenta en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los próximos cuatro años.

Al anunciarse la mayoría de votos, la ministra tomó protesta del cargo y al borde del llanto afirmó que las mujeres se colocarán por primera vez en el centro del pleno del máximo tribunal de justicia.

"Represento a los ministros, pero también represento a las mujeres porque soy la primera mujer presidenta de la Corte", declaró Norma Lucía Piña.

Dijo que asume la máxima responsabilidad consciente de su responsabilidad y ofreció una representación forjada en lo que ha sido como jurista.

"Me siento acompañada y acuerpada por las mujeres, me siento muy fuerte", dice Norma Lucía Piña, la primera ministra presidenta de la Corte.

Este es el proyecto que planteó para contender por la presidencia de la Corte. Puedes consultarlo completo aquí.

La ministra Yasmín Esquivel, envuelta en polémica por el plagio o supuesto plagio de su tesis, no pasó de la primera ronda. 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que las corridas de toros y peleas de gallos no deben ser susceptibles de ser consideradas patrimonio cultural inmaterial, ya que cualquier práctica que maltrate, torture y provoque la muerte de animales con fines recreativos y de entretenimiento no puede ser sujeta de protección especializada.

Sin embargo, no se pronunció sobre si deben ser prohibidos estos eventos, al invalidar el decreto que aprobó el Congreso de Nayarit para declarar a las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural de esa entidad.

En sesión de este miércoles, la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia otorgó por mayoría de votos el amparo a la asociación civil Cuenta Conmigo Tepic, al argumentar que los animales no son cosas al servicio indiscriminado de los seres humanos, sino “especies merecedoras de un trato decente”.

En su proyecto de resolución, el ministro Alberto Pérez Dayán aseveró que la declaración de patrimonio cultural permitiría que los empresarios consiguieran subsidios o apoyos para sus actividades.

"Sería contradictorio estimar, bajo el amparo del ‘patrimonio cultural’, que el Estado adoptara una serie de medidas financieras, administrativas y educativas tendientes a preservar y fomentar ciertas costumbres, usos, expresiones, manifestaciones humanas que, aunado a no ser generalmente aceptadas ni compartidas por la comunidad, tiendan al desconocimiento o violación de los derechos y libertades del ser humano, no solo en su aspecto individual, sino social o colectivo”, indicó.

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