La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, propuso adicionar un párrafo vigésimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política para establecer que toda persona tiene derecho a ser buscada de forma efectiva, exhaustiva y expedita, bajo el principio de presunción de vida.

La iniciativa establece que "corresponde al Estado garantizar que haya justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición, así como establecer los mecanismos para la búsqueda, localización, identificación y, en su caso, que la entrega de restos humanos sea con dignidad, respeto y apego a los derechos humanos".

En el proyecto también se indica que el presupuesto destinado a garantizar este derecho "deberá ser suficiente y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año inmediato anterior".

En su exposición de motivos, la iniciativa enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que el delito de desaparición forzada es uno de los ilícitos más devastadores que existen, ya que implica violaciones graves a los derechos humanos de las personas.

Asimismo, va acompañada, en muchos de los casos, de otros delitos como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y generalmente del peor flagelo que existe en cualquier sistema de justicia: la impunidad.

El documento indica que México fue uno de los principales promotores y el segundo país en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; sin embargo, en los últimos años la violencia e inseguridad que se vive en el país ha ocasionado que este delito se incremente de forma exponencial.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, del 31 de diciembre de 1952 al 17 de marzo de este año 124 mil 266 personas se encuentran en esa condición.

La diputada López Rabadán manifestó que su propuesta de reforma constitucional es un avance esencial para garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral de las víctimas y sus familiares.

“Solo así se podrá combatir la impunidad, reparar el daño a las víctimas y asegurar que este tipo de crímenes no se repitan”, concluyó.

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El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

En un comunicado, el CED afirmó que Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato presentaron 18 casos con medidas cautelares presentadas previamente al Comité, y argumentaron que dichas medidas son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños.

Señaló que el Comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el “Rancho Izaguirre”.

"El Comité está preocupado por las alegaciones recibidas según las cuales, los familiares y representantes de las personas desaparecidas referidas en esta nota se enfrentarían a dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como participar en los mismos, incluyendo en el marco de los hallazgos en el 'Rancho Izaguirre', en Teuchitlán, Jalisco", indicó.

Y agregó que "el Comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desparecidas que realizaron el hallazgo en el 'Rancho Izaguirre' se enfrentarían a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

El Comité informó que las medidas solicitadas al Estado mexicano, son:

• Medidas inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus alegadas desapariciones. El Comité resalta la importancia que las autoridades competentes tomen sin demora las siguientes acciones:
• Resguardar el predio del “Rancho Izaguirre” y realizar actuaciones de búsqueda e investigación coordinadas y exhaustivas, asegurando la participación de los familiares y representantes en dichos procesos;
• Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el referido predio, en pleno respeto de la cadena de custodia;
• Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas sobre las que se refiere esta nota verbal;
• Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados, y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas en referencia.
• Realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición, a la luz del Principio 8 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas (CED/C/7).

Otorgamiento de medidas cautelares:

1. Proteger inmediatamente a los elementos probatorios siguientes, con pleno respeto de la cadena de custodia. Estos incluyen:

(i) Fragmentos óseos y piezas dentales;

(ii) Objetos personales: prendas de vestir, calzado, maletas, biblias, libros, fotografías, cartas, llaveros, carteras, relojes y anillos;

(iii) Armas de fuego, casquillos de municiones y herramientas.

2. Informar al Comité acerca de las acciones tomadas para implementar las medidas cautelares requeridas.

III. Acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas.

3. Informar al Comité sobre las medidas implementadas para garantizar la transmisión de información periódica a los allegados y representantes de las personas desaparecidas sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación en curso, incluyendo los relativos a los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

4. Reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos de búsqueda e investigación cada vez que lo deseen. En caso de que dicha participación sea imposible por motivos fuera de control del Estado parte, explicar con antelación dicha situación y sus causas a los allegados.

5. Reforzar los mecanismos de protección otorgados por el Estado parte a las personas que forman parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

6. Proporcionar información al Comité sobre las medidas adoptadas para implementar cada una de estas recomendaciones.

El diputado federal César I. Damián Retes, del Partido Acción Nacional, presentó hoy una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la alarmante situación de desapariciones en México, pidiendo la intervención internacional.

Durante su intervención, Retes destacó la creciente crisis humanitaria, indicando que el gobierno ha fallado en su responsabilidad, evidenciado por recientes hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontró un posible campo de exterminio. “Los hallazgos revelan una realidad aterradora que las autoridades intentan ocultar”, afirmó.

