La Secretaría de la Función Pública (SFP) advirtió que los altos mandos del gobierno federal, desde los subdirectores de área hasta el Presidente de la República, tiene la obligación legal de presentar su declaración patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación a más tardar el 31 de julio de 2020.

"Lo cual no sólo es un compromiso legal, sino también ético para refrendar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno de México", aseguró la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Por medio de un comunicado, la funcionaria reiteró que debido a la pandemia de Covid-19 para el caso de servidores niveles como jefe de departamento, enlace, operativo y de base sindicalizados, emitirá un acuerdo para extender el plazo de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses hasta el 31 de diciembre de 2020, para que cumplan con dicha obligación.

Entre los trabajadores que presentarán por primera vez su declaración patrimonial se encuentran policías, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y mantenimiento, profesores y maestros, entre otros.

La secretaria Sandoval explicó que con la extensión del plazo se busca "facilitar el cumplimiento de la obligación a los más de un millón y medio de servidores públicos que desarrollan labores indispensables en la Administración Pública Federal (APF), pero no forman parte de los principales niveles con riesgos de corrupción".

La funcionaria criticó que la obligación a realizar declaraciones patrimoniales por parte del personal de nivel operativo y de base fue resultado de un "exceso" de parte de los diseñadores del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el sexenio pasado.

Además, dijo, es una medida que aporta poco al combate de delitos como el enriquecimiento ilícito, y, al contrario, distrae recursos humanos y materiales.

La secretaria Sandoval recordó que la Función Pública trabaja para evitar contratiempos y lograr la simplificación al máximo de los formatos para la declaración patrimonial de 2020 en los niveles inferiores de la administración pública.

Sin embargo, reconoció que la única manera de resolver el problema de fondo sería por medio de una reforma constitucional y legal para rectificar los excesos cometidos en el diseño original del SNA.

Por ello invitó al Congreso de la Unión como a las organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos para encontrar una solución integral a esa problemática.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración patrimonial y de conflicto de intereses en la que reportó un ligero incremento en su salario como Presidente de la República, su única fuente de ingresos.

En la plataforma Declaranet, López Obrador reportó que sus ingresos el año pasado sumaron un millón 628 mil 717 pesos, lo que representa un aumento de 61 mil 317 pesos respecto al 2020, cuando informó ingresos por un millón 567 mil 400 pesos.  

El Presidente de México aseguró que no posee ninguna propiedad ni vehículos, así como tampoco haber obtenido algún rendimiento financiero.

Destaca que, pese a que públicamente el presidente López Obrador presumió en marzo pasado que su último libro “A la mitad del camino” era el libro más vendido sobre política en México, por lo que anunció que recibiría alrededor de 3 millones de pesos en regalías, estas no aparecen en su declaración. 

Señaló en esa ocasión que estaba pensando en qué invertirá este monto económico que recibirá por parte de la editorial que publicó su libro.

“Ahora me voy a rayar porque no le va a gustar a los adversarios, pero el libro que escribí, el de “A la mitad del camino” se ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos sociales del país, se han vendido más de 200 mil ejemplares, y entonces pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos porque me dan el 12% de cada libro vendido.

“Lo que me dieron de anticipo pues lo parte porque me pagaron el anticipo en especie y entregué como 10 mil libros, pero aparte vendidos pues más de 200 mil entonces vamos a ver qué hacemos con ese dinero”, comentó.

El presidente López Obrador reportó dos cuentas bancarias: una en Banorte y otra en Afirme –en donde no detalló sus saldos; mientras que en Pensionissste informó que tiene su Afore.

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Una avioneta se desplomó en Canadá mientras realizaba su recorrido con un cartel que decía "¿quieres casarte conmigo?". Lo que sería un momento de romance terminó en tragedia, pues una persona murió y otra quedó herida. 

De acuerdo con medios locales, un tripulante fue quien falleció y el piloto se reportó con heridas de gravedad, mientras que la avioneta quedó destruida. 

El avión partió desde la zona sur de Montreal y debía tardar diez minutos antes de pasar frente a los novios que estaban a la espera, según indican los primeros reportes de la policía. 

 Sin embargo, se presume que hubo problemas durante los primeros minutos de vuelo, hasta que finalmente la avioneta se desplomó a las afueras de la ciudad. 

La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá indicó que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades tras el incidente. “En general, son los pilotos experimentados quienes hacen este trabajo. 

Tuvo que romperse el sistema de combustible para que se registrara un incendio, lo que demuestra que el impacto fue significativo. Me sorprende que una de las dos personas a bordo haya sobrevivido”, detalló Jean Lapointe, director de la Junta. 

Asimismo, las autoridades indicaron que el accidente pudo haber sido peor, ya que el avión cayó cerca de un festival de música en la isla de Santa Helena.

La avioneta también era utilizada para el traslado de personas y se desconoce cuál era su estado antes de iniciar el vuelo. El conductor se reporta grave, aunque ha evolucionado favorablemente en los últimos días. 

