México podría emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores de impuestos en septiembre, dijo un fiscal de alto rango, mientras el gobierno intensifica una campaña agresiva para exprimir más ingresos de las empresas y poner fin a lo que describe como años de débil recaudación tributaria.

Una ofensiva dirigida a impulsar las arcas estatales del país con la recaudación de impuestos más baja en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha llevado a la unidad minorista de Walmart Inc en México y el embotellador y minorista Femsa a desembolsar cientos de millones de dólares.

Están pendientes varias denuncias penales por violaciones en materia impositiva, dijo en una entrevista el procurador fiscal, Carlos Romero, sin proporcionar detalles sobre la cantidad o las empresas que podrían enfrentar los cargos. 

“Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me atravesó una pandemia. Ahorita espero que entre septiembre y octubre”, explicó Romero. “Entre 2020 y 2021, va a haber gente en la cárcel”.

Las tácticas difíciles son posibles debido a una reforma implementada este año que clasifica el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos (343,419 dólares) como un delito grave. Los sospechosos pueden ser arrestados cuando son acusados ​​y detenidos durante el proceso. Romero dijo que el momento de los arrestos dependerá de que los tribunales y otras autoridades puedan reabrir luego del confinamiento por la pandemia en México. 

La fiscalía general es responsable de presentar cargos ante un juez y llevar a cabo arrestos basados ​​en quejas presentadas por el procurador fiscal.

Si grandes contribuyentes corporativos estuvieran bajo escrutinio, las órdenes de arresto podrían apuntar a varios puestos, incluida la persona a cargo de los pagos de impuestos, miembros de la junta, abogados y contadores, agregó Romero. 

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo a Reuters el mes pasado que las autoridades habían abierto “cuatro o cinco” casos de fraude fiscal corporativo solo este año, sin revelar nombres. [nL1N2DM1VQ]

Romero dijo que este año su oficina cerró dos casos criminales “importantes” contra compañías, sin especificar cómo se resolvieron. En una tercera instancia, una empresa llegó a un acuerdo con el gobierno cuando se le presentó el riesgo de cargos criminales, destacó. 

No identificó los casos cerrados o la compañía que llegó a un acuerdo. La directora de asuntos corporativos de Walmart de México dijo que no tenía conocimiento de una denuncia penal, después de que la compañía dijo que pagó 8,080 millones de pesos (356 millones de dólares) en un acuerdo con la autoridad fiscal sobre la venta de un restaurante. [nL1N2D719L] Femsa, que se comprometió a pagar 8,800 millones de pesos (397 millones de dólares) en impuestos, no recibió un cargo penal, dijo una portavoz. [nL1N2DB32U].

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en junio que el fabricante de automóviles japonés Toyota Motor Corp estaba en el proceso de poner en orden su situación fiscal. Toyota en México se negó a comentar sobre sus asuntos fiscales. “Si el presidente no ha hecho un anuncio, es porque todavía no hay noticias”, dijo Romero. (1 dólar=22.4480 pesos mexicanos)

Los contribuyentes que mantienen créditos fiscales en disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben revisar si están obligados a garantizar el adeudo, pues presentar un medio de defensa no detiene automáticamente las acciones de cobro.

Así lo señaló el abogado fiscalista Jorge Alberto Pickett Corona, quien explicó que la garantía del interés fiscal puede proteger el adeudo mientras se resuelve la controversia y, cuando corresponde, permitir la suspensión del procedimiento de cobro.

“Impugnar un crédito fiscal no significa que quede cancelado ni que el SAT deje automáticamente de cobrarlo. Para suspender el procedimiento se deben cumplir los requisitos previstos en la legislación y, en su caso, garantizar el interés fiscal”, indicó.

Entre las alternativas para garantizar estos adeudos se encuentran la fianza, la carta de crédito, la prenda y la hipoteca. El mecanismo aplicable depende de cada caso y debe cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales.

Pickett Corona advirtió que desconocer los plazos o presentar una garantía de manera incorrecta puede generar complicaciones para personas físicas y empresas, incluso mientras se encuentra en curso la defensa del crédito.

Por ello, recomendó revisar oportunamente cada caso, determinar si existe la obligación de garantizar el adeudo y verificar que el mecanismo elegido cumpla con las condiciones necesarias. De esta manera, los contribuyentes pueden continuar con su estrategia de defensa y reducir el riesgo de enfrentar acciones de cobro durante el proceso.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé un aumento en la fiscalización de empresas y contribuyentes para el ejercicio fiscal 2027, sin que ello implique la creación de nuevos impuestos ni el aumento general de tasas. 

Así lo informó el abogado fiscalista, Mtro. Jorge Alberto Pickett Corona, quien destacó que el Paquete Económico 2027 busca fortalecer la recaudación mediante una vigilancia más estricta y dirigida sobre las operaciones y el cumplimiento fiscal.

El especialista explicó que entre las principales propuestas del paquete se encuentran cambios en materia de Impuesto sobre la Renta (ISR), con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes y reducir las prácticas de evasión y elusión fiscal. 

“La ausencia de nuevos impuestos no significa una menor presión fiscal; en realidad, la estrategia se enfocará en una fiscalización más específica y efectiva”, señaló Pickett Corona.

Entre los temas que recibirán mayor atención están las operaciones relacionadas con empresas factureras, las deducciones y pérdidas fiscales, especialmente cuando estas últimas se reporten de manera recurrente. 

