Vanesa Gaytán Ochoa fue asesinada el pasado 25 de abril por su pareja afuera de la residencia oficial del gobernador de Jalisco, según la recomendación 38/19 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos el pasado 17 de diciembre, antes de ser apuñalada en varias ocasiones frente a los policías que resguardan Casa Jalisco, la joven de 25 años acudió en 16 ocasiones a buscar ayuda al Centro de Justicia para las Mujeres, pero no se dio el seguimiento debido a su caso.

"De las evidencias que integran la carpeta de investigación, no se advierte que el personal del Ministerio Público siguiera una línea de investigación clara y seria que pretendiera acreditar el delito y sancionar al responsable. Fueron nulos los esfuerzos para acreditar el grado de participación que tenía el victimario, y ni siquiera se intentó localizarlo o inhibirlo para que consumara conductas ilegales, lo cual, sin duda, constituyó una causa para que no sólo las agresiones en contra de la víctima quedaran impunes, sino que acabaran con su vida", señala la recomendación.

Además, en ella consta que a pesar de que se emitieron tres órdenes de protección para la Vanesa Gaytán, estas no fueron adecuadas, eficaces ni precisas, ni consideraron los antecedentes de violencia de género de los cuales era víctima, por lo que no fue valorado de forma oportuna el grave riesgo que corría su vida.

"Con lo anterior se denota una deficiente actuación de las autoridades que intervinieron, porque fueron omisas en cumplir con los principios y la normativa señalada, específicamente con el Protocolo Estandarizado para la Tramitación, Cumplimiento, Control y Seguimiento de Órdenes de Protección de Víctimas Mujeres, Niñas y Niños en los Centros de Justicia para las Mujeres, y sobre todo en el Protocolo al que se Sujetarán las y los Agentes del Ministerio Público, Respecto de la Solicitud, Atención, Expedición y Seguimiento de las Órdenes de Protección en Casos de Violencia contra las Mujeres en el Estado de Jalisco, lo que propició que no recibiera de manera integral y efectiva las medidas de protección a que tenía derecho", indica el documento.

Por lo anterior, la defensoría solicitó a las autoridades estatales que se inicien procesos de responsabilidad administrativa en contra de 12 funcionarios públicos por las omisiones y negligencias cometidas.

También solicitó apoyo necesario para que la madre y el hijo de la joven asesinada puedan adquirir una vivienda propia, reciban atención psicológica y puedan reconstruir su proyecto de vida.

Además, se solicitó al Poder Legislativo del estado hacer las reformas necesarias para homologar la definición de órdenes y medidas de protección en el estado.

El día que Vanesa fue asesinada por su esposo, Irwin Emanuel Ramírez Barajas, fue abatido por un escolta del Fiscal del estado, quien se encontraba en una reunión con el gobernador.

D, tras detectar graves omisiones en la protección de una mujer indígena de origen mixteco que fue víctima de violencia sexual y física. La investigación evidenció que las autoridades no actuaron con la debida diligencia, dejando a la víctima sin la protección necesaria y contribuyendo a la revictimización.

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2024, cuando la víctima, identificada como V, fue asaltada y agredida durante un traslado en taxi. Tras escapar de su agresor, buscó ayuda en un domicilio, donde fue auxiliada por un residente y posteriormente detenida y esposada por policías municipales, quienes la abandonaron en condiciones precarias sin brindarle asistencia adecuada. La víctima también enfrentó trato hostil por parte de personal de la Fiscalía, lo que agravó aún más su situación.

Ante esta situación, la CEDHBC solicitó a las autoridades que localicen a V y le proporcionen atención psicológica y de salud, además de fortalecer la capacitación de los elementos policiales y personal de la Fiscalía en perspectiva de género e interculturalidad. También pidió que se garantice la atención en lengua indígena y que se implementen campañas internas para promover el respeto a los derechos de las mujeres y los pueblos originarios, con el fin de prevenir futuras violaciones y garantizar justicia efectiva.

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La señora Patricia Susana Rivera Reyes de 61 años asesinada la noche del pasado sábado era abogada de profesión y defensora de los derechos humanos. 

El pasado sábado en la noche sujetos armados se introdujeron a un domicilio ubicado en la calle Blanca número 12530 de la colonia Terrazas de La Presa, para dispararle al catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), José Félix Villarreal y a la abogada de profesión Patricia Susana Rivera Reyes. 

