La Audiencia Nacional española (AN) acordó este lunes la extradición a México del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya para ser juzgado por un presunto fraude de 280 millones de dólares en su país.

En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la AN consideran que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega, y recuerdan que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país.

Las autoridades mexicanas le atribuyen un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de "operaciones con recursos de procedencia ilícita", que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español.

El presunto fraude se habría producido en la compra de una planta de fertilizantes y por haber recibido supuestamente unos 10,5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El procedimiento de extradición comenzó el 12 de febrero pasado, cuando Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016 con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Málaga después de que en mayo de 2019 fuera puesto en busca y captura internacional por su presunta implicación en la trama de sobornos de Odebrecht, a la que luego se añadieron nuevas denuncias.

El 13 de febrero fue enviado a prisión mientras se tramitaba la extradición, a la que finalmente no se opuso.

Según la resolución, antes de ocupar el cargo de director de la petrolera paraestatal Pemex entre 2012 y 2016, Lozoya se comprometió "a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país" con la empresa Altos Hornos de México(AHMSA), representada por Alonso Ancira, conocido como "el rey del acero" y que también fue detenido en España por una reclamación de su país.

A cambio de este acuerdo, Lozoya recibió una cantidad de dinero, que posteriormente utilizó para la compra de un inmueble.

En diciembre de 2013, en su calidad de director general de PEMEX, Lozoya propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria SA, filial de la petrolera, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.

Esta planta había permanecido inactiva durante 14 años y los informes desaconsejaban su compra, pero finalmente la petrolera adquirió el inmueble por 264 millones de dólares, además de que tuvo que invertir otros 450 millones dólares en rehabilitar el espacio.

La segunda causa por la que Lozoya está reclamado se remonta al año 2009 cuando ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios.

A cambio de la ayuda, Lozoya solicitó al directivo de Odebretch que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del PRI.

El cambio de medida cautelar solicitado para Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para seguir su juicio en libertad fue negado por el juez José Rivas Gonzáles, por lo que continuará su proceso desde el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La decisión fue tomada después de una audiencia de casi 12 horas, ante esto el impartidor de justicia rechazó los argumentos presentados por la defensa.

La suspensión definitiva impidió que se diera continuidad a su petición de enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.

Dicha petición fue negada a Lozoya para efecto de que su libertad personal esté en manos del tribunal y no pueda ser cambiado de prisión. El juzgador indicó que mientras esté vigente la suspensión no podrá pronunciarse.

Durante la audiencia para un cambio de medida cautelar, en el Reclusorio Norte, el es funcionario federal aseguró que “me tienen en prisión preventiva con pruebas prohibidas”, insistiendo incluso en que algunas declaraciones en su contra se obtuvieron mediante tortura o hubo fallos en la cadena de custodia de la evidencia.

La audiencia, que se preveía que sería corta en un inicio, pero se alargó durante el día debido a que el juez Gustavo Aquiles Villaseñor tomó vacaciones, y el juez asignado, José Rivas Gonzáles, mostró la necesidad de conocer el caso más a fondo antes de tomar cualquier decisión con respecto de la medida cautelar para Lozoya.

La exposición de narrativas por parte de la defensa y del ministerio público, elevó el tono de la audiencia y ha derivo en señalamientos, llevó incluso a que Lozoya reclamara que se mencionara a su madre, Gilda Austin, como una criminal:

“No hable de mi madre como delincuente”, reprochó el ex director de Pemex.

Los abogados del ex funcionario mexicano han insistido en que no existe ningún riesgo de fuga, y que además desde que fue detenido en España, ha mostrado su disposición a colaborar, por ejemplo, llevando a que actualmente haya 3 órdenes de aprehensión pendientes que se han obtenido gracias a la colaboración del acusado.

Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa de Lozoya, explicó que se está solicitando la libertad de su cliente con base en el principio constitucional de que ninguna persona debería estar detenida por más de dos años sin una sentencia.

“Nosotros hemos sostenido nuestras posturas, en las cuales creemos que tenemos razón en el sentido de que mantener al señor Emilio Lozoya Austin en prisión es ilegitimo, que procede la libertad, bajo las medidas cautelares que señale la autoridad y ahora regresamos a audiencia para continuar”, dijo a medios de comunicación.

Tras casi 12 horas de audiencia que incluyó tres recesos, el juez José Rivas González decidió mantener en prisión preventiva justificada al ex director de Pemex, bajo el argumento de que Lozoya aún no cumple dos años en prisión porque se perdió la continuidad del proceso durante el criterio de oportunidad que promovió. Su defensa tiene tres días para apelar la determinación.

