El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este lunes enviará al Senado el aval del Poder Ejecutivo para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda intervenir sin ninguna limitante en casos de desaparición forzada y de violación de derechos humanos, puesto que en administraciones pasadas no se había aceptado.

"Estamos por enviar al Senado, hoy mismo, una aprobación del Ejecutivo, es decir, nuestra aceptación para que en los temas de desaparición forzada o forzosa, en todo lo que es violación de derechos humanos pueda intervenir sin ninguna limitación la ONU. Esto no se había aceptado por parte de México que pudiera intervenir la ONU en estos casos.

"Hoy mismo va a tener este documento el Senado de la República", dijo.

En conferencia de prensa y al recordar el décimo aniversario de la masacre de San Fernando, Tamaulipas donde fueron asesinados 72 migrantes, aseguró que están abiertas las investigaciones y las cuales, indicó, se tienen que seguir, porque en su gobierno "no se protege a nadie y no hay impunidad".

"Están abiertas la investigaciones, esto son hechos muy lamentables; en efecto fue una masacre hace 10 años en Tamaulipas de migrantes y tenemos que seguir con la investigación; ahora no se protege a nadie y no hay impunidad", agregó.

Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad la resolución que abría la puerta a la entrada de Palestina como miembro de pleno derechos de las Naciones Unidas, de la que ahora es solo estado observador.

A ello, el enviado de la presidencia palestina Ziad Abu Amr recordó hoy ante el Consejo de Seguridad que fue así como Israel entró en la ONU: fruto de una resolución, la número 181, que se votó en 1948, y desde entonces es estado miembro de pleno derecho. 

Asimismo, la Autoridad Palestina criticó el veto de Estados Unidos considerando que es una "agresión flagrante" que empuja a Oriente Medio al "borde del abismo".

"Esta política estadunidense agresiva hacia Palestina, su pueblo y sus derechos legítimos representa una agresión flagrante al derecho internacional y una incitación a que continúe la guerra genocida contra nuestro pueblo (...) que conducen a la región aún más al borde del abismo", declaró la oficina del presidente Mahmud Abás en un comunicado.

La resolución había sido presentada por Argelia en nombre del Grupo Árabe de Naciones Unidas, y cosechó 12 votos favorables, frente a dos abstenciones y el voto en contra de Estados Unidos, lo que subrayó el aislamiento de este país frente a la mayoría de la comunidad internacional.

De los países que ya han tomado la palabra, se han pronunciado claramente a favor del Estado palestino Rusia, China, Argelia, Malta, Eslovenia, Sierra Leona, Mozambique y Guyana.

De forma más ambigua se han manifestado el Reino Unido, Francia, Japón, Corea y Ecuador, que podrían abstenerse, mientras que no se sabe qué actitud tomará Suiza.

La resolución por el Estado palestino la presentó Argelia en nombre del Grupo Árabe de la ONU, y ha suscitado un apoyo unánime de los países musulmanes y de los no alineados, además de algunos europeos, como el caso de España.

¿Qué significa ser estado observador en la ONU?

Los territorios y gobiernos no miembros pueden recibir una invitación como observadores en períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General para expresar sus posturas ante las distintas coyunturas a abordarse. 

Medios especializados suponen que en la práctica, este nuevo estatus es un reconocimiento indirecto de Palestina como Estado, aunque este no sea admitido como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas.

La primera vez que se solicitó esto fue en septiembre de 2011 aunque el Consejo de Seguridad tumbó la iniciativa al ser vetada por Estados Unidos.

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El máximo órgano judicial de Naciones Unidas atenderá el próximo 30 de abril la demanda de México contra Ecuador en la que solicita “medidas cautelares” a la espera de resolver el fondo del asunto por la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la embajada mexicana en Quito.

Las audiencias públicas tendrán lugar en el Palacio de la Paz de La Haya y durarán dos días, informa en un comunicado la Corte Internacional de Justicia.

