La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer este jueves que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, queda exonerado porque no existe conflicto de interés ni obligación de reportar bienes de su familia, luego de una investigación de más de tres meses.

La funcionaria federal rechazó "categóricamente que en la nueva SFP se proteja o blinde a persona alguna". En total, la dependencia recibió 33 denuncias ciudadanas, de las cuales 14 fueron anónimas. También recabó 10 alertas ciudadanas sobre el caso. En estas quejas, el funcionario fue acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Asimismo, detalló que la SFP solo tiene competencia para sancionar conductas reprochables desde que Bartlett ocupa la titularidad de la CFE y también comunicó que citó a comparecer al funcionario.

Irma Eréndira Sandoval mencionó que en la denuncia de conflicto de interés, no se desprende en el caso de Manuel Bartlett Díaz porque en la temporalidad denunciada, no tiene injerencia durante el tiempo que ha sido titular de la CFE. Las empresas señaladas pertenecen a sus hijos y a la persona con la que tiene una relación sentimental.

Por lo que, aseguró, "no se encontraron elementos o indicios de posible conflicto de interés, porque desde el inicio de su encargo no ha intervenido en la tramitación o resolución de algún conflicto".

De las propiedades de su pareja y su familia, se especificó que no se advierte que el servidor público haya tenido la obligación legal de reportarlas, ya que con ninguno de sus propietarios actuales mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica, puesto que cada uno de ellos tiene sus ingresos propios.

Julia Abdalá tiene con él una relación sentimental, pero "no hay vínculos legales de matrimonio", tienen domicilios diferentes y no tienen hijos en común, dijo Sandoval. El director general de la CFE no tenía obligación legal de manifestar los bienes patrimoniales de la señora Abdalá Lemus, siguió.

En cuanto a los bienes inmuebles de León y Alejandra, sus hijos, no tenía obligación de declararlos puesto que son mayores de edad.

Sandoval dijo también que el próximo año, los funcionarios públicos estarán obligados a declarar el patrimonio de personas de su círculo cercano entre ellas las "relaciones cercanas afectivas".

"Es cierto que la señora Julia Abdalá no es esposa ni cónyuge, pero a partir del próximo año los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con quienes tenemos vínculos sentimentales. Este será el caso del señor Manuel Bartlett", destacó.

En la sesión de preguntas y respuestas, Sandoval enfatizó: "no hay ninguna exoneración, sino una aplicación rigurosa y pulcra de la ley general de responsabilidades actual".

Por ello expresó que "los ingresos del director de la CFE con sus posesiones son absolutamente congruentes".

El contexto

Antes de conocerse los resultados, el funcionario se mostró tranquilo, pero evasivo a las preguntas de la prensa, a la salida de una reunión de gabinete de Palacio Nacional:

"¿De qué me están hablando?, ¿de la Función Pública?, ¡pues vayan a oírlo!, ¡vayan a oírlo!, no coman ansias", declaró Bartlett en tono serio.

En conferencia de prensa, Irma Eréndira Sandoval informó que se han realizado más de 50 diligencias para investigar las denuncias ciudadanas que se presentaron a raíz del reportaje de Arelí Quintero "Bartlett Bienes Raíces".

La investigación contra Bartlett surgió luego de que el periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola, revelara, en agosto, en su artículo de opinión y en su programa de radio "Así las cosas con Loret" que el funcionario, junto con su familia, ha construido un "imperio inmobiliario" con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más caras del valle de México.

La información fue difundida en el reportaje elaborado por la periodista Arelí Quintero. Según la investigación, Bartlett Díaz declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje advierte que su fortuna es 16 veces más grande -sólo en propiedades-.

Por ello, diversos partidos políticos presentaron sus denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por el presunto conflicto de interés. Irma Eréndira Sandoval especificó que hasta octubre iban 21 denuncias en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de los señalamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respaldado al funcionario y dijo "tenerle confianza".

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, solicitó a las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura, de la Cámara de Diputados, aplazar su comparecencia para la próxima semana.

El titular de la CFE había citado para este jueves 27 de octubre para comparecer con motivo de la glosa del Cuarto Informe de Trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, notificó su intención de reunirse con los legisladores hasta el próximo jueves 3 de noviembre.

La solicitud fue aceptada por el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, diputado de Morena y el diputado del PT, Reginaldo Sandoval, quien preside la Comisión de Infraestructura.

