Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), informó este miércoles que conoció personalmente al juez federal Uriel Villegas Ortiz, quien fue asesinado ayer en su casa de Colima.

Aseguró que el juez federal murió por hacer su trabajo, "lo estaba haciendo bien", y recordó que Villegas Ortiz llevaba asuntos relacionados con la delincuencia organizada.

"Para mí ha sido terriblemente difícil esta situación. Yo creo que no solamente para mí, sino para todos. Era un juez penal. Yo lo conocí personalmente, era secretario y uno de las gentes que estuvieron en la Corte mucho tiempo, y decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo.

"Tenía algunos asuntos respecto con relación a la delincuencia organizada y estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien", dijo.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que a pesar de que las investigaciones corren por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Poder Judicial, el Ejecutivo acompañará en lo que se necesite.

"Es muy lastimoso para el Poder Judicial para el Presidente de la Corte, para todos los ministros y todos los que tengamos un cariño muy especial. Yo estuve 25 años en el Poder de Justicia y 21 de la Suprema Corte y para mí ha sido un tema personal mente sumamente triste y muy lastimoso".

La secretaria envió sus condolencia y solidaridad con la familia del juez asesinado y llamó a avanzar en el esclarecimiento "de estos hechos, porque lamentablemente también asesinaron a su esposa, muy jóvenes tenían dos niñas".

"Estamos muy consternados y vamos a avanzar en las investigaciones, y nosotros no tenemos a cargo las investigaciones, la tiene la Fiscalía General de la República, pero desde luego la participación del Poder Judicial va a ser determinante, pero nosotros desde el Poder Ejecutivo estamos acompañando muy interesados, todos, apoyando para que se esclarezca a la brevedad posible estos lamentables hechos y mi respeto a toda la familia", agregó.

Tras el asesinato del juez federal juez Uriel Villegas Ortiz ayer en Colima, el presidente López Obrador informó que se reforzará la seguridad de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial para su protección.

Aseguró que, al ser un asunto de Estado, su gobierno no cederá ante estos actos que calificó de intimidación.

"Estamos trabajando de manera coordina con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República (FGR) y pronto vamos a informarles sobre protocolos de seguridad y todo lo que tengan que hacerse para apoyar a jueces, a magistrados, a ministros del Poder Judicial para protegerlos".

A pregunta expresa sí conoce los motivos de estos asesinatos, el mandatario señaló que tiene información pero "como es obvio, no podemos hablar de este tema hasta que concl

Una jueza federal concedió una suspensión de plano a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJGN), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue detenido por elementos de la Guardia Nacional (GN) en Autlán, Jalisco.

Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, dio entrada a la demanda de garantías y concedió la medida cautelar.

En la petición de amparo, Don Rodo, pidió la protección para no permanecer incomunicado, no ser sometido a tratos crueles e inhumanos y contra su detención.

La juzgadora otorgó la suspensión de plano para que las autoridades cesen de inmediato cualquiera de los actos prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución.

Asimismo, programó la audiencia incidental para el próximo 26 de abril, fecha en la que resolverá si le concede la suspensión definitiva. Además, dio un plazo de 48 horas para que las autoridades rindan sus informes previos.

La madrugada del domingo elementos de la Guardia Nacional capturaron a Abraham Oseguera en el Fraccionamiento Hacienda Real, en la colonia Rodríguez Alcaine, en Autlan de Navarro, Jalisco.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

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Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo respaldo a la comunidad cinematográfica mexicana, al determinar que la desaparición del FIDECINE en 2020, ordenada desde el Ejecutivo, fue inconstitucional.

La decisión se dio en el seno de la Primera Sala del máximo tribunal mexicano, en donde, además y por unanimidad de los cinco ministros, se votó porque el gobierno federal no puede dar menos protección y apoyo a lo que se había alcanzado hasta ese año para el cine nacional.

El FIDECINE es un fideicoimiso que por dos décadas apoyó la producción de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, las cuales hasta hace cuatro años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Esta nueva sentencia se suma a la del año pasado, cuando la Segunda sala también determinó que era inconstitucional la desaparición del FIDECINE.

Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas, se mostró satisfecho por el fallo.

“Esta sentencia, a diferencia de la de la Segunda Sala, entra a fondo a la prohibición de regresividad, de que el nivel de protección ya alcanzado en los derechos culturales no puede ser destruido o disminuido por nuevas leyes, que es lo que hace mas relevante este asunto y por la votación se convierte en jurisprudencia”, señala el jurista.

