En redes sociales la usuaria Ale Moreno denunció que su abuelo de 92 años fue víctima de fraude ya que delincuentes robaron su identidad y todos sus ahorros; además, que la institución financiera Santander se negaba a resarcir los daños.

"Mi abuelo fue víctima de fraude bancario por banca móvil y robo de identidad. Él tiene 92 años, jamás ha realizado una operación online. Es un cuentahabiente 'tradicional': las operaciones bancarias las realiza en ventanilla y/o con un ejecutivo. Él no tiene conocimiento de aplicaciones móviles".

Ale Moreno señaló en su denuncia que el banco Santander autorizó la activación de banca móvil, súper token y transferencias bancarias "por montos bastantes altos" desde el fondo de inversión de su abuelo “sin autorización del titular".

"Hoy por hoy, no han aclarado quién solicitó esos movimientos… Esto es un llamado de atención para responsabilizar al banco para hacerse cargo de todo el daño que están generando. Exigimos transparencia, legalidad y eficiencia de Santander".

--Santander atiende denuncia

Al respecto Santander informó que en cuanto se hizo pública la denuncia se pusieron en contacto con los afectados y que el caso se canalizó al Defensor del Cliente de Santander, área que dará seguimiento a su caso.

"El defensor del cliente es una figura que tiene el banco que funciona como ombudsman del cliente. Sus decisiones al interior del banco se deben cumplir. Nuestro Defensor revisa las decisiones del banco cuando un cliente no está de acuerdo con ellas. El Defensor del Cliente (somos el único banco que tiene esta figura) evalúa cada caso y emite una resolución", indicó la entidad financiera.

Hace unos días se dio a conocer un caso similar. A partir de una llamada falsa proveniente de supuestos colaboradores de Scotiabank, Roberto, adulto mayor con 91 años de edad, fue víctima de un robo de su cuenta de débito por 355 mil pesos.

El mercado inmobiliario en Tijuana ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, sin embargo, este auge ha sido acompañado por un aumento en intentos de fraudes, especialmente en la compra de terrenos y viviendas entre particulares. 

Por ello, especialistas en la materia recomiendan extremar precauciones antes de realizar cualquier operación para evitar ser víctima de engaños.

Luis Serrano Macías, asesor inmobiliario y expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Tijuana, señaló que el primer paso para evitar caer en fraudes es analizar si el precio ofrecido realmente corresponde al valor del mercado. 

“El primer foco de alerta es el precio, porque cuando una propiedad se ofrece muy por debajo del valor real o con demasiadas facilidades de pago, lo primero que debe hacer el comprador es preguntarse por qué”, advirtió.

De acuerdo con registros de las autoridades, la mayoría de los fraudes inmobiliarios se presentan en la venta de terrenos, donde muchas operaciones se realizan entre particulares sin la revisión legal adecuada de los documentos. En contraste, los fraudes en arrendamientos son menos frecuentes, ya que estos procesos suelen ser más sencillos de cancelar. Sin embargo, en las operaciones de compraventa el riesgo aumenta debido a la cantidad importante de dinero en juego.

Serrano Macías advirtió que uno de los errores más comunes es asumir que documentos como recibos de predial o servicios acreditan la propiedad de un inmueble, cuando en realidad, el único elemento que brinda certeza jurídica es el título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público.

“La certeza jurídica es lo principal en cualquier operación inmobiliaria. No importa el precio o las facilidades, lo primero es confirmar que la persona que vende realmente es el propietario y que puede formalizar la operación ante notario”, recalcó.

Además, recomendó verificar la identidad y trayectoria del asesor o vendedor, asegurándose de que cuente con licencia inmobiliaria, pertenezca a una asociación profesional y tenga un domicilio u oficina verificable. 

El especialista advirtió también sobre ofertas difundidas en redes sociales que prometen oportunidades únicas, como remates, rentas con opción a compra o facilidades extraordinarias, las cuales muchas veces son utilizadas para atraer víctimas.

“En bienes raíces no existe la última oportunidad; siempre habrá otra propiedad. Por eso, la recomendación es analizar, consultar y verificar antes de entregar cualquier anticipo”, concluyó.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, a través de la Policía Cibernética, alertó sobre el spoofing’ telefóni‘co, una modalidad de fraude en la que delincuentes falsifican el identificador de llamada y se hacen pasar por bancos, compañías eléctricas o de telecomunicaciones para obtener datos o dinero.