Indica que las deliberaciones son en respuesta al procedimiento iniciado por el Gobierno de México contra Ecuador “en relación con una controversia relativa a cuestiones jurídicas relativas a la solución de controversias internacionales por medios pacíficos, las relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática".

En concreto, México pide a la Corte que ordene a Ecuador adoptar cuatro medidas provisionales a la espera de que se dicte la sentencia definitiva sobre el fondo.

México quiere que “el Gobierno del Ecuador adopte medidas apropiadas e inmediatas para garantizar la plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, los bienes que se encuentran en ellos y los archivos, protegiéndolos de cualquier forma de intrusión”.

Pide además luz verde para poder “vaciar los locales diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos” en Ecuador.

Igualmente solicita garantías que imposibiliten al Gobierno ecuatoriano tomar acciones que “puedan perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión que la Corte pueda dictar sobre el fondo”.

Como cuarto punto, México demanda que “el Gobierno de Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte".

A las audiencias podrá asistir el personal diplomático, representantes de medios de comunicación y el público en general.

El pasado 11 de abril, México presentó a La Haya una demanda contra Ecuador relacionada con el acceso ilegal de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la delegación diplomática mexicana en Quito, para detener al ex-vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba refugiado en la dependencia.

México había concedido asilo político a Glas bajo el argumento de que era víctima de persecución política.

El Gobierno ecuatoriano desestimó los argumentos de México y del derecho internacional. Afirmó que el asilo no procedía por tratarse de delitos del fuero común.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a autoridades federales, estatales y municipales a reforzar una estrategia de seguridad integral para garantizar la protección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular y de funcionarios.

En su “Segundo informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, destaca que del 2 al 12 de marzo de 2024, se observaron 16 hechos identificables como violencia política, de los cuales se tiene el registro de cuatro hechos (25%), “que representan un claro peligro para el libre ejercicio del derecho a la democracia al tratarse de dos asesinatos, un feminicidio y un acto de violencia hacia la integridad contra personas candidatas a cargos de elección popular y servidoras públicas”.

Agrega que en ese mismo lapso, se registraron cinco hechos (31.25%) considerados de cuidado al tratarse de amenazas por medios físicos y/o digitales contra diversos aspirantes. En tanto, siete hechos (43.75%) representan alerta al presentar actos de discriminación, divulgación de infundios, daño y alteración de la imagen o del discurso público.

“Conforme avanzan las campañas se han incrementado las acciones que tienden a descalificar el proceso electoral”, dice el reporte de la Comisión Nacional.

Con respecto a las presuntas declinaciones a participar en la contienda electoral por parte de 12 aspirantes del PAN en Chiapas, y las presuntas amenazas reportadas contra aspirantes de diversos partidos políticos en Michoacán que les han orillado a retirarse del proceso, la CNDH llamó a que este tipo de denuncias no queden únicamente en lo mediático, sino que se les investigue y se esclarezcan.

También pide al Instituto Nacional Electoral (INE) que vigile el activismo político de personajes de la Iglesia Católica, al mencionar que la Provincia Eclesiástica del Bajío realiza talleres denominados “El pueblo de Dios, valora, discierne y elige para favorecer la comunión y la participación por México”, en los que lanzan consignas a favor de la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México y en contra de la candidata de Sigamos Haciendo Historia.

“En esos talleres se emiten expresiones como la siguiente: “Xóchitl Gálvez está defendiendo la libertad, la verdad y la seguridad principalmente, porque eso es lo que no tenemos ahorita”. Pero también se difunde un discurso de odio, con referencias peyorativas y discriminatorias”, destacó.

Según el organismo, en las propuestas de campaña de los candidatos presidenciales, Xóchitl Gálvez y el emecista Jorge Álvarez Máynez, “persisten las descalificaciones o manejo de retóricas, sin que se detallen o perfeccionen las propuestas señaladas para que el electorado cuente con todos los datos posibles que les permitan participar de manera informada en los próximos comicios”.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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