Una juez federal mexicana dictó este jueves prisión formal para el capitán José Martínez Crespo, el primer militar detenido por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y encarcelado hoy bajo el cargo de "delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud".

La juez segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, a unos 50 kilómetros de la capital mexicana, determinó hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) de México "aportó elementos suficientes" para que el militar enfrente un proceso penal por dicho delito.

Sobre la decisión de la juez, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que "la acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos", grupo delictivo señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes.

El pasado 13 de noviembre, las autoridades mexicanas arrestaron a Martínez Crespo por su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y se convirtió en el primer miembro del Ejército detenido por este motivo.

Crespo fue arrestado en la prisión del campo militar número 1-A, al oeste de la Ciudad de México, donde se presentó voluntariamente, y fue acusado de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico.

Aunque su arresto está relacionado con el caso Ayotzinapa, la acusación que pesaba sobre Crespo, adscrito en el 27 batallón de infantería en Iguala (Guerrero), donde sucedieron los hechos, fue por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

El Gobierno de Peña Nieto descartó la participación en el caso de militares y policías federales.

Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El pasado 26 de septiembre, en un acto por los seis años de la desaparición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.

"Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado", expresó el mandatario en una reunión en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.

Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la que admite que, después de seis años de investigación, los avances han sido limitados. Durante su conferencia mañanera, López Obrador señaló a Gildardo López Astudillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, por su falta de cooperación en la búsqueda del paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

En el documento, el mandatario destacó que "El Gil" aceptó colaborar como testigo protegido, lo que permitió identificar los restos de dos de los normalistas. Sin embargo, López Obrador lamentó que no se ha podido avanzar más, ya que López Astudillo no ha mostrado disposición para seguir colaborando, a pesar de tener información clave sobre otros integrantes de Guerreros Unidos y policías locales involucrados en la desaparición.

El presidente insistió en que no hay pruebas que vinculen al Ejército con la desaparición de los estudiantes, pero mencionó que su gobierno ha procesado a 151 personas, incluidas 16 militares, por su presunta participación en los hechos. Además, siguen pendientes tres órdenes de aprehensión contra militares.

A pesar de los pocos avances, el gobierno sigue buscando a los normalistas y ha ofrecido beneficios a personas encarceladas a cambio de información útil. En su carta, López Obrador también reiteró su compromiso de no cerrar el caso Ayotzinapa, expresando su deseo de que, si su administración no logra esclarecerlo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum continúe la investigación hasta hacer justicia.

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Tras casi dos años preso, el general José Rodríguez Pérez, acusado del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, saldrá en los próximos días de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez le retiró la prisión preventiva oficiosa, ya que no se justifica que el mando militar pueda evadirse de la justicia.

En audiencia celebrada el viernes y que concluyó la madrugada de este sábado, el juzgador determinó revocarle la medida cautelar al excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, debido a que las condiciones que motivaron su imposición variaron.

De esta manera, el mando militar llevará su proceso penal en libertad provisional, cuando pague la fianza de 50 mil pesos que le fue impuesta por un juez, quien además le impuso la presentación quincenal al juzgado para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esta determinación supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues el general se sumará al grupo de los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa, que llevan su proceso penal en libertad.

Apenas en junio pasado, el sargento peluquero Santiago Muñoz Pilo, acusado de delincuencia organizada, salió del penal del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México, luego de que una juez le revocó la prisión preventiva.

En mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares, al considerar que la prisión preventiva justificada que se le dictó era excesiva e innecesaria.

Asimismo, el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo al general retirado Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, contra la prisión preventiva oficiosa que se le impuso por el delito de delincuencia organizada.

Desde agosto del año pasado, Hernández Nieto lleva su proceso en libertad, con diversas medidas de restricción que le fueron impuestas.

Tras concretarse la salida de prisión del general José Rodríguez Pérez, quedarán en prisión el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al general José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa, con la detención del general José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los normalistas cuando estaba al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez", refirió Encinas Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un encuentro esperado por meses, después de que el diálogo se interrumpiera debido a diferencias en las investigaciones y el reciente periodo electoral.

López Obrador destacó la importancia de tratar el caso Ayotzinapa con seriedad y responsabilidad. "El caso Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres, estaba esperando que pasaran las elecciones, ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad, es un asunto de justicia. Hoy vamos a informarles a los padres y espero que, antes de irme, se tengan buenos resultados", expresó el mandatario.

Aproximadamente a las 11:15 horas, los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional. El encuentro comenzó después del mediodía en el Salón Tesorería, con la presencia del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, manifestó antes de ingresar a Palacio Nacional que no tenían grandes expectativas de recibir información nueva o importante. "No tenemos mucha esperanza de tener informaciones importantes, más bien estamos esperando con esa idea de repetir todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de estos años, estos meses, no esperamos nada importante pero vamos a escuchar la información nueva que el presidente va a dar", comentó.

Expectativas y Demandas

Ortega señaló que los familiares esperan obtener datos precisos sobre lo que consideran que el ejército no ha querido entregar, así como avances en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario implicado en el caso. A pesar del escepticismo, los padres de los normalistas mostraron disposición a escuchar cualquier información nueva que pudiera proporcionar el presidente y su equipo.

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Un militar más que perteneció al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue detenido hace unos días por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre cumple una década.

Se trata del Sargento Segundo Peluquero retirado, Miguel Muñoz Pilo, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Se encuentra interno en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde está a disposición de la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, luego de ser aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

El sargento retirado perteneció hace 10 años al 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de tener un papel activo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se registró el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por el grupo criminal “Guerreros Unidos.

Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, con residencia en Toluca, Estado México, ordenó la captura de 16 oficiales y tropa de los Batallones 27 y 41 de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada, entre ellos el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien después de unos meses logró llevar su proceso en libertad provisional.

Así como la de los soldados Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes en la primera semana de mayo salieron en libertad provisional, luego de que la juez Duarte Cedillo les cambió la prisión preventiva.

Asimismo, también se ordenó la detención de Miguel Muñoz Pilo, entre otros.

De esta manera, quedan presos siete militares por el caso Ayotzinapa, de los que destacan el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel; sargento, Miguel Muñoz Pilo.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la colocación de vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional antes de la marcha mensual de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Negó que esta medida tense el ambiente y la justificó como una precaución para proteger el edificio ante posibles provocadores.

En su conferencia matutina, López Obrador reiteró su compromiso con la búsqueda de justicia para los normalistas desaparecidos y anunció su intención de hablar con los padres después de las elecciones del 2 de junio para evitar la politiquería en torno al caso.

El mandatario criticó a aquellos que, según él, se aprovechan del dolor humano y utilizan estos casos con propósitos políticos. Expresó su confianza en que para el 3 de junio, cuando podría reunirse con los familiares de los normalistas, estén aprobadas las reformas a la Ley de Amnistía, lo que ayudaría a resolver el caso.

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