Varias personas resultaron heridas durante el enfrentamiento entre agricultores y militares.

Los hechos ocurrieron cuando los agricultores protestaban por la toma de la presa Francisco I Madero; ya que el alcalde de Rosales (José Ramírez Licon) y el diputado local Jesús Valenciano intentaron rodear la valla formada por militares para ingresar a la derivadora de la represa, pues la Comisión Nacional del Agua pretende desfogar volumen para el pago del Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos.

Con gases lacrimógenos y balas de goma, efectivos antimotines de la Guardia Nacional atacaron a un grupo numeroso de ciudadanos que se manifestaban.

En este primer choque los agricultores se replegaron momentáneamente tras la refriega, mientras que los militares detuvieron al presidente Rosalense y a su hijo, a quienes golpearon a macanazos y retuvieron durante una hora y media.

Un número indeterminado de personas resultó con lesiones producidas por balas de goma, entre ellas un niño de cinco años y dos reporteros.

Los protestantes volvieron a plantarse frente a los elementos castrenses y durante casi tres horas se mantuvo una calma tensa. 

La gente de los alrededores continuó llegando a la presa para manifestar su inconformidad y expresar su solidaridad a los agricultores. 

Se escucharon numerosos reclamos e insultos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien retaron a venir a la región para hacer una consulta popular sobre el destino de las aguas de la presa Madero, de la cual dependen los cultivos establecidos en Rosales, Meoqui y Julimes. 

Mario Mata Carrasco, diputado por el 5 Distrito, comentó que él llegó a las 7:00 horas tras enterarse de la llegada de la Guardia Nacional a la cortina del embalse, pero no se pudo arreglar el retiro de los militares.

Propuso a los manifestantes emprender otras acciones de presión contra el Gobierno Federal, pero hasta el momento no se definía nada. 

La mayoría de los descontentos permaneció en la presa y se produjo minutos después de las 14:30 horas un segundo enfrentamiento, más violento que el anterior, donde otra vez salieron a relucir gases lacrimógenos y balas de goma, sin importar que estuvieran presentes mujeres, ancianos y niños.

Los antimotines avanzaron varios metros y obligaron a los protestantes a replegarse. 

Se generó el caos por la gente que intentaba salir con sus vehículos, mientras que otros de los descontentos respondieron lanzando piedras y hasta bombas Molotov a los elementos castrenses. 

En la presidencia municipal de Rosales, mientras tanto, se reunieron los líderes de los productores para proponer acciones, esperándose que este lunes haya movilizaciones en toda la región. 

El Consejo Agrícola de Baja California advirtió que sin un acuerdo social que proteja al sector primario, incentive la contratación y garantice la continuidad de la seguridad social en las zonas rurales, el estado enfrentará una escalada de consecuencias económicas, sociales y políticas de gran magnitud.

Walberto Solorio Meza, presidente del organismo, llamó a establecer compromisos interinstitucionales urgentes para detener la contracción operativa del campo, la cual ya ha generado una reducción drástica en la contratación de jornaleros y técnicos agrícolas.

“Si no hay condiciones para sostener el empleo agrícola, la seguridad social colapsará, se debilitará el ingreso familiar, aumentará la deserción escolar y se incrementarán los niveles de tensión comunitaria en los valles agrícolas de Baja California”, declaró.

Actualmente, la agricultura genera más de 120 mil empleos formales en el estado, de los cuales el 90% están registrados ante el IMSS, lo que representa una fuente masiva de aportaciones a la seguridad social y un sustento económico para miles de hogares.

La paralización parcial de actividades, motivada por el aumento de insumos, la presión hídrica, la volatilidad de precios internacionales y la incertidumbre fiscal, ha puesto en riesgo ese entramado social y productivo.

Solorio Meza alertó que ya se observan efectos colaterales: pérdida de acceso a servicios médicos, suspensión de pagos al Infonavit, cierre de rutas de transporte laboral y disminución del consumo en comunidades enteras.

En los últimos cinco años, el sector agrícola había consolidado una base sólida de inversión privada y formalización del empleo. Sin embargo, el deterioro de las condiciones ha comenzado a revertir ese proceso, según reportes del Consejo.

El dirigente explicó que cada 10 mil empleos agrícolas representan, en promedio, 250 millones de pesos anuales en contribuciones fiscales directas e indirectas. La pérdida de esa base no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la recaudación y al sistema de protección del estado.

También destacó que las consecuencias sociales se están intensificando: aumento de la violencia intrafamiliar, mayor vulnerabilidad juvenil, estrés económico en hogares y crecimiento de la informalidad en comunidades rurales.

