La llamada "ley antichancla", que prohíbe castigos corporales severos o innecesarios para corregir a los niños, fue aprobada de forma unánime en el Congreso de Jalisco, con lo que padres de familia, tutores o cualquier adulto que incurra en esta conducta podrán ir a la cárcel hasta por 5 años.

Las reformas hechas al Código Penal, al Código Civil y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, establecen que se considerará como maltrato infantil el uso de la fuerza física para corregir a un menor.

Del Código Penal se eliminó un párrafo en el que se señalaba que usar un golpe para corregir a los menores no se consideraba como maltrato infantil.

Además, en la Ley de los Derechos de los Niños se especificó que un castigo corporal o físico es aquel en el que se utilice de manera severa o innecesaria la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar.

Durante la discusión los legisladores decidieron no incluir las modificaciones en las que se proponía sancionar el maltrato aunque fuera leve.

Cuando la ley entre en vigor tras su publicación en el periódico oficial del estado, los casos de maltrato podrán ser denunciados por las víctimas o por quienes se enteren de éstos; serán jueces civiles y penales quienes decidirán si las denuncias proceden.

En la ley también se incluye el concepto de "crianza positiva", definida como la enseñanza basada en fijar metas para aprender, en dar información, en apoyar a los menores en su crecimiento y en ayudarlos a tener éxito de forma respetuosa, lo que por ningún motivo debe hacerse a través del maltrato, la violencia o con atentados contra la dignidad humana.

Además de las penas de 6 meses a 5 años de cárcel para quienes maltraten a un niño, los agresores podrían perder la patria potestad del menor maltratado.

La situación de violencia que viven las mujeres y niñas mexicanas sigue siendo alarmante. Con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), en México,70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %). En sintonía con ello, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2022) ha señalado que  en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas, al contabilizarse 1O delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres'.

Asimismo, la ENDIREH 2021 encontró que, a lo largo de su vida, las mujeres han sufrido violencia sobre todo en el ámbito comunitario (45.6%), seguido de la relación de pareja (39.9%) y el ámbito escolar (32.3%),en este último las mayores violencias registradas en los últimos 12 meses son la sexual(13.7%) y la psicológica (12.0%), aun cuando a lo largo de su vida prevalece la violencia física (18.3%).

A los datos anteriores, se suman: el incremento de la mayoría de los delitos de género en el país, como son los feminicidios, la violencia familiar y la trata de personas, crímenes no reconocidos ni investigados debida­ mente; el incumplimiento de obligaciones estatales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y la ineficiencia de las declaratorias de alertas de violencia de gé1ero.

En este contexto, expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno en sus diferentes niveles a construir la paz considerando la igualdad de género como eje transversal de la políti­ca pública; a contar con marcos legales adecuados y hacer valerlas leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia; a formar al personal responsable de la implementación de los protocolos de investigación de feminicidio; a desarrollar acciones educativas para la prevención de la violencia de género, y, en general, a cumplir sus obligaciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Sin embargo, reconocemos que, ante esta preocupante situación, todas las personas debemos colaborar para tener espacios donde los derechos delas niñas y las mujeres sean plenamente respetados. Como ins­tituciones educativas confiadas a la Compañía de Jesús en México, tenemos la obligación de visibilizar estas violencias y la oportunidad de contribuir en la formación de personas no violentas y comprometidas con los derechos de las mujeres y las niñas.

Por ello, reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer las acciones al interior de nuestros colegios y universi­dades para construir espacios seguros y libres de violencia; transversalizar la perspectiva de género en las asignaturas, políticas, reglamentos y actuar de nuestras instituciones; fortalecer los protocolos de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia por razón de género y seguir capacitando a las personas responsables de su aplicación.

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Un caso de abuso infantil fue difundido en video a través de redes sociales. En la grabación puede verse a un entrenador golpear brutalmente a su hija tenista de 14 años, justo al término de un entrenamiento, supuestamente porque la adolescente no se esforzó lo suficiente, Los hechos ocurrieron en el club Crvena Zvezda, de la ciudad de Belgrado, Serbia, y fueron divulgados por el activista Igor Juric, quien dijo que tenía información de que la familia era de origen chino y que presentaría cargos penales contra el violento hombre.