De acuerdo con la corporación, los estafadores usan herramientas tecnológicas para que aparezca un número “oficial” en la pantalla y, mediante ingeniería social, se presentan como personal de la empresa para presionar a las víctimas a entregar contraseñas, códigos o realizar transferencias. Las consecuencias incluyen robo de información financiera, pérdidas económicas y suplantación de identidad.

“La recomendación es no confiar únicamente en el identificador de llamada; verifiquen siempre con los números oficiales de la empresa”, exhortó la Policía Cibernética. También pidió no compartir datos sensibles por teléfono, desconfiar de solicitudes urgentes, premios u ofertas no solicitadas, confirmar directo con la institución antes de actuar y activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas.

La autoridad sugirió usar apps que bloqueen llamadas sospechosas y, ante cualquier comunicación dudosa, no pagar ni dar información hasta corroborar por canales oficiales. Para orientación o asesoría, la ciudadanía puede contactar a la Policía Cibernética Municipal al 664-650-0447 o al correo ciberneticasspcm@tijuana.gob.mx

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El pasado 25 de julio, la marca de vehículos Mazda anunció que tomará acciones legales en contra del joven que intentó comprar un coche deportivo por 519.900 pesos, pues descubrió "una serie de comprobables conductas delictivas".

Por medio de un comunicado, publicado en la plataforma X, la empresa compartió su postura sobre el hecho que se viralizó el pasado 23 de julio.

"Después de dar seguimiento al caso e investigar el supuesto error, nuestro equipo detectó que este usuario realizó una serie de comprobables conductas delictivas con el fin de alterar el precio publicado", escribió la compañía.

Aunado a ello, aseveró que tomará acciones legales: "Para Mazda no hay nada más importante que la transparencia y tranquilidad que nuestras herramientas de compra pueden dar a nuestro clientes, debido a lo anterior, nuestro equipo Legal procederá por la vía legal".

Joven se defiende tras comunicado de Mazda

Por lo anterior, el usuario, de nombre Leonardo, negó la acusación de la compañía de vehículos y aseguró que diferentes usuarios le mandaron capturas de pantalla del precio.

“Es un caso 100% real, no tengo nada que temer [...] Otras personas se comunicaron conmigo, me mandaron unas screenshot (captura de pantalla) en el que enseñan que en sus teléfonos celulares les aparece el mismo precio”, expreso a través de su cuenta de TikTok.

En ese sentido, señaló que las capturas “me dan bastante tranquilidad y fundamento legal para saber que no fui la única persona que vio este error en la página”.

En tanto, narró cómo fue que intentó buscar a la empresa; sin embargo, no fue tomado en cuenta. "Antes de ir a Profeco yo intenté comunicarme varias veces con Mazda y me dejaban en visto, sus asesores simplemente descartaban la llamada y no le tomaban importancia".

@leonardolunaflores

En respuesta al boletín de Mazda donde me están etiquetando.

♬ sonido original - Leonardo Luna Flores

"No es necesario ser viral para que una empresa volteé a verte", agregó.

Finalmente, el joven expresó: "Cómo es posible que un chavo, de 22 años, que está estudiando, está trabajando y que su laptop se apaga, los haga hackeado una empresa multimillonaria, es algo ilógico".

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Al menos 7 reportes inusuales fueron detectados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en torno a la financiara ligada con lavado de dinero, Black WallStreet Capital.

La primera de ellas es un depósito por más de 50 millones de pesos y retiros por casi la misma cantidad.

El segundo, ocurrió en julio 2021 a enero 2022, y tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares.

Un tercer reporte es por retiros de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.

El cuarto reporte ocurrió de enero a junio de 2021, cuando recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.

El quinto, fue de noviembre 2020 a marzo 2021, en donde Black WallStreet Capital recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el sexto reporte inusual ocurrió de 2018 a 2022, cuando envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.

¿Qué pasó en Black WallStreet Capital?

Mientras que el séptimo reporte financiero ilícito fue de 2015 a 2021, pues presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.

Dicha empresa posiblemente operaba con empresas de las llamadas “factureras”, incluidas en los listados del SAT que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables.

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