El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que el ajuste inflacionario no entre en vigor el próximo 1 de enero y aseguró que no habrá un aumento de impuestos para 2021.

"No será así (aumento de impuestos), lo único que puede darse a partir de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario, no hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación. Si la inflación es del 3%, eso es lo que se debe de agregar en todo el año.

"Mi sugerencia a Hacienda -hoy lo tratamos esto- es de que para que no haya lo de siempre: el abuso de que aumentan los impuestos y aumentan los precios, incluso en una proporción mayor porque aprovechan, no nada más inflación como es en este caso, sino del doble o el triple entonces para evitar ese efecto, podría no entrar en vigor el día 1 de enero el incremento inflacionario que se agrega a cada producto.

"No hay aumento de impuestos en términos reales", dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que sus adversarios están esperando que se dé un gasolinazo para decir que son iguales a anteriores gobiernos.

"Andan, de veras, muy nerviosos, no se serenan, no se tranquilizan, quisieran decir que no hay cambios, que somos iguales, que somos lo mismo, pues no, no somos iguales, no somos lo mismo", expresó.

Luego del pleito legal que mantiene el Gobierno de Baja California y banca Afirme por los 123 millones de pesos retenidos a la entidad por el proyecto de la planta fotovoltaica de Next Energy que se construiría en Mexicali, la administración estatal canceló el contrato que tenía con la institución bancaria para auxiliar en los servicios de recaudación en cajas estatales. 

El secretario de Hacienda de Baja California, Marco Antonio Moreno Mexia, informó que ya en estos momentos opera banco Banorte en las oficinas auxiliares de Recaudación de Rentas en todos los municipios con un contrato que expira en diciembre próximo con posibilidad de extenderlo anualmente si conviene al estado.

El funcionario sostuvo que desde el pleito legal con Afirme se decidió concluir el contrato que había, pero paso casi un mes en decidir que institución bancaria ofrecía mejores condiciones y fue el banco de sede en Monterrey, Nuevo León, quien las ofreció. 

“Tenemos un súper contrato con Banorte, mejores condiciones que con Afirme, y estamos muy contentos de haber hecho el cambio. El servicio con Banorte tiene ventajas sustantivas de lo que teníamos con Afirme, no solo en costos sino en la tecnología que nos ha proporcionado para la recuperación de los impuestos que estamos cobrando” sostuvo el funcionario estatal.

Banorte operará las 20 cajas recaudadoras que Gobierno del estado mantiene en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. 

Desde principios de año se mantiene un pleito legal entre la administración estatal en Baja California y banca Afirme por la retención de 123 millones de pesos de participaciones federales para la entidad y que fueron parte de la garantía financiera que se firmó para el proyecto de la planta fotovoltaica del pasado gobierno del estado, el cual nunca se construyó.

Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, anunció que buscará recurrir a instancias internacionales ante la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que se le negó el amparo con el que pretendía evitar el pago de un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos. 

"Con relación a la resolución del amparo directo 2497/2018 del día de hoy en la Suprema Corte, Grupo Salinas considera que la justicia le ha sido denegada", dijo la empresa en un comunicado. 

El caso se refiere a un amparo promovido por la empresa de Ricardo Salinas correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el ejercicio de 2006. 

La empresa afirmó que la mayoría de los ministros de la Segunda Sala de la SCJN se negaron a analizar el fondo del recurso, y afirmaron que se "violó" abiertamente su derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa. 

"En pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho. Contamos con pleno derecho a discrepar con las autoridades y a defendernos de lo que consideramos una violación flagrante de nuestros derechos humanos", expuso. 

Grupo Salinas dijo estar convencido de que los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales son parte fundamental de la democracia y que hacer uso de ellos será una manera de defender sus empresas y negocios, así como a colaboradores . 

Corte desecha amparo de Grupo Salinas 

La SCJN desechó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2006. 

Durante la sesión de la Segunda Sala del máximo tribunal del país, tres de los cinco ministros que la integran votaron por desechar el amparo; los dos restantes, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, se pronunciaron incluso por negar directamente el amparo. 

El proyecto aprobado por la mayoría de ministros de l SCJN explica que “se desechan el recurso de revisión y su adhesiva”, lo que implica que se consideró que el asunto carece de importancia y trascendencia necesaria para que fuera resuelto por el máximo tribunal del país, por lo que regresará al tribunal de origen. 

El asunto derivó de que dicha empresa fusionó a algunas de sus filiales dedicadas al almacenaje y a la distribución, y pretendió que lo invertido en esta operación le fuera deducido del ISR.

Esto fue negado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que Grupo Electra llevó el caso hasta la Suprema Corte en 2018. 

Sin embargo, este asunto fue returnado en al menos tres ocasiones y pasó por las ponencias de los ministros Norma Lucía Piña, Luis María Aguilar y Margarita Ríos Farjat, esta última fue impugnada por Grupo Elektra porque fue jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que el proyecto de sentencia quedó finalmente en la reciente ministra Loretta Ortiz. 

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La actualización del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) a refrescos, cigarros y gasolinas, incrementará hasta 1.50 pesos las bebidas carbonatadas en el país. 

