Un tribunal federal concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y ordenó cancelar el auto de formal prisión emitido en su contra para que nuevamente declare en la acusación por delincuencia organizada por la que permanece en prisión.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México confirmó la decisión del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales de la entidad para conceder el amparo a la ex primera dama de Iguala, señalada por supuestos vínculos con los Guerreros Unidos, grupo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, la resolución no implica que Pineda Villa será puesta en libertad, pues los magistrados ordenaron revisar los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó en su contra.

“La autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de marzo de dos mil diecinueve, abra un nuevo plazo constitucional, en el que lleve a cabo nuevamente la diligencia atinente a la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa, en caso de que no existan en la causa penal los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores con claves "Mateo" y "X", requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, de su control, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”, señalaron.

Además, requirieron al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales federales del Estado de México para que “tomando en cuenta el término constitucional para resolver la situación jurídica, recabe nuevamente la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa”, sobre la acusación de delincuencia organizada que pesa en su contra.

Esto, debido a que los magistrados señalaron que el juez debe hacerle saber todos los derechos que tiene en el proceso y, de manera clara y precisa, le debe informar los delitos por los que está acusada, los hechos por los que se le acusa y quiénes la señalan como probable responsable.

“En la inteligencia que, deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaboradores con nombre clave "Mateo" y "X", cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada; así como cualquier otro dato, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción III, Constitucional, y 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que la procesada antes mencionada esté en aptitud de defenderse al respecto, todo lo anterior, con la finalidad de que la encausada no sólo conozca quién o quiénes realmente declararon en su contra, así como de los hechos concretos que se le atribuyen, sino que también pueda preparar su defensa”, indicaron.

Una vez hecho esto, el juez Tercero de Distrito deberá resolver nuevamente si emitirá auto de formal prisión en su contra o no.

Tras casi dos años preso, el general José Rodríguez Pérez, acusado del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, saldrá en los próximos días de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez le retiró la prisión preventiva oficiosa, ya que no se justifica que el mando militar pueda evadirse de la justicia.

En audiencia celebrada el viernes y que concluyó la madrugada de este sábado, el juzgador determinó revocarle la medida cautelar al excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, debido a que las condiciones que motivaron su imposición variaron.

De esta manera, el mando militar llevará su proceso penal en libertad provisional, cuando pague la fianza de 50 mil pesos que le fue impuesta por un juez, quien además le impuso la presentación quincenal al juzgado para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esta determinación supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues el general se sumará al grupo de los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa, que llevan su proceso penal en libertad.

Apenas en junio pasado, el sargento peluquero Santiago Muñoz Pilo, acusado de delincuencia organizada, salió del penal del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México, luego de que una juez le revocó la prisión preventiva.

En mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares, al considerar que la prisión preventiva justificada que se le dictó era excesiva e innecesaria.

Asimismo, el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo al general retirado Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, contra la prisión preventiva oficiosa que se le impuso por el delito de delincuencia organizada.

Desde agosto del año pasado, Hernández Nieto lleva su proceso en libertad, con diversas medidas de restricción que le fueron impuestas.

Tras concretarse la salida de prisión del general José Rodríguez Pérez, quedarán en prisión el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al general José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa, con la detención del general José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los normalistas cuando estaba al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez", refirió Encinas Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un encuentro esperado por meses, después de que el diálogo se interrumpiera debido a diferencias en las investigaciones y el reciente periodo electoral.

López Obrador destacó la importancia de tratar el caso Ayotzinapa con seriedad y responsabilidad. "El caso Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres, estaba esperando que pasaran las elecciones, ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad, es un asunto de justicia. Hoy vamos a informarles a los padres y espero que, antes de irme, se tengan buenos resultados", expresó el mandatario.

Aproximadamente a las 11:15 horas, los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional. El encuentro comenzó después del mediodía en el Salón Tesorería, con la presencia del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, manifestó antes de ingresar a Palacio Nacional que no tenían grandes expectativas de recibir información nueva o importante. "No tenemos mucha esperanza de tener informaciones importantes, más bien estamos esperando con esa idea de repetir todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de estos años, estos meses, no esperamos nada importante pero vamos a escuchar la información nueva que el presidente va a dar", comentó.

Expectativas y Demandas

Ortega señaló que los familiares esperan obtener datos precisos sobre lo que consideran que el ejército no ha querido entregar, así como avances en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario implicado en el caso. A pesar del escepticismo, los padres de los normalistas mostraron disposición a escuchar cualquier información nueva que pudiera proporcionar el presidente y su equipo.

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Un militar más que perteneció al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue detenido hace unos días por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre cumple una década.

Se trata del Sargento Segundo Peluquero retirado, Miguel Muñoz Pilo, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Se encuentra interno en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde está a disposición de la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, luego de ser aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

El sargento retirado perteneció hace 10 años al 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de tener un papel activo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se registró el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por el grupo criminal “Guerreros Unidos.

Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, con residencia en Toluca, Estado México, ordenó la captura de 16 oficiales y tropa de los Batallones 27 y 41 de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada, entre ellos el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien después de unos meses logró llevar su proceso en libertad provisional.

Así como la de los soldados Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes en la primera semana de mayo salieron en libertad provisional, luego de que la juez Duarte Cedillo les cambió la prisión preventiva.

Asimismo, también se ordenó la detención de Miguel Muñoz Pilo, entre otros.

De esta manera, quedan presos siete militares por el caso Ayotzinapa, de los que destacan el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel; sargento, Miguel Muñoz Pilo.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional antes de la marcha mensual de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Negó que esta medida tense el ambiente y la justificó como una precaución para proteger el edificio ante posibles provocadores.

En su conferencia matutina, López Obrador reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia para los normalistas desaparecidos y anunció su intención de hablar con los padres después de las elecciones del 2 de junio para evitar la politiquería en torno al caso.

El mandatario criticó a aquellos que, según él, se aprovechan del dolor humano y utilizan estos casos con propósitos políticos. Expresó su confianza en que para el 3 de junio, cuando podría reunirse con los familiares de los normalistas, estén aprobadas las reformas a la Ley de Amnistía, lo que ayudaría a resolver el caso.

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Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han llamado a boicotear el proceso electoral actual en respuesta a la falta de diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de las elecciones del 2 de junio.

En un comunicado difundido recientemente, los padres agraviados expresaron su frustración por la falta de atención al tema de la desaparición forzada en las campañas políticas. Criticaron a los actores políticos por ignorar su sufrimiento y exigieron que se aborde la verdad y la justicia para los 43 desaparecidos.

En particular, señalaron el caso de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM, quien no ha incluido el tema de Ayotzinapa en su plataforma de campaña a pesar de las promesas previas de su partido.

Los padres de los 43 advirtieron que ampliarán las protestas y buscarán la unión de otros sectores sociales para fortalecer su movimiento. Reafirmaron su determinación de no permitir que su lucha se vea cooptada por la agenda de los partidos políticos y exigieron respeto a su derecho a manifestarse.

La falta de diálogo con el presidente López Obrador ha intensificado la indignación de los padres y ha llevado a un llamado al boicot electoral. Si el gobierno no modifica su actitud, advirtieron que continuarán manifestándose durante las campañas de todos los partidos y coaliciones.

La semana pasada, los familiares de los normalistas desaparecidos se reunieron con diversas organizaciones sociales para reafirmar su compromiso con la búsqueda de justicia y la presentación con vida de sus hijos. La falta de respuesta del gobierno ha fortalecido su determinación de seguir adelante con sus protestas.

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