Este jueves en la ciudad de Celaya, Guanajuato, nueve personas fueron asesinadas a balazos y una más herida de gravedad cuando velaban a una persona en una vivienda de la colonia Arboledas de San Rafael.

La masacre ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en la cochera del inmueble, ubicado en la calle de Churubusco. Los cuerpos de dos de las víctimas quedaron tirados en torno del féretro y seis más afuera de la casa.

Testigos indicaron a medios locales que en el lugar había más de 30 personas al momento del ataque y que podría haber más víctimas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, un comando llegó al sitio en varios vehículos y rafaguearon a las personas que estaban reunidas en el funeral.

Testigos refieren que se escucharon más de 200 balazos que hicieron a los asistentes correr para resguardarse. En videos difundidos en redes sociales se oyen disparos durante casi un minuto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que vecinos reportaron al servicio 911 que se registraban detonaciones de arma de fuego en el exterior de una casa en la que se llevaba a cabo un velorio.

"Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes se percataron del fallecimiento de nueve personas y una más herida, al parecer por civiles armados".

Los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos para trasladar a la persona lesionada a un hospital. Elementos de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda de los probables responsables, que se prolongó en la noche.

En lugar de los hechos quedó a cargo de la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

Horas antes, en la misma colonia se reportó un ataque con armas de fuego en el interior de una casa, donde se encontró a una mujer muerta y otra herida.

El ayuntamiento de Celaya emitió la noche del jueves un comunicado en el que confirmó la muerte de nueve personas y condenó "cualquier acción que violente la paz social y lamenta el fallecimiento de civiles".

Guanajuato, que fue el estado más violento durante 2020 en el país, ha tenido un sangriento inicio de año. Tan sólo en los primeros cinco días de este 2021 se registraron 46 asesinatos por arma de fuego, la mayoría de ellos en los municipios del corredor industrial del estado.

En la noche del día de Reyes Magos, un grupo armado asesinó a tres hombres en una calle de la colonia Las Huertas, también en Celaya; poco antes, dos personas más fueron asesinadas a tiros en inmuebles de las colonias Guadalupe y Los Olivos, informó la Fiscalía General del Estado.

El pasado martes, otro comando entró a una vivienda del municipio de Pénjamo y asesinó a dos hermanos, de 18 y 20 años de edad.

Ese mismo día mataron con arma de fuego a otros dos jóvenes en Valle de Santiago y en León se localizaron dos hombres sin vida, con huellas de violencia, dentro de un auto abandonado en un camino de terracería del fraccionamiento Nueva San Carlos.

Otros asesinatos ocurrieron en Uriangato, San Luis de la Paz, Villagrán, Salamanca y Valle de Santiago. 2020 se ubicó como el año más violento en la historia de Guanajuato, según archivos oficiales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó con peritajes un ataque directo en una ceremonia religiosa en Caborca, Sonora, que pudo haber ido dirigido a una persona que el mismo día contrajo nupcias en otra ciudad.

Esto en seguimiento a los hechos registrados el pasado 22 de octubre, en la colonia Centro donde fue asesinado un hombre de nombre Marco Antonio, afuera de un templo de la calzada 6 de Abril.

Los resultados de las primeras 24 horas de investigación del personal de la FGJE señalaron que una de las líneas cobró relevancia con la trazabilidad balística que confirmó una agresión armada.

Esta se llevó a cabo en la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, el sábado a las 17:00 horas, cuando la pareja había terminado la ceremonia religiosa y se les acercó un sujeto armado.

El hombre disparó en repetidas ocasiones y privó de la vida a Marco Antonio, además de producirle una lesión en la espalda a la hermana de la víctima.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia reveló que el objetivo pudo haber ido dirigido a otra persona que se casó el mismo día en otra ciudad y que podría ser el móvil de la agresión que dejó una persona sin vida y un herido en Caborca.

Cabe mencionar que el hoy occiso era originario de Durango, pero con residencia en Guadalajara, Jalisco. Sobre este hecho, el gobernador Alfonso Durazo mencionó que las primeras líneas apuntaban a que el ataque fue directo.

"Eso no es por sí solo incriminatorio, por supuesto, significa pues que no es que le puede suceder a cualquiera, porque el atentado fue dirigido particularmente contra está persona", señaló.

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Una semana atrás se aprobó ya poder velar personas las cuales fallecieron por COVID 19, esto dado a conocer por parte de las autoridades de COEPRIS a las funerarias del estado.

Hay un proceso de normas para poder manipular cadáveres y poder lograr que funcionen adecuadamente las funerarias para no ser acreedores sanciones. Hoy en día ya se podrá velar a las personas fallecidas por COVID con el féretro cerrado, con un tiempo máximo de solo 4 horas ya que hay una fuente de contaminación directa.

Al momento solo un establecimiento se encuentra con sus puertas cerradas ya que no han acatado las normas a las que se deben de apegarse, por parte de la COEPRIS realizaron visitas a funerarias en donde la gran mayoría las cuales se sancionaron ya subsanaron, para el correcto funcionamiento.

