La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prohibición absoluta para que menores de edad contraigan nupcias y negó un amparo a una menor de 16 años que pidió autorización para casarse con un hombre de 21 años.

Por unanimidad la Primera Sala de la Corte apoyó el proyecto de resolución presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el que declaró que la prohibición para que los menores de edad contraigan nupcias busca protegerlos en casos de matrimonios forzados.

En el caso resuelto por la Sala, la quejosa a través de su mamá solicitó una dispensa judicial para casarse en el estado de Morelos, misma que le fue negada porque el Código Familiar local prohíbe emitir este tipo de autorizaciones y porque la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece como edad mínima para casarse los 18 años.

Por ello, tramitó un amparo en el que un Juez de Distrito ordenó al juzgador local revocar su determinación y cerciorarse de que no estaba en presencia de un matrimonio forzoso o que se vulnerara el interés superior de la menor para estar en posibilidad de autorizar la unión sin aplicar la Ley General ni el Código Familiar.

Ante esto, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión presentaron un recurso de revisión que fue enviado por un tribunal Colegiado a la Corte.

"El legislador local, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, eliminó la posibilidad de otorgar dispensa al requisito de edad para casarse; medida que, como se sostuvo a lo largo del presente estudio, no contraviene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que contribuye a garantizarlo con mayor seguridad, ni tampoco contraviene el derecho a no ser discriminada, pues si bien efectivamente hace una distinción en función de edad, ello es para beneficiar a un grupo que cuenta con una protección estatal reforzada", resolvió la Sala.

Con su aval a la propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena, los ministros indicaron que al cerrar la posibilidad de una dispensa judicial a menores de edad, el legislador local buscó incrementar el grado de tutela del derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes.

"La eliminación de la posibilidad de dispensa para niñas, niños y adolescentes configura una medida que puede tener como efecto también liberar a los menores de edad de las presiones sociales, familias e incluso internas que en muchos casos se ejercen sobre ellos y, en consecuencia, reducir el número de casos de uniones", precisa el resolutivo.

En consecuencia, la Corte declaró que el desechamiento de la solicitud de dispensa fue debidamente fundado y motivado y con apego a normas válidas dentro del ordenamiento jurídico mexicano.

La iglesia continuará proclamando el matrimonio entre un hombre y una mujer bajo el marco del respeto de todas las personas que toman decisiones en forma distinta, señala el arzobispo Francisco Moreno Barrón quien pide el respeto de los grupos que impulsan la agenda de los matrimonios igualitarios.

Aclaró que aún con la decisión del Congreso y los ayuntamientos de Baja California, que legalizan la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio, la iglesia católica seguirá promoviendo a la familia de acuerdo a lo establecido en el plan de Dios tal y como lo marca la Biblia desde el Génesis e instituido como sacramento por Jesús en el Nuevo Testamento.

Reitera su convicción de que las personas que piensan de forma distinta son gente valiosa y que tienen su dignidad y sus derechos humanos, pero la iglesia seguirá trabajando en lo que considera es lo mejor, no solo para quienes contraen matrimonio, sino para la comunidad entera.

Para garantizar el derecho al matrimonio igualitario en todo el país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a diversos Congresos locales a promover la armonización normativa pendiente en sus códigos civiles y/o familiares para que todas las personas tengan garantizado un pleno acceso sus derechos humanos.

Al día de hoy, además de la Ciudad de México, las entidades federativas que garantizan el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro de sus códigos civiles o familiares son: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Además, a través de las Acciones de Inconstitucionalidad interpuestas por este Organismo Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declaró la invalidez de las porciones normativas que únicamente garantizaban este derecho a parejas heterosexuales, teniendo como una de sus finalidades la procreación, en entidades como Aguascalientes, Chiapas, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Cabe destacar que, en algunos municipios del país y a través de acuerdos administrativos, se ha reconocido este derecho.

Para este Organismo Nacional Autónomo, esta realidad atenta contra la dignidad de muchas personas ya que tienen que realizar erogaciones económicas innecesarias para poder ejercer su derecho al matrimonio, erogaciones que no se imponen a personas heterosexuales. Por ello, advierte que la voluntad que reflejen las personas legisladoras abrirá la puerta para garantizar los derechos derivados del matrimonio.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el 2011 que nuestra Constitución no alude ni refiere un tipo específico de familia y que el matrimonio no se conforma exclusivamente por la unión de un hombre y una mujer. De ahí que, cuatro años después, ese Máximo Tribunal señaló que cualquier entidad federativa que considere en su Código Civil que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

La CNDH emitió en 2015 la Recomendación General número 23 sobre el matrimonio igualitario, dirigida a los Titulares de los Poderes Ejecutivos y a los Órganos Legislativos de todas las entidades federativas del país, para que armonicen los ordenamientos en materia.