En el video se ve a un hombre de pie frente a su joven pupila a quien reprende verbalmente, instantes después le da una patada en el abdomen, cuando la niña se inclina para adelante por el dolor el sujeto le da una cachetada, por lo que ella se voltea, recibiendo un golpe en la cabeza y enseguida otra patada en la parte lateral de la pierna derecha. Adolorida y humillada la adolescente se sienta en una banca que está en el lugar, se lleva las manos al rostro y comienza a llorar, pero el entrenador lejos de mostrar piedad la toma de la parte alta de su chamarra, hace que se ponga de pie y con violencia la arroja al piso. Indefensa en el suelo comienza a recibir una lluvia de patadas ante la mirada y gritos de los presentes.

Igor Juric investigó más sobre el asunto y descubrió que los entrenadores que trabajaron con la víctima afirman que es una niña excepcional, pero que uno de ellos dijo que no se estaba esforzando lo suficiente ni hacía lo que se le pedía, lo que supuestamente desencadenó el comportamiento violento.

El hombre fue identificado y detenido por las autoridades. Foto: captura de pantalla.

Tras la publicación del activista contra el maltrato infantil y fundador de la Fundación Tijana Juric, la primera Fiscalía Básica de Belgrado anunció que se estableció la identidad del padre y confirmó que se trata de ciudadanos chinos con residencia temporal en Serbia. En un comunicado precisó que el sospechoso de haber cometido el delito de violencia intrafamiliar, no estaba a disposición de las autoridades estatales y que se inició un allanamiento por orden del diputado de turno.

Trascendió que se emitió una orden de búsqueda y captura, logrando la detención del hombre, sin embargo, las autoridades no informaron nada más y se desconoce si continúa bajo custodia. 

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Los integrantes de la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobaron una reforma con la que se prohíben los chanclazos, coscorrones, cinturonazos o “cualquier castigo corporal, forma violenta de disciplina o tratos humillantes contra las personas menores de edad”.

El Congreso local explica que los correctivos prohibidos son aquellos donde se use la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas.

Según la reforma aprobada, tampoco se podrá obligar a la niña, niño o adolescente a sostener posturas incómodas, recibir quemaduras, ingerir alimento hirviendo, otros productos o cualquier acto que tenga como objetivo causar dolor o malestar, aunque sea leve.

La modificación legislativa establece que el castigo humillante “es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvaloralozador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objeto provocar dolor, amenaza, molestia o humillación”.

Y así quedó establecido a través de una serie de adiciones a los artículos 37 y 38 Bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Con dichos agregados a la legislación local, las autoridades estatales y municipales deberán adoptar medidas, elaborar protocolos de atención y políticas públicas tendentes a prevenir y erradicar el castigo corporal o físico hacia niñas, niños y adolescentes.

La reforma fue propuesta por las diputadas Aleida Serrano Rosado; Yarith Tannos Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del PRI; Elim Antonio Aquino, del Grupo Parlamentario de Mujeres Independientes; Delfina Guzmán Díaz y Arcelia López Hernandez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y dictaminada por la Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) reiteró su llamado a las autoridades a actuar ante la situación de violencia contra la niñez y la adolescencia (NNA) en los municipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada.

Con relación a recientes hechos de violencia en los que un adolescente perdió la vida de forma violenta en el municipio de Playas de Rosarito, el ombudsperson, Miguel Mora, señaló que las autoridades están obligadas a garantizar el bienestar y los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, ya que constituyen un grupo de atención prioritaria.

El presidente de la CEDHBC precisó que, el 10 de marzo del 2021, el Organismo exhortó al Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California (Sipinna) a sesionar ante el agravamiento de hechos violentos en la entidad que han impactado directamente en la vida e integridad de NNA.

En dicho análisis, la CEDHBC refirió que, en el municipio de Tijuana, entre enero y marzo del 2021, al menos 7 NNA perdieron la vida de forma violenta y 4 fueron lesionados, de acuerdo con reportes documentados en medios de comunicación locales. Asimismo, cabe mencionar que, en algunos de los casos, existen evidencias de tortura. 

