Un tribunal federal confirmó el amparo concedido al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, para que la Fiscalía General de la República (FGR) le responda si puede o no tener acceso a la carpeta de investigación por el caso Agronitrogenados.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México confirmó el amparo concedido a Lozoya por el juez Octavo de Distrito en la materia con el que pretende que la FGR le entregue los registros que forman parte de la carpeta de investigación iniciada en su contra con número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/000289/2019.

En dicha carpeta se le investiga como supuesto responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

Desde el 30 de mayo y el 11 de junio de 2019, Lozoya presentó dos escritos ante la FGR mismos que no fueron respondidos por dicho organismo. Contra esto tramitó el amparo en el que el ministerio público federal informó que el exfuncionario no forma parte en la carpeta de investigación debido a que no tiene reconocido algún carácter razón por la que no está obligado a responder sus escritos.

La juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal evocó el derecho de petición y ordenó a la FGR responder los escritos de Lozoya.

Contra esta resolución la FGR impugnó y el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal declaró firme la determinación de la juez.

"El agente del Ministerio Público parte de un supuesto equivocado, en tanto quiere hacer depender la emisión de la respuesta que debe darse a las peticiones del quejoso, en términos del artículo 8 constitucional, de la calidad que dicha parte tiene en la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal de donde deriva el acto reclamado, o bien, de la supuesta improcedencia de lo que se solicita, cuando esas circunstancias, como ya se dijo, no pueden ni deben ser relevantes para incumplir con el derecho de petición", indicó el Colegiado.

En consecuencia, la FGR ya no cuenta con otro recurso para evitar responder a Lozoya, por lo que deberá hacerlo.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tiene este martes una nueva cita ante un juez de Control del Reclusorio Norte, ahora por el caso Odebrecht.

Se trata de la audiencia intermedia programada para las 10:00 de la mañana, en la que una vez más la Fiscalía General de la República (FGR) tratará de imputar al exfuncionario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Será en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y estará dirigida por el juez Gerardo Alarcón López, quien desde diciembre asumió el caso en sustitución de la juez Verónica Gutiérrez Fuentes.

A solicitud de los abogados de Lozoya Austin, en noviembre del año pasado, se aplazó la diligencia de hoy, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no les había entregado cuatro discos con interrogatorios videograbados y dictámenes periciales consistentes en contabilidad y derecho extranjero.

Cabe recordar que Emilio Lozoya Austin ofrece a Pemex 7.3 millones de dólares para llegar a un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, en el caso Odebrecht, del que está acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña por más de 10 millones de dólares.

"No se celebró la audiencia porque falta que la Fiscalía General de la República, entregue parte del descubrimiento probatorio y también nosotros tenemos dos dictámenes periciales pendientes por entregar a la Fiscalía”, mencionó el abogado Miguel Ontiveros Alonso.

Se prevé que en la audiencia de este martes, la Fiscalía General de la República haga la imputación formal contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

Existe la posibilidad de que la audiencia se difiera, como ocurrió con la del caso Agronitrogenados en la que también está acusado Lozoya Austin.

Un tribunal federal otorgó un amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sentencia que ordena dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. 

La sentencia de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, no ordena la inmediata libertad de Emilio Lozoya, sino que se estudie otra vez el caso y se emita un nuevo pronunciamiento en cualquier sentido. 

Este es el único caso que mantiene al ex funcionario en el penal del reclusorio Norte, en la Ciudad de México. 

Desde hace meses, Lozoya busca recuperar su libertad para continuar enfrentando el asunto donde se le presume responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. 

Rodríguez Escobar determinó que se cometieron violaciones formales de fundamentación y motivación en la resolución dictada por Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien resolvió un recurso de apelación.

El 8 de abril del presente año, Porras Odriozola confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada el pasado 26 de enero por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza. 

Ahora, la magistrada del Tercer Tribunal Unitario deberá contestar cada uno de los argumentos que la defensa realizó y que ella no respondió. 

También debe valorar lo expuesto por la defensa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Emilio Lozoya podría tener acceso a 2 millones de euros de la empresa JF Holding, de la cual es accionista, recursos que le facilitarían evadir la justicia. 

Los abogados refutaron el argumento al mencionar que dichos recursos fueron depositados hace siete años y no hay un elemento que acredite que ese dinero aún exista. 

