Para nadie es ya un secreto que el Poder Ejecutivo posee una gran capacidad para redireccionar a voluntad el gasto público después de que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es aprobado por la Cámara de Diputados. Gracias a un andamiaje legal que anula de jure y de facto a los legisladores durante la ejecución del gasto público mediante las adecuaciones presupuestarias, el presidente mexicano posee uno de los poderes presupuestarios con menos contrapesos y controles de los que existen en cualquier otra democracia del mundo.

La mejor evidencia de ello se encuentra en el análisis de la CUENTA PÚBLICA, que es el documento que cada 30 de abril entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los diputados y que detalla cómo gastó realmente el gobierno durante el año previo. Su inspección detallada corresponde legalmente a los legisladores y, en particular, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que realiza el proceso de fiscalización para vigilar el ejercicio de los recursos públicos. Las conclusiones finales de cómo se gasto nuestro dinero no se conocerán sino hasta febrero del próximo año pero, en aras de la transparencia y rendición de cuentas, juzgamos indispensable que la ciudadanía conozca desde ya algunos de los hallazgos principales.

El primer elemento a destacar es que en 2019 se rompió una costumbre: el gasto total fue inferior a lo que había sido considerado en el PEF. A diferencia de años anteriores, en los que el gasto real siempre terminaba superando lo que había sido planificado, en 2019 fue la primera ocasión en que hubo una diferencia negativa de 23,618 millones de pesos, equivalente a -0.4% de lo presupuestado. Más que una decisión voluntaria, este hecho se encuentra profundamente relacionado con un pobre desempeño económico en 2019, evidente en la contracción de 0.1% en el PIB, y que llevó a una caída de los ingresos del gobierno. Este desplome llevó incluso a que el gobierno tuviera que echar mano de 43% DE LOS AHORROS PRESENTES EN EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS. El PEF de 2019 estimaba un gasto superior al de 2018. Sin embargo, terminó siendo inferior por la vía de la realidad económica adversa.

La segunda observación importante es que, a pesar de que el gasto total se redujo, eso no significa que todas las áreas, programas y proyectos del gobierno sufrieran recortes. Por el contrario, la posibilidad de reasignar el presupuesto sin intervención legislativa implica que el Ejecutivo haga movimientos importantes de recursos para llevarlos a sus prioridades. Esta capacidad no es menor. La Cuenta Pública 2019 revela que, del presupuesto destinado al Poder Ejecutivo, por ejemplo, se llevaron 753,540 millones de pesos (equivalentes a 17% de su presupuesto) a destinos distintos a los establecidos en el PEF, además de que se gastaron en total 79,988 millones adicionales a los presupuestados. Para tener una dimensión del tamaño de estos movimientos, sirva de contraste que el presupuesto de todo el gobierno de la Ciudad de México para 2019 fue de 234 mil millones, es decir, el Poder Ejecutivo reasignó recursos equivalentes a más de tres veces el total de gasto público de la capital.

Para poder identificar las prioridades del gobierno, es necesario observar de manera simultánea a los ganadores y los perdedores de las reasignaciones. En el caso de 2019, fueron 10 las dependencias que sufrieron recortes adicionales a lo largo del año. Entre ellas destacan áreas tan importantes como LA SECRETARÍA DE SALUD (-1,472 MDP) o la Fiscalía General de la República (-318 mdp). En contraste, en la cima de las instituciones con un gasto adicional a lo presupuestado se encuentra la Secretaría de Energía, que recibió 101,096 millones de pesos adicionales, lo que significó un incremento de 371% con respecto a su presupuesto original.

Otra forma de ver las prioridades de las modificaciones es a través del análisis de los programas presupuestarios. Si se ordenan para identificar a los mayores ganadores y perdedores, es muy claro que el programa más importante fue la coordinación de la política energética en hidrocarburos (97,125 mdp adicionales), seguido de la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica (34,782 mdp) y los proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional (26,298 mdp). Hay que recordar que el Aeropuerto de Santa Lucía fue colocado en esta última categoría para evitar ser sujeto de controversia judicial, y que en el PEF este programa presupuestario sólo tenía 1,330 mdp pero terminó gastando 27,628 millones, un incremento de 1,977%. Por el contrario, es muy claro que el programa más afectado fue el Programa de Inclusión Social PROSPERA, que se encuentra en una especie de limbo entre la desaparición y la continuidad, ya que tenía asignados 68,540 millones de pesos en el PEF, pero al final de 2019 sólo ejerció 25,801 mdp; es decir, sufrió un recorte de 42,738 millones (62.4% de su presupuesto).

Este primer acercamiento a la Cuenta Pública muestra qué tan diferente puede terminar siendo el gasto público en comparación con lo originalmente establecido en el PEF. Los recortes ya hechos en el PEF pueden terminar haciéndose más profundos por la decisión del Ejecutivo o, por el contrario, rubros que no habían sido considerados por los legisladores acaban recibiendo muchos más recursos. Por eso es necesario continuar explorando y analizando a profundidad este documento.

En años anteriores fuimos testigos de cómo esta facultad fue utilizada para acrecentar gastos superfluos como la publicidad gubernamental o los servicios de viáticos, o para negociar políticamente, como se hacía con los recursos del ramo 23 (dicho sea de paso, en este año sólo se ejercieron 1.6% más recursos en este rubro, en contraste con los descomunales incrementos y casos de negociación política del sexenio anterior).

Hoy las prioridades del gobierno son otras, pero la práctica del uso discrecional de los recursos persiste. Los mecanismos utilizados siguen siendo los mismos: el Poder Ejecutivo sigue teniendo una amplia facultad para dar y quitar dinero a voluntad. Ante esta facultad a los legisladores no les queda más que el recurso de emitir una opinión. Esto, no hay que dejar de repetirlo, es una anormalidad democrática.

En ningún país democrático el gobierno tiene la libertad para gastar más de lo presupuestado ni para mover los recursos de un lugar a otro como en México. Y esto es un enorme problema, no importa si gobierna el PAN, el PRI o MORENA. El ejercicio del gasto público —la herramienta más importante de política pública— no puede ser ajena a la división de poderes ni a los pesos y contrapesos, de lo contrario, seguiremos teniendo un presupuesto de egresos ficticio moldeado por la voluntad presidencial.

INFORMACIÓN DE MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acatarán la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de retirar su nombre de las cartas que envió el IMSS a ciudadanos que solicitaron un programa de microcréditos para enfrentar la crisis económica.

"Sí, lo vamos a hacer (acatar)", dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El TEPJF pidió que se detuviera el envío de cartas del IMSS a los beneficiarias al considerar que al incluir la firma del Presidente se trataba de un hecho de promoción personal lo que es contrario de ley.

El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que desde el 30 de abril el Instituto dejó de entregar una carta con la firma del Presidente a los beneficiarios de créditos solidarios para empresarios afectados por la crisis.

"Desde el 30 de abril ya estaba. Lo vamos a acatar. Como lo hemos mencionado todos los días a las seis de la tarde, estamos informando, justamente el 30 de abril, mientras estábamos aquí, llegó la notificación, primero del INE de la Comisión de Vigilancia. El día que llegó la notificación nosotros ya habíamos hecho el cambio de esa carta".

El director del IMSS dijo que este es un programa histórico por su mecánica, por su rapidez, por cómo está llegando, por la facilidad para que alguien reciba un crédito, por lo que ahora con la sentencia de la sala superior del Tribunal queda igual cumplida.