La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la que decide, quien merece tener una licencia para portar armas en México y urge actualizar el andamiaje jurídico a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos, que así lo deseen, a tener un arma para defenderse de los delincuentes.

Así lo destacó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Guerra López Negrete, desde la tribuna del Congreso de Coahuila, al plantear al pleno una iniciativa de reforma constitucional respaldada por sus compañeros de la bancada del albiazul para simplificar los trámites y otorgar esos permisos.

México podrá secundar a otros países donde se permite la posesión de armas a particulares, entre ellos Estados Unidos Argentina, Chile, Brasil, España, Canadá y otros, mencionó.

Propuso modificar el inciso F de la fracción I del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

"Artículo 26.- Las licencias particulares para la portación de armas serán individuales para personas físicas, o colectivas para las morales.

Estos permisos podrán expedirse cuando se cumplan media docena de requisitos y el solicitante acredite la necesidad de portar armas para su defensa o la de su familia.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación Puntos Constitucionales y Justicia de la LXI Legislatura de Coahuila para su análisis y posterior dictamen.

En caso de ser aprobada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, sería remitida al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.

Guerra López Negrete destacó que los coahuilenses y todos los mexicanos y mexicanas tienen derecho a acceder a lo dispuesto por nuestro máximo ordenamiento (La Carta Magna) en su artículo 10.

Es decir, que sea el ciudadano quien cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley secundaria acceda a dicho derecho sin que dependa del criterio de un tercero para poder portar un arma fuera de su casa para su seguridad.

Sostuvo que esta medida se requiere ante el incremento de la delincuencia, criminalidad, robos, asaltos, homicidios, secuestros e inseguridad en México.

Refirió que hace 163 años, en nuestro país se otorgó el derecho a las personas a poseer armas de fuego para su seguridad y defensa se contempló por primera vez en la Constitución Política de 1857.

En ella se establecía que "todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa".

La misma ley señalaba las prohibiciones y la pena en que incurrirían quienes las portaran.

Después en la Constitución de 1917, en su Artículo 10 se estableció la prohibición de poseer armas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas y la obligación de regirse por lo dispuesto en los reglamentos de Policía.

El cual, citó, en 1871 fue reformado permitiendo a personas físicas y morales poseer armas de fuego en sus domicilios para su seguridad y legítima defensa, estableciendo ciertas limitaciones y prohibiciones, es así que en la actualidad nuestro máximo ordenamiento, establece:

"Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional".

Asimismo, la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, menciona en qué casos, bajo qué condiciones, requisitos y lugares se autorizará la portación de armas, cuya aplicación compete a las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de la Defensa Nacional (SEDENA).

En este sentido, la Constitución Política Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos permiten la portación a los particulares para su seguridad y legítima defensa.

Sin embargo es esta última la que establece los requisitos y las condiciones que se deben cumplir para que los particulares pueden tener la autorización.

De lo anterior, subrayó, se desprende, que el poseer un arma para particulares con el objeto de garantizar su seguridad queda condicionado al "criterio" de la Sedena, es decir deja la decisión a una sola entidad.

La Fiscalía Regional de Rosarito logró una sentencia para Juan José Lomelí Gutiérrez, culpable de los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple del psicotrópico denominado metanfetamina, así como portación de arma prohibida. 

A través de la Unidad de Investigación con Detenido se recabaron todos los elementos de prueba y argumentos necesarios que acreditaron la participación del sujeto en los ilícitos antes referidos. 

Por lo anterior, mediante un procedimiento abreviado celebrado el 19 de agosto del año en curso, Juan José fue condenado a 11 meses de prisión, así como al pago de la multa de 17 mil 465 pesos. 

En relación a los hechos, la carpeta de investigación establece que el 19 de septiembre de 2020, a las 19:27 horas, el hoy sentenciado se encontraba en la colonia Reforma de Playas de Rosarito, portando un cuchillo y con el riesgo latente de ocasionar una lesión en alguna persona. 

Mientras tanto, el 1 de abril de 2021, el mismo individuo fue descubierto en posesión de un envoltorio de plástico transparente, en cuyo interior contenía la droga conocida como metanfetamina. 

Pese a que las bombas no han dejado de extraer agua día y noche, la tarde de este viernes volvió a subir el nivel de inundación de los pozos de carbón donde están atrapados los diez mineros.

De acuerdo con información extraoficial, de familiares y de voluntarios que participan en el operativo de rescate, de manera sorpresiva se elevó nuevamente el nivel de la inundación, sin explicación aparente.

Uno de los familiares comentó a EL UNIVERSAL que de manera sorpresiva se presentó esta situación, que retrasa aún más el momento en que podrán ingresar los rescatistas.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado esta versión, que generó enojo entre los familiares de los mineros desaparecidos.

Por otra parte, poco antes de las 6 de la tarde comenzó a caer una tormenta eléctrica que provocó varios encharcamientos en las inmediaciones y dentro de la "zona cero".

