La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por cuarta ocasión una prórroga para que los diputados discutan y aprueben la legalización del uso de marihuana con fines lúdicos.

La prórroga fue solicitada por los legisladores, quienes argumentaron que las Comisiones de Justicia y Salud solicitaron más tiempo para analizar la iniciativa y por la complejidad que la misma reviste.

En sesión privada, los integrantes del Pleno de la Corte avalaron que los diputados cumplan con la jurisprudencia emitida en 2018 hasta el próximo periodo legislativo.

Los diputados tenían hasta el 15 de diciembre para regular el uso lúdico de la marihuana.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la institución encargada de resolver la denuncia contra el ex ministro Arturo Zaldívar por presuntas faltas administrativas. 

En un comunicado, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclararon que esta última institución no tiene las facultades para investigar al ministro de la corte. 

Indicaron que conforme a la normativa que rige la actuación del CJF, es competencia de la presidenta de la corte Norma Piña Hernández, pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Explicaron que de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas.

Por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”.

Denuncia contra Arturo Zaldívar

El 9 de abril, la presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, al ministro en retiro Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.

“En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex ministro. En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal".

“Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”.

De igual manera, por acuerdo de la ministra Norma Piña se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Jueces y ministros respaldan a Norma Piña 

Los jueces y magistrados federales del país manifestaron su apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, tras el anuncio de su antecesor en el cargo, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, de iniciar un juicio político por la investigación que inició en su contra y también ex colaboradores.

A través de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señalaron que el juicio político ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante.

“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante".

“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, señalaron.

Por ello, rechazaron cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.

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Alemania autoriza a partir de este lunes el consumo recreativo de cannabis, pese a la tenaz oposición de los conservadores y de asociaciones médicas que temen consecuencias negativas para la juventud.

La ley estipula que los adultos de más de 18 años podrán llevar consigo 25 gramos de marihuana en la vía pública, cultivar hasta 50 gramos y tener tres plantas por adulto en su domicilio.

En la madrugada del lunes, unas mil 500 personas celebraron el cambio entre volutas de humo frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo, en pleno corazón de Berlín, según pudo ver una periodista de la AFP.

En medio de la multitud, Niyazi, de 25 años, aseguró que con la legalización hay "un poco más de libertad".

Es "el final de la criminalización de varios millones de personas en Alemania", dijo por su parte Torsten Dietrich, militante de la medida desde hace varias décadas.

Esta reforma sitúa a Alemania entre los países más permisivos con el cannabis en Europa, junto con Malta y Luxemburgo, que legalizaron el consumo recreativo en 2021 y 2023, respectivamente.

Los Países Bajos, un lugar conocido durante años por su política liberal con respecto a las drogas, ha adoptado una estrategia más estricta para reducir el turismo centrado en el consumo de cannabis.

Aunque la ley entra en vigor este lunes, los consumidores tendrán que esperar tres meses para comprar legalmente marihuana en "clubes sociales de cannabis".

Antes de julio, la compra de cannabis seguirá siendo ilegal, explicó a la AFP Georg Wurth, director de la Asociación Alemana de Cannabis.

Según la ley, los clubes sociales de cannabis podrán tener un máximo de 500 miembros y distribuir 50 gramos mensuales de cannabis por afiliado.

Desastre

El gobierno del canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, aliado con liberales y ecologistas, argumenta que la legalización va a ayudar a luchar más eficazmente contra el tráfico de drogas.

El cannabis "sale de la zona tabú", afirmó el lunes el ministro de Salud, Karl Lauterbach, que es médico, en la red X. "Es mejor para una verdadera ayuda a los toxicómanos, para la prevención en los jóvenes y para la lucha contra el mercado negro", añadió.

El gobierno ha prometido una campaña sobre los riesgos del consumo y subraya que el cannabis sigue estando prohibido para los menores de 18 años y que no está autorizado su consumo a menos de 100 metros de escuelas, guarderías y plazas de juego para niños.

Pero organizaciones de la salud advirtieron que la legalización puede provocar un aumento del consumo entre los jóvenes.

En menores de 25 años, el cannabis puede afectar el desarrollo del sistema nervioso central, lo que implica un mayor riesgo de problemas psiquiátricos, como la esquizofrenia, según los expertos.

"Desde nuestro punto de vista, la ley, tal y como está redactada, es un desastre", afirmó Katja Seidel, terapeuta en un centro de Berlín para tratar la adicción al cannabis en jóvenes.

 Una reforma "responsable" 

La nueva legislación también recibió críticas de la policía, que teme que sea difícil asegurar su cumplimiento.

"A partir del 1 de abril, nuestros colegas van a enfrentarse a situaciones de conflicto con los ciudadanos ya que hay incertidumbre para ambas partes", señaló Alexander Poitz, vicepresidente del sindicato de policías GdP.

Otro asunto polémico es que la ley establece una amnistía retroactiva para delitos relacionados con el cannabis, lo que puede generar atascos de procedimientos administrativos para el sistema jurídico.

