Juan David "N", detenido la noche del lunes como presunto integrante del cártel "Guerreros Unidos", asociados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tenía una plaza de confianza en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Este martes trascendió el vínculo laboral del detenido con la comuna capitalina y hasta este miércoles el Gobierno de Cuernavaca emitió un comunicado para informar que Juan "N" "ingresó el 1 de enero del 2019 como director del Organismo Desconcentrado Inhumaciones 'La Paz' y causó baja de la institución el 30 de marzo del año en curso".

Sin embargo, datos de la nómina del Ayuntamiento de Cuernavaca consideran el salario de Juan David "N" correspondiente a la primera quincena de abril; es decir, estaría activo hasta el momento de su aprehensión. En su comunicado el Ayuntamiento de Cuernavaca, gobernado por el edil Francisco Antonio Villalobos Adán (Morena), se subraya que respecto a la situación jurídica del detenido, será la autoridad competente quien determine lo que en derecho corresponda.

"El Ayuntamiento de Cuernavaca se declara respetuoso de las instituciones y dispuesto a colaborar con las instancias correspondientes, cuando así lo soliciten", se cita en el comunicado y reconoce el trabajo interinstitucional de las corporaciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Juan David "N" fue detenido junto con Crispín Gaspar "N", identificado como uno de los principales operadores del cártel "Guerreros Unidos", asociados al CJNG, así como Ángel "N", alias "El Chaleco" y Juan "N", alias "El Banda". Todos están señalados como presuntos responsables en la distribución de estupefacientes en la zona metropolitana y región sur de la entidad.

La detención del trabajador de Cuernavaca por presuntos nexos con la delincuencia organizada se suma al caso registrado en octubre de 2019, cuando tomaron protesta como secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) a Norberto Vigueras Beltrán, un jefe policiaco excolaborador de Genaro García Luna. La designación formal se realizó en las oficinas de la SSC el 16 de octubre pasado, pero el mando policial nunca operó a pesar de que el nombramiento fue divulgado por el Ayuntamiento a través de un boletín acompañado de fotos.

En esa ocasión, el alcalde Villalobos afirmó que la información fue falsa, producto de un hackeo a sus cuentas oficiales de redes sociales, pero el boletín 364, fechado el 16 de octubre de 2019, se informa que el nuevo titular de la SSC sustituiría al encargado de despacho Juan David Juárez López.

"Se trata del abogado Norberto Vigueras Beltrán, con amplia trayectoria policial en la Procuraduría General de la República y la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la que fue Delegado Regional en los estados de Durango, Hidalgo, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa", citó el boletín del Ayuntamiento.

Este jueves 79 municipios de Guerrero cambiaron de gobierno. Muchos de los nuevos alcaldes comenzaron su gobierno de forma atropellada: sin entrega-recepción, sin dinero para pagos de salarios, aguinaldos y prestaciones, deudas con proveedores y servicios públicos colapsados. Además, con amenazas de grupos del crimen organizado.

El miércoles, en Iguala fue hallado un automóvil con cuatro cadáveres frente a lo que fue la casa de campaña del ahora alcalde, el priista David Gama Pérez. Posteriormente circuló un video en el que presuntos integrantes de la organización criminal Los Tlacos torturan a 15 hombres y lanzan amenazas a un sujeto identificado como Chucho Brito, presunto líder del grupo La Bandera y a quien relacionan con Gama Pérez.

En las tomas de posesión, el común denominador fue la queja de los nuevos alcaldes por la forma en que recibieron las administraciones.

En Acapulco, donde la noche del miércoles fue incendiada la discoteca Baby’O, la nueva alcaldesa, la morenista Abelina López Rodríguez, no hizo mención del hecho delictivo, sólo reclamó falta de información y de dinero de la administración saliente.

En Chilpancingo asumió la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, quien recibió el ayuntamiento tomado por trabajadores que exigen pagos atrasados.

El alcalde de Petatlán, Javier Aguilar (PRI), denunció que no tiene acceso a las cuentas bancarias.