El menor que disparó en el Colegio Cervantes fue velado en la funeraria Gayosso de Torreón bajo un total hermetismo.

Tenía 11 años y cursaba el sexto año de primaria. Las maestras lo consideraban un alumno sobresaliente y de buen comportamiento, pero ayer viernes llevó dos armas al colegio, mató a una maestra, hirió a cinco alumnos y un profesor de educación física y después se suicidó.

Este sábado, su cuerpo fue velado en la funeraria y a las 10:00 horas se celebró una misa en el mismo lugar donde, según contaron algunas personas, estuvo bastante asistida.

A la entrada de la funeraria, personal del lugar vigiló en todo momento.

Los hechos en el Colegio Cervantes de Torreón

"Hoy va a ser el día", les dijo a sus compañeros del Colegio Cervantes, después disparó contra los alumnos, mató a su maestra y se suicidó.

Lo anterior lo informó ayer viernes, en rueda de prensa, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, quien se dijo consternado por los hechos ocurridos en la ciudad de Torreón.

Según el relato de las autoridades, el menor llegó al salón de clases y cerca de las 08:20 horas pidió permiso para ir al baño. Luego de 15 minutos no volvió y la maestra fue a buscarlo. Al salir, se topó con el niño afuera del baño. El menor vestía pantalón negro con tirantes y una playera blanca que llevaba la leyenda "Natural Selection"; leyenda que también fue usada en la matanza de Columbine de 1999 en Estados Unidos por Eric Harris.

Portaba dos armas, una de alto y otra de bajo calibre, informó el fiscal Gerardo Márquez Guevara. Fue allí, en un pasillo afuera del baño, donde el pequeño disparó y mató a la maestra y dejó a seis heridos: cinco alumnos y un maestro. Después se suicidó.

En total fueron heridos por los disparos de arma cinco menores y un profesor de educación física, quien escuchó los disparos y se acercó al lugar. Todos están fuera de peligro.

En punto de las 6:45 de la mañana de este jueves, dio inicio el Operativo Mochila en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas con el fin de prevenir algún acto de violencia. 

Como parte del protocolo de seguridad, en un primer filtro se lleva a cabo la revisión de identificación oficial de los alumnos, posteriormente los envían al segundo filtro donde padres de familia realizan revisión minuciosa de las mochilas.

Al momento, continúan el operativo y el acceso al plantel educativo está resguardado por elementos de la Policía Municipal.

Tres niños fueron secuestrados en Oaxaca en días pasados; los engancharon con el videojuego "free fire", de carácter altamente violento, al consistir en la eliminación de “enemigos”, con armas letales o de alto poder.

Además, los jugadores pueden pagar con dinero estas armas o robarlas a sus contrincantes. También tienen la opción de “chatear” con otros jugadores. Fue necesario un operativo policiaco para liberar a los plagiados, caso que fue llamado a nivel federal "free fire". 

A raíz de este hecho, la secretaria de seguridad federal Rosa Icela Rodríguez declaró que el internet es un espacio donde la simulación y el anonimato permiten usar la tecnología para llevar a cabo acciones que dañan la paz y seguridad, principalmente de nuestros niños.

Hoy el riesgo no está solo en redes sociales, sino en juegos en línea. Esto representa un nuevo reto en materia de seguridad. En este marco, emitió el Decálogo de seguridad en internet.

1.- No jugar ni chatear con desconocidos.

2.- Establecer horarios de juego.

3.- No utilizar cuentas de correo electrónico personales, sino generar nuevas para jugar.

4.- No proporcionar datos personales, entre ellos telefónicos o bancarios.

5.- No utilizar micrófonos ni cámaras.

6.- No compartir ubicación.

7.- Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas.

8.- Mantener la configuración de seguridad para los niños o “control parental”.

9.- En el caso de los menores de edad, jugar bajo supervisión de los adultos.

10.- Si se detectan estas conductas, o algún tipo de acoso o amenaza mientras juegan, reportar al 088, que es el número de la policía cibernética.

La Suprema Corte de Justicia (SCJN) declaró inconstitucional el programa Mochila Segura, que fue implementado para evitar que los alumnos introduzcan armas a los planteles escolares.

Por mayoría de votos, la Primera Sala de la Corte avaló el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien consideró que dicho programa se ejecuta de manera arbitraria y sin reglas claras, por lo que transgrede los derechos a la privacidad e intimidad de los alumnos.

"El programa u operativo conocido como Mochila Segura se viene implementando sin sustento legal alguno, y no sólo al arbitrio de las respectivas autoridades educativas, sino también de las propias autoridades de cada plantel educativo, ante la ausencia de reglas claras y formales.

"Dicha ausencia de sustento legal y regulación específica desarrollada en un marco de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implica la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de asegurar, entre otros, los derechos a la privacidad e intimidad de los educandos", indica el fallo.

Esta es la primera vez que el máximo tribunal se pronuncia sobre este tema, por lo que la resolución únicamente beneficia a tres niños que viven en la Ciudad de México para que, una vez que acudan presencialmente a sus escuelas, sus pertenencias no sean revisadas por las autoridades.

En consecuencia, las autoridades educativas federales y locales deberán abstenerse de aplicar a los quejosos el operativo Mochila Segura en la escuela a la que acuden o cualquier otro plantel en el que continúen su formación escolar, siempre que esté en la Ciudad de México.

