Por temor al coronavirus Covid-19, la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles, solicitó llevar su proceso en libertad pero, por cuarta ocasión, un juez federal le negó la petición.

El juez de control, Alejandro Villar, desestimó los argumentos de la defensa de la ex funcionaria que alegó que la alcaldía Iztapalapa, donde se encuentra el penal femenil de Santa Martha, en el que permanece recluida, es una de las que más contagios por Covid-19 registra en la Ciudad de México.

En la petición de revisión de medida cautelar "urgente", la defensa de Robles añadió que su vida y su salud están en grave riesgo.

Sin embargo, el juez reiteró que Robles representa un riesgo de fuga, por lo que negó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a la que está sujeta.

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles negó que exista una nueva orden de aprehensión en contra de la exfuncionaria y señaló que las acusaciones de la UIF sobre un retiro ‘fast track’ de recursos por 16 millones 385 mil 899.84 pesos "no es una acusación nueva".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radiofórmula, Epigmenio Mendieta indicó que no han sido notificados de la última orden de aprehensión en contra de la ex titular de Sedesol y Sedatu.

"No hemos sido notificados de esta orden de aprehensión, en todo caso queda como un trascendido… formalmente no hay en la ley un término para el cumplimiento de esta orden de aprehensión, de tal manera que nosotros estaremos al pendiente en el transcurso de esta semana y si no se notifica, entonces empezaremos con las acciones legales para el efecto de que seamos formalmente notificados".

Respecto al documento que circuló hace unos días sobre una supuesta orden de aprehensión contra Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, el abogado argumentó que la difusión tiene que ver con "interes mediático" de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero.

"Esa información obra en dos dependencias, o está en la Fiscalía General de la República, que es a quien le entregaron el mandamiento judicial o está, efectivamente en el juzgado de control que emitió la orden, simplemente es darse cuenta a quién le interesaría mediáticamente que se dé a conocer ésta información a manera de trascendido, eso con la finalidad de influir en las dos resoluciones que están pendientes de dictarse. Una, el amparo que está por resolverse en contra de la medida cautelar y dos, el sobreseimiento… finalmente es darse cuenta a quien le interesa que esa información se difundiera de esa manera y no se ejecute".

Acusaciones de la UIF no es información nueva

Respecto a la nota que publicó El Universal sobre las acusaciones que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, en las que señala a Rosario Robles de retirar y dispersar en un solo día recursos por 16 millones 385 mil 899.84 de pesos dentro de la llamada "Estafa Maestra", el abogado señaló que dicha información "no es nueva".

"Esa información no es nueva, ya la conocemos desde el año pasado y efectivamente, quien hace el pago derivado de estos convenios es, en su caso, Sedesol, el dinero se entrega mediante el trámite correspondiente por la Oficialía Mayor a las universidades y éstas son las que se encargan de transferir estos recursos a una empresa y ésta empres se encarga después de hacer subcontrataciones o en su caso, entregarlas a cuentas de particulares".

Por último, afirmó que la responsabilidad de Sedesol termina cuando le entrega el recurso a los particulares.

"Este trámite está documentado hace mucho, pero lo que no ha hecho la UIF ni la Fiscalía es dar con el paradero de las personas que se presentaron en ventanilla o con los titulares de esas cuentas, pero sobre todo, particularmente, de manera muy particular, en el caso de quien ya se detectó y el dinero se quedó en sus cuentas y es el caso de los hermanos Zebadúa a los que sí tienen perfectamente identificados".

Por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con fuentes del gobierno federal, este viernes le será cumplimentada la orden de detención en la cárcel de Santa Martha Acatitla, por los mencionados delitos; el de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.

El pasado 27 de octubre, Un juez federal determinó que el proceso penal contra Rosario Robles por la Estafa maestra debe continuar, con lo que fracasó en su reciente intento por recuperar su libertad.

Durante una audiencia que se celebró ayer, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos negó la petición de la defensa de Robles Berlanga que buscaba anular la acusación por ejercicio indebido del servicio público por la que desde hace 14 meses permanece vinculada a proceso y en prisión.

a defensa solicitó el sobreseimiento de la causa penal bajo el argumento de que el delito por el que Robles Berlanga está acusada no debe ser perseguido penalmente sino mediante un procedimiento administrativo.

En la audiencia que duró ocho horas, la defensa expuso con diapositivas por qué considera que el tipo penal de ejercicio indebido del servicio público ya está derogado.

Una juez federal otorgó suspensión definitiva a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, contra la prisión preventiva que se le impuso por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la Estafa Maestra.

No obstante, la determinación de la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Dolores Núñez Solorio, no deriva en que la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano vaya a salir del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra presa desde hace más de un año.

La juez Núñez Solorio determinará, al resolver el juicio de amparo, si modifica la medida cautelar que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, con el fin de que pueda seguir en libertad su proceso, lo que podría resolverse en noviembre próximo.

Asimismo, la juez rechazó conceder la suspensión definitiva a la ex titular de la Sedatu, quien impugnó la constitucionalidad del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, la edad que deben de tener para enfrentar su proceso en libertad es de 70 años.

La juez señaló que dicha ley ya tuvo su proceso y se discutió, por lo que está vigente y no se puede suspender.