En el Tercer Informe de Gobierno, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detalló que en auditorías financieras realizadas se encontraron irregularidades que suman 17 mil 019 millones de pesos, entre ellas por pagos de compensación a elementos de seguridad no justificados, así como por la adquisición de medicamentos a sobreprecios.

La Función Pública detalló que estas observaciones “están en tiempo y proceso de solventación”.

En el informe entregado esta tarde al Congreso se indica que estas irregularidades también fueron encontradas por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como por la captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación y la falta de acreditación de registros contables.

“En las auditorías financieras y de cumplimiento se determinó un monto observado de 17,019 millones de pesos por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto; captación de ingresos no concentrados en la Tesorería de la Federación; falta de acreditación de registros contables; pagos de compensación a elementos de seguridad no justificados, así como adquisición de medicamentos a sobreprecio”.

En el Tercer Informe de Gobierno del presidente López Obrador, se indica que del 1 septiembre de 2020 al 30 de junio de este año, según el Registro de Servidores Públicos Sancionados, se recibieron 227 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se concluyeron 122 procedimientos, que significaron imponer 43 sanciones.

La SFP indica que de acuerdo con la información registrada en el Sistema Integral de Responsabilidades Administrativas (SIRA), se recibieron 9 mil 082 expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas, de los cuales se resolvieron 5 mil 800.

En cuanto al Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, la SFP indicó que desde el 25 de julio de 2019 al 30 de junio de 2021, se recibieron 5 mil 395 alertas, de las cuales 3 mil 753 fueron determinadas como incompetencias; 840 están en proceso de construcción con las personas alertadoras o solicitando información a otras áreas de la SFP y/o dependencias de la APF; mientras que 747 se remitieron a investigación (62 concluidas por autoridades investigadoras y cuatro en substanciación) y 55 se encuentran en proceso de análisis.

La Función Pública detalló que del 1 de septiembre del año pasado al 30 de junio de 2021, se han recibido 874 alertas, de las cuales 259 fueron determinadas como “incompetencias”; 566 están en proceso de construcción con las personas alertadoras o solicitando información a otras áreas de la SFP y/o dependencias de la APF; mientras que 47 se encuentran en investigación y dos fueron concluidas por las autoridades investigadoras.

“Entre octubre de 2020 y junio de 2021 se han implementado medidas de protección en 13 casos, las cuales han permitido garantizar la integridad laboral y psicosocial de las personas alertadoras; en nueve casos se encuentran solicitados y tres en proceso de implementación”, señala.

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Que los funcionarios públicos que estaban prestando servicios en el ayuntamiento de Ensenada en delegaciones, y que ahora forman parte de San Quintín, presenten su declaración patrimonial fue el exhorto que hizo sindicatura municipal.

Se estableció como fecha límite el 31 de mayo de este año y para el caso de los servidores públicos que prestan sus servicios en este municipio deberán presentar la declaración de situación patrimonial anual.

Para el cumplimiento de esa obligación de todos los servidores públicos, la Sindicatura Municipal pone a disposición de los sujetos obligados el programa denominado DeclaraNet, el cual se encuentra para su descarga e instalación en la página de internet: http://sindicatura.ensenada.gob.mx/servicios/declaranet.php 

Asimismo, en el ánimo de evitar confusiones en los servidores públicos, se aclara que en el caso de las declaraciones iniciales o en su caso anuales que les correspondan presentar a los servidores públicos de San Quintín, deben ser presentadas ante el Concejo Municipal Fundacional.

 Al ser cuestionada sobre la supuesta entrega de contratos sin licitar por más de 3 mil millones de pesos en la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado, con Miguel Ángel Osorio Chong, la titular de esta dependencia, Olga Sánchez Cordero, indicó que la investigación está en la Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval.

"Con mucho gusto yo investigo qué avances ha tenido estas denuncias y si hay o no interpuestas denuncias penales. La secretaria de la Función Pública está trabajando (...) y sí es muchísimo dinero, la verdad de las cosas", declaró en conferencia mañanera.

Al ser cuestionada si tenía conocimiento de estos contratos, Sánchez Cordero respondió que en la Secretaría de Gobernación se tiene la obligación de ver cómo estaba la situación financiera de la dependencia.

"Desde luego, esta situación se da a conocer y se le da anuncio y denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, así que a la Secretaría de la Función Pública, ten la seguridad de que está trabajando en esto", agregó.

De acuerdo con una investigación de la Revista Contralínea, en la Segob se ejecutó un esquema de defraudación y se ocultaron los contratos por "seguridad nacional", que consistían en servicios de jardinería, adquisición de alimentos, entre otros.

Asimismo, en septiembre del año pasado, Osorio Chong informó que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR) una comunicación del no ejercicio de la acción penal en su contra, derivada de la investigación sobre su situación patrimonial que tenía en la SFP.