Las medidas adoptadas por México para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos no sólo exponen a los migrantes un mayor peligro, sino que termina beneficiando a los grupos criminales, que "explotan" a estas personas y ante quienes el gobierno está "perdiendo terreno".

Así lo asegura un informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) con base en una investigación que realizó su personal en la frontera sur mexicana en agosto de este año para evaluar el impacto del aumento del control migratorio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El reporte menciona que López Obrador llegó a la presidencia con la promesa de un trato más humano a la migración y de atender las causas de raíz. Pero las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a menos de que detuviera el flujo de migrantes que buscan quedarse en Estados Unidos, lo hizo virar a una estrategia enfocada más bien en la detención.

Las consecuencias, señala WOLA en su informe titulado "El muro antes del muro: El aumento de medidas contra la migración en la frontera sur de México", han sido desastrosas para los migrantes, quienes se han visto obligados a viajar a zonas remotas y más peligrosas; para las estaciones migratorias, que están rebasadas, y para la Guardia Nacional, que tuvo que asumir un papel "que no estaba preparada para desempeñar".

Además, dadas las dificultades cada vez mayores que pone la administración Trump a los migrantes para poder quedarse en Estados Unidos, México está recibiendo una cifra récord de solicitudes de asilo -WOLA estima que serán más de 70 mil al finalizar el año, 125% más que en 2018-, que el sistema mexicano no está preparado para abordar.

"Una oleada de solicitantes de asilo en México ha puesto al organismo de refugiados del país al borde del colapso, y el gobierno mexicano aún no ha asignado recursos sustanciales para fortalecer sus capacidades", advierte WOLA.

Este desborde ha derivado en que muchas veces los migrantes detenidos no son informados sobre sus derechos. Y aquellos que podrían calificar para recibir protección corren el riesgo de ser deportados o de tener que pasar meses en la incertidumbre.

Entre los demás hallazgos del equipo que visitó la zona están los relacionados con los casi 12 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur mexicana. "La gran mayoría son soldados en activo o policías militares, muchos de los cuales sólo han sido reasignados temporalmente para ayudar con el control migratorio.

"Esto genera dudas sobre si los guardias—la mayoría de los cuales ha recibido principalmente entrenamiento militar— han recibido capacitación adecuada en materia de derechos humanos o instrucciones para interactuar con poblaciones vulnerables".

Los migrantes, en tanto, han tenido que buscar otras rutas y los delitos de que son víctimas no han disminuido: asaltos, robos, violaciones y secuestros a manos del crimen organizado o delincuentes comunes continúan, y casi todos quedan impunes, explica WOLA.

Los llamados "coyotes" también se han visto beneficiados. "El gobierno de México puede ganar el favor del gobierno de Trump deteniendo y deportando a un número récord de personas, pero pierde terreno ante los grupos criminales que explotan a los migrantes temerosos.

"Para los traficantes de personas, estas políticas punitivas son sólo un obstáculo: no van a la quiebra", detalla en la presentación del informe Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, quien añade que "el gobierno mexicano debe abandonar estas desastrosas medidas antes de que los costos humanos aumenten más".

En el mismo sentido, Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, dice que "en lugar de brindar protección a migrantes que están huyendo de la violencia y la persecución, el gobierno mexicano los está poniendo en más peligro con su enfoque principal de detener y deportar.

"Tanto las autoridades mexicanas como las estadounidenses deben cumplir con sus obligaciones humanitarias y fortalecer sus procedimientos de asilo, en vez de implementar medidas represivas".

Amenazas del crimen organizado ha provocado un incremento en la migración de familias a Baja California.

La señora Bertha, originaria de Michoacán llegó a la ciudad de Tijuana en el mes de marzo y desconoce el título 42.

"En realidad no lo había escuchado, cuando llegue me enteré que no dejaban pasar pero de todos modos tenía que salir rápido", expresó Bertha.

Acompañada de su nieto de 5 años e hijos de 19 y 21 años de edad tuvieron que huir de su lugar de origen porque fue amenazada de muerte. 

"Más que difícil, triste", dijo desanimada.

Los planes de Bertha y su familia es comenzar una vida nueva en Estados Unidos, sin embargo, de no obtener el asilo político descarta quedarse en Tijuana pues señala que también es una ciudad insegura. 

"El crimen organizado mató a mi cuñado", manifestó otra mujer que huyó junto a su esposo de Aguililla, Michoacán.

Al enterarse de que podría mantenerse el título 42, están preocupados de que el proceso de asilo político se de a largo plazo. 

El temor no cesa entre los grupos de migrantes que fueron desplazados de su lugar de origen, ahora se encuentran en un albergue ubicado en una de las zonas más peligrosas de la entidad fronteriza, por ello, su desesperación de ser aceptados en el vecino país.

Habitantes del municipio de Aguililla, Michoacán, reportaron que la tarde-noche del jueves, el crimen organizado volvió a cortar la energía eléctrica en la localidad.

Por consecuencia, los pobladores denunciaron que tampoco tienen servicio de telefonía.

Del mismo modo, indicaron que los accesos carreteros siguen cortados, por lo que la incomunicación es total en ese lugar de la Tierra Caliente.

Ante lo sucedido, la población acusó que ningún gobierno se ha hecho presente para detener, evitar y solucionar esos hechos criminales.

Esta es la tercera vez que los cárteles en disputa cortan en suministro de energía eléctrica y varios meses que trozan los tramos carreteros.

Hace una semana, la comunidad de Aguililla se enfrentó a una situación similar, después que supuestos criminales de los Cárteles Unidos y el Jalisco Nueva Generación cortaron la energía eléctrica.

Desde hace varios meses que Aguililla se ha convertido en uno de los campos de batalla de grupos antagónicos del crimen organizado, lo cual ha derivado en un desplazamiento masivo de pobladores.