Como parte del caso, en septiembre pasado, un Tribunal Federal confirmó la resolución de un juez de control que desechó diversas pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) para un eventual juicio oral.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

La defensa legal de Emilio Lozoya aseguró que ya fue presentado el amparo en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el eventual juicio por este caso.

Así lo confirmó a MILENIO Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, quien explicó que, como parte de esta demanda de amparo, también solicitaron una suspensión para que el juez Gerardo Alarcón no dicte la apertura a juicio oral en la audiencia intermedia que continuará este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte.

En caso de que un juez de amparo conceda esta suspensión, Emilio Lozoya evitaría ir a juicio por el caso Odebrecht hasta que se resuelva de fondo esta demanda en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Pemex y de la UIF, lo que podría tardar meses e incluso años, considerando otros recursos que pudieran promover.

“Lo que buscamos con el amparo es que se defina a quién le tenemos que pagar la reparación del daño. Que las instituciones señalen sede y cuenta para depositar, queremos pagar ya la reparación del daño”, enfatizó el abogado de Lozoya a MILENIO.

Esta estrategia legal también es relevante porque, de conseguir que Pemex y UIF no cuenten con el carácter de víctimas, ya no podrían participar en el proceso, incluso en caso de darse un eventual juicio, ya no habría ofendidos en esta acusación lo que implicaría que ya no habría a quién pagar alguna reparación del daño que, en la acusación por escrito, asciende a más de 20 millones de pesos.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tiene este martes una nueva cita ante un juez de Control del Reclusorio Norte, ahora por el caso Odebrecht.

Se trata de la audiencia intermedia programada para las 10:00 de la mañana, en la que una vez más la Fiscalía General de la República (FGR) tratará de imputar al exfuncionario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Será en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y estará dirigida por el juez Gerardo Alarcón López, quien desde diciembre asumió el caso en sustitución de la juez Verónica Gutiérrez Fuentes.

A solicitud de los abogados de Lozoya Austin, en noviembre del año pasado, se aplazó la diligencia de hoy, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no les había entregado cuatro discos con interrogatorios videograbados y dictámenes periciales consistentes en contabilidad y derecho extranjero.

Cabe recordar que Emilio Lozoya Austin ofrece a Pemex 7.3 millones de dólares para llegar a un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, en el caso Odebrecht, del que está acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña por más de 10 millones de dólares.

"No se celebró la audiencia porque falta que la Fiscalía General de la República, entregue parte del descubrimiento probatorio y también nosotros tenemos dos dictámenes periciales pendientes por entregar a la Fiscalía”, mencionó el abogado Miguel Ontiveros Alonso.

Se prevé que en la audiencia de este martes, la Fiscalía General de la República haga la imputación formal contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

Existe la posibilidad de que la audiencia se difiera, como ocurrió con la del caso Agronitrogenados en la que también está acusado Lozoya Austin.

Un tribunal federal otorgó un amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sentencia que ordena dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. 

La sentencia de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, no ordena la inmediata libertad de Emilio Lozoya, sino que se estudie otra vez el caso y se emita un nuevo pronunciamiento en cualquier sentido. 

Este es el único caso que mantiene al ex funcionario en el penal del reclusorio Norte, en la Ciudad de México. 

Desde hace meses, Lozoya busca recuperar su libertad para continuar enfrentando el asunto donde se le presume responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. 

Rodríguez Escobar determinó que se cometieron violaciones formales de fundamentación y motivación en la resolución dictada por Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien resolvió un recurso de apelación.

El 8 de abril del presente año, Porras Odriozola confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada el pasado 26 de enero por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza. 

Ahora, la magistrada del Tercer Tribunal Unitario deberá contestar cada uno de los argumentos que la defensa realizó y que ella no respondió. 

También debe valorar lo expuesto por la defensa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Emilio Lozoya podría tener acceso a 2 millones de euros de la empresa JF Holding, de la cual es accionista, recursos que le facilitarían evadir la justicia. 

Los abogados refutaron el argumento al mencionar que dichos recursos fueron depositados hace siete años y no hay un elemento que acredite que ese dinero aún exista. 

Asimismo, debe responder a lo señalado por la defensa en el sentido de que el ex director de la paraestatal había comparecido en todo momento en el procedimiento penal; y tiene que justificar por qué el estado procesal se considera como una variación objetiva que justifica la modificación de la medida cautelar. 

Una vez subsanado lo anterior, deberá emitir un nuevo pronunciamiento con libertad de jurisdicción. 

En el recurso de apelación, la defensa de Lozoya Austin mencionó que fue incorrecta la aplicación del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte del juez Artemio Zúñiga. 

Que el juez de control desatendió lo establecido en los artículos 161 y 167 del CNPP, al decretar el cambio de medida cautelar con base en las motivaciones que justificaron la imposición de medidas cautelares en la audiencia inicial, es decir, cuando a Emilio Lozoya se le permitió enfrentar el proceso en libertad y sólo se le obligó a no salir del país y a firmar periódicamente.