Asimismo, debe responder a lo señalado por la defensa en el sentido de que el ex director de la paraestatal había comparecido en todo momento en el procedimiento penal; y tiene que justificar por qué el estado procesal se considera como una variación objetiva que justifica la modificación de la medida cautelar. 

Una vez subsanado lo anterior, deberá emitir un nuevo pronunciamiento con libertad de jurisdicción. 

En el recurso de apelación, la defensa de Lozoya Austin mencionó que fue incorrecta la aplicación del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte del juez Artemio Zúñiga. 

Que el juez de control desatendió lo establecido en los artículos 161 y 167 del CNPP, al decretar el cambio de medida cautelar con base en las motivaciones que justificaron la imposición de medidas cautelares en la audiencia inicial, es decir, cuando a Emilio Lozoya se le permitió enfrentar el proceso en libertad y sólo se le obligó a no salir del país y a firmar periódicamente.

 La magistrada debe estudiar lo expuesto por el juez de control, quien destacó que la relación de Emilio Lozoya con su esposa Marielle Helene Eckes, de nacionalidad alemana, permitiría sustraerse de la justicia. 

Es de mencionar que la FGR agregó que Emilio Lozoya cuenta con capacidad económica para salir del país y permanecer oculto; que su padre Emilio Lozoya Thalmann, tiene contactos con personas de alto nivel porque formó parte del Gobierno Federal. 

Igualmente, que el ex funcionario tiene “poco pudor procesal”, porque cuando gozaba de libertad, fue exhibido cuando se encontraba acompañado de diversas personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. 

Finalmente, el Ministerio Público Federal detalló que la necesidad de cautela se justifica con el máximo de las penas que se le pueden imponer tras recibir una sentencia. 

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La audiencia programada para este martes en la que se definiría el criterio de oportunidad que Emilio Lozoya solicitó para librar la acusación del caso Odebrecht fue aplazada hasta nuevo aviso.

Fuentes federales confirmaron que la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó al juez José Artemio Zúñiga reprogramar la diligencia de hoy en la que se tenía previsto que la Fiscalía General de la República (FGR) acepte otorgarle el criterio de oportunidad que Lozoya solicitó desde el año 2020 cuando fue extraditado de España.

Con este criterio, Lozoya buscaba recuperar su libertad.

Como parte del criterio de oportunidad que solicitó, Lozoya denunció a 70 personas por supuestos actos de corrupción y ha colaborado con la FGR para integrar las investigaciones en su contra.

Sin embargo, la FGR no había concretado nada porque faltaba que Lozoya garantizara la reparación del daño por los supuestos sobornos que recibió de Odebrecht para beneficiarla con contratos de obra pública cuando era director de Pemex.

Para esta audiencia, Lozoya había ofrecido 7 millones 385 mil dólares por concepto de reparación del daño y 3 millones 400 mil dólares más por el caso Agronitrogenados y con ello buscaba que la FGR solicitara la suspensión de sus procesos para recuperar su libertad.

Ayer se realizó una audiencia en el caso Agronitrogenados en la que se tenía previsto que Lozoya y Pemex firmaran un acuerdo reparatorio pero de último minuto la petrolera alegó que faltaba documentación y pidió aplazar por dos semanas la diligencia.

El juez Zúñiga concedió la petición pero no fijó nueva fecha.

Actualmente Emilio Lozoya permanece sujeto a prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht en el que está vinculado a proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero.

En el caso Agronitrogenados logró revertir esta medida a través de un amparo, por lo que si lograba hoy concretar el criterio de oportunidad en Odebrecht podía salir de la cárcel, lo que ya no ocurrirá.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como legal, pero inmoral, una imprudencia y una provocación la aparición pública de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y acusado en el caso Odebrecht, este sábado en el lujoso restaurante Hunan, ubicado en las Lomas de Chapultepec.

"Ojalá que la Fiscalía informe sobre este asunto", dijo el presidente López Obrador en respuesta a las imágenes del fin de semana sobre Emilio Lozoya, extitular de Pemex, visto en un restaurante pese a enfrentar procesos judiciales.

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— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 11, 2021

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo confió en que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre este asunto y reiteró su confianza sobre el fiscal Alejandro Gertz Manero para que antes de 2024, antes de que termine su sexenio, haya justicia sobre este caso.

