Familiares de víctimas cuestionan la estrategia de búsqueda de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador para hallar a los más de 61.600 desaparecidos, tras los recortes presupuestales y los cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El dolor es palpable en Edith Pedroza, esposa del desaparecido Juan Pablo Romero en el municipio de Chapala, del occidental estado de Jalisco, que ocupa el segundo lugar en la tasa de desapariciones, con 9.341 personas pendientes de localizar reconocidas por el Gobierno de la entidad.

“Ha sido un camino muy largo, muy pesado, hemos acudido al Semefo (Servicio Médico Forense), acudimos a la fiscalía de Guadalajara porque las autoridades municipales no nos daban ayuda, fuimos a (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos y al principio nos cerraron las puertas”, dice Pedroza a Efe.

En tanto, hay caos en la CEAV, el principal organismo del Gobierno encargado de atender a las víctimas, pues su titular, Mara Gómez, presentó su renuncia esta semana tras las protestas de familiares y colectivos de personas desaparecidas, quienes mantienen un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

Los manifestantes acusaron a Gómez de congelar los fondos de apoyo a familiares, de carecer de un Plan Nacional de Búsqueda y de dejar de renovar contratos de trabajo de áreas clave como asistencia jurídica.

Gómez argumentó que la austeridad anunciada por el presidente para afrontar la crisis por la pandemia de COVID-19 golpeó a la comisión, que a inicios de junio emitió un comunicado en el que advirtió que las medidas "paralizarían su funcionamiento".

REAVIVAR EL DOLOR

En Jalisco, la privación de la libertad y posterior hallazgo de ocho personas en el municipio de Chapala revivió hace una semana el dolor de las familias que desde hace más de una década buscan a sus hijos y cónyuges.

El colectivo “Guerreras Unidas: Exprésate X Chapala” asegura a Efe que el número de personas desaparecidas va en aumento desde hace 20 meses, cuando inició la gestión Moisés Anaya, alcalde del municipio conocido por su numerosa colonia de estadounidenses y canadienses retirados.

Al menos un centenar de personas han sido privadas de la libertad en este periodo y solo cerca de 30 han acudido denunciarlo en la Fiscalía estatal, detalla una de las lideresas del colectivo, Elizabeth Gutiérrez, quien sospecha que la policía municipal está coludida con el crimen organizado.

Los familiares de las víctimas, relata, han recibido amenazas telefónicas para que no denuncien.

Josefina Ojeda, madre de Marcos Santos, desaparecido en diciembre 2018 cuenta que hay casos de su colonia (barrio) en los que las víctimas no quieren denunciar por miedo.

“Sé de dos casos, un hombre y una mujer que hasta la fecha los familiares no quieren denunciar nada por miedo, porque han tenido muchas amenazas de los policías”, asevera.

ENTRE ESPERANZA Y CORRUPCIÓN

Tras las manifestaciones que ocurrieron durante la semana, la Fiscalía de Jalisco encontró a ocho personas privadas de la libertad, pero ha minimizado el creciente número de casos con el argumento que la privación de la libertad en la región “no está siendo un delito recurrente”.

El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, sugirió en conferencia de prensa el martes pasado que la policía de Chapala está bajo investigación por posible colusión con grupos del crimen organizado, pero dio más detalles.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha acudido a Chapala para dar asesoría legal y seguimiento a las 60 familias que han conformado el colectivo “Guerreras Unidas: Exprésate X Chapala”.

Según el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, hasta mayo de 2020, de las 9.341 personas pendientes de localizar 2.212 son clasificadas como "desaparecidas" cuya ausencia se relaciona con la comisión de un delito y 7.129 "no localizadas", en las que no hay delito.

Del total, 1.115 son mujeres, 8.218 hombres y las ocho restantes sin género identificado. 

La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, propuso adicionar un párrafo vigésimo quinto al artículo 4 de la Constitución Política para establecer que toda persona tiene derecho a ser buscada de forma efectiva, exhaustiva y expedita, bajo el principio de presunción de vida.

La iniciativa establece que "corresponde al Estado garantizar que haya justicia, verdad, reparación, garantías de no repetición, así como establecer los mecanismos para la búsqueda, localización, identificación y, en su caso, que la entrega de restos humanos sea con dignidad, respeto y apego a los derechos humanos".

En el proyecto también se indica que el presupuesto destinado a garantizar este derecho "deberá ser suficiente y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año inmediato anterior".

En su exposición de motivos, la iniciativa enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala que el delito de desaparición forzada es uno de los ilícitos más devastadores que existen, ya que implica violaciones graves a los derechos humanos de las personas.