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Cuando Irma Eréndira Sandoval Ballesteros dirigía la Secretaría de la Función Pública (SFP) intercambió oficios con el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Le pedía “congruencia con nuestras obligaciones legales y el deber ético que implica ser parte del gobierno de la Cuarta Transformación”.

El motivo: Cresencio Sandoval no había presentado su declaración patrimonial.

En el documento FP/100/262-11/2020, Sandoval Ballesteros le explica al general que si bien emitió un acuerdo para la ampliación de plazos para la presentación de la declaración patrimonial, éste sólo aplicaba a niveles jerárquicos medios, enlaces, operativos y de base sindicalizados.

“No corresponde a los mandos superiores del gobierno federal que necesitamos cerrar filas en la lucha contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas, porque la transparencia no se detiene, bajo ninguna circunstancia”, escribió el 22 de abril de 2020.

La declaración patrimonial hace pública el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público mientras desempeña un cargo.

Así, la ciudadanía puede conocer los ingresos, sus bienes muebles e inmuebles, vehículos, entre otros, y comprobar que sean congruentes con su labor en el servicio público.

La secretaria de la Función Pública le ofreció poner a su disposición al personal técnico del área de Registro Patrimonial para apoyarle, según consta en los registros de correo electrónico que filtró el grupo Guacamaya.

La iniciativa que nunca fue

El tema de la declaración patrimonial requirió un segundo oficio de Irma Eréndira Sandoval el 12 de junio de 2020. Ahora pedía la comprensión tanto del general Sandoval como del almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, para impulsar la presentación de la declaración patrimonial y de interés de todos los integrantes de las dependencias castrenses.

Les dice que en la Secretaría de la Función Pública están conscientes de que, para el personal operativo, la presentación de la declaración patrimonial y de intereses burocratiza las tareas de prevención y detección del enriquecimiento ilícito.

“Esta disposición, aprobada en la pasada administración, fue parte de las medidas simuladoras que acompañaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y han generado un cúmulo de dificultades técnicas y operativas para que los servidores públicos de menores ingresos del gobierno [entre ellos marinos y soldados de tropa], cumplan con su obligación”, se lee.

Irma Eréndira Sandoval consideró que esto implicaba una reforma constitucional para evitar que la tropa presente esta declaración, “dado que poco o nada aporta al combate a la corrupción”.

En ese sentido, les informó que presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa de reforma al artículo 108 de la Constitución y al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas (LRA).

Les adjuntó el documento con su propuesta y agregó: “será muy importante y valioso contar con su apoyo para respaldar ante nuestro Señor Presidente de la República dicha iniciativa”.

La iniciativa nunca prosperó. En la información pública de la Cámara de Diputados no se localizó la propuesta que redactó la exfuncionaria; hasta el momento, ni la Constitución ni la LRA presentan cambios.

Para el 30 de julio, desde la oficina de Sandoval se volvió a buscar al titular de la Sedena, ahora para informarle que aún había 162 funcionarios de alto nivel que no habían presentado su declaración y que sólo tenían un día más para enviarla.

“No omito mencionar que el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, añadió lrma Eréndira Sandoval Ballesteros en el documento.

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El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, visitó la mina El Pinabete donde 10 mineros quedaron arapados hace 33 días, y se negó a hablar sobre las condiciones de las minas y los contratos de carbón que ha entregado la paraestatal.

Fue la mañana de este lunes que arribó a la mina en el poblado de Agujita en Sabinas, Coahuila, donde se reunió con los deudos para explicarles el plan de rescate de los trabajadores que quedaron atrapados desde el 3 de agosto. Después, junto a Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que tienen la encomienda del presidente de utilizar todos los recursos para iniciar de inmediato con el método del tajo abierto.

César Fuentes, director corporativo de Ingeniería, fue el encargado de exponer que la mina El Pinabete se encuentra rodeado de la mina 6 y la mina Las Conchas, las cuales tienen una cantidad extraordinaria de agua que se ha acumulado a lo largo del tiempo.

Aseguró que, aunque se mantenga el bombeo de agua, la magnitud de las minas es tal que el agua no se iba a agotar y por eso, después de las reuniones técnicas con expertos de CFE y expertos externos, se concluyó que el mejor procedimiento era el tajo.

Explicó que desarrollar el tajo requerirá sacar 5 millones de metros cúbicos de tierra y roca. “El propio predio de la mina El Pinabete tiene una cantidad de hectáreas para alojar el 50% de las excavaciones. Hacemos las gestiones para que en los terrenos vecinos los podamos ocupar para ahí depositar los escombros de la otra mitad”, comentó el ingeniero César Fuentes.

