La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 50/2020 al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante que ingresó a territorio nacional en enero del presente año.

Este Organismo Nacional constató que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria.

La investigación de la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias.

Al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas; además de que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal. Asimismo, dichas autoridades omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante.

Por ello, la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño causado a las víctimas, incluyendo una compensación justa y suficiente; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.

Asimismo, colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza; así como impartir al personal del 21/o Batallón de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el Instituto Nacional de Migración.

Al INM se le solicita realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas; colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.

La Recomendación 50/2020 ya fue debidamente notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página www.cndh.org.mx.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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El dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que se está llevando a cabo una investigación para determinar quién fue la persona responsable de la filtración de un video en el que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reclama al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo. En el video, Sheinbaum expresa su disgusto por los gritos de "piso parejo" de los simpatizantes de Marcelo Ebrard durante la sesión, y señala que los celulares fueron recogidos al ingresar para garantizar la concentración de los consejeros en la discusión. Delgado afirmó: "Ese video no debió haber existido porque se recogieron teléfonos en la entrada para justamente que todos los consejeros estuvieran concentrados en la discusión".

Sheinbaum, por su parte, reconoció la existencia de desencuentros y discusiones en el proceso político, pero enfatizó la importancia de mantener la unidad. Afirmó que el trabajo de unidad ha requerido paciencia, conciliación y madurez por parte de todos los participantes. Además, hizo un llamado a los aspirantes y sus simpatizantes a no recurrir a la agresión: "Sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto. Entonces, no hay más comentarios más que decirles que es un proceso normal, pero, finalmente prevalece la madurez de los aspirantes para ir en unidad".

La investigación en curso busca esclarecer cómo se filtró el video y quién fue el responsable de su difusión, ya que los celulares estaban prohibidos durante la sesión. Este incidente pone de relieve la importancia de mantener la confidencialidad y la concentración en los debates políticos internos. La unidad dentro de Morena se presenta como un objetivo fundamental, aunque también se reconocen las inevitables tensiones en el proceso.

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El pleno del Senado de la República aprobó citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Por mayoría de votos, los senadores dieron su aval al acuerdo que previamente había sido aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que preside la senadora panista Kenia López Rabadán.

La Mesa Directiva del Senado, que encabeza Alejandro Armenta Mier determinará el formato, fecha y hora de la comparecencia de la titular de la CNDH.

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El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama señaló que la CNDH viola la Constitución ya que no puede intervenir en materia electoral.

En su cuenta de Twitter, el consejero señaló que esta recomendación está en sintonía "con el ataque del poder hacia un INE independientemente".

En la recomendación de la CNDH, califica al órgano electoral como un instrumento parcial y de "sabotaje" a la ciudadanía.

"Muestra de cómo se erosiona una institución cuando renuncia a su autonomía", sostuvo.

El consejero también se unió al hashtag "#YoDefiendoAlINE".

La @CNDH viola la Constitución (art. 102) al pretender intervenir en la materia electoral.

Lo hace en sintonía con el ataque del poder hacia un @INEMexico independientemente.

Muestra de cómo se erosiona una institución cuando renuncia a su autonomía.

Por eso #YoDefiendoAllNE

— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) November 1, 2022

Oposición refrenda apoyo al INE; CNDH perdió su vocación y se volvió vocera, acusan

Las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Diputados refrendaron su apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y arremetieron contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por respaldar el proyecto de reforma político-electoral del Ejecutivo.

En diferentes entrevistas con EL UNIVERSAL, liderazgos de estas fuerzas políticas señalaron que la CNDH perdió su vocación y se ha convertido en vocera del Presidente de la República.

Anunciaron que solicitarán que la funcionaria comparezca ante el pleno de San Lázaro para explicar su actuar y su desempeño en el organismo. En el Senado pidieron revisar su nombramiento y hay legisladores que piden su renuncia.