La Secretaría de la Función Pública de México (SFP) identificó irregularidades por 19.000 millones de pesos (1.020 millones de dólares) en el aeropuerto de Texcoco, cuya construcción se canceló al iniciar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las irregularidades incluyen 6.000 millones de pesos (322,2 millones de dólares) en anticipos pendientes de amortizarse o recuperarse y una cifra igual para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados, dijo la SFP en un comunicado.

La revisión de la situación del aeropuerto formó parte de los casi 3.400 actos de fiscalización hechos en el 2019, de las que más de 2.500 fueron auditorías que generaron observaciones asociadas a más de 544.000 millones de pesos (29.215 millones de dólares), indicó la institución.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó estas cifras en el marco de un informe de las auditorias hechas en su primer año de gestión como parte de su compromiso para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en México.

El monto global de las presuntas irregularidades supera al presupuesto federal total de los sectores de Educación y de Salud, los dos que más recursos reciben en el presupuesto de egresos de la Federación, comentó la funcionaria.

En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó Sandoval.

Además de las irregularidades del aeropuerto, la funcionaria mencionó entre otros "casos ejemplares de corrupción", el desvió del trazado de una carretera en el occidente del país para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico.

La funcionaria denunció también el sobrecosto de 1.442 millones de pesos (77,4 millones de dólares) de la carretera Amozoc-Perote y el libramiento de Perote, en el oriental estado de Veracruz.

También el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2,42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos (50,4 millones de dólares).

La Función Público fiscalizó programas de las áreas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte, pagados con recursos federales transferidos a los estados.

En materia de obra pública la Función Pública hizo 127 actos de fiscalización que se desglosan en 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20.598 millones de pesos (1.106 millones de dólares).

Como resultado de la fiscalización fueron abiertos 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades e impuso sanciones por caso 23.000 millones de pesos (1.235 millones de dólares). 

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto que declara área natural protegida (ANP), con carácter de Área de Protección de Recursos Naturales, la zona del Lago de Texcoco, que se ubica en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, con una superficie total de 14 mil hectáreas, incluida la zona donde se ubica el fallido proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Al respecto, ambientalistas y especialistas de Greenpeace, de las universidades Iberoamericana y La Salle calificaron de positivo el decreto porque permitirá recuperar la zona lacustre de la cuenca del Valle de México y revertir el deterioro ecológico. Sin embargo, advirtieron que es necesario que se etiqueten recursos suficientes para que no se convierta en un “decreto de papel”.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el decreto se establece que en la zona de amortiguamiento del área de protección de recursos naturales Lago de Texcoco no se autorizará la fundación de nuevos centros de población ni la urbanización de las tierras ejidales, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población.

Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, dijo a EL UNIVERSAL que la declaratoria es una excelente noticia porque tiene varias ventajas. “Por un lado, nos permite digamos soñar con ampliar la zona lacustre de la Cuenca del Valle de México y, por otro lado, se revierte o ayuda a mitigar un daño ambiental que se estaba produciendo con la construcción de un megaaeropuerto internacional en esa zona”.

Argumentó que con ello hay mayores posibilidades de poder seguir o al menos recuperar parte de esa vocación como refugio de aves migratorias. También, de alguna manera ayudar a irrigar mantos acuíferos y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, lo cual es una buena noticia también.

Juan Manuel Núñez, doctor y académico del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, coincidió en que el decreto es positivo para la cuenca del Valle de México porque existe una gran diversidad de especies, sobre todo aves, y esta decisión puede ser el punto de partida de un proceso de recuperación de un gran espacio azul en la zona oriente de la capital del país.

“Pero el decreto no es para nada la tarea finalizada, porque se requieren recursos, programas para que no se quede en el discurso, que no sea un decreto de papel, por lo que, de acuerdo con la ley, se debe construir el plan de manejo para recuperar esa zona del deterioro ambiental existente”, apuntó.

Jesús Enrique Castelán, especialista de la Universidad La Salle, dijo que habría que analizar el contexto en que se dé esta declaratoria para que el antiguo Lago de Texcoco sea declarado ANP.

“De entrada, si vemos el deterioro ambiental en la cuenca del Valle de México y que se carece de este tipo de espacios, es una buena noticia porque la Zona Metropolitana de la Ciudad de México carece de planeación urbana y desde esa óptica es una buena noticia”.

El gran problema es que hay el riesgo de que, como ocurre con otras áreas protegidas, sólo se quede en una declaración de papel, sin recursos, que más bien busca blindar la zona para que futuros gobiernos no puedan revivir el proyecto del aeropuerto, indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como informe falso y tendencioso la tercera entrega del informe de la cuenta pública 2019 sobre la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el Lago de Texcoco, y aseguró que esto causó daño y dieron elementos a sus adversarios para atacar al gobierno federal.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que los opositores a su gobierno buscan mantener el régimen de la corrupción que imperaba antes de que llegara a la Presidencia de la República.

“Ayer les comentaba que causó daño el que la Auditoría Superior de la Federación diera a conocer un informe falso, tendencioso sobre la administración del gobierno que represento, en particular lo del costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, hicieron una cuenta equivocada, aunque aceptaron el error, pues sí causa daño y dan un elementos a nuestros adversarios, a la oposición, a los conservadores, a los que quieren mantener el régimen de corrupción, que imperaba antes de que llegáramos a gobernar".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario indicó que de 1983 a 2018 es el periodo de corrupción más importante que ha habido en la historia de México.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el costo real por cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será de 331 mil 996 millones de pesos, lo cual significa un incremento de 231 por ciento, respecto a lo estimado por el gobierno federal. 

En la tercera entrega de la cuenta pública, la ASF señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había estimado una cifra de 100 mil millones de pesos, sin embargo, no consideró todos los gastos. 

Esta cifra de "la dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados", detalló. 

La ASF especificó que del total del monto, 163 mil 540 millones de pesos corresponden a los costos no recuperables de inversión en el periodo 2014-2018 y 168 mil 455 millones de pesos por obligaciones pendientes. 

Asimismo, la Auditoria señaló que costo total de la cancelación podría incrementarse debido a que se encontró pendiente la liquidación de 70 por ciento del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto y se deberán pagar comisiones o intereses generados por los bonos en circulación pendientes de recompra.

El NAIM fue un proyecto lanzado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, con el arribo de la administración de Andrés Manuel López Obrador se decidió cancelarlo por diversas deficiencias. La cifra total de la cancelación es seis veces del presupuesto que tenía contemplado el gobierno federal con la extinción de los fideicomisos.