En su resolución, el ministro Pardo planteó la posibilidad de implementar programas de seguridad consensuados con los padres de familia y no que se apliquen de manera obligatoria.

"Todo lo anterior no implica que este alto tribunal desconozca la necesidad de que las distintas autoridades que conforman el Estado mexicano garanticen la seguridad de los educandos en los planteles educativos; mitigando cualquier riesgo que ponga en peligro su vida, su salud y, en general, su integridad; sin embargo, lo que no puede aceptarse es la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometen los derechos de los propios educandos.

"En última instancia, la inconstitucionalidad del programa Mochila Segura y de las acciones asociadas al mismo no deberá impedir que las comunidades escolares que así lo decidan lleven a cabo programas de seguridad escolar de diseño consensual y no obligatorios, los cuales, incluso, pueden implicar revisiones a las pertenencias de los educandos, siempre y cuando dichos esquemas respeten la oposición de quienes no acepten sujetarse a dichas medidas", señaló.

José Ángel "N", abuelo del niño que disparó y mató a su maestra en el colegio Cervantes de Torreón, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso en su carácter de comisión por omisión.

En audiencia celebrada ayer en el Centro de Justicia Penal de Torreón, la cual duró más de tres horas, una juez de control decidió que existían los datos que presumen la comisión por omisión por parte del abuelo paterno del menor, pues vivía con él y las armas con las que disparó el pasado 10 de enero, le pertenecían.

Eduardo Nakasima, encargado de la dirección de procesos de la fiscalía de Coahuila en la región Laguna, mencionó que el debate de la audiencia versó especialmente en tema de la omisión y la calidad de garante del niño. En la audiencia no estuvo presente familia del acusado y únicamente estuvo el abogado defensor y el agente del ministerio público.

El acusado se reservó el derecho a declarar. Según el fiscal Gerardo Márquez Guevara, solo hubo argumentos vertidos por la defensa, tendientes a tratar de desvirtuar la acusación.

Márquez Guevara respaldó que, hasta el momento, se ha comprobado que el abuelo faltó a su deber jurídico de cuidado en su calidad de garante de las armas y la propiedad donde cohabitaba con el menor.

"Lo que le imputamos es que tenía conocimiento de las armas, no tomó las precauciones para la guardia de las mismas y sabía que el menor tenía una afición por las armas y que conocía las de él", expuso el fiscal.

Comentó que los datos de prueba provienen de una serie de entrevistas del entorno familiar y escolar del menor, de datos extraídos del celular del abuelo y de inspecciones ministeriales y del propio cateo que se practicó en el domicilio, donde encontraron diversos artículos con armas de plástico, juguetes bélicos, armas de aire comprimido y videojuegos también de carácter bélico.

Márquez Guevara recordó que las armas, calibre .25 y .40, no estaban registradas y que la de grueso calibre en México no es para uso de particulares.

Además, informó que se sigue investigando el entorno del menor; hasta el momento el padre no ha sido localizado, mientras que la abuela no es investigada por parte de la fiscalía.

Asimismo, aseguró que sigue abierta la investigación y aclaró que la fiscalía no cuenta con videos de las cámaras de vigilancia del colegio, particularmente del área donde sucedieron los hechos. También precisó que ninguno de los heridos o sus familias han presentado alguna denuncia, sin embargo, acotó que se siguen de oficio.

A partir de ahora se tendrá un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria, el cual puede ser extendido. En ese plazo tanto la fiscalía como la defensa recabarán datos de prueba para respaldar sus pruebas o fortalecer las actuales.

José Manuel Mireles, abogado del acusado, mencionó que analizarán si apelan o impugnan la resolución de la autoridad judicial.

De encontrarse culpable, el imputado podría purgar una pena de 18 a 35 años de prisión. La juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, por lo que el acusado continuará interno en el Cereso de Torreón.

Los videojuegos serán reclasificados, reglamentados e incluso eliminados del mercado si promueven, incitan o cuentan con contenido violento, informó Rodolfo González Valderrama, director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC).

González Valderrama indicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) dispuso revisar los videojuegos, luego de los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, donde un alumno mató a su maestra, hirió a cuatro compañeros y se suicidó.

El alumno del Colegio Cervantes utilizó una playera con el nombre del videojuego "Natural Selection" durante los hechos. "Hablamos de más de dos millones de videojuegos que están en el mercado nacional e internacional que deben ser clasificados con algún tipo de leyenda, letra, color o anuncio", refirió.

Esta clasificación servirá para que los padres de familia sepan qué tipo de contenido están comprando y de acuerdo con esa información, tomen la decisión de adquirirlos. "Se clasificarán como las películas: AA, para niños; A para todo público; B para menores de 18 años; la B15 para adolescentes; la C para adultos; y la D para contenido extremo", indicó.

Explicó que el contenido extremo se clasificará según cuatro criterios: violencia, sexualidad, adicciones y lenguaje. Manifestó que tanto la Segob como la RTC tienen la autoridad para sacar del mercado videojuegos que contengan violencia extrema y que puedan incitar a los menores de edad a cometer actos delictivos.

"Esos juegos atentan contra otro tipo de legislación, no sólo la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes. Se han detectado juegos extremos y algunos inclusive, que no adquieren físicamente, sino que están en la red", dijo. En este caso comentó, se hablará con los distribuidores para que no los tengan disponibles.