Paramédicos de la Cruz Roja fueron agredidos a golpes y con su vehículo, por familiares de un paciente con síntomas de Covid-19, que falleció antes de llegar a un hospital en la ciudad de Toluca, a donde exigieron fuera trasladado pese a la lejanía y rechazaron su traslado al hospital general de Naucalpan, donde había disponibilidad de atención, informaron directivos de la delegación Estado de México de la Cruz Roja Mexicana.

Al rechazar cualquier forma de violencia directivos de la delegación mexiquense de la Cruz Roja condenó “el ataque sufrido por nuestro personal paramédico de la delegación local Huixquilucan, durante la atención y traslado de un paciente sospechoso de Covid-19 que falleció en el trayecto a un hospital de Toluca”.

La madrugada de este 20 de mayo, paramédicos de la Cruz Roja de Huixquilucan acudió en la ambulancia MEX-709, a atender una llamada de auxilio “en la que se reportó a una persona con insuficiencia respiratoria en la colonia San Melchor”, de la cabecera municipal de Huixquilucan.

“Previo protocolo telefónico, se determinó que existían síntomas suficientes para sospechar infección por coronavirus SARS-CoV-2, por lo que los paramédicos se prepararon con el equipo de bioseguridad requerido para la atención del paciente, sin riesgo sanitario para ellos”, informó personal de la delegación mexiquense.

Al llegar al domicilio donde se solicitó el auxilio, los técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja Mexicana comprobaron que el pacientes, un hombre de 53 años de edad con insuficiencia respiratoria, requería atención médica especializada y verificaron la disposición de camas en el centro médico más cercano, sobre lo cual fueron informados que el paciente podría ser recibido en el Hospital General de Naucalpan.

“Los familiares del paciente se opusieron rotundamente al traslado a Naucalpan y con agresiones verbales y amenazas exigieron que fuera llevado al Centro Médico “Adolfo López Mateos” de la ciudad de Toluca, sin importarles la gravedad de salud, la lejanía, el tiempo de recorrido y que no hubiera una confirmación de recepción por parte del Centro Regulador de Hospitales la Secretaría de Salud del Estado de México”, indicaron voceros.

Durante “el trayecto, la persona que acompañaba al enfermo a bordo de la ambulancia hostigó en todo momento al paramédico que atendía al paciente, mientras que quienes viajaban en otros vehículos, escoltando a la ambulancia, agredieron a la unidad de Cruz Roja, impactándola en repetidas ocasiones por la parte posterior, emparejándosele y exigiendo a gritos que aceleraran más”, relataron.

Los paramédicos explicaron de distintas maneras a las personas involucradas que la ambulancia tiene un límite de velocidad, por razones de seguridad, pues el peso del equipamiento podría provocar una volcadura. Sin embargo los familiares del paciente siguieron agrediendo al personal y la unidad de esta institución.

“Poco antes de llegar al Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, el paciente entró en paro respiratorio, y, a pesar de distintas maniobras de reanimación, éste perdió la vida”, informaron voceros de la Cruz Roja.

La ambulancia se detuvo en la rampa de ambulancias del hospital Nicolás San Juan y los sujetos que acompañaban al paciente se fueron a golpes en contra de los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, principalmente contra el operador que a gritos lo responsabilizaban del deceso y le causaron diversas lesiones.

Cruz Roja Mexicana reiteró su condena a este tipo de agresiones al personal de la delegación local Huixquilucan, quienes ya reciben atención médica en el hospital de la Delegación Toluca, por las lesiones provocadas en el violento ataque físico.

“Esta institución hace un respetuoso pero enérgico llamado a toda la población para mantener la ecuanimidad, permitir que los técnicos en urgencias médicas, médicos y enfermeras de Cruz Roja Mexicana realicen su trabajo con la calidad y profesionalismo que les distingue, sobre todo en las extremas condiciones sanitarias que hoy enfrenta el país por la pandemia de Covid-19, y se reserva el derecho de actuar legalmente, en estricto apego a Derecho, en contra de quienes agredieron y pusieron en riesgo la vida de nuestros compañeros”, señalaron.

Como lo anunció el Secretario General de la Sección 64 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, delegación Ensenada, Samuel Mujica Fabián, hoy, a partir de las 11:30 de la mañana iniciaron con la denominada Asamblea Informativa buscando que se establezca el dialogo con la autoridad estatal.

Explicó que son más de 6 millones de pesos los que le adeuda el gobierno estatal a cerca de 600 trabajadores, bajo la excusa de que no cumplieron con lo establecido en el contrato para acceder al bono de puntualidad y asistencia.

“No es posible que en la Secretaría de Salud, le quiten el bono de puntualidad y asistencia a los compañeros que se enfermaron de Covid-19 y por ello no pudieron asistir a sus labores, cuando exponen constantemente su vida por la vida de la sociedad, es injusto, es inhumano y estamos muy conscientes de que la gobernadora seguramente no está al tanto” dijo.

Explicó que el paro se extenderá a todo el Estado de no encontrar la conciliación, dijo tener esperanza en que Marina del Pilar Ávila Olmeda, entienda la sensibilidad de la situación y determine revertir la decisión de la Secretaría de Salud.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el incremento a las sanciones contra quienes agredan a los policías de la Ciudad de México durante el cumplimiento de su deber. Durante la sesión de este jueves el Pleno de la Corte inició la discusión sobre diversas reformas al Código Penal de la CDMX y la Ley de Cultura Cívica mismas que fueron impugnadas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

En el primer punto analizado los ministros avalaron por unanimidad el agravante a las sanciones contra quien agreda a un policía o trabajador administrativo de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de la CDMX. "La seguridad pública es una función del Estado para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas así como contribuir a la generación del orden público y la paz social.

"Es razonable que se haya impuesto una sanción mayor para el caso de que la víctima de homicidio o lesiones sea miembro de alguna institución de seguridad ciudadana en ejercicio o con motivo de sus funciones", señaló la ministra ponente, Yasmin Esquivel Mossa.

El siguiente punto a analizar fueron las sanciones contra los empleados bancarios que colaboren al robo a cuentahabientes a quienes se les aplicarían las mismas penas que reciben las personas que ejecutan materialmente el asalto. La ministra Esquivel propuso la validez de esta reforma y aunque seis ministros se opusieron, no fue suficiente para declarar la invalidez, por lo que permanecerá vigente. La Corte no concluyó la discusión de la acción de inconstitucionalidad, por lo que la próxima semana los ministros abordarán las penas que se prevén contra servidores públicos o ex integrantes de alguna corporación de seguridad que cometan extorsión.

Fueron sorprendidos cobardemente por sujetos no identificados. Hace unos minutos, se registró una agresión en contra de dos paramédicos de la Cruz Roja delegación Rosarito, se trata de un paramédico hombre y una mujer, los cuales se encontraban saliendo de su guardia de la zona Norte, muy cerca del C4.

La información preeliminar, indica que se recibió un reporte por medio de la frecuencia de Cruz Roja, solicitando apoyo en una de sus bases, ya que manifestaban que dos sujetos encapuchados, se acercaron al lugar y sin motivo aparente comenzaron a golpearlos, mientras se encontraba a bordo de una ambulancia al estar haciendo guardia. 

Uno de los paramédicos en un acto valiente, sigue a sus agresores por todo el boulevard Sharp, grabando parte de lo ocurrido.

Se desconoce la razón de la agresión en contra del personal de Cruz Roja.

Esto sucede a unas horas de que el presidente de la Cruz Roja en Rosarito diera a conocer diferencias con autoridades municipales.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad un dictamen para agravar las sanciones con penas de hasta 4 años y medio, de prisión y multas de 26 mil pesos, a las personas que durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 agredan a personal de la salud.

En la sesión de este miércoles la iniciativa fue presentada por el diputado Gerardo Peña Flores, presidente de la Junta de Coordinación Política. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Peña presentó el documento con reformas que agravan las sanciones a las conductas de quienes menoscaben los derechos humanos o nieguen un servicio o prestación al personal médico y de salud. El Pleno Legislativo apoyó las reformas al Código Penal.

El diputado Félix Fernando García Aguiar mencionó que es necesario contar con la más amplia protección jurídica para las personas que están al cuidado de la salud de la ciudadanía, "específicamente ahora que nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria". Dijo que si bien es cierto, la mayoría de la sociedad reconoce y apoya el esfuerzo de quienes realizan labores en materia de salud, se busca contar con una legislación acorde a la realidad social que se vive, por lo que con estas acciones se hará frente a la problemática, sancionando a quien materialice dichas conductas, tal como se ha establecido en otros Estados. "Desde esta tribuna se reconoce a las personas que se desempeñan en el campo de la salud con los riesgos de poder contraer este virus, en medio de las contingencia que se vive", enfatizó.

Los ataques contra los trabajadores de la salud no solo son físicos, sino también virtuales, pues a través de redes sociales como facebook personas expresan su odio contra médicos y enfermeros.

''Haz patria y mata a un doctor'', es uno de los mensajes que se pueden leer.

También hay quienes piensan que son un foco de infección solo por usar su uniforme.

Otros prefieren escupirles.

Así mismo muchos critican los cobros que algunos médicos hacen.

¿Usted qué opina?