Asimismo, va acompañada, en muchos de los casos, de otros delitos como la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y generalmente del peor flagelo que existe en cualquier sistema de justicia: la impunidad.

El documento indica que México fue uno de los principales promotores y el segundo país en ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; sin embargo, en los últimos años la violencia e inseguridad que se vive en el país ha ocasionado que este delito se incremente de forma exponencial.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, del 31 de diciembre de 1952 al 17 de marzo de este año 124 mil 266 personas se encuentran en esa condición.

La diputada López Rabadán manifestó que su propuesta de reforma constitucional es un avance esencial para garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral de las víctimas y sus familiares.

“Solo así se podrá combatir la impunidad, reparar el daño a las víctimas y asegurar que este tipo de crímenes no se repitan”, concluyó.

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El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dictó medidas cautelares al Estado mexicano para el correcto resguardo de los restos y objetos personales, así como para garantizar el acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

En un comunicado, el CED afirmó que Solidaria y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato presentaron 18 casos con medidas cautelares presentadas previamente al Comité, y argumentaron que dichas medidas son de interés de todos los colectivos y de todas las personas desaparecidas en tanto no exista una investigación exhaustiva que identifique los restos encontrados y los objetos personales con sus respectivos dueños.

Señaló que el Comité está particularmente preocupado por las reiteradas alegaciones que ha recibido sobre la existencia de un riesgo de daño irreparable sobre los restos óseos y elementos probatorios localizados en el “Rancho Izaguirre”.

"El Comité está preocupado por las alegaciones recibidas según las cuales, los familiares y representantes de las personas desaparecidas referidas en esta nota se enfrentarían a dificultades para acceder a la información sobre los procesos de búsqueda e investigación relacionados con los casos de sus seres queridos, así como participar en los mismos, incluyendo en el marco de los hallazgos en el 'Rancho Izaguirre', en Teuchitlán, Jalisco", indicó.

Y agregó que "el Comité también está preocupado porque, según las alegaciones recibidas, las personas que conforman los colectivos de búsqueda de personas desparecidas que realizaron el hallazgo en el 'Rancho Izaguirre' se enfrentarían a amenazas, intimidaciones y represalias por sus esfuerzos en la búsqueda de sus seres queridos, a pesar de las medidas de protección que les fueron otorgadas por el Estado parte, incluyendo medidas cautelares interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos".

El Comité informó que las medidas solicitadas al Estado mexicano, son:

• Medidas inmediatas para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de sus alegadas desapariciones. El Comité resalta la importancia que las autoridades competentes tomen sin demora las siguientes acciones:
• Resguardar el predio del “Rancho Izaguirre” y realizar actuaciones de búsqueda e investigación coordinadas y exhaustivas, asegurando la participación de los familiares y representantes en dichos procesos;
• Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el referido predio, en pleno respeto de la cadena de custodia;
• Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas sobre las que se refiere esta nota verbal;
• Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados, y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas en referencia.
• Realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer motivos, el modus operandi de los perpetradores, determinar los perfiles de las personas desaparecidas y establecer las particularidades regionales que explican la desaparición, a la luz del Principio 8 de los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas (CED/C/7).

Otorgamiento de medidas cautelares:

1. Proteger inmediatamente a los elementos probatorios siguientes, con pleno respeto de la cadena de custodia. Estos incluyen:

(i) Fragmentos óseos y piezas dentales;

(ii) Objetos personales: prendas de vestir, calzado, maletas, biblias, libros, fotografías, cartas, llaveros, carteras, relojes y anillos;

(iii) Armas de fuego, casquillos de municiones y herramientas.

2. Informar al Comité acerca de las acciones tomadas para implementar las medidas cautelares requeridas.

III. Acceso a la información, participación y protección de los familiares y representantes de las personas desaparecidas.

3. Informar al Comité sobre las medidas implementadas para garantizar la transmisión de información periódica a los allegados y representantes de las personas desaparecidas sobre los avances de los procesos de búsqueda e investigación en curso, incluyendo los relativos a los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

4. Reforzar la plena participación de los familiares y representantes en los procesos de búsqueda e investigación cada vez que lo deseen. En caso de que dicha participación sea imposible por motivos fuera de control del Estado parte, explicar con antelación dicha situación y sus causas a los allegados.

5. Reforzar los mecanismos de protección otorgados por el Estado parte a las personas que forman parte de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que realizaron los hallazgos en el “Rancho Izaguirre”, en Teuchitlán, Jalisco.

