Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas bancarias al juez Jorge Luis Solís Aranda que se negó a vincular a proceso por corrupción de menores a Luis Alonso “N”, director de recursos humanos de la policía municipal de Puerto Vallarta –a quien también se le congelaron sus cuentas- y quien fue encontrado con una niña desnuda en su vehículo.

En entrevista con medio en Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que se investiga para ver si se presenta la denuncia correspondiente en este caso.

"Hemos hecho congelamiento del juez que no vinculó a proceso de la secretaria de Seguridad en le municipio de Puerto Vallarta que fue localizado con una menor en su vehículo, tanto al director como al juez que no vinculó a proceso a este sujeto, les hemos congelamiento de cuentas y estamos en proceso de investigación para ver si presentamos la denuncia correspondiente”.

El titular de la UIF informó que la institución tiene convenio con varias autoridades para combatir los temas de trata de personas, “y en ese sentido ha sido una preocupación de la unidad el que todos los casos en donde puede ser un acto, una conducta vinculada con la trata de personas se ha vinculado, desde nuestra posición lo que podemos hacer es el congelamiento de cuentas y las denuncias correspondientes y eso es lo que hemos estado haciendo”.

Ayer, el juez Jorge Luis Aranda fue suspendido de su cargo y será sometido a investigación; el argumento del juez fue que el extrabajador del municipio ya está vinculado por abuso sexual infantil en el mismo caso.

Después de que este domingo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicara en sus redes que habló del caso con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves, éste informó que la decisión de suspender al juez sin goce de sueldo e iniciar una investigación en su contra se tomó el mismo domingo en sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura de Jalisco.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la iniciativa que presentada por Ignacio Mier Velazco, junto con la legisladora Juanita Guerra Mena, para que los recursos abandonados en instituciones bancarias sean tomados por el gobierno y se destinen a la seguridad pública.

El documento fue avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones. La iniciativa pasará al Senado para su discusión.

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Por negarse a vincular a proceso por corrupción de menores a un exfuncionario de la policía de Puerto Vallarta, el juez Jorge Luis Aranda fue suspendido de su cargo y será sometido a investigación.

El argumento del juez fue que el extrabajador del municipio ya está vinculado por abuso sexual infantil en el mismo caso.

El domingo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó en sus redes que habló del caso con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves. Éste le informó que la decisión de suspender al juez sin goce de sueldo e iniciar una investigación en su contra se tomó ayer en sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura del estado.

"Soy juez y como tal, sé que ante el derecho y la ley no hay ni debe haber cabida a la impunidad, máxime cuando está de por medio el interés superior de la niñez. Hacerle daño a un menor de edad nos daña e indigna a todos como sociedad, y eso no lo voy a tolerar", expuso Suro Esteves en su cuenta de Twitter.

Alfaro Ramírez aseguró que el exfuncionario "sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil" y dijo que haría "todo lo necesario para que este presunto pederasta no salga de prisión en mucho tiempo y reciba el castigo que se merece".

Sin embargo, el mandatario no detalló que el imputado está en prisión preventiva esperando juicio y que su defensa busca la suspensión provisional del proceso debido a que la fiscalía no pudo lograr que el juez aceptara las agravantes en la imputación por abuso sexual infantil.

Es por ello que el viernes pasado el Ministerio Público intentó que el exfuncionario también fuera vinculado a proceso por corrupción de menores en el mismo caso, pero la respuesta del juez fue que ese delito ya estaba incluido en el de abuso sexual infantil, por el cual ya había una vinculación a proceso.

"La segunda imputación [por corrupción de menores] requería de peritajes más pormenorizados, esa fue la razón por la que al momento de la puesta a disposición [ante el juez] se decidió asegurar una primera vinculación [por abuso sexual infantil]", señaló el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, para explicar la estrategia del Ministerio Público en este caso.

Al no lograr la segunda imputación, la fiscalía informó que apelará la decisión del juez.

Luis Alonso "N" fue detenido en flagrancia el pasado domingo 26 de julio en Puerto Vallarta, cuando en su automóvil tenía sometida y desnuda a una niña de 10 años.

CIUDAD DE MÉXICO, 19 jun (Reuters) - El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) dijo el viernes que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos, tras ser acusadas de ayudar a Caracas a evadir sanciones mediante el comercio de petróleo venezolano.