Se tienen contemplado tres meses para estudios y proyectos, y en el segundo mes iniciar las excavaciones. A partir del séptimo mes se contempla el ingreso a galerías. Sobre el ingreso a las galerías, el director corporativo de Ingeniería mencionó que alrededor de cinco metros antes de llegar, comenzarán a hacer los trabajos artesanalmente, con pico y pala, para evitar colapsos y rescatar los cuerpos en las mejores condiciones.

Por su parte, Manuel Bartlett dijo que no era momento de hablar de los contratos y las concesiones porque había llegado a hablar del rescate. Dijo que se establecerá un sistema para que las familias participen en cualquier situación que corresponda a los trabajos de rescate. 

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Al comparecer ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que de aprobarse la Reforma Eléctrica se tendrán más instrumentos para establecer una tarifa única en el país.

Tal afirmación del director general de CFE se dio luego de que indicara, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y trasparencia del Tercer Informe de Gobierno, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reducido las tarifas eléctricas durante los tres primeros años, y donde precisó que los costos se mantedrán bajos en caso de que no se avale la reforma constitucional del titular del Ejecutivo.

“¿Qué vamos a hacer para reducir las tarifas?, hemos reducido las tarifas durante tres años, es una prórroga que el objetivo que tiene la CFE es no permitir que las tarifas suban arriba de la inflación. El costo que no pagan las empresas, y sin embargo, tres años han sido de tarifas estables, me pregunta: ¿qué vamos a hacer si no se aprueba la reforma? Seguiremos manteniendo las tarifas bajas y esa es una norma y lo hemos hecho en condiciones muy difíciles.

“Lo hicimos en el momento más crítico de los sistemas eléctricos del norte de América, cuando se congelaron los gasoductos cuando especularon los privados, la CFE recuperó el sistema eléctrico en un enorme esfuerzo y logró mantener las tarifas y no se subieron aún en el momento cuando hubo una especulación. Si no se aprueba seguiremos manteniendo las tarifas bajas en tres años, pero nosotros sí esperamos que se apruebe la reforma constitucional porque entonces tendremos más elementos para bajar las tarifas”, dijo Bartlett.

“Tendremos más instrumentos aún para bajar las tarifas, una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país, ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples sistemas de tarifas que generan un problema, en diferentes estados se establece una tarifa baja y más alta en otro, eso es un obstáculo para el desarrollo del país”, mencionó Bartlett.

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La mano siniestra de Manuel Bartlett Díaz, actual Director General de la Comisión Federal de Electricidad, es la que impulsa un debate ideológico y no técnico para que se apruebe la reforma eléctrica del país, propuesta del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lejos de mejorar y utilizar energía limpia y barata, está empeñada en seguir en retroceso.

Así se expresó la Senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz sobre uno de los hombres que dijo están dirigiendo el país con el aval del Mandatario Federal, y que es un político proveniente con un pasado de corrupción, autoritarismo, y eso no se le quita con solo cambiarse de partido o régimen de gobierno.

‘’Hay una cerrazón en el debate que es ideológico y no técnico como debiera ser en un tema como lo es la reforma eléctrica, y Bartlett es quien al igual que el Presidente de México mienten al país, pues aseguran que impulsan energías limpias pero en realidad significan un bajo porcentaje, esas energías ya estaban en el acuerdo de París, y las sacaron al no ser acciones nuevas, sólo se frenó al país mientras que el resto del mundo sigue avanzando en un compromiso global por detener el deterioro de nuestro planeta’’, dijo la Senadora.

Y agregó que la gente que rodea al Presidente, son políticos que sólo ven por sus intereses, dijo, ‘’qué se puede esperar de un hombre que tiene una fortuna acumulada que no corresponde a lo que ha ganado como servidor público, y deja todos sus bienes no a su esposa ni a su concubina, porque obviamente con 24 casas es difícil cohabitar con ella, es muy astuto’’, señaló .

Gálvez Ruiz sostuvo que pase lo que pase, el Presidente López Obrador va a tratar de ganar en una reforma en la que tiene nulo conocimiento técnico, y para ello, ya ha iniciado una campaña muy fuerte de intimidación, depende de los Senadores de de la fuerza opositora a Morena, sostenernos para que los intereses personales de esos políticos pongan en reversa al país en perjuicio de los mexicanos y de la contribución que dijo estamos obligados a aportar, para conservar nuestro planeta.