6. Proporcionar información al Comité sobre las medidas adoptadas para implementar cada una de estas recomendaciones.

El diputado federal César I. Damián Retes, del Partido Acción Nacional, presentó hoy una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la alarmante situación de desapariciones en México, pidiendo la intervención internacional.

Durante su intervención, Retes destacó la creciente crisis humanitaria, indicando que el gobierno ha fallado en su responsabilidad, evidenciado por recientes hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, donde se encontró un posible campo de exterminio. “Los hallazgos revelan una realidad aterradora que las autoridades intentan ocultar”, afirmó.

Con más de 120,000 desaparecidos y un aumento del 60% en los primeros 100 días del actual gobierno, el legislador exigió medidas cautelares para proteger a las víctimas y sus familias, así como la formación de una Comisión de Investigación con expertos internacionales, en búsqueda de justicia y transparencia.

“El pueblo de México merece justicia ahora. No permitiremos que la indolencia del gobierno siga minimizando este crimen. La justicia internacional es el camino que debemos seguir”, concluyó Retes.

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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó el hallazgo de restos humanos en el rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde se investigan múltiples casos de desapariciones.

"Al menos a esta hora sí hay restos humanos, pero no están todavía definidos técnicamente para lo que se necesita establecer", declaró Gertz Manero durante su intervención, dejando claro que los análisis forenses siguen en proceso para determinar la identidad de las víctimas.

Jalisco: epicentro de la crisis de desaparecidos

Este hallazgo ocurre en un contexto alarmante para el estado de Jalisco, que ocupa el primer lugar nacional en personas desaparecidas y no localizadas. Según el Registro Nacional de Personas Perdidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 18 de marzo de 2025, se contabilizaban 15,036 personas que aún no regresan con sus seres queridos.

La crisis de desapariciones en Jalisco ha sido una constante desde administraciones anteriores. Durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña (2001-2007), se reportaron 261 personas desaparecidas; mientras que en el mandato de su sucesor, Emilio González Márquez (2007-2013), la cifra se disparó a 1,509 casos.

Guadalajara encabeza la lista de municipios con mayor número de desapariciones, acumulando 385 casos, seguido de Zapopan con 184, Puerto Vallarta con 125, San Pedro Tlaquepaque con 76 y Zapotlán El Grande con 37 casos.

El hallazgo en Teuchitlán vuelve a poner en el centro del debate la magnitud del problema de desapariciones en Jalisco y la necesidad urgente de reforzar los esfuerzos de búsqueda e identificación de víctimas.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no pedirá a Claudia Sheinbaum agilizar la discusión y posible aprobación del Plan C, que incluye la reforma al Poder Judicial.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el Presidente aseguró que tiene respeto por la ganadora de la elección, pero también pidió tomar en cuenta que la población no solo votó por los candidatos sino por el proyecto de la transformación.

"¿Le pedirá agilizar reformas?", fue cuestionado. “No, no, no porque yo respeto mucho a Claudia y le tengo mucha confianza, nada más que la gente votó, desde luego por los candidatos, de manera muy especial por ella, porque ella es una mujer excepcional, es lo mejor que le pudo haber pasado a México en este tiempo, va a gobernar una mujer preparada, pero muy muy preparada”, respondió.

Y es que la tarde de hoy, el Presidente recibirá por primera vez a Claudia Sheinbaum después de la elección para iniciar con el proceso de transición entre ambas administraciones.

López Obrador consideró que no es necesario pedirle nada a Sheinbaum porque la ex jefa de gobierno ha sido protagonista de la 4T.

“Actor de este proceso de transformación, como millones de mexicanos, de siempre y que les quede claro a nuestros adversarios, además, de ser una mujer inteligente, honesta, con mucha capacidad de gobierno, ella tiene mucho criterio, mucha autoridad, sobre todo autoridad moral y autoridad política”, afirmó.

Además, el presidente comentó que está contento porque en su gobierno ya se sentaron las bases de la transformación del país.

Y es que el pasado 5 de febrero, el presidente López Obrador presentó una serie de iniciativas de reforma a la Constitución que considera trascendental para blindar a la cuarta transformación, en el ámbito electoral, judicial y político.

“Ahora que propusimos las reformas les dio salpullido, la del poder judicial, por qué, si lo que queremos es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para mostrar de esa manera una renovación tajante del poder judicial, porque su principal problema es la corrupción., Entonces se resisten a eso cuando es conveniente para ellos mismos”, concluyó.

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