El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes desconocer que el exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) esté bajo custodia policial en España, tal y como han afirmado algunos medios locales.

"No tengo información y no tengo tampoco conocimiento de que la Fiscalía haya hecho alguna solicitud en ese sentido", apuntó el presidente en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. 

El líder, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) debería informar sobre el asunto.

"Pero yo no tengo elementos, no conozco de ningún procedimiento de vigilancia o de seguimiento al expresidente", subrayó el mandatario. 

El periodista Sergio Sarmiento publicó en su Twitter este mismo viernes que, según sus fuentes: "Afirman que Enrique Peña Nieto se encuentra bajo custodia policial en España. Las autoridades españolas no lo niegan, dicen que no pueden comentar sobre una operación en activo".

Según dijo a medios el experto en seguridad Edgardo Buscaglia, Peña Nieto estaría custodiado en España porque estaría participando en la investigación por el caso Odebrecht. 
No obstante, varios funcionarios federales han desmentido la información. 

Efe contactó a la Fiscalía General de la República (FGR), sin que al momento haya recibido respuesta.

Esta semana comenzaron las audiencias judiciales contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya durante buena parte del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

Lozoya, que afrontará en libertad sus dos juicios por corrupción, ha prometido colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para desvelar actos de corrupción y señalar a otros altos funcionarios.

Entre estos, podría incluirse al exministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. 

E incluso hay quienes señalan que el caso podría afectar directamente a Peña Nieto.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Santiago Nieto, explicó a mediados de julio que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y aseguró contundente que el expresidente será denunciado si se hallan indicios que lo vinculen. 

No obstante, ello contrasta con el discurso de López Obrador, que llegó al poder a fines de 2018 con una firme posición contra la corrupción, pero diluyó las esperanzas de muchos al anunciar que solo investigaría a Peña Nieto si los mexicanos lo decidían en una consulta ciudadana.

El ex presidente Enrique Peña Nieto reapareció en el ojo público luego de posar para una foto junto con los ex mandatarios de Estados Unidos y Chile, Bill Clinton y Sebastián Piñera, respectivamente.

Luego de terminar su mandato, el político de origen priista ha evitado las apariciones públicas, pero esta vez fue retratado en Punta Cana, República Dominicana, donde se encuentra vacacionando en las víspera de Año Nuevo junto con los ex presidentes.

Gracias a un par de fotos compartidas en redes sociales por el empresario Frank Elias Rainieri, se puedo apreciar a los tres expresidentes acompañados por la familia Rainieri y la ex candidata presidencial, Hillary Clinton, propietaria del Grupo Punta Cana.

El empresario mostró parte de su velada con un par de imágenes en sus redes sociales con el mensaje: “compartiendo en familia con grandes amigos”.

Compartiendo en familia con grandes amigos en ⁦@PUNTACANARESORT⁩ @BillClinton⁩ ⁦@Enrique07311832⁩ ⁦@sebastianpinera⁩ ⁦@HillaryClinton⁩ pic.twitter.com/lSBGR7Gcd9

— Frank Elias Rainieri (@FrankERainieri) December 30, 2023

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El cambio de medida cautelar solicitado para Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para seguir su juicio en libertad fue negado por el juez José Rivas Gonzáles, por lo que continuará su proceso desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada después de una audiencia de casi 12 horas, ante esto el impartidor de justicia rechazó los argumentos presentados por la defensa.

La suspensión definitiva impidió que se diera continuidad a su petición de enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

Dicha petición fue negada a Lozoya para efecto de que su libertad personal esté en manos del tribunal y no pueda ser cambiado de prisión. El juzgador indicó que mientras esté vigente la suspensión no podrá pronunciarse.

Durante la audiencia para un cambio de medida cautelar, en el Reclusorio Norte, el es funcionario federal aseguró que “me tienen en prisión preventiva con pruebas prohibidas”, insistiendo incluso en que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante tortura o hubo fallos en la cadena de custodia de la evidencia.

La audiencia, que se preveía que sería corta en un inicio, pero se alargó durante el día debido a que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor tomó vacaciones, y el juez asignado, José Rivas Gonzáles, mostró la necesidad de conocer el caso más a fondo antes de tomar cualquier decisión con respecto de la medida cautelar para Lozoya.

La exposición de narrativas por parte de la defensa y del ministerio público, elevó el tono de la audiencia y ha derivo en señalamientos, llevó incluso a que Lozoya reclamara que se mencionara a su madre, Gilda Austin, como una criminal:

“No hable de mi madre como delincuente”, reprochó el ex director de Pemex.

Los abogados del ex funcionario mexicano han insistido en que no existe ningún riesgo de fuga, y que además desde que fue detenido en España, ha mostrado su disposición a colaborar, por ejemplo, llevando a que actualmente haya 3 órdenes de aprehensión pendientes que se han obtenido gracias a la colaboración del acusado.

Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa de Lozoya, explicó que se está solicitando la libertad de su cliente con base en el principio constitucional de que ninguna persona debería estar detenida por más de dos años sin una sentencia.

“Nosotros hemos sostenido nuestras posturas, en las cuales creemos que tenemos razón en el sentido de que mantener al señor Emilio Lozoya Austin en prisión es ilegitimo, que procede la libertad, bajo las medidas cautelares que señale la autoridad y ahora regresamos a audiencia para continuar”, dijo a medios de comunicación.