Según la Asociación Alemana de Jueces, este indulto puede aplicarse a más de 200 mil casos que deben ser revisados.

Friedrich Merz, el dirigente de la oposición conservadora, el partido CDU, dijo que revocará la ley de forma inmediata si su partido gana las elecciones legislativas de 2025.

El ministro de Finanzas, Christian Lindner, del partido liberal FDP, defiende una reforma "responsable" y argumenta que es preferible a que la gente compre cannabis en el mercado negro.

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Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo respaldo a la comunidad cinematográfica mexicana, al determinar que la desaparición del FIDECINE en 2020, ordenada desde el Ejecutivo, fue inconstitucional.

La decisión se dio en el seno de la Primera Sala del máximo tribunal mexicano, en donde, además y por unanimidad de los cinco ministros, se votó porque el gobierno federal no puede dar menos protección y apoyo a lo que se había alcanzado hasta ese año para el cine nacional.

El FIDECINE es un fideicoimiso que por dos décadas apoyó la producción de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, las cuales hasta hace cuatro años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Esta nueva sentencia se suma a la del año pasado, cuando la Segunda sala también determinó que era inconstitucional la desaparición del FIDECINE.

Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas, se mostró satisfecho por el fallo.

“Esta sentencia, a diferencia de la de la Segunda Sala, entra a fondo a la prohibición de regresividad, de que el nivel de protección ya alcanzado en los derechos culturales no puede ser destruido o disminuido por nuevas leyes, que es lo que hace mas relevante este asunto y por la votación se convierte en jurisprudencia”, señala el jurista.

La jurisprudencia significa que, en casos similares, la sentencia tendría la misma consideración.

En un comunicado oficial, el Alto Tribunal informa que deliberó que en la eliminación del Fidecine existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural, abundando que las razones dadas por el legislativo para acabar con el fideicomiso y otros más, son vagas y carecen de fundamento.

En su momento se aseguró que la extinción de más de 100 fideicomisos fue para que con esos recursos se afrontara la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, así como por una opacidad en el uso de recursos.

“No se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al FIDECINE, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”, se lee en el documento de la SCJN.

Desde 2021 la figura gubernamental en dar apoyos es el Focine el cual, a diferencia del Fidecine, no se encuentra en la ley.

En agosto pasado, la Segunda Sala ordenó al Congreso a restituir los apoyos en la ley dando como plazo diciembre, cosa que no ocurrió.

Actualmente el asunto se encuentra en la Cámara de Senadores, que pidió una extensión del plazo para discutir el tema y de ahí pasar a la Cámara Baja.

“(Ahora es) Esperar a ver los efectos de la sentencia, porque pueden ser similares o diferentes a los de la Segunda Sala”, comentó De la Parra.

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En un giro legal intrigante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está considerando revertir un amparo que permitía el matrimonio o concubinato con dos o más personas. Esta medida, otorgada hace tres años en Puebla, se basó en la protección constitucional de diversas formas de familia. 

No obstante, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone revocar esta sentencia, argumentando que las relaciones poliamorosas no son socialmente predominantes y podrían generar desigualdades. El debate destaca la necesidad de regulaciones claras en caso de que el poliamor crezca en la sociedad, planteando el riesgo de desventajas, especialmente para mujeres y niños. 

La resolución propuesta destaca las advertencias internacionales sobre la poligamia, señalando que puede derivar en desigualdades graves y afectar negativamente el bienestar económico de mujeres e hijos. La legalidad del poliamor en México está en una encrucijada.

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La senadora Laura Ballesteros (MC) propuso reformar los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución para establecer los requisitos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como contar con cuando menos 15 años de experiencia en actividad jurídica, por ejemplo.

“No podemos permitir que a este tribunal constitucional lleguen personas que no cuentan con la capacidad, ni con la experiencia requerida para el cargo, por el solo hecho de ser leales al Presidente de la República, un poder no puede ser sumiso a otro. En la Corte se ocupa capacidad y experiencia, no abyección”, aseguró la legisladora.

El proyecto establece que para ser ministro, el aspirante no debe haber sido titular de un organismo administrativo descentralizado o desconcentrado, jefe o jefa del SAT, comisionado o consejero de algún órgano constitucional autónomo, gobernador o gobernadora del banco central.

O estar a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, titular de una empresa de participación estatal mayoritaria, titular de una empresa productiva del Estado, candidatos a cargos de elección popular, dirigentes de partidos políticos, o magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el país es fundamental, para hacer valer la tan ansiada justicia que nos deben y la democracia que seguimos construyendo, pero sobre todo para garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos”, dijo Ballesteros en tribuna.

La iniciativa presentada por la senadora de MC, también establece que para la designación de ministros de la SCJN, se tomarán en consideración las conclusiones de los foros ciudadanos de expertos en el tema judicial que deberán organizarse para el análisis y designación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

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