“Esto no es solo un problema productivo. Es un tema de gobernabilidad. Si el campo colapsa, lo que sigue es una cadena de desestabilización que alcanzará a las zonas urbanas, a las instituciones públicas y al tejido político”, sostuvo Solorio Meza.

El Consejo Agrícola plantea un acuerdo estatal que contemple incentivos fiscales, garantías de operación, acceso a financiamiento emergente, gestión hídrica efectiva y mecanismos de protección laboral para sostener la actividad agrícola formal.

Solorio Meza concluyó que Baja California no puede ignorar la dimensión de lo que está en juego. “El campo no puede ser invisible para las decisiones de gobierno. Si no se actúa ahora, la bola de nieve será imparable”, puntualizó.

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Por unanimidad, el Pleno del Senado concedió autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que permita el ingreso al territorio nacional de 10 elementos del Ejército de Estados Unidos, a efecto de que participe en la actividad de adiestramiento denominada “Fortalecer la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales de la Semar (Secretaría de Marina)”.

Dicha capacitación se realizará en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de este año.

En tribuna, la senadora del PAN Lilly Téllez señaló que este tipo de ejercicios internacionales “nos recuerda cómo sí se puede cooperar entre ambas fuerzas militares, las estadounidenses y las mexicanas”.

“Como vemos no hay invasión de México porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas, no hay invasión, no hay ninguna violación a la soberanía, la patria no se vendió, la patria no se sometió porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y fuerzas mexicanas.

“¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México?, ¿por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal como está sucediendo y como ha sucedido en todos estos años cuando se realizan este tipo de ejercicios que hoy autorizamos?”, cuestionó.

Aseguró que no sólo no habría violación a nuestra soberanía con una colaboración con Estados Unidos contra los cárteles, sino que se podrían salvar la vida de los mexicanos “que Morena ha dejado indefensos ante la guerra del crimen organizado contra los ciudadanos. Así vemos que sí está claro que se puede cooperar sin sometimiento”, insistió.

El Estado mexicano no puede contra los cárteles

Lili Téllez dijo que la realidad es que el Estado mexicano no puede contra los cárteles, porque de lo contrario ya hubiera procedido.

Al presentar el proyecto de Decreto, el senador del PRI Rolando Zapata Bello, secretario de la Comisión de Marina, afirmó que la colaboración con Estados Unidos para entrenar a personal de la Armada de México representa una oportunidad significativa para fortalecer nuestra seguridad nacional.

Aseguró que el proyecto ha sido analizado con detenimiento para garantizar que preserve nuestra soberanía y refuerce nuestras capacidades nacionales.

“El entrenamiento conjunto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos puede fortalecer nuestras capacidades de combate, rescate, navegación y manejo de equipos tácticos, impulsando el profesionalismo y la eficiencia de nuestra Armada para responder mejor ante las amenazas crecientes que acechan al país”, argumentó el exgobernador de Yucatán.

“Damos la bienvenida a la colaboración con los Estados Unidos como aliados estratégicos, conscientes del potencial de esa colaboración. No obstante reitero: su éxito dependerá de una gestión cuidadosa que garantice el fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestros principios democráticos de gobierno. Debemos siempre asegurar que estos esfuerzos hagan a México más fuerte y mejor preparado para defender a la patria, para garantizar la libertad y la pluralidad de nuestra tierra”, apuntó Zapata Bello.

La iniciativa fue aprobada con 107 votos de todas las fracciones parlamentarias.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México está tomando medidas para buscar el rescate de dos ciudadanos mexicanos, Orión Hernández e Ilana Gritzewsky, quienes fueron secuestrados durante la incursión de Hamas en Israel. Así lo anunció Jesús Ramírez, el vocero presidencial.

Ramírez señaló que la SRE está trabajando para establecer contacto con Hamas y gobiernos afines a esta organización con el objetivo de ubicar a los mexicanos secuestrados y buscar su liberación. La situación en la región es complicada debido al conflicto en curso, y México busca facilitar el regreso seguro de sus ciudadanos.

Además, el gobierno mexicano ha solicitado un corredor humanitario que permita la evacuación de civiles en Gaza, incluyendo a la doctora mexicana Bárbara Lango. Esta médica está en Gaza como parte de su labor humanitaria con Médicos Sin Fronteras. Hasta ahora, Israel no ha permitido su salida de la zona, lo que ha generado preocupación. La SRE ha pedido a Israel que cree un corredor humanitario para evacuar a los internacionalistas presentes en Gaza, y particularmente a la mexicana Bárbara Lango y su esposo, Suliman Al-Fayoumi.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha leído una carta difundida por el padre de Bárbara Lango en la que se le pide que convoque a la comunidad internacional para gestionar que Israel permita el corredor humanitario y la evacuación de civiles de Gaza. La SRE está en comunicación constante con la familia de Bárbara Lango y trabaja en la intermediación para asegurar su liberación y la de otros ciudadanos mexicanos afectados por la situación en la región.