“Yo creo que es legal, pero es inmoral, el que se den estas cosas, es una impudencia para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido -se le llama de otra manera, pero eso es una gente que está recibiendo un trato especial- porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo, en el sexenio anterior, incluso desde Calderón.

“Ojalá y la fiscalía informe, sobre este asunto. Tengo confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero y espero que alcance el tiempo y se haga justicia como todos los mexicanos exigen la ley. Tiene que haber justicia pronta, expedita, pero yo espero que la Fiscalía informe cómo va el juicio”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifiesto que, pese a que es legal, esta aparición del extitular de Pemex produce indignación en la población el que Lozoya Austin haya sido captado comiendo en este restaurante porque “se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México”.

Este sábado, la periodista Lourdes Mendoza publicó en redes sociales una serie de fotografías de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y quien mantiene actualmente un proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según la versión de Mendoza, el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto aparece así en una cena en un lujoso restaurante de las Lomas de nombre Hunan, ubicado sobre Paseo de la Reforma.

"Fui personalmente y lo agarré departiendo", cuenta la periodista a EL UNIVERSAL. "Mis fotos tienen fecha y hora", asegura, al señalar el 9 de octubre a las 19:57 horas como el momento de la captura de las imágenes.

Por desvío de recursos públicos y lavado por más de 3 mil millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó otra denuncia contra Emilio Lozoya.

La acusación se hizo ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) y es la sexta contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien este fin de semana cumplió un año de haber llegado a México después de ser extraditado de España, sin que hasta el momento haya pisado un juzgado o la cárcel.

El organismo que encabeza Santiago Nieto Castillo informó que además de Lozoya Austin fueron denunciadas 11 personas físicas y 33 personas morales, por los probables delitos de corrupción política, desvío de recursos públicos y lavado durante la gestión del exfuncionario al frente de Pemex.

La unidad de inteligencia identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante el periodo de 2012 a 2016, por medio de contratos otorgados a 34 compañías relacionadas con la empresa brasileña Odebrecht, por cantidades millonarias de dinero que se integraron en tres niveles de operación “para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas”, señala.

El organismo dependiente de Hacienda también reveló que en el primer nivel de operaciones las empresas fueron las receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex, así como por organismos gubernamentales, de forma injustificada, se precisa.

Las compañías mencionadas tenían relación directa con Odebrecht a través de diversos vínculos corporativos, financieros y/o comerciales.

Una de ellas registró, de 2014 a 2016, transferencias por más de 3 mil millones de pesos supuestamente por concepto de pagos por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal; sin embargo, dichos servicios no fueron realizados, por lo que el organismo dirigido por Nieto Castillo sospecha que posiblemente la empresa fue parte de la mecánica de las operaciones fraudulentas.

En un segundo grupo de la operación, las compañías recibieron los recursos del primer grupo y se encargaron de transacccionarlos y estratificarlos mediante un esquema de triangulación, para posteriormente enviarlos a empresas con características de fachada.

Estas empresas fantasma se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo procesos electorales, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la capital.

Al respecto, la UIF señaló que la Ciudad de México “pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos” a favor de Lozoya Austin.

La audiencia de desahogo de pruebas estaba programada para la semana pasada, pero el exdirector de Pemex solicitó a la Fiscalía General de la República una prórroga de 30 días para comparecer ante el juez de Control, ya que argumentó que aún no cuenta con información para su defensa sobre operaciones bancarias en Alemania y Suiza, las cuales están relacionadas con los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados.

La fiscalía le concedió el aplazamiento de la audiencia ante el juzgado con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, por lo que será reprogramada para agosto.

Como parte del criterio de oportunidad al que se acogió Lozoya Austin, continúa entregando pruebas a la FGR para que el beneficio no únicamente lo alcance a él, sino a su esposa, Marielle Helene Eckes; su hermana, Gilda Susana Lozoya, y su mamá Gilda Margarita Austin (sujeta a prisión preventiva domiciliaria), quienes supuestamente están involucradas en las triangulaciones financieras irregulares.

Lozoya fue detenido en España el 12 de febrero de 2020 y extraditado a México el 17 de julio siguiente, acusado de un presunto fraude por 280 millones de dólares en la compra de la planta Agro Nitrogenados y por haber recibido por lo menos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.