Con más de 120,000 desaparecidos y un aumento del 60% en los primeros 100 días del actual gobierno, el legislador exigió medidas cautelares para proteger a las víctimas y sus familias, así como la formación de una Comisión de Investigación con expertos internacionales, en búsqueda de justicia y transparencia.

“El pueblo de México merece justicia ahora. No permitiremos que la indolencia del gobierno siga minimizando este crimen. La justicia internacional es el camino que debemos seguir”, concluyó Retes.

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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó el hallazgo de restos humanos en el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde se investigan múltiples casos de desapariciones.

"Al menos a esta hora sí hay restos humanos, pero no están todavía definidos técnicamente para lo que se necesita establecer", declaró Gertz Manero durante su intervención, dejando claro que los análisis forenses siguen en proceso para determinar la identidad de las víctimas.

Jalisco: epicentro de la crisis de desaparecidos

Este hallazgo ocurre en un contexto alarmante para el estado de Jalisco, que ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas. Según el Registro Nacional de Personas Perdidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 18 de marzo de 2025, se contabilizaban 15,036 personas que aún no regresan con sus seres queridos.

La crisis de desapariciones en Jalisco ha sido una constante desde administraciones anteriores. Durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), se reportaron 261 personas desaparecidas; mientras que en el mandato de su sucesor, Emilio González Márquez (2007-2013), la cifra se disparó a 1,509 casos.

Guadalajara encabeza la lista de municipios con mayor número de desapariciones, acumulando 385 casos, seguido de Zapopan con 184, Puerto Vallarta con 125, San Pedro Tlaquepaque con 76 y Zapotlán El Grande con 37 casos.

El hallazgo en Teuchitlán vuelve a poner en el centro del debate la magnitud del problema de desapariciones en Jalisco y la necesidad urgente de reforzar los esfuerzos de búsqueda e identificación de víctimas.

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El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), informó que la entidad se encuentra de luto por el paso de "Agatha" –que pasó de huracán a baja remanente- pues de manera preliminar se tiene un saldo de 11 personas fallecidas y 33 desaparecidas.

Por medio de una video llamada, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario explicó que la región costa, la zona alta de la costa y parte de la sierra sur fueron los más afectados por el desbordamiento de ríos y deslaves.

Advirtió que se mantienen en alerta porque hay dos fenómenos más que se están generando por lo que hay una probabilidad de 70% que se pueda generar un ciclón.

“Por eso vamos a estar atentos, es importante que la población siga resguardada, para prevenir posibles deslaves”.

Señaló que hasta el momento CFE reporta 40 mil afectados en nueve de manera particular en los municipios de, Tonameca, Pochutla, Loxica, Santa María Ozolotepec, entre otros.

Murat dijo que Agatha provocó la caída de dos puentes en la carreta a Oaxaca que conecta a Pochutla y en la carretera que conecta Huatulco con la zona alta de la sierra, por lo que la SCT enviara dos puentes móviles para recuperar la comunicación.

Murat solicita declaratoria de emergencia para 26 municipios afectados por “Agatha” en Oaxaca

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), adelantó que solicitarán la declaratoria de emergencia para 26 municipios por las afectaciones provocadas por Agatha debido a las lluvias severas, inundaciones y deslizamientos de laderas.

En la conferencia de prensa, del presidente Andrés Manuel López Obrador, por medio de una video llamada, el mandatario estatal dijo que hasta el momento se reportan afectaciones en vivienda en siete municipios por lo que comenzará los censos para determinar el grado de afectación.

Señaló que hoy llegarán 10 mil despensas para los damnificados que serán dispersadas por el Ejército y la Secretaría de Marina.

Explicó que se instalaron 240 albergues y refugios en todos los municipios donde se previó que habría afectaciones de Agatha.

Laura Velázquez, coordinada nacional de protección civil, informó que se ha atendido las situación de manera coordinada con el gobierno del Estado, junto con la Secretaría de la Defensa, Marina y Guardia Nacional, por medio de los planes DNIII y Plan Marina.

“La ayuda del gobierno federal iniciará hoy con comida, la distribución estará a cargo de la Defensa Nacional y Marina; la Marina lo hará en la costa y en la sierra con la Defensa”.