Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propondrá confirmar que cuando los niños son víctimas de abuso sexual dentro de sus escuelas, el Estado también es responsable para efectos de la reparación del daño.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará el próximo miércoles un proyecto de resolución en el amparo en revisión presentado por los padres de 22 niños que fueron víctimas de abuso sexual en un kínder de la alcaldía de Iztapalapa en 2011.

En su proyecto, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena prevé dejar sin efectos el amparo concedido a los padres de las víctimas, debido a que consideró que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal debe emitir una nueva sentencia en la que se analice si procede o no pagar una reparación del daño ahora o hasta que se ejecuten las sentencias condenatorias dictadas contra seis trabajadores del kínder, entre ellos la exdirectora del mismo.

"Esta sala concluye que el Tribunal Colegiado pospuso la cuantificación del monto de la reparación sin considerar las implicaciones de este retraso en el interés superior del menor.

"Entonces, corresponde revocar la sentencia recurrida para que analice si, conforme a las directrices establecidas, en el caso procede postergar la cuantificación de la reparación hasta la ejecución de sentencia", precisó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

Buscará ordenar que el Tribunal Colegiado establezca qué medidas de reparación, además de la compensación económica, debe implementar el Estado mexicano al considerarlo como responsable de los hechos ocurridos a los menores en un plantel escolar.

"Los centros docentes tienen la responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los menores puedan cursar sus estudios libres de agresiones. El diseño institucional, las políticas de contratación, la supervisión y vigilancia de lo que ocurre en los centros escolares es algo legítimamente exigible al Estado.

"Por tanto, no se debe considerar exagerado hacerlos responsables por los daños que los menores sufran bajo su cuidado, pues dichos daños se podrán evitar si el centro escolar actúa diligentemente", indica en su proyecto.

Por ello, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propondrá que en cuanto a la responsabilidad del Estado mexicano se tiene que considerar que debe implementar medidas de reparación y que en la escuela en la que ocurrieron los hechos se genere un entorno seguro para los niños.

"Esta sala considera relevante destacar que las medidas de reparación que se llegaren a requerir por parte del Estado, deberán procurar un ambiente escolar que en la doctrina de esta sala ha sido denominado como ‘entorno seguro’", enfatizó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

"Estas medidas concretas de protección deben servir para identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar los malos tratos que pueden sufrir un niño, niña o adolescente", añadió.

El caso de abuso sexual contra 25 alumnos de un kínder de la alcaldía de Iztapalapa fue atraído desde 2011 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y en el año 2017 el juez de la causa emitió sentencias que van de 36 a 467 años de prisión contra cuatro de los seis responsables quienes trabajaban en el lugar, incluida la directora del plantel. Los otros dos realizaban su servicio social en la escuela.

Entre los sentenciados está Saúl Blancas Tamayo, un conserje que alcanzó una condena de 467 años y tres meses de prisión por violación sexual de 18 menores, pederastia y corrupción.

La asociación Karla’s Sembradoras de Amor llevó a cabo una manifestación pacífica en la explanada del Centro Cultural Tijuana, con motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Este acto busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger a los menores y prevenir la violencia que muchas veces permanece en silencio.

Karla Parra, fundadora de la organización, expresó que este día es una oportunidad para recordar que la prevención no puede esperar. “Cuando una sociedad calla, la violencia avanza”, afirmó. Además, hizo un llamado a la sociedad para brindar a los niños un espacio seguro donde puedan ser escuchados y protegidos. 

Durante la manifestación, se colocaron peluches como símbolo de ternura y cuidado; Parra explicó que “un peluche no es solo un juguete, es un recordatorio de que la niñez merece cuidado, ternura y seguridad. Cada uno simboliza a un niño o niña que debe ser protegido y tomado en serio”. Los mensajes en los peluches representan verdades que como sociedad debemos repetir sin miedo: “Los niños y niñas no se tocan, el silencio también es violencia. Hablar a tiempo puede cambiar un destino”.

Datos alarmantes revelan la magnitud del problema: “7 de cada 10 menores abusados sexualmente han sido víctimas de un familiar cercano”, comentó Parra, destacando la urgencia de seguir alzando la voz por la infancia y construir un México donde ningún niño tenga que cargar con secretos que no le pertenecen.

La manifestación, que fue pacífica, buscó recordar a cada niño que no pudo ser protegido y promover una cultura de denuncia y atención oportuna. La organización invita a la comunidad a seguir sumándose a estas acciones para crear un entorno más seguro y justo para la niñez mexicana.

En respuesta a un reporte recibido en la línea de emergencias, agentes de la Policía Municipal de Tijuana acudieron a un domicilio en la colonia Maclovio Rojas, donde encontraron a una menor de 16 años víctima de violencia familiar.

Al llegar al lugar, las autoridades dialogaron con la madre de la joven, quien denunció que su esposo, Fernando “N”, de 35 años, comenzó a agredirla físicamente sin motivo aparente, golpeándola con pies y manos y provocándole un hematoma en el pómulo derecho.

Tras la denuncia, los oficiales aseguraron y trasladaron al presunto agresor a las instalaciones correspondientes para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y su puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Por su parte, la madre de la menor indicó que acudirá por sus propios edios a recibir atención médica, y los oficiales brindaron acompañamiento y orientación a la víctima y su familia para garantizar su protección y bienestar.

