El Gobierno de la Ciudad de México informó que acompañará las tres marchas que se realizarán por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, a fin de garantizar el derecho a la manifestación pacífica y evitar la violencia.

Durante las marchas estarán observadoras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de 900 monitoras de Diálogo y Convivencia y Brigadas de Paz de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y de mil 750 mujeres policías del Grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

La primera iniciará a las 13:30 horas en el Monumento a la Revolución; la segunda, a las 16:00 horas, será una concentración en la Cámara de Diputados, y la tercera, coordinada por el grupo 8M, será a las 17:00 horas en el Hemiciclo a Juárez.

"Al ser un compromiso del Gobierno capitalino vigilar el buen desarrollo de todas las expresiones sociales y proteger la integridad física de quienes participan y de la ciudadanía, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a cargo José Alfonso Suárez, ha realizado acciones interinstitucionales con perspectiva de género para este día", indicó la Secretaría de Gobierno local.

Detalló que la Dirección General de Gobierno realizará tareas de coordinación durante las movilizaciones, por lo que las autoridades capitalinas estarán articuladas con los mecanismos de protección de los Derechos Humanos, entre ellos la CDHCM, el colectivo Marabunta y Brigadas de Paz, para evitar conflictos.

En coordinación con la Cámara de Diputados, se estableció un dispositivo para las colectivas que acudan al recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se espera que entreguen un documento en el que solicitan que en el país sea un derecho universal que las mujeres decidan sobre su cuerpo.

En las tres manifestaciones participarán elementos femeninos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes para su protección llevarán chaleco y escudos, y actuarán conforme al Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que transgreden el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México.

Para atender las emergencias médicas, habrá personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y apoyo de elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En tanto, de manera previa, el Gobierno capitalino, a través de la SSC y de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), instaló tapiales en monumentos históricos, mobiliario y equipamiento urbano en el Centro Histórico, así como en caso de ser necesario entablará el diálogo con representantes del plantón del Frente Nacional AntiAMLO (Frenaaa), instalados en el Zócalo capitalino, para garantizar su seguridad.

El Congreso del estado aprobó este 15 de julio despenalizar el aborto en Puebla en medio de una votación entre pronunciamientos de rechazo y protestas.

Las reformas al Código Penal que evitan penas si el procedimiento se realiza en las primeras 12 semanas de gestación contó con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.

La tensión se vivió desde antes del comienzo de la Sesión Ordinaria en donde se abordó el punto, con la protesta de grupos a favor y en contra de la despenalización.

Fueron los grupos provida los que entre empujones y gritos buscaron impedir el acceso de diputados al recinto.

A algunos, incluso, se les condicionó el acceso para que se comprometieran a no votar al tema ese día para garantizar un parlamento abierto más.

Ya en la sesión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidió poner a consideración que se retirara el punto sobre la despenalización del aborto de la orden del día y que se votaran por separado algunos artículos, pero fue rechazada.

Al final se votó en lo general y se reservaron algunos artículos para discutir en lo particular.

Antes de que los diputados votaran, los diferentes legisladores panistas expusieron pronunciamientos en contra.

En ellos transmitieron el sonido de un corazón de feto a las 10 semanas, cuestionaron los efectos del aborto en las mujeres y aseguraron que donde se ha aprobado han incrementado delitos, sobre todo los relacionados con la violencia hacia la mujer.

En las críticas también lamentaron que se hagan más cargas de trabajo al sistema de salud que tiene deficiencias y sin considerar temas presupuestales.

Al saber la votación a favor, activistas que defienden los derechos de las mujeres celebraron afuera del Congreso de Puebla.

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Dinamarca ampliará de 12 a 18 semanas de gestación el plazo legal para interrumpir un embarazo, anunció el Ministerio de Salud el viernes, en un momento en que este derecho está siendo objetado en varias partes del mundo.

"Después de 50 años, es hora de que cambien las reglas sobre el aborto y de que reforcemos el derecho de las mujeres a decidir", declaró la ministra, Sophie Løhde, en un comunicado.