Quedando lesionado el catedrático y sin vida la abogada. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, lamentó lo sucedido a través de un comunicado. 

"La CEDHBC se solidariza con las familias de ambas víctimas y con la comunidad bajacaliforniana, uniéndose al reclamo de que este hecho no quede impune", escribió.

De las cuatro recomendaciones que ha presentado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el primer trimestre de este año, dos están originadas por abusos cometidos por agentes de la Policía Municipal de Tijuana, una dirigida a la Fiscalía General del Estado y otra por omisiones del Sistema Estatal Penitenciario. 

Destaca la recomendación 2021/02 relativa al caso del joven Benjamín, quien fuera torturado por agentes preventivos en la zona centro de Tijuana. 

En este caso, Sindicatura Municipal determinó que la víctima de 29 años se hizo acreedor al maltrato físico por intentar escapar de los oficiales que lo golpeaban. No hubo sanciones para los 6 policías y el juez involucrado. 

En el caso de la recomendación 2021/01 la CEDH pudo acreditar, aún sin los peritajes físicos la tortura hacia una pareja detenida por su presunta participación en un secuestro y homicidio en Playas de Rosarito. 

En el caso de la mujer los investigadores demostraron la huella de daño psicológico que quedó en ella luego de haber sido violada por agentes de la policía estatal preventiva, ahora llamada GESI.

En lo que hace a la recomendación 2021/4 quedó asentada la omisión del Sistema Estatal Penitenciario, pero también de las Secretarías de Educación y Salud por no tomar las medidas de prevención para evitar que un reo de 30 años se suicidara. 

La persona que se quitó la vida ahorcándose con una sábana ya había intentado quitarse la vida en un primer intento y quienes lo mantenían en custodia no hicieron nada por evitar un segundo intento, que fue consumado.

Debido los hechos violentos, de asesinatos, y torturas que se han observado en la ciudad de Tijuana que involucra a niños y adolescentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió un exhortó al Sistema Estatal de Protección a niñas y niños adolescentes que depende de la Secretaría General de Gobierno, así lo manifestó el Presidente de CEDHBC, Miguel Mora Marrufo.

"La petición es para que se accione de manera urgente y extraordinaria para hacer un análisis del contexto y plantear una ruta emergente en este momento para atender estas circunstancias" mencionó Mora Marrufo.

Apuntó que aún no se cuenta con indicadores trimestrales que permitan hacer un comparativo para determinar el aumento si han podido observar por la documentación que se entrega una preocupación que tiene la comisión de niños y niñas adolescentes. 

Señaló que estos actos a los menores no se pueden desvirtuar con un ejercicio exclusivo de narco menudeo y narcotráfico cuando son otras las causas que han llevado a la niñez a involucrarse en esas actividades.

A través de un comunicado, la Comisión estatal de derechos humanos de Baja California abrió un expediente a consecuencia de las denuncias de familiares y de personas privadas de la libertad a consecuencia de un problema de salud por posibles malas condiciones de los alimentos.

El presidente de la CEDH, Miguel Mora Marrufo señaló que el pasado jueves visitadoras y visitadores realizaron recorridos para brindar orientación a las personas privadas de la libertad y de paso revisar las condiciones de los cerezos en Tijuana, Mexicali, Ensenada y El Hongo.

Subrayó que luego de estos señalamientos ya se abrió un expediente a fin de investigar qué fue lo que ocurrió además de qué abrió un canal de comunicación a fin de dar seguimiento a las quejas y recomendaciones dirigidas a la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.

Esta comisión confirmó que un grupo de 44 personas privadas de la libertad presentaron un cuadro de gastroenteritis infecciosa. Los pacientes fueron atendidos de manera oportuna por el área médica y se les administró electrolitos orales, antibióticos y antidiarreicos.

La Secretaría de salud se encuentra realizando una valoración sobre los casos de intoxicación en el hongo uno con el objeto de dar oportuno seguimiento a los expedientes médicos de los privados de la libertad en este centro de reinserción social que coincide con un cuadro clínico de gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

Desde el pasado 20 de marzo las visitas a los penales en Baja California están suspendidas como parte de las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19 y por el riesgo que la enfermedad pudiera provocar a la población de este centro de readaptación social.