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La Fiscalía General del Estado de Baja California, logró vincular a proceso a un hombre acusado de abuso sexual agravado en contra de una menor de 14 años, en hechos ocurridos en la zona oriente de Mexicali.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó las pruebas recabadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), específicamente de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar. El juez de control consideró que dichas evidencias eran suficientes para determinar la probable participación de Luis Eduardo “N” en el delito.

Según la carpeta de investigación, el imputado se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento Ángeles de Puebla en compañía de la víctima, a quien, aprovechándose de su confianza, realizó tocamientos lascivos. 

Tras la audiencia, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por dos meses, mientras la Fiscalía continúa integrando la investigación complementaria para fortalecer las pruebas en su contra.

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Durante una inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectaron evidencia sospechosa vinculada a un hombre estadounidense con antecedentes graves. La investigación reveló que el individuo, quien se desempeñaba como director y pastor de un orfanato en Pampanga, Filipinas, está acusado de abuso infantil.

Los oficiales informaron de inmediato sus hallazgos a las autoridades federales estadounidenses y, en coordinación con las autoridades filipinas, se inició una investigación conjunta. Gracias a la labor de los agentes de CBP en Baltimore, las autoridades filipinas lograron cerrar el centro donde se encontraban los niños y rescatar a 156 menores en condiciones inseguras y potencialmente abusivas.

La madre de un menor denunció a través de redes sociales que su hijo de 3 años fue abusado sexualmente por un menor de 13 años durante una fiesta infantil en un salón de fiestas en Nuevo León.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, Ivonne Quintanilla, entre lágrimas, narró que los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre cuando llevó a sus dos hijos a una fiesta organizada por un compañero de la escuela.

Mencionó que durante el evento uno de sus hijos se quedó solo por unos cuantos minutos y cuando lo fue a buscar, éste le señaló el abuso sexual que sufrió por parte del adolescente, que es empleado del salón.

“Voy y me acerco y noto a Marcelo algo inquieto, algo diferente en su mirada como perdida… salgo y me dice ‘mamá, el muchacho me metió el pene a la boca’”. Tras las palabras del menor, la mujer indicó que entró en pánico y buscó a la madre del festejado, a quien contó lo sucedido.

Posteriormente, fue a confrontar al empleado quien negó la situación y señaló que el menor se estaba ahogando por lo que le metió el dedo a la boca.

“Voy y le digo ‘mi hijo me acaba de decir que le metiste el pene en la boca’ y me dice ‘no, es que él se estaba atragantando entonces yo le metí el dedo para sacárselo’”.

Además, la madre tomó fotos del agresor y llamó a la policía, quienes se tardaron alrededor de 25 minutos en llegar al lugar.

Durante su transmisión además narró que pasaron muchas horas para poder levantar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Comentó que un familiar del presunto agresor argumentó que el joven no era así y que “era bien tranquilo”.

Ivonne Quintanilla continuó su relato mencionando que a su hijo le fue realizado un examen médico y uno psicológico, el cual resultó positivo a abuso sexual.

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Se solidarizan con madre de menor

Mariana Rodríguez, dirigente honoraria de la oficina AMAR a Nuevo León, se solidarizó con la madre del menor al señalar que conoce muchos casos que no proceden como tal debido a la ley.

“Me duele en el alma escucharte, es mi pan de todos los días, cuando quiero castigar a un agresor de los cientos de niños que llegan abusados sexualmente a Capullos… no procede nada porque o el tema sexual no fue ‘suficiente’ o ‘mucho’ o el tema de los golpes tarda menos de dos semanas en sanar”.

A través de un comentario en la publicación, la esposa del gobernador Samuel García invitó a la influencer a crear juntas una iniciativa de ley que cambie dicha situación.

Detienen a menor por 36 horas

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el menor de 13 años fue puesto en disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes el pasado 18 de noviembre, donde permaneció bajo resguardo por 36 horas hasta que le fue resuelta su situación legal.

A través de un comunicado, señaló que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes menciona en su artículo 122 que no se podrán imponer medidas restrictivas de libertad (cautelares o de sanción) a los adolescentes menores de 14 años, independientemente del delito que se trate.

Tras lo anterior, el adolescente fue entregado a sus padres mediante responsiva y actualmente acude en forma voluntaria a tratamiento psicológico en el Centro de Atención Integral para Adolescentes CAIPA, por un periodo de seis meses.

Por último, aclaró que la carpeta de investigación iniciada por los hechos continúa vigente y en integración y, en su oportunidad, habiendo agotado los actos de investigación pendientes, se solicitará audiencia de formulación de imputación contra el adolescente, quien deberá ser citado por la autoridad judicial.

Clausuran salón de fiestas

Andrés Mijes, alcalde de General Escobedo, anunció que el salón de fiestas infantiles Kiddos fue clausurado por no contar con los requerimientos, permisos, ni el personal capacitado para su operación.

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde señaló que elementos de Protección Civil, acompañados de personal de las direcciones de Comercio e Inspección y Vigilancia, fueron los encargados de clausurar el local este miércoles.

“La seguridad y bienestar de las familias de Escobedo es lo más importante”, escribió.