Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, anunció que buscará recurrir a instancias internacionales ante la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que se le negó el amparo con el que pretendía evitar el pago de un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos.
"Con relación a la resolución del amparo directo 2497/2018 del día de hoy en la Suprema Corte, Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada", dijo la empresa en un comunicado.
El caso se refiere a un amparo promovido por la empresa de Ricardo Salinas correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio de 2006.
La empresa afirmó que la mayoría de los ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo del recurso, y afirmaron que se "violó" abiertamente su derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa.
"En pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos", expuso.
Grupo Salinas dijo estar convencido de que los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son parte fundamental de la democracia y que hacer uso de ellos será una manera de defender sus empresas y negocios, así como a colaboradores .
Corte desecha amparo de Grupo Salinas
La SCJN desechó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2006.
Durante la sesión de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, tres de los cinco ministros que la integran votaron por desechar el amparo; los dos restantes, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, se pronunciaron incluso por negar directamente el amparo.
El proyecto aprobado por la mayoría de ministros de l SCJN explica que “se desechan el recurso de revisión y su adhesiva”, lo que implica que se consideró que el asunto carece de importancia y trascendencia necesaria para que fuera resuelto por el máximo tribunal del país, por lo que regresará al tribunal de origen.
El asunto derivó de que dicha empresa fusionó a algunas de sus filiales dedicadas al almacenaje y a la distribución, y pretendió que lo invertido en esta operación le fuera deducido del ISR.
Esto fue negado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que Grupo Electra llevó el caso hasta la Suprema Corte en 2018.
Sin embargo, este asunto fue returnado en al menos tres ocasiones y pasó por las ponencias de los ministros Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar y Margarita Ríos Farjat, esta última fue impugnada por Grupo Elektra porque fue jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que el proyecto de sentencia quedó finalmente en la reciente ministra Loretta Ortiz.
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