Tras casi 12 horas de audiencia que incluyó tres recesos, el juez José Rivas González decidió mantener en prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, bajo el argumento de que Lozoya aún no cumple dos años en prisión porque se perdió la continuidad del proceso durante el criterio de oportunidad que promovió. Su defensa tiene tres días para apelar la determinación.

Como parte del caso, en septiembre pasado, un Tribunal Federal confirmó la resolución de un juez de control que desechó diversas pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para un eventual juicio oral.

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La defensa legal de Emilio Lozoya aseguró que ya fue presentado el amparo en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el eventual juicio por este caso.

Así lo confirmó a MILENIO Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, quien explicó que, como parte de esta demanda de amparo, también solicitaron una suspensión para que el juez Gerardo Alarcón no dicte la apertura a juicio oral en la audiencia intermedia que continuará este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte.

En caso de que un juez de amparo conceda esta suspensión, Emilio Lozoya evitaría ir a juicio por el caso Odebrecht hasta que se resuelva de fondo esta demanda en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Pemex y de la UIF, lo que podría tardar meses e incluso años, considerando otros recursos que pudieran promover.

“Lo que buscamos con el amparo es que se defina a quién le tenemos que pagar la reparación del daño. Que las instituciones señalen sede y cuenta para depositar, queremos pagar ya la reparación del daño”, enfatizó el abogado de Lozoya a MILENIO.

Esta estrategia legal también es relevante porque, de conseguir que Pemex y UIF no cuenten con el carácter de víctimas, ya no podrían participar en el proceso, incluso en caso de darse un eventual juicio, ya no habría ofendidos en esta acusación lo que implicaría que ya no habría a quién pagar alguna reparación del daño que, en la acusación por escrito, asciende a más de 20 millones de pesos.

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Tania Ruiz confirmó que su romanace con Enrique Peña Nieto terminó a casi cuatro años de haber formalizado el noviazgo. La ruptura se dio en los mejores términos.

La modelo de 35 años originaria de San Luis Potosí aseguró a la revista Hola! que ambos ya no están juntos. No mencionó las causas por las que rompieron, pero negó que haya sido un aspecto negativo.

"Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian".

Ambos vivían en España, por lo que tras la separación ella tomó la decisión de quedarse en Madrid debido a sus proyectos personales y a que la vida de su hija se encuentra ahí.

"Yo me quedo a vivir acá en España. Tengo mi maestría y Carlotta su colegio", expresó al portal.

En 2019, meses después de la separación del expresidente con Angélica Rivera, se confirmó la relación que sostenía con Tania Ruiz Eichelmann en la portada de una revista de sociales.

Ambos se mantuvieron muy herméticos con su relación y pocas veces fueron captados juntos, pese a que en el Instagram de ella siempre había una felicitación de cumpleaños para el exmandatario.

Al parecer ambos se conocieron tiempo antes de que él dejara la presidencia de México en diciembre de 2018. La primera vez que se les captó juntos fue en la boda de Mar, la hija del abogado Juan Collado.

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No hay evidencia de que damnificados de los sismos de 2017 y productores de leche y de café hayan recibido los apoyos prometidos. Tampoco hay sustento que demuestre que una parte del dinero destinado a las obras del malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, hayan sido destinados para los fines presupuestados.

Estas y otras irregularidades constituyen un desfalco por casi 30 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, daños patrimoniales que continúan sin denuncia y sin castigo.

De más de 700 expedientes abiertos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el mal uso de recursos públicos en 45 dependencias del sexenio pasado, ya se debieron haber presentado denuncias penales o administrativas o exigido el reembolso del dinero.

#HoyEnMilenio#MillonesEnFuga

Un posible desfalco de casi 30 mil millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa sin denuncia y sin castigo.
Más de 700 expedientes del sexenio pasado, abiertos por la @ASF_Mexico, están congelados.https://t.co/hQONqVTaK0 pic.twitter.com/kTkbpLh9On

— Rafael Montes (@rafagaonline) January 23, 2023

Pero, de acuerdo con una revisión realizada por MILENIO a las bases de datos de la ASF, eso no ha ocurrido: 710 pliegos de observaciones, en los que se detallan presuntos daños patrimoniales, continúan “en seguimiento”, sin que se proceda a nuevas acciones.

Se trata de expedientes en los que se documentó el mal uso de 29 mil 978 millones 61 mil 714.62 pesos entre los años 2016 y 2018.

Sin embargo, a la fecha, no hay rastro de dónde quedó ese dinero.

Por el tiempo ya transcurrido, esos expedientes ya debieron haber evolucionado en denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), informes de faltas administrativas o el fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Entre el monto desfalcado se cuentan los más de 7 mil millones de pesos de recursos que tendrían que haberse destinado a los damnificados de los sismos del 2017 o los más de 6 mil millones de pesos de apoyos que debieron repartirse a campesinos o los casi 2 mil millones de pesos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

En la lista de dependencias con irregularidades estancadas están también la Presidencia de la República, Diconsa, Liconsa, las secretarías de Agricultura, de Comunicaciones y Transportes, de Salud, de Hacienda, de Educación, la Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes Federales, entre otros.

Según información de la ASF, a la fecha no se ha promovido ningún fincamiento de responsabilidad resarcitoria de los años 2017 a 2021.

En materia de procedimientos penales, el más reciente informe de la ASF reporta que de la Cuenta Pública 2013 hay 22 denuncias penales contra instituciones del gobierno federal; de 2014, hay 24; 49, de 2015; 37, de 2016; 76, de 2017, y 32 de 2018.

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