Esta mañana, Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, aseguró que ya se tienen todas las condiciones necesarias para el día de hoy bajar a la mina de carbón en Sabinas, Coahuila y buscar y rescatar de los mineros.

Aseguró que la estrategia que se ha implementado para su rescate ha sido la correcta, pues primero se buscó retirar todos los escombros y reducir los niveles del agua para no poner en riesgo la vida de los rescatistas.

En videoconferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de Protección Civil detalló que durante toda la madrugada de este viernes se extrajo material, como polines, y que ya se cuenta con una extracción del 97% de agua que había en la mina, pero indicó que seguirá el bombeo del liquido.

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La Corte Suprema dijo el jueves que los estadounidenses tienen derecho a portar armas en público, una importante expansión de los derechos de armas.

La decisión de los jueces (6-3) se produce tras una serie de recientes tiroteos masivos y se espera que, en última instancia, permita a más personas llevar armas legalmente en las calles de las ciudades más grandes del país -incluyendo Nueva York, Los Ángeles y Boston- y en otros lugares. Alrededor de una cuarta parte de la población estadounidense vive en los estados que se espera que se vean afectados por la sentencia, la primera decisión importante sobre armas del alto tribunal en más de una década.

El fallo se produce en un momento en que el Congreso está trabajando activamente en la legislación sobre armas tras los recientes tiroteos masivos en Texas, Nueva York y California.

El juez Clarence Thomas escribió para la mayoría que la Constitución protege “el derecho de un individuo a llevar un arma de mano para su defensa personal fuera del hogar”.

En su decisión, los jueces anularon una ley de Nueva York que exige a las personas que demuestren una necesidad particular de llevar un arma para obtener una licencia para llevarla en público. Los jueces dijeron que el requisito viola el derecho de la Segunda Enmienda a “tener y llevar armas”.

California, Hawai, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island tienen leyes similares. El gobierno de Biden había instado a los jueces a mantener la ley de Nueva York.

En una disidencia a la que se unieron sus colegas liberales, el juez Stephen Breyer se centró en el número de víctimas de la violencia armada. "Desde el comienzo de este año (2022), ya se han registrado 277 tiroteos masivos, un promedio de más de uno por día", escribió Breyer.

Los defensores de la ley de Nueva York habían argumentado que su anulación conduciría en última instancia a un mayor número de armas en las calles y a un aumento de los índices de delitos violentos. La decisión llega en un momento en que la violencia con armas de fuego, que ya había aumentado durante la pandemia de coronavirus, se ha disparado de nuevo.

En la mayor parte del país, los propietarios de armas tienen pocas dificultades para llevarlas legalmente en público. Pero eso ha sido más difícil en Nueva York y en el puñado de estados con leyes similares. La ley de Nueva York, en vigor desde 1913, establece que para llevar un arma oculta en público, la persona que solicita una licencia tiene que demostrar una “causa adecuada”, una necesidad específica de llevar el arma.

El estado expide licencias sin restricciones en las que una persona puede llevar su arma en cualquier lugar y licencias restringidas que permiten a una persona llevar el arma pero sólo para fines específicos como la caza y el tiro al blanco o para ir y volver de su lugar de trabajo.

La última vez que el Tribunal Supremo emitió una decisión importante sobre armas fue en 2010. En esa decisión y en otra de 2008, los jueces establecieron el derecho nacional a tener un arma en casa para la autodefensa. La cuestión para el tribunal esta vez era sobre el hecho de llevar una fuera de casa.

Thomas Massie, congresista republicano por Kentucky, tuiteó una imagen de su familia en la que todos tienen armas y pide: "¡Feliz Navidad! PD. Santa, por favor trae municiones".

El mensaje se da luego de que autoridades detuvieran a los padres del autor de un tiroteo en Michigan, tras una búsqueda policial.

El republicano tuiteó, a mediados de noviembre, "hay esperanza para este país", al retuitear un video veredicto de no culpabilidad en el juicio de Kyle Rittenhouse, el adolescente estadounidense absuelto después de matar a tiros a dos hombres durante las protestas contra la brutalidad policial en el estado de Wisconsin en 2020, y defendió sus acciones al decir que la autodefensa "no es ilegal".

En respuesta a su último mensaje, el republicano Massie obtuvo mensajes como los de Fred Guttenberg, quien comentó: " Ya que estamos compartiendo fotos familiares, aquí están las mías. Una es la última foto que tomé de Jaime, la otra es donde está enterrada debido al tiroteo en la escuela de Parkland. El tirador de la escuela de Michigan y su familia también solían tomar fotos como la suya".

El usuario "truth diviner" comentó: "La semana pasada, 4 hermosos niños pequeños no tenían idea de que estaban celebrando su último Día de Acción de Gracias con sus familias".

Ese último mensaje hacía referencia al último tiroteo en Michigan, donde Ethan Crumbley, de 15 años, abrió fuego el martes en su escuela secundaria y mató a cuatro estudiantes; los padres del atacante fueron imputados por homicidio involuntario y se declararon no culpables, un juez fijó una fianza de un millón de dólares para su liberación.