La jurisprudencia significa que, en casos similares, la sentencia tendría la misma consideración.

En un comunicado oficial, el Alto Tribunal informa que deliberó que en la eliminación del Fidecine existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural, abundando que las razones dadas por el legislativo para acabar con el fideicomiso y otros más, son vagas y carecen de fundamento.

En su momento se aseguró que la extinción de más de 100 fideicomisos fue para que con esos recursos se afrontara la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, así como por una opacidad en el uso de recursos.

“No se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al FIDECINE, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”, se lee en el documento de la SCJN.

Desde 2021 la figura gubernamental en dar apoyos es el Focine el cual, a diferencia del Fidecine, no se encuentra en la ley.

En agosto pasado, la Segunda Sala ordenó al Congreso a restituir los apoyos en la ley dando como plazo diciembre, cosa que no ocurrió.

Actualmente el asunto se encuentra en la Cámara de Senadores, que pidió una extensión del plazo para discutir el tema y de ahí pasar a la Cámara Baja.

“(Ahora es) Esperar a ver los efectos de la sentencia, porque pueden ser similares o diferentes a los de la Segunda Sala”, comentó De la Parra.

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En un giro legal intrigante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está considerando revertir un amparo que permitía el matrimonio o concubinato con dos o más personas. Esta medida, otorgada hace tres años en Puebla, se basó en la protección constitucional de diversas formas de familia. 

No obstante, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone revocar esta sentencia, argumentando que las relaciones poliamorosas no son socialmente predominantes y podrían generar desigualdades. El debate destaca la necesidad de regulaciones claras en caso de que el poliamor crezca en la sociedad, planteando el riesgo de desventajas, especialmente para mujeres y niños. 

La resolución propuesta destaca las advertencias internacionales sobre la poligamia, señalando que puede derivar en desigualdades graves y afectar negativamente el bienestar económico de mujeres e hijos. La legalidad del poliamor en México está en una encrucijada.

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La senadora Laura Ballesteros (MC) propuso reformar los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución para establecer los requisitos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como contar con cuando menos 15 años de experiencia en actividad jurídica, por ejemplo.

“No podemos permitir que a este tribunal constitucional lleguen personas que no cuentan con la capacidad, ni con la experiencia requerida para el cargo, por el solo hecho de ser leales al Presidente de la República, un poder no puede ser sumiso a otro. En la Corte se ocupa capacidad y experiencia, no abyección”, aseguró la legisladora.

El proyecto establece que para ser ministro, el aspirante no debe haber sido titular de un organismo administrativo descentralizado o desconcentrado, jefe o jefa del SAT, comisionado o consejero de algún órgano constitucional autónomo, gobernador o gobernadora del banco central.

O estar a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, titular de una empresa de participación estatal mayoritaria, titular de una empresa productiva del Estado, candidatos a cargos de elección popular, dirigentes de partidos políticos, o magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el país es fundamental, para hacer valer la tan ansiada justicia que nos deben y la democracia que seguimos construyendo, pero sobre todo para garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos”, dijo Ballesteros en tribuna.

La iniciativa presentada por la senadora de MC, también establece que para la designación de ministros de la SCJN, se tomarán en consideración las conclusiones de los foros ciudadanos de expertos en el tema judicial que deberán organizarse para el análisis y designación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

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Ante el pleno del Senado, Lenia Batres Guadarrama rindió protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Este 14 de diciembre, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el Senado le notificó sobre la designación de Lenia Batres como nueva ministra de la SCJN, en sustitución de Arturo Zaldívar, quien hace unas semanas presentó su renuncia al cargo. 

Conforme a lo estipulado en la Constitución, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, le tomó protesta a Batres Guadarrama, quien permanecerá en el cargo durante los siguientes 15 años. 

Lenia Batres fue designada por el titular del Poder Ejecutivo, luego de que en el Senado no se alcanzara la mayoría calificada para elegir a una de las integrantes de la segunda terna enviada por López Obrador. 

“Designo de manera directa a la C, Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte, cargo que durará 15 años a partir de esta fecha, como lo establece el artículo 94 párrafo décimo cuarto de la Constitución, lo que por este conducto hago del conocimiento de esta soberanía”, se lee en el oficio enviado por el Presidente. 

📌 La presidenta de la Mesa Directiva del #SenadoMexicano, @AnaLiliaRivra, toma protesta a @LeniaBatres como ministra de la @SCJN. pic.twitter.com/LFGIWpAA3A

— Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

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