Al cierre del primer semestre del año, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMP) hizo transferencias al Gobierno federal por un total de 114 mil 918 millones de pesos, equivalentes al 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los recursos llegaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y a los diferentes fondos de estabilización y sectoriales, informó el Comité Técnico del FMP.

Durante su tercera sesión ordinaria, el órgano colegiado aprobó el informe trimestral del periodo abril-junio de 2020, en el cual se da a conocer que el Fondo recibió 23 mil 749 millones de pesos y 59 millones de dólares por asignaciones y contratos.

Con ello, realizó transferencias por un total de 25 mil 120 millones de pesos a la Tesofe durante el segundo trimestre del 2020, acumulando transferencias al cierre de junio que representaron el 0.4% del PIB.

Al 30 de junio de 2020, el valor de la Reserva del Fondo ascendió a 1 mil 82 millones de dólares, en cuya administración se cumplió en todo momento con los lineamientos aprobados por el Comité Técnico, afirmó el FMP.

Informó que durante el segundo trimestre, las empresas contratistas en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos registraron 725 millones de dólares de inversión.

Con ello, la inversión acumulada desde el inicio del esquema de contratos ascendió a 5 mil 416 millones de dólares.

Durante ese periodo, 33 contratos con producción de hidrocarburos extrajeron en promedio 117 mil barriles de petróleo y 256 millones de pies cúbicos de gas natural.

A partir del 2 de marzo y hasta el 30 de septiembre del 2024 no se podrán hacer contrataciones de personal en el gobierno federal.

La disposición incluye a las dependencias, los órganos administrativos desconcentrados, entidades de la Administración Pública Federal (APF), los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República y los Tribunales Agrarios.

Así lo ordenó, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a todos los oficiales mayores y titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de las dependencias de la APF.

Por medio de un oficio emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, se establece que no podrán ocupar plazas presupuestarias de carácter permanente ni eventuales.

Tampoco podrán contratar personal que preste servicios profesionales por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales.

No estarán sujetos a la fecha establecida los movimientos de servicios personales que deriven de la emisión o reformas de leyes previo dictamen específico que emita la Unidad de Política y Control Presupuestario.

La operación de Consulados y Embajadas también están excluidos de esta disposición así como las contrataciones en términos de la legislación laboral y las funciones que desempeñan las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como las que se encuentren bajo su coordinación sectorial.

Además, la Guardia Nacional, y las acciones que realice el organismo público descentralizado Servicios de Salud del IMSS Bienestar para la prestación gratuita de los servicios de salud para personas sin seguridad social, no se sujetarán a esta restricción.

El oficio firmado por la titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Alejandra Cañizares Tello, señala que las dependencias y entidades apoyadas en servicios personales que cuenten con recursos provenientes de vacancia, deberán realizar el traspaso al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de cada mes.

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Reunida con el sector empresarial de Ensenada, la legisladora Federal Lizbeth Mata Lozano explicó que presentó un recurso de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar el Plan B de la Reforma Electoral, medida que busca evitar desmantelar y vulnerar al árbitro electoral, explicó la Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano.

Indicó que la dirigencia nacional del PAN, presentó la acción de inconstitucionalidad ante la corte, y de igual manera el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados interpondrá otro recurso de impugnación, así como otra acción de inconstitucionalidad por parte de municipios y ayuntamientos. 

Esta acción se enfoca, dijo, en dos elementos, pues con la reforma se redefinen los alcances de la propaganda gubernamental para establecer que cuando se trate de un caso de libertad de expresión individual, no sea sancionable.

En otras palabras, cualquier manifestación de servidores públicos no puede ser clasificada como propaganda gubernamental, con lo que claramente se institucionaliza la cargada desde el poder.

El segundo, es la razón de la controversia, porque la Reforma considera que el límite del gasto del programa anual de Comunicación Social, en su conjunto no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos anual correspondiente.

Durante su participación, Lizbeth Mata también abordó el impacto negativo que ha tenido en nuestra entidad el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, al no destinar recursos extraordinarios o “etiquetados” para infraestructura, acciones de seguridad, en materia de salud y para atender el desabasto de agua.

El único recurso que viene “etiquetado” para el presente ejercicio, es por 477 millones de pesos dentro del programa carretero y es para la obra de modernización del tramo Chapultepec-Maneadero, explicó.

En el caso del hospital del IMSS en Ensenada, la legisladora señaló que el recurso se obtendrá del presupuesto que disponga y pueda destinar al proyecto la misma institución, que de entrada la intención es buena, sin embargo desde la Cámara de Diputados exigiré que sea una realidad y se garantice su construcción, pero también que se destine equipo humano y técnico, medicinas e infraestructura para los demás hospitales de la ciudad, porque en la actualidad no se brindan los servicios médicos y atención de calidad que prometieron al crear el INSABI, y por el que eliminaron el Seguro Popular, señaló.

Entre otros temas, la ruta alterna entre Ensenada-Tijuana, cobra vital importancia derivado de las reparaciones en varios tramos de la carretera escénica y que ha ocasionado más accidentes vehiculares, demoras, largas filas de automóviles y camiones, sin embargo tampoco hay un recurso etiquetado dentro del PEF 2023 para ello, pero que gestionará una reunión con las autoridades correspondientes, así como otras medidas a través de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.