Ante el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la subida de 3.3 por ciento al gravamen, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) consideró que este cambio se da con relación a la inflación, que durante la primera quincena de diciembre se ubicó en 7.45 por ciento, por lo que evitó dar comentarios al respecto.

"En refrescos en aumento será entre 1 y 1.50, dependiendo de la presentación; en el caso de los cigarros, el costo que habrá para una caja de 20 unidades es el pago de 6 cigarrillos de impuestos", dijo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec). 

De acuerdo con el representante, será en los próximos días cuando las tiendas del país esperan recibir las listas de precios actualizadas con el impuesto de 7.36 por ciento, que entrara en vigor el 1 de enero de 2022. 

"El discurso con el que surgió el IEPs es el supuesto del cuidado de la salud y hemos visto una mayor tendencia de fumadores; en contraste los productos de contrabando, que no pagan impuestos, van a seguir incrementando su participación", aseguró. 

Rivera agregó que con el alza en el costo de servicios, derivado de la actualización al gravamen de las gasolinas, habrá también un impacto significativo en el precio de los alimentos a escala nacional. 

"La actualización se traslada directamente al costo de los precios al consumidor final y con esto, están confirmando que la cuesta de enero de 2022 va a ser una curva que se va prolongar y la gente va a estar muy presionada para sortearla", concluyó. 

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El dirigente estatal del Sindicato de Burócratas, Manuel Guerrero Luna, anunció que fue cancelado el acuerdo que condonaba los adeudos por 2 mil 497 millones de pesos de los ayuntamientos de Ensenada y Tecate al ISSSTECALI.

En el caso del Ayuntamiento de Ensenada los adeudos condonados al ISSSTECALI eran de mil 646 millones de pesos.

Dicho indulto fue realizado en octubre, último mes del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, durante una sesión de la anterior Junta Directiva del ISSSTECALI, en la cual no estuvo presente Guerrero Luna, quien forma parte de ese junta.

A través de redes sociales la noche de este jueves el líder de los burócratas y también diputado local, explicó que él no asistió a esa sesión porque no fue convocado en tiempo y forma, por lo que posteriormente se impugnó la validez de la reunión.

Agregó que al haberse realizado ilegalmente la sesión de la Junta Directiva del 14 de octubre, en la cual se aprobó dicha condonación, tanto la reunión como los acuerdos ahí establecidos carecen de validez.

Por ello -señaló Guerrero Luna- al reconocer la nueva Junta Directiva del ISSSTECALI la irregularidad de la sesión celebrada en la fecha señalada, se aprobó invalidarla y en consecuencia también invalida la quita de adeudos para los ayuntamientos de Tecate y Ensenada.

Mayoría “oficial”

La Junta Directiva del ISSSTECALI está formada por el secretario Estatal de Hacienda, el secretario Estatal de Salud, el oficial Mayor, un representante del magisterio y otro del sindicato de burócratas.

En la reunión del mes de octubre la votación a favor de la condonación fue de los tres representantes gubernamentales, el voto en contra del magisterio y la ausencia del representante de la burocracia sindicalizada.

La votación del día de ayer fue a favor de rechazar el acuerdo de condonación por los tres representantes de gobierno y del magisterial y de acuerdo a lo explicado por Guerrero Luna en su mensaje, él se abstuvo de votar por ser quien presentó el recurso de impugnación.

Información de El Vigía

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede convertirse en una pesadilla para muchos. El órgano tiene como objetivo conocer la procedencia del dinero que cada contribuyente recibe, de no saber el origen de los ingresos, podría resultar sospechoso ante sus ojos.

Esas ganancias deben declararse, de lo contrario se estaría cayendo en el delito de evadir impuestos, el cual, dependiendo de la gravedad, te puede llevar hasta 16 años en prisión.

Así, aquellos que se dediquen a operaciones comerciales, de servicio o arrendamiento tienen la obligación de darse de alta frente al SAT, obtener su RFC y hacer su declaración, a menos que quieran pagar una multa por omisión de ingresos.

El SAT multará a las “Nenis” que no declaren sus ingresos

De acuerdo al artículo 80 del Código Fiscal de la Federación, si una persona física no tramita su RFC puede ser acreedora a una multa que va de los 3 mil 870, hasta los 11 mil 600 pesos.

Las “Nenis”, que son mujeres que se dedican a la economía informal vendiendo productos por internet, pagarán, además de la multa antes mencionada, el pago de impuestos por omisión de ingresos.

De darse de alta y no declarar, también serán acreedoras a otra multa, que va desde los mil 560, hasta los 19 mil 350 pesos. 

¿Le entraste a la tanda? Debes avisar al SAT

Uno de los métodos de ahorro más comunes en México son las tandas. Normalmente, le das tu parte de dinero a un organizador y cuando llegue tu momento, esa cantidad se te regresa.

Si utilizas el dinero para pagar las tarjetas de crédito o vas y lo depositas a tu cuenta y luego compras un producto, el SAT inferirá que tus gastos superan tus ingresos comprobables y podrías pagar una multa, al igual que las Nenis.

Desde el 2014, el SAT hizo alianza con la Comisión Bancaria y de Valores, y ahora, los bancos avisan a las autoridades de cada depósito que supere los 15 mil pesos, con el objetivo de frenar la evasión fiscal.

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