El ombudsperson apuntó que, de manera posterior al exhorto, se han registrado los casos de una adolescente que murió de manera violenta y cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de una maleta en Pórticos de San Antonio, Tijuana, el 14 de marzo; el caso de dos niños lesionados por arma de fuego en Tecate, a la altura del Rancho San Carlos, el 16 de abril; el caso de un adolescente que murió de forma violenta y cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del arroyo Huacatay en Rosarito, el 26 de abril; y el caso de un adolescente de 14 años lesionado por arma de fuego en la delegación Francisco Zarco, Ensenada, el 27 de abril.

Ante este panorama, la CEDHBC insiste en la necesidad de que la secretaria ejecutiva del Sipinna de Baja California convoque a las autoridades que participan en dicho Sistema y realicen un análisis del contexto de la violencia contra NNA que favorezca la implementación urgente de acciones institucionales orientadas a la solución de este problema.

Finalmente, Miguel Mora reiteró la importancia de construir políticas públicas e instrumentos de protección de derechos humanos para Baja California que tengan en cuenta siempre el interés superior de la niñez, y que no omitan visibilizar a las NNA que, por las circunstancias de su contexto y por las barreras del entorno, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Fundación Educando Conseguimos Paz A.C., la incidencia delictiva en Baja California coloca al estado a nivel nacional en primer lugar en homicidios dolosos, en robo de vehículos y el trata de personas.

La información que proporciona esta fundación y de los datos presentados en el 2020 en México se tiene una incidencia delictiva de 23.4 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes en el delito de homicidio doloso, en Baja California la tasa es de 70.82 lo que la coloca como primer lugar a nivel nacional en este delito.

En relación al robo de vehículo, mientras en México existe un promedio de 114.57 carpetas de investigación por robo de auto por cada 100,000 habitantes en Baja California la cifra es de 277.83.

La variación en cuanto a los resultados entre 2019 y 2020 sobre el delito de trata de personas con la que tuvo el mayor incremento pues reportan 180.62% en relación al año pasado lo que coloca Baja California en el primer lugar en este delito.

De manera individual por cada municipio los homicidios dolosos aumentaron en Ensenada un 36.6% en relación a las cifras presentadas en 2019 en Mexicali aumentó un 37.27% en Rosarito disminuyó un 13.56% en Tecate aumentó un 58.32% y en Tijuana disminuyó un 9.35%.

En relación a los feminicidios a nivel estatal hubo un incremento de 39.13% y de manera individual en cada municipio en Ensenada aumentó un 97.43%, en Mexicali un 23.54%, en Tijuana un 48.03% y en Playas de Rosarito una hubo una variación de -34.27% de incidencia delictiva en feminicidios.

De acuerdo con los datos presentados, en un día en Baja California se promedio durante 2020 7.2 homicidios dolosos, 1.2 homicidios culposos, 22.8 robos con violencia, 28.4 robos de vehículos al día, 9.9 robos a casa habitación, 11.1 robo a negocios, 10.8 robos a transeúntes, 2.4 violaciones, 29.5 violencia familiar, 27.2 casos de narcomenudeo y 15.3 lesiones dolosas.

También se registró un feminicidio cada 11.7 días, un secuestro cada 24.3 días, una extorsión cada 2.8 días y un caso de trata de personas cada 6.7 días.

Entre las conclusiones que presentó el observatorio nacional ciudadano están realizar una investigación en el tema de secuestro enfocado en identificar a qué obedece el aumento del 38.23% en el estado mientras que a nivel nacional hubo un decremento del 43.61%.

Invitó a repensar el diseño de las políticas para prevenir y atender la violencia contra la mujer y otros grupos en situación de vulnerabilidad pues el feminicidio aumentó 39.13% en el estado mientras que en el país disminuyó un 1.07%. De igual forma fomentar la denuncia por el delito de violencia familiar y aquí en Baja California tuvo un incremento del 1.81%.

En el contexto electoral, la fundación Edupaz y el Observatorio Nacional ciudadano exhortan a los candidatos y candidatas a plantear propuestas concretas en materia de seguridad a partir de un sólido diagnóstico y una situación coherente con la realidad del estado de Baja California.