El conflicto en Oriente Medio es una cuestión de preocupación global, y México está haciendo esfuerzos diplomáticos para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos involucrados en esta difícil situación.

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Luego de que fallecieron cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente a manos del Ejército mexicano, en redes sociales se lanzó una convocatoria para marchar el domingo 12 de marzo, con el fin de hacer valer los derechos de los militares.

Por medio de TikTok, el usuario @fabianalvarez002 difundió un video donde se convoca a una marcha a favor de los derechos de los militares.

Asimismo, señaló que la marcha comenzará en el Ángel de la Independencia en punto de las 9:00 horas.

Aunado a ello, indicó que se tiene que acudir portando una playera en color verde olivo y una bandera.

@fabianalvarez002 #ejercito #militar #injusticia ♬ sonido original - Alexis_Music

Ingresan 4 militares a prisión de Campo Militar 1-A por muerte de jóvenes

El pasado 3 de marzo, los cuatro militares procesados en el fuero militar por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ingresados la madrugada de este viernes a la prisión del Campo Militar 1-A, aledaño a la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Acusados de desobediencia por la Fiscalía de Justicia Militar, los dos cabos y dos soldados arribaron vía aérea a las instalaciones militares, procedentes de Tamaulipas, en las que también se encuentran los militares detenidos por el caso Ayotzinapa: el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota.

Fuentes castrenses informaron que ya pasaron lista y que más elementos que participaron en los hechos registrados el domingo pasado en la colonia Manuel Cavazos Lerma, de la ciudad de Nuevo Laredo, colindante con Texas, están siendo investigados, por lo que no descartan más detenciones.

Revelaron que los cuerpos de los jóvenes fallecidos dieron positivo a la prueba de radizonato de sodio, lo que arrojó que tuvieron contacto con armas de fuego.

Militares hostigan a familiares de uno de los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo

El Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo denunció que elementos del Ejército Mexicano amenazan e intimidan a familiares del sobreviviente a la masacre de cinco jóvenes en esta frontera, presuntamente a manos del ejército.

Por medio de un comunicado, se denunció que soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se presentaron la madrugada del domingo en el domicilio de Gustavo Pérez Benitez, uno de los cinco masacrados en Nuevo Laredo y hermano de Alejandro, quien sobrevivió al ataque.

"Alrededor de las 00:30 horas, cuatro vehículos militares (tres camionetas pick up y un blindado, arribaron al crucero de Río Verde y Río Eufrates, en la colonia Cortés Villada y personal de la Sedena procedió a revisar el vehículo de un familiar cercano al papá de las víctimas bajo sospecha de que se consumía marihuana", señaló el comunicado.

Según el documento, mientras dos soldados revisaron un auto particular, otro de los soldados que iba al mando del operativo interrogó a Enrique Pérez, padre de las víctimas, asegurando que en su domicilio se vendían drogas, y que si querían podían llevárselo arrestado, pues además de ser capitán del ejército, era abogado.

Se explicó que el padre de las víctimas informa a los militares que existe una denuncia en la Fiscalía General de la República y ante la CNDH por la muerte arbitraria de los jóvenes, los soldados, según la relatoría, exigen ver los documentos que lo acrediten.

Fue entonces que los familiares decidieron llamar a personal del Comité de Derechos Humanos y ante esto, los soldados decidieron retirarse.

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Cuatro días después de que cinco jóvenes murieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando la camioneta en la que viajaban fue baleada presuntamente por militares, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las autoridades de la Defensa Nacional (Sedena) ya están coadyuvando en la investigación y si resultan responsables los militares serán castigados.

Manifestó que lo mejor es dejar las cosas en claro y no ocultar nada, pues afirmó que a diferencia de otros sexenios, en su gobierno respetan los derechos humanos de verdad.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que a propuesta del general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se investigue el caso.

Si resultan culpables, militares serán castigados: AMLO

“Conozco el caso, se nos informó en el gabinete de seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, se pidió a intervención de la CNDH para que se investigue el caso; incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que* si resultan responsables los militares del Ejercito sean castigados*.

“Lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada, no ocultar nada. Pensemos en dos cosa, primero, pensemos en los jóvenes de Ayotzinapa, fue un crimen y un error tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón no es mátalos en caliente, aquí se respetan los derechos humanos de verdad”, dijo.

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