También se buscará ampliar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), facilitando la incorporación de pequeños negocios y trabajadores autónomos al sistema formal y aumentando la base de contribuyentes.

El experto recomendó a las empresas revisar cuidadosamente la documentación que respalda sus deducciones, demostrar la materialidad de sus operaciones y mantener la congruencia entre los CFDI y la información presentada ante el SAT, puesto que estos aspectos serán sometidos a una revisión más exhaustiva.

Asimismo, el Paquete Económico plantea fortalecer el control sobre el “huachicol fiscal”, es decir, las operaciones relacionadas con la importación y comercialización de combustibles, con el fin de disminuir la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y mejorar la recaudación tributaria.

Finalmente, Pickett Corona resaltó que para 2027 se proyectan ingresos tributarios equivalentes al aproximadamente 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que instó a las empresas y contribuyentes a revisar desde ahora sus operaciones, deducciones y obligaciones fiscales, ante un esquema cada vez más apoyado en la digitalización y en cruces de información automatizados.

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La publicación oficial de la Reforma Fiscal 2026 en el Diario Oficial de la Federación ha generado alertas entre contribuyentes y expertos en materia fiscal, ya que a partir del 1 de enero de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) verá ampliadas significativamente sus facultades.  

El Licenciado Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, explicó que los cambios aprobados por el gobierno federal afectan la Ley de Ingresos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del IEPS, con el objetivo de fortalecer la estrategia de recaudación nacional y mejorar la fiscalización.  

“El paquete fiscal redefine la estrategia de recaudación y pone énfasis en medidas para combatir la evasión y la simulación fiscal. El Plan Maestro del SAT para 2026 estará enfocado en fortalecer el control tributario”, comentó Pickett Corona.  

Entre las principales innovaciones en el Código Fiscal de la Federación se encuentran nuevas herramientas para detectar y sancionar prácticas ilícitas, como un procedimiento exprés para bloquear la emisión de facturas falsas desde el inicio de una revisión, además de la ampliación de las causas para la cancelación o restricción de sellos digitales.  

Asimismo, el SAT tendrá un acceso más amplio a la información financiera de los contribuyentes y las plataformas digitales deberán permitir acceso en tiempo real a datos relacionados con obligaciones fiscales. También se establece que las visitas domiciliarias podrán realizarse mediante medios electrónicos, según el nuevo artículo 49 BIS del Código Fiscal.  

El abogado fiscalista advirtió que empresas, profesionistas y personas físicas deben revisar y ajustar sus sistemas y procedimientos administrativos para cumplir con los nuevos lineamientos, ya que la fiscalización será más estricta y tecnológica.  

Finalmente, Pickett Corona subrayó que estas modificaciones consolidan un esquema tributario más riguroso, en el que la supervisión electrónica y el intercambio de información serán pilares fundamentales para el control fiscal durante 2026.

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Tras una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación (CFF), los contribuyentes están obligados a garantizar el interés fiscal desde la primera instancia de defensa, pues de no hacerlo, la autoridad puede embargar cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, o intervenir la negociación del contribuyente.

El Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, explicó que este cambio busca reforzar la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque también representa un incremento en la presión financiera para las personas físicas y morales que enfrentan controversias fiscales.

El especialista precisó que el artículo 141 se aplica cuando un contribuyente interpone un juicio o recurso de revocación contra el SAT, es decir, cuando se impugna una resolución fiscal o un crédito emitido por la autoridad.

“Ahora, para poder suspender cualquier embargo, el contribuyente deberá garantizar desde la primera instancia, es decir, al presentar el recurso de revocación, lo que podría impactar a quienes no cuenten con liquidez inmediata para hacerlo”, advirtió Pickett Corona.

Las opciones para garantizar el crédito fiscal incluyen depósito en dinero, carta de crédito, prenda o hipoteca, fianza, obligación solidaria, embargo, o títulos valor y cartera de créditos. Sin embargo, la reforma establece un orden obligatorio, en el que la primera opción será el depósito en efectivo en una institución autorizada, probablemente en el Banco del Bienestar o en el Banco del Ejército, que garantice una liquidez inmediata.

El abogado fiscalista advirtió que esta modificación podría generar afectaciones directas a las empresas con procedimientos fiscales abiertos, al requerirles inmovilizar recursos o bienes para mantener la suspensión de actos de cobro mientras se resuelve el litigio.

Finalmente, Pickett Corona subrayó que el propósito del cambio es asegurar que el Estado recupere los créditos fiscales en disputa, aunque ello implique mayores riesgos económicos para los contribuyentes que decidan impugnar resoluciones de la autoridad.

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Es fundamental que los contribuyentes conozcan sus derechos establecidos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para evitar desventajas y posibles abusos durante los procedimientos fiscales. El abogado fiscalista Lic. Jorge Alberto Pickett Corona destacó que estos derechos brindan protección jurídica, certeza y un trato digno en todos los actos de la administración tributaria.

Entre los derechos más importantes se encuentran el derecho a ser informado y asistido, a recibir devoluciones de impuestos, a conocer el estado de sus trámites y a proteger la confidencialidad de sus datos. Además, se garantiza un trato respetuoso y la participación activa en los procesos, permitiendo a los contribuyentes ejercer sus obligaciones sin sufrir arbitrariedades.

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