Santiago Nieto, titular de la unidad que depende de la Secretaría de Hacienda, no dio detalles del número de cuentas bancarias ni montos, pero en una respuesta a Reuters consultado sobre el asunto afirmó que están congeladas las de "todos los listados por OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)".

En su primera medida contra entidades mexicanas ligadas al comercio de crudo venezolano, el Departamento del Tesoro dijo el jueves que impuso sanciones a tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones, con las que Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro.

En la lista negra figuran la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

Aunque no fue posible tener un comentario de las copropietarias sobre el congelamiento de las cuentas, Libre Abordo dijo a Reuters en una respuesta que trabaja en su defensa legal, tanto ante las autoridades de Estados Unidos como las de México.

"Estamos convencidos de que estas acciones contribuirán a ratificar la legalidad de todas nuestras operaciones", afirmó.

También incluyó la Tesorería al mexicano Joaquín Leal Jiménez, a quien Estados Unidos acusó de haber trabajado con el empresario Alex Saab -recientemente detenido en Cabo Verde-, Libre Abordo y Schlager Business Group para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano. No ha sido posible obtener un comentario de Leal.

Libre Abordo y Schlager comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos a finales del año pasado tras firmar dos acuerdos de "petróleo por alimentos" con el gobierno de Maduro que aseguran están exento de las sanciones de Estados Unidos.

Las empresas mexicanas acordaron suministrar a Venezuela 210,000 toneladas de maíz blanco y 1,000 camiones cisterna para agua, de las cuales han llegado a Caracas alrededor de la mitad. El maíz no fue provisto debido a cambios en el cronograma de entregas, según Libre Abordo.

Hasta finales de mayo, Libre Abordo y Schlager recibieron unos 30 millones de barriles de petróleo venezolano, según documentos de exportación de PDVSA.

Libre Abordó anunció en mayo que estaba en bancarrota tras perder más de 90 millones de dólares y denunció que las empresas enfrentaron retos "desproporcionados", desde la caída de los precios del petróleo hasta presión del gobierno estadounidense, lo que llevó a la suspensión del pacto con Caracas. (Reporte adicional de Ana Isabel Martínez Editado por Javier López de Lérida)

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y arquitecto de la "guerra contra las drogas" en México, fue detenido en Dallas, Texas, acusado de cuatro delitos: tres por conspiración para el tráfico de cocaína y uno por declaración falsa a las autoridades estadounidenses.

En México, las autoridades hacendarias congelaron las cuentas de García Luna, así como de otras seis personas y cinco empresas ligadas con el exfuncionario. El canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno está dispuesto a colaborar.

La Fiscalía General de la República informó que solicitará la extradición una vez que concluya sus pesquisas. Detalló que integró una carpeta de investigación por delitos contra la salud, falsedad de declaración, cohecho, delincuencia organizada y otros.

Agregó que el Ministerio Público Federal incorpora a su investigación las pruebas que han diligenciado las autoridades de Estados Unidos contra el exmando policiaco en los sexenios de Vicente Fox y Calderón.

Su detención se da un año después de que un testigo clave en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán aseguró haberle entregado sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa. De ser hallado culpable, enfrentaría de 10 años de prisión a cadena perpetua.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó al juez Tercero de Distrito en el estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, por haber cometido actos de corrupción en el caso de "Los Porkys de Costa de Oro" sobre la violación de una menor de edad ocurrida en el año 2015.

En abril de 2017 el juez González Hemadi concedió un amparo a Diego Cruz, uno de los jóvenes implicados en el caso, y ordenó su liberación al considerar que realizó tocamientos a la menor en contra de su voluntad pero que esto no demostraba que tuvo intención de sostener relaciones sexuales con ella, por lo que no se acreditaba el delito de pederastia por el que fue acusado.

Luego de emitir la resolución, el juez fue duramente criticado en redes sociales por lo que el CJF inició una investigación en su contra para determinar si actuó dolosamente de manera parcial en el caso como consecuencia de una conducta de corrupción, por lo que ordenó su suspensión hasta en tanto concluyeran las indagatorias.

A casi dos años de la suspensión del juez, el Pleno del CJF determinó que el juez incurrió en corrupción y que actuó "en contra de constancias" y que cometió errores inexcusables en el amparo de Diego Cruz.

"La responsabilidad de los juzgadores es máxima y esencialmente social. Las decisiones jurisdiccionales deben ser siempre instrumentos que impacten positivamente en las personas y generen un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos", indicó el CJF en un comunicado en el que dio a conocer la decisión de destituir al juzgador.