​"A partir de ahora, las mujeres tendrán el tiempo y el derecho de reflexionar sobre qué hacer", celebró Camilla Rathke, presidenta de la Asociación Médica Danesa, a la agencia de noticias Ritzau.

Las jóvenes danesas de entre 15 y 17 años también podrán abortar sin el consentimiento de sus padres.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal en Dinamarca desde 1973. El Consejo ético recomendó recomendó a finales del año pasado ampliar el plazo a 18 semanas, como en Suecia.

El proyecto de ley, respaldado por la oposición de izquierda, deberá pasar por el Parlamento, donde se espera que sea adoptado por una amplia mayoría. En ese caso, la normativa entrará en vigor el 1 de junio de 2025.

En Europa occidental, los países que permiten los abortos más tardíos son Reino Unido y Países Bajos, con 24 semanas, e Islandia, con 22 semanas.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes. Esta medida se llevó a cabo en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, y es un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.

La SCJN ha ordenado al Congreso del estado de Aguascalientes derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Esta decisión se basa en la violación de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente en el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en el derecho humano a la salud.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno. En su proyecto de sentencia, González Alcántara destacó que desde 2015 hasta junio de este año se han iniciado 73 investigaciones por el delito de aborto en Aguascalientes. Esta cifra pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el estado.

La sentencia de la SCJN no solo marca un paso hacia la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres en Aguascalientes, sino que también sienta un precedente importante para otros estados en México. La decisión abre la puerta para que grupos a favor del aborto busquen amparos y sentencias similares en otros lugares donde la penalización del aborto aún está en vigor.

La SCJN ha destacado la importancia de romper el ciclo de discriminación y daño a las mujeres y personas gestantes que han sido sometidas a procesos injustos bajo leyes que criminalizan el aborto. Esta sentencia marca un avance significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos y humanos de las mujeres en México.

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En las últimas tres legislaturas, los diputados de Puebla se han negado a discutir la despenalización del aborto, sin embargo, las mujeres de la entidad se posicionan entre las que más recurren a los servicios legales y gratuitos que se ofrecen en la Ciudad de México.

Así se pudo observar en las estadísticas más recientes de la Secretaría de Salud de la capital del país que cuantifican los servicios desde mayo de 2007 -cuando iniciaron con servicios en hospitales públicos-, hasta agosto de este 2022.

En casi 14 años han cuantificado 252 mil 760 interrupciones legales de embarazos, de los cuales 173 mil 868 se realizaron a residentes de la Ciudad de México y el resto a mujeres foráneas.

El segundo grupo más grande es el de pacientes del Estado de México con 69 mil 30 casos y a esta entidad le siguen las mujeres de Puebla, con mil 585 e Hidalgo con mil 377.

Otras entidades con varios casos, son: Morelos con 974; Querétaro, con 712; Jalisco, con 710; Veracruz, con 591; Michoacán, con 575; Guanajuato, con 525; Oaxaca, con 401; Tlaxcala, con 411; Guerrero, con 335 y San Luis Potosí, 217, entre otras.

Las cifras de las entidades con altas cifras de abortos en la Ciudad de México contrastan con el dato de las aprobaciones en sus congresos, como se observa por ejemplo en Hidalgo, pues en esta entidad se despenalizó desde 2021, pero se ubica en la cuarta posición de la lista de pacientes.

Otras entidades donde se aprobó la interrupción legal del embarazo son: Oaxaca donde los diputados cambiaron las leyes en 2019; Veracruz y California, que se sumaron en 2021 y Quintana Roo, que se incorporó apenas la semana pasada.

En el caso de Puebla, en la penúltima legislatura se presentó una primera iniciativa sin éxito, en la pasada otras dos y una de ellas incluso derivó de un foro ciudadano. Mientras que la actual, lleva sólo una propuesta sin ser discutida.

Tanto en el gobierno del estado, como al interior del Congreso y entre los mismos partidos políticos, se ha reconocido que la entidad tiene este pendiente por resolver.

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