James y Jennifer Crumbley, padres del sospechoso, fueron arrestados la noche del viernes por agentes que los localizaron en un edificio industrial en Detroit, a unos 60 kilómetros de la tragedia, en Oxford, en el estado de Michigan.

La jueza Julie Nicholson dijo que los cargos eran "muy, muy serios" y fijó una fianza de 500 mil dólares por cada uno, alegando un "riesgo de fuga".

El hombre y la mujer eran considerados fugitivos -tras haber retirado presuntamente cuatro mil dólares en efectivo y apagar sus celulares- pero su defensa indicó el viernes que sus clientes se entregarían a las autoridades.

En el tiroteo registrado el 30 de noviembre en la pequeña localidad de Oxford murieron cuatro estudiantes de edades entre 14 y 17 años, en tanto otros seis y un maestro resultaron heridos.

Ethan Crumbley, quien se entregó a la policía sin ofrecer resistencia, fue acusado de "asesinato" y "acto terrorista" y podría pasar el resto de sus días en prisión, ya que está siendo procesado como mayor de edad.

Sus padres están acusados cada uno de cuatro cargos de homicidio involuntario, lo que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión.

El joven, que el miércoles se declaró no culpable ante un juez, permanece recluido en régimen de aislamiento.

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Las empresas armamentísticas de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a una corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.

Este lunes era la fecha límite para que la decena de empresas armamentísticas, que se calcula que son productores de al menos el 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso, y todas coincidieron de que los supuestos defectos y falta de concreción en sus acusaciones como para que el caso pueda ser tomado en cuenta en una corte federal de Massachusetts.

Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumento ante la corte: decenas de páginas que se regían por las mismas razones por las cuales la demanda mexicana no tiene razón de ser: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo, según pudo comprobar tras revisar todos los documentos presentados ante la justicia.

Entre otras justificaciones, tal y como se plantea en el documento presentado por Witmer, “el demandante (el gobierno de México) hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”, así como carece de “acusaciones específicas directas” contra la empresa, una afirmación que repiten varias de las empresas fabricantes de armas.

“La queja del demandante tiene más de 130 páginas e incluye más de 560 párrafos. Sin embargo, a pesar de toda esa verborrea, la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett”, apuntó en su declaración la empresa Barrett Firearms Manufacturing, Inc., con sede en Tennessee y fabricante de rifles de gran calibre.

“Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo. No hay ninguno. Por lo tanto, la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal”, respaldó Witmer.

Es más, añadió Barrett, “la demanda […] en marcado contraste, menciona repetidamente la conducta lesiva de ‘terceros no ante este tribunal’, es decir, los traficantes y contrabandistas independientes que traen armas de fuego ilegalmente a través de la frontera hacia México”.

El mismo razonamiento empleó Sturm, Ruger & Co., que vende más de 8 mil variaciones de armas en 40 líneas de producto, al criticar que “el gobierno mexicano se basa en la cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada […] que involucra a presuntos múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal, para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México”.

Es esa, la falta de concreción y pruebas de México contra los fabricantes en la supuesta conexión entre las armas que manufacturan y su llegada a manos del crimen organizado, una de las quejas más reiteradas en contra de la demanda presentada por México. “No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachusetts que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México”, se quejó Barret, una ausencia de datos que considera “notable” y que, además, presenta una serie de eventos y casuísticas que atenúan la implicación de las empresas armamentísticas en los crímenes en territorio mexicano, ya que “no tienen control” de qué pasa con ellas una vez son vendidas legalmente dentro de territorio estadounidense.

“La queja del demandante debe contener más que simples etiquetas y conclusiones legales. Para ser viable, debe recitar alegaciones fácticas específicas suficientes para elevar el derecho reclamado a la reparación más allá del nivel de mera especulación. El demandante no hace eso”, apuntó por su parte la distribuidora Witmer.

Ese mismo argumento es base para demostrar, según los acusados, de que la corte de Boston no es el lugar en el que se debería dirimir el caso, de todos modos. “Los contactos de Ruger con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano que alegan que Ruger es legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México”, añadió por su parte Sturm, Ruger and Co, sumándose a la justificación de la falta de jurisdicción de la corte para tomar este caso ya que “no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachussetts y los reclamos del gobierno mexicano”.

“La demanda no contiene ninguna acusación de venta ilegal por parte de Glock o Witmer en Massachussets”, apuntó por su parte Glock, una de las empresas más antiguas en el sector, con lo que daba por cerrado el argumentario que el caso no tiene cabida en esa corte.

“El Gobierno mexicano ha presentado esta acción ante un juzgado de distrito ubicado a más de 2,000 millas de distancia, por daños “procesables” que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras. Si bien [el gobierno mexicano] reconoce que las armas de fuego traficadas ilegalmente que se encuentran en México fueron originalmente fabricadas y vendidas en otros estados, el demandante hace la afirmación sin fundamento de que Massachusetts es la ‘fuente' del ‘flujo de armas hacia México’”, reflexionó Glock en su argumentario.

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