 La magistrada debe estudiar lo expuesto por el juez de control, quien destacó que la relación de Emilio Lozoya con su esposa Marielle Helene Eckes, de nacionalidad alemana, permitiría sustraerse de la justicia. 

Es de mencionar que la FGR agregó que Emilio Lozoya cuenta con capacidad económica para salir del país y permanecer oculto; que su padre Emilio Lozoya Thalmann, tiene contactos con personas de alto nivel porque formó parte del Gobierno Federal. 

Igualmente, que el ex funcionario tiene “poco pudor procesal”, porque cuando gozaba de libertad, fue exhibido cuando se encontraba acompañado de diversas personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. 

Finalmente, el Ministerio Público Federal detalló que la necesidad de cautela se justifica con el máximo de las penas que se le pueden imponer tras recibir una sentencia. 

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

Las conversaciones entre Pemex y la comercializadora de energía Vitol, que podrían llevar a la reanudación de negocios suspendidos desde 2021, han tenido avances y ambas discuten puntos cruciales como la indemnización a la petrolera estatal tras un sonado escándalo de corrupción.

Dos fuentes de alto rango de Pemex dijeron que luego de que la compañía con sede en Suiza revelara en mayo los nombres de funcionarios de la estatal que habrían aceptado sobornos para facilitar contratos con Vitol -una exigencia de la petrolera-, las negociaciones progresan hacia una eventual reanudación de los suministros.

Sin embargo, afirmaron que algunos puntos están siendo analizados por abogados de la gigante Pemex y que aún no se ha cerrado un acuerdo final. No dieron detalles sobre cómo se calcularían los daños por el escándalo ni un monto estimado. Vitol y Pemex declinaron hacer comentarios.

"La condición que se puso fue esa. Ya están los nombres, ya están las personas (que incurrieron en corrupción). Ahora sí: indemnízame", dijo una de las fuentes, quien solicitó el anonimato por no estar autorizada a hablar en público del tema.

En marzo del 2021 Pemex informó que había cesado relación comercial con Vitol luego de que ésta admitió haber pagado sobornos para retener negocios en México.

Eso, después de que en diciembre del 2020, Vitol ofreciera resarcir los daños a Pemex, que no aceptó pues demandaba conocer los nombres de los funcionarios de la estatal que habían aceptado los sobornos, así como los contratos involucrados. De lo contrario, la mexicana tomaría medidas más drásticas.

La subsidiaria de Vitol en Estados Unidos acordó a fines del 2020 desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo pagó más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México. 

"Se están retomando conversaciones pero aún no hemos pactado nada (sobre compra de productos). Hay varios temas aún en el departamento jurídico", agregó la fuente, al precisar que entre los puntos estaba la compensación por daños.

DANZA DE MILLONES

El director general de Pemex, Octavio Romero, cifró en 2021 la indemnización ofrecida por Vitol en unos 17 millones de dólares en efectivo "más otro tanto por concepto de unos contratos que están llevando a cabo y que ellos terminarían sin costo". 

Pero en mayo pasado, al descartar que Pemex tuviera negocios con Vitol, dijo que ésta ofreció pagar 22 millones de dólares y realizar "trabajos" en la terminal de etano de Pajaritos, pero la estatal insistió en conocer los nombres de los involucrados, pues no bastaba una "indemnización por del daño ocasionado".

Además, Romero dijo que en junio del 2021 Pemex reclamó el 100% de una carta de crédito otorgada en garantía por Vitol en relación con un contrato de suministro de etano que fue rescindido en 2020. Precisó que 9.2 millones de dólares de ese respaldo entraron a Pemex el 8 de julio del 2021.

Reuters reportó en 2021 que Pemex informó a Vitol la cancelación de un contrato de gas butano, otro de nafta y otro de gas propano. El contrato de propano abarcaba cuatro operaciones distintas.

Otra fuente de alto nivel de la estatal mexicana confirmó las conversaciones y agregó que "aún no hay nada cerrado" sobre la posibilidad de retomar viejos contratos o hacer unos nuevos. "Dependerá ahora también en que se reciba un pago por el daño que sea adecuado", pero declinó comentar de cuánto sería.

El funcionario mencionó que las conversaciones son ahora más fluidas tras haberse conocido los nombres de quienes participaron en la trama de corrupción, que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo trabajaron bajo el gobierno que le precedió.

La compensación sigue siendo uno de los obstáculos para reiniciar la relación comercial, dijeron las fuentes. No dieron un estimado sobre cuánto tiempo podrían durar las conversaciones. El progreso en las mismas no ha sido informado previamente.