Las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos afirmaron que aunque saben que un porcentaje de sus productos forman parte de la cadena de tráfico ilícito que afecta a México, no pueden ser consideradas como cómplices de la delincuencia organizada, tal como las acusó el gobierno mexicano.

EL UNIVERSAL tuvo acceso al escrito en el que las ocho empresas demandadas por México respondieron la acusación del gobierno mexicano y pidieron a un juez de Massachusetts que desestimara el caso.

En el documento, las compañías afirman que, en todo caso, ellas, como todos los fabricantes de cualquier producto que puede usarse para cometer crímenes, facilitan “incidentalmente” la comisión de delitos pero no participan activamente de ellos.

“Las compañías que venden legalmente sus productos no son cómplices criminales solamente porque supuestamente ‘saben’ que un pequeño porcentaje de sus productos será utilizado para fines ilícitos en algún punto de la cadena de distribución”, argumentaron.

“Todos los fabricantes saben que algunos de sus productos pueden ser mal utilizados para cometer crímenes, pero eso no los hace cómplices criminales. Por mucho, ‘facilitan incidentalmente’ esos crímenes pero no ‘participan activamente’”.

EL UNIVERSAL informó que en su demanda, México acusó que las armerías han cometido lo que se conoce como “complicidad por negligencia” (negligence complicity) con la delincuencia organizada, al no endurecer sus políticas de venta y monitorear a distribuidores para que no participen en el tráfico ilegal, así como vender armas de asalto fácilmente modificables.

En su escrito, las armerías consideraron que México no tiene derecho a demandarlas por los daños ocasionados por las malas prácticas tras la venta de sus productos que llegan al crimen organizado. Las empresas establecieron que esto no puede ser su responsabilidad.

“México reclama que los demandados arman a los cárteles mexicanos. De hecho, no. Un grupo de actores criminales son quienes arman a los cárteles de México con los productos legalmente fabricados y distribuidos de los demandados”, continúa.

Señalaron que los cárteles continuarán generando violencia en México independientemente de las prácticas de las empresas fabricantes de armas.

“La violencia que México reclama es independiente a los demandados, en el sentido de que los cárteles continuarán cometiendo la misma violencia (e inflingiendo el mismo daño) independientemente de las prácticas de venta de los demandados. Afirmar lo contrario sería pura especulación”, apuntaron.

En su solicitud de sobreseimiento, las armerías indicaron que su posible responsabilidad se desvanece de mano en mano, pues sus productos pasan por un sinnúmero de intermediarios antes de llegar a los criminales.

“Los demandados colocan productos legales en el flujo altamente regulado del comercio interno de Estados Unidos, donde pasan de mano en mano a través de innumerables intermediarios; algunos terminan en manos criminales a través de los actos ilegales de personas muy alejadas de los acusados y sobre las cuales los acusados no tienen control”, justificaron.

Por ello, indicaron al juez de Massachusetts, con sede en Boston, que México puede llevar sus reclamos ante un juez mexicano en lugar de intentar hacerlo bajo las leyes de EU, pues la competencia de este caso es el lugar donde se ocasionó el daño.

Al respecto, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, explicó que México ya respondió a este argumento.

“Ellos no tienen su asiento de negocios aquí, entonces en estricto sentido no tenemos jurisdicción. Las leyes extraterritoriales requieren que el presunto responsable esté en territorio mexicano y aunque hagan negocios con el Ejército, que es el único vínculo comercial que existe, por conducto de la Sedena, no tienen representación aquí, ¿dónde lo notificamos?

“Si las notificamos por conducto de la Convención de la Haya es posible que no se sometan a la jurisdicción mexicana y si así fuera y ganamos el juicio, la sentencia la tendríamos que ejecutar en Estados Unidos y podríamos ejecutar la parte del dinero pero ¿cómo hacer que cambien sus políticas de venta?”, dijo.

Es decir, que aunque México gane ante un juez mexicano, no habría modo de obligar a las empresas a cumplir una sentencia condenatoria.

De acuerdo a reportes policiales, oficiales de la policía municipal realizaban recorrido de vigilancia sobre Vía Rápida Oriente cuando escucharon detonaciones cerca de la colonia Guadalupe Victoria, y al aproximarse al sitio observaron gente corriendo por todas partes provenientes de una fiesta en un salón de eventos. 

Fue la madruga del 28 de marzo cuando los oficiales llegaron a la calle Abelardo L. Rodríguez de la colonia en mención, y se entrevistaron con los responsables del salón de eventos Hacienda Santa Mónica, quienes señalaron que minutos antes se realizaba una fiesta y de pronto aparecieron hombres armados vestidos de negro. 

Se posicionaron de frente al salón y comenzaron a disparar las armas en repetidas ocasiones, causando daño en ventanales frontales y las paredes del interior donde impactaron los proyectiles, asimismo no se reportaron personas lesionadas. 

No se reportaron personas detenidas con relación al caso, posteriormente los agentes realizaron el reporte policial homologado, embalaron casquillos percutidos y los entregaron a la autoridad correspondiente para la respectiva investigación.

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