Si hay recursos, afirmó, solo que se utilizan de manera discrecional y debemos exigir cada uno desde sus respectivos ámbitos, tanto la Gobernadora de Baja California, los Alcaldes, los diputados locales y los legisladores federales, que se atiendan estas necesidades.

Entre los acuerdos que estableció con el CCEE, destacan la instalación de mesas de trabajo, asesoría y acompañamiento en temas relacionados a la seguridad pública, infraestructura y La Ley General de Control del Tabaco, por mencionar algunos.

Reconoció el pronunciamiento de este organismo empresarial en torno a la inseguridad que prevalece en la ciudad, pues sigue siendo una asignatura pendiente de las autoridades encargadas con la población, no podemos normalizar que hechos violentos se ejecuten a plena luz del día y con total impunidad, concluyó.

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El Gabinete de Seguridad condena la violencia suscitada este viernes en Baja California. Ante los hechos registrados ayer en Tijuana y otros lugares de la entidad se actuó de manera inmediata en coordinación con el gobierno estatal para la detención y sanción de los responsables.

Resultado de las operaciones conjuntas para responder a los 24 hechos delictivos, fuerzas federales, estatales y municipales lograron la detención de 17 personas generadoras de violencia y sujetos que intervinieron en los eventos. Además, se reportó una persona lesionada.

En la víspera, en la entidad se registró la quema de vehículos de transporte público y particulares por parte de civiles. En total, 14 eventos se suscitaron en Tijuana, cuatro en Ensenada; tres en Tecate; dos en Mexicali, y tres en Playas de Rosarito.

De los detenidos, siete fueron en Tijuana; cuatro en Rosarito; cuatro en Mexicali, y dos en Ensenada. De ellos, tres son identificados como integrantes del CJNG, dos hombres y una mujer. El lesionado fue un chofer de autobús en Mexicali.

En coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) se reforzó la presencia y patrullaje de los cuerpos de seguridad estatales por todas las calles y colonias de la entidad para la prevención de la alteración del orden en el estado.

Se instalaron las Mesas de Paz estatal y regional, donde participan todos los órdenes de gobierno, encabezadas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Para el Gobierno de México, la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es la clave para una respuesta eficaz frente a los generadores de violencia que buscan alterar la paz y tranquilidad de la población.

Por otro lado, se han judicializado de manera eficaz todos los hechos suscitados en flagrancia y han sido puestos a disposición por las autoridades correspondientes para ser procesados con respeto a los derechos humanos.

Continúan las acciones con aplicación de inteligencia y uso responsable de la fuerza pública para una respuesta efectiva frente a quienes realizan conductas antisociales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que ni el patriotismo ni la soberanía se negocian por ello, no cederá en la defensa del petróleo y de la industria eléctrica en las consultas a la política energética nacional solicitadas por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el marco de T-MEC.

Por medio de un videomensaje, en uno de sus recorridos de supervisión por la hidroeléctrica, El Cajón, de Nayarit, el jefe del Ejecutivo recordó que en las pasadas administraciones las hidroeléctricas estaban subutilizadas porque no querían que la CFE produjera energía y les daban preferencias a las extranjeras.

“Por eso es la llamada consulta del gobierno de Estados Unidos y Canadá y por eso no vamos nosotros a ceder, porque es un asunto de principios tiene que ver con la soberanía, el patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni el petróleo ni en la industria eléctrica, nada que tenga que ver con ceder nuestra soberanía, aunque les dé coraje, no tanto a los del gobierno de Canadá o los del gobierno del Estados Unidos, sino a los conservadores mexicanos”.

El mandatario criticó que lo conservadores en México no pierden la mañana de rendirse, de someterse, de hincarse, frente a los extranjeros.

“Como lo hicieron cuando fueron a buscar a Santa Anna al exilio, cuando lo hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano, siempre, siempre, actúan como traidores a la patria, más ahora que están muy molestos porque ya no se les permite robar”.

El presidente López Obrador destacó que la energía que producen las hidroeléctricas es energía limpia y es renovable, porque en la pasada administración no se les consideraba así por dar preferencia a las empresas extranjeras.

“Inventaron que se necesitaban energía limpias, esa era la cantaleta, el sofisma de decir hay que producir energías limpias, no energías sucias como las que produce Pemex y la CFE, pues si eran energías limpias en el discurso, para negocios sucios, para robarle al pueblo de México eso ya se terminó”.

Terminamos la gira de tres días por Nayarit; estamos casi al 100 en médicos y especialistas. Así será en todo el país. Agradecemos al pueblo y al gobierno cubano su apoyo. pic.twitter.com/YwnVc2SfYG

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 24, 2022

El delegado único del Gobierno Federal en Tijuana, Alejandro Ruiz Uribe, aseguró que los 19 albergues que hay en Tijuana no recibirán recursos de la Federación. 

Explicó que esta postura del gobierno es debido a que detectaron malos manejos de los apoyos que se entregaban a las asociaciones civiles. 

Asimismo mencionó que ninguno de los responsables de los albergues señalados fueron acusados penalmente por desvío de recursos. 

De igual manera recordó que el flujo migratorio que recibe Baja California, continúa siendo constante y que el gobierno federal trata de atenderlos.

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