A cinco años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuatro elementos han impedido su funcionamiento: 1).- Nombramientos pendientes; 2).- Medidas de austeridad que impiden realizar el trabajo de manera eficaz; 3).- Descalificaciones públicas sin sustento por parte de los representantes políticos, particularmente del Presidente de la República; y, 4).- Nulo compromiso de los titulares de las secretarías dependientes del Ejecutivo y de la Fiscalía General de la República con el Sistema.

Un documento de Mexicanos Contra la Corrupción indica que el 11 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al SNA de ser un organismo costoso e ineficaz, pues: 1).- Antes no se consideraba a la corrupción como ‹‹delito grave››; 2).- La intención de quienes participaron en su creación era ‹‹acomodarse en estos organismos››; y, 3).- la instalación de las salas regionales especializadas en anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un gasto innecesario.

Ante estas acusaciones, es necesario señalar:

Gracias al SNA los funcionarios públicos están obligados a realizar declaraciones patrimoniales y de intereses antes de tomar posesión de un cargo. Este logro es resultado de la iniciativa respaldada por más de 630,000 ciudadanas y ciudadanos.

El objetivo del SNA es coordinar los esfuerzos de instituciones que ya existen para erradicar la corrupción en México, no crear nuevos organismos anticorrupción. El presupuesto del SNA apenas representa el 0.11% del presupuesto federal de este año.

Disminuir el financiamiento de las salas especializadas o posponer el nombramiento de sus magistrados, significa disminuir el número de jueces anticorrupción que resolverán faltas administrativas. Sin estos jueces se reducen las posibilidades de castigar a funcionarios, ciudadanos o empresas que hayan dañado el patrimonio público.

La reforma impulsada por la actual administración para incluir dos delitos de corrupción como ‹‹delitos graves››, sólo implica que quien sea acusado de enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones será detenido antes de que un juez determine si es o no culpable. Esta reforma lesiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia y debería ser derogado. Además, debido a la elevada impunidad de nuestro sistema de justicia (99% de los delitos de corrupción quedan impunes), elevar el castigo por estos delitos incrementa el costo del soborno a los ciudadanos y vuelve más difícil desmantelar redes de corrupción.

María Amparo Casar, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destacó: “Para combatir la corrupción no es suficiente un discurso político o enviar personas a la cárcel sin un juicio. Se trata de un problema que se alimenta de la impunidad, de la ineficacia y falta de coordinación en el gobierno. La solución exige el uso eficiente de recursos públicos, la coordinación de todos los sectores del gobierno y el respaldo de los representantes políticos.”

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exige retomar las tareas pendientes para consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción: Es necesario que el Senado designe a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA y de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hace un llamado para que todos los representantes políticos se sumen a la política definida por los organismos públicos para combatir la corrupción.

Sólo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021, lo que significa que la impunidad en este delito de alto impacto acumulada es de 92.8% en dicho periodo, en el que se consolidó el sistema penal acusatorio en México, reveló la organización Impunidad Cero.

Según el quinto índice sobre Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, el año pasado la impunidad directa en asesinatos a nivel nacional fue de 91.4%, una disminución con respecto a 94.4% de 2020.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso de 2016 a 2021 fueron Oaxaca, con 100%, seguido de Morelos, con 99.8%; Tlaxcala, 99.5%; Colima, 99.3%; Guerrero; 98.5%; Chihuahua, 98.2%, y Puebla, con 98.1%.

En contraste, entre las entidades con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso destacan Yucatán, con 38.5%; Aguascalientes, 58.1%; Querétaro, 69%; Ciudad de México, 69.6%, y Coahuila, 70.9%.

En feminicidio la impunidad directa a nivel nacional fue de 45.8%, es decir, menos de la mitad de los casos registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca y Tlaxcala (ambos con una impunidad de 100%), seguidos de Chihuahua, con 98.8%; Colima, 92.1%; Puebla, 88.7%, y Morelos, 86.1%.

“El aumento en la incidencia y complejidad de los homicidios intencionales, aunado a las bajas capacidades para investigar estos delitos de suma gravedad e impacto social, se traducen en impunidad”, señaló la organización Impunidad Cero.

Al presentar el estudio, Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, afirmó que menos de la mitad de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema acusatorio de justicia penal en México.

“Tristemente, sólo siete de cada 100 homicidios han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios han concluido con sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal. La pandemia afectó el comportamiento de las sentencias y en consecuencia los niveles de impunidad. El dato que más nos preocupó es que la mayoría de los homicidios intencionales de hombres y mujeres son perpetrados con arma de fuego, por lo que es urgente la coordinación entre las fiscalías locales y la fiscalía general, que exista y mejore para investigar estos delitos y esclarecerlos”, lamentó.

El coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla, Juan Antonio Le Clercq Ortega, consideró que la impunidad que prevalece en México se debe en gran medida a la falta de capacidades institucionales en las fiscalías y a la falta de “voluntad política” para destinar recursos al fortalecimiento del sistema de procuración y administración de justicia.

“La impunidad está relacionada con escándalos de corrupción, con pactos de impunidad, pero un factor que explica gran parte del problema es que no hay capacidades institucionales. No importa ante qué delito, no tienes los mecanismos para proteger a la población y construir soluciones. Además, hemos visto reducciones de presupuesto o subejercicios muy importantes y eso se traduce en la construcción de capacidades”, aseveró.

La conferencia semanal denominada "Impunidad Cero" que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE), fue suspendida el viernes 12 de agosto tras la ola de incendios provocados por grupos delictivos en la región.

Luego de dos meses de haber suspendido la conferencia ante medios de comunicación donde presentaban resultados o proyectos en materia de seguridad, el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, señaló que optaron por darle prioridad a la investigación. 

"Nosotros preocupados de manera personal en dirigir y comandar todas las acciones necesarias hasta localizar información con las otras secretarías de seguridad publica ciudadana, guardia nacional, ejército y marina, nos dimos la tarea de darle prioridad a la protección y defensa de la seguridad y derechos de los ciudadanos", detalló Carpio Sánchez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cambió de opinión de regresar a los militares a sus cuarteles -como lo había expresado en campaña presidencial- al ver el estado de indefensión que estaban los mexicanos y porque había un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva .

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no había ninguna una institución civil que pudiera garantizar la seguridad pública.

“¿Qué encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles?”, se le preguntó.

“Ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública, lo planteé, pero todavía lo pensé en campaña y ya cuando llegué al gobierno y vi de que pues no había seguridad para la gente, el pueblo mexicano estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva”, dijo.

“¿A qué cárteles se protegía?", se le preguntó.

“Por ejemplo me tocó en campaña ver a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, estaba yo ah”, por lo que pidió que se proyectara un video del operativo en el que participó la Marina para abatir al Juan Francisco Patrón, alias “H2” y en donde murieron 15 personas.

“¿Tuvo algún momento de quiebre, que momento le marco para decir tiene que seguir el Ejercito en labores de seguridad?”, se le siguió cuestionando.

“No, no no, dije tiene que seguir el Ejercito, (sino) nos vamos a apoyar en el Ejército cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense para toda la República, 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos 20 mil de la Policía Federal, era lo único. 20 mil elementos”

“Imagínense para todo el país 20 mil y echado a perder, no todos desde luego. Sin cuarteles ahh y al mismo tiempo 350 mil elementos de Marina y de Defensa con instalaciones, con disciplina, con, profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública porque su misión constitucional era la defensa nacional. Es la defensa Nacional. Claro que hace falta la defensa nacional, sí pero cuando se trata de la defensa nacional como ha sucedió siempre en la historia somos todos los mexicanos los que defendemos a la patria y lo que se estaba requiriendo , lo que se necesita es la seguridad de nuestro pueblo”, contestó.

“¿No había una institucional civil que pudiera?”

“No, al contrario”, respondió.

Con voz ronca, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa de este jueves en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“!Buenos días! Ánimo”, dijo el Jefe del Ejecutivo con voz grave al ingresar al Salón Tesorería.

El Mandatario señaló que este jueves se revisará el informe “Cero impunidad”, que está a cargo del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

Antes de dar la palabra al subsecretario Mejía Berdeja, el Presidente señaló que siempre hay castigo en los delitos que se cometen.

Al preguntarle al Mandatario por qué estaba ronco, respondió: “por un mal aire”.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el combate a la impunidad en su gobierno no se protege a nadie, ni hay privilegiados.

Afirmó como parte de la estrategia de seguridad el propósito es que no haya impunidad en ningún caso.

“No se oculta, ni se protege a nadie, ni hay privilegiados. El que cometa un delito es castigado, sea quien sea, tanto de la delincuencia organizada como de cuello blanco”.

El presidente López Obrador informó que el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja, dará a conocer los avances en el informe “Cero Impunidad”.

Mismos que se obtiene con el trabajo coordinado entre autoridades locales y federales para que no haya impunidad, que los delitos se castiguen y que no se archiven los casos, sobre todo aquellos que causan preocupación en la gente.