 La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció testimonio de 57 servidores y exservidores públicos para que declaren en contra de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, por el caso de la "Estafa Maestra".

En el escrito de acusación que la FGR presentó ayer martes ante el centro de justicia penal federal del Reclusorio Sur contra Robles, por ejercicio indebido del servicio público, que supuestamente cometió con dolo, la exfuncionaria es señalada de permitir un daño al erario por 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos, debido a que, como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), no hizo nada para evitar la "Estafa Maestra".

Por ello, la FGR solicitó como reparación de daño que Robles pague el total del desvío que se provocó en este caso, es decir, 5 mil 73 millones 358 mil 846.25 pesos.

Además de solicitar una pena de 21 años de prisión en contra de la exfuncionaria, la FGR pidió que se imponga multa de 3 millones 561 mil 300 pesos.

Los testimonios que ofreció la Fiscalía se tratan de funcionarios y exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedesol, Sedatu y policías federales y ministeriales.

La acusación incluye el ofrecimiento de una sola prueba pericial en materia de contabilidad para acreditar los únicos dos hechos en los que la Fiscalía basó el proceso.

En la parte final de documento, la FGR informó al juez que hasta el momento la defensa de Robles no se ha acercado a negociar alguna determinación anticipada, como puede ser el procedimiento abreviado.

Señaló que la FGR está abierta a dialogar, tanto con la defensa como con la parte ofendida, es decir la ASF, para el caso de que Robles busque una negociación.

El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ordenó a las autoridades del penal de Santa Martha Acatitla practicar estudios médicos a Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para descartar que tiene Covid-19.

Fuentes federales confirmaron que la Fiscalía General de la República (FGR) formuló acusación en su contra para continuar con su proceso.

En cumplimiento a una suspensión provisional que le fue concedida a la ex funcionaria, el juez Delgadillo Padierna, en su carácter de administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, emitió un oficio en el que ordenó salvaguardar la integridad física y la salud de la quejosa.

"Emplear los recursos que tenga a su alcance para garantizar la sanitización/desinfección del dormitorio de María del Rosario Robles Berlanga y practicar los estudios médicos necesarios a fin de descartar que se encuentra enferma de Covid-19", señaló el juez administrador.

La suspensión de la que derivó dicha orden fue concedida por el juez Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en el juicio con el que impugnó la negativa a revisar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que está sujeta.

Con este juicio, Robles Berlanga busca que se le conceda la posibilidad de llevar su proceso por ejercicio indebido del servicio público ya sea en prisión domiciliaria o en libertad condicional.

EL UNIVERSAL informó que el juicio fue admitido el pasado 10 de agosto y con la suspensión provisional decretada, el juez de amparo ordenó a Delgadillo Padierna implementar todas las medidas necesarias para que su estancia en el penal de Santa Martha esté apegado a los estándares internacionales y no ponga en riesgo su salud, mientras se resuelve el juicio de garantías.

Según el oficio 3390/2020 del 14 de agosto pasado, Delgadillo Padierna emitió las medidas para proteger a la ex funcionaria cuyo cumplimiento deben informar las autoridades del penal de Santa Martha para que el juzgador las haga saber, a su vez, al juez de amparo.

"Brindar a María del Rosario Robles Berlanga, la atención médica eficiente y necesaria; adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física y la salud de la quejosa", señaló.

"Tomar prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio con el virus Covid-19, además de implementar todas las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de la justiciable y, en consecuencia, su vida".

Además, el juez ordenó que en caso de que Rosario Robles sea considerada persona vulnerable al Covid-19, las autoridades del penal deberán velar para que permanezca alejada de personas con el virus.

"En el caso de que la quejosa se encuentre en un grupo vulnerable, vele para que no cohabite o se encuentre en contacto directo y permanente con personas diagnosticadas con el virus Covid-19 o cualquier otro que ponga en riesgo su salud y, en consecuencia, su vida".

El juicio de amparo tramitado por Robles no pone freno al procedimiento penal que se sigue en su contra por ejercicio indebido del servicio público, delito del que está acusada por supuestamente no hacer nada para evitar que sus subalternos en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cometieran irregularidades para ejecutar un desvío millonario en ambas dependencias que se conoce como la "Estafa Maestra".

De hecho, luego de que el juez Delgadillo Padierna informó a la defensa que la última prórroga que solicitó para el término de investigación complementaria había concluido, Robles descartó requerir una nueva ampliación.

Por el contrario, solicitó al juez requerir a la Fiscalía General de la República para que formule su acusación e inicie la etapa intermedia del proceso.

El juez requirió a la FGR y tiene hasta el próximo 26 de agosto para formular su acusación con lo que Robles y los fiscales podrán presentar sus pruebas y con esto se estará en posibilidad de iniciar la etapa de juicio.

De acuerdo con las reglas del sistema penal acusatorio esta etapa no podrá ser conocida por el juez Delgadillo Padierna debido a que, además de ser juez administrador, el Código Nacional de Procedimientos Penales prohíbe a los juzgadores que ya intervinieron en alguna etapa del procedimiento antes de la audiencia de juicio formar parte del tribunal